Otra vez reprueban municipios en transparencia

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco

Ayer se presentaron los resultados obtenidos por el Colectivo Cimtra (Ciudadanos por municipios transparentes) luego de aplicar una evaluación a la transparencia de 30 municipios del estado de Guerrero. En términos generales, las calificaciones no son de ninguna manera optimistas, ya que el mayor puntaje que obtuvo un municipio guerrerense (Acapulco) fue de 20 (en una escala de cero a 100), siguiéndole Chilpancingo con 18 puntos, Taxco con 13, San Marcos 12, Chilapa 11 y Huamuxtitlán con 10.

De ahí en fuera, los 24 municipios restantes tuvieron calificaciones debajo de los 10 puntos destacando entre ellos Juan R. Escudero y Atlamajalcingo del Monte, que obtuvieron cero puntos, y Florencio Villarreal, San Luis Acatlán, Tlacochistlahuaca, Xochistlahuaca, Alcozauca, Malinaltepec, Alpoyeca y Benito Juárez, que solo tuvieron un punto de cien posibles.

La realidad de los municipios del estado es cruda: 20 por ciento de los municipios evaluados cumple apenas entre 10 y 20 por ciento de sus obligaciones de transparencia; 13 por ciento de los ayuntamientos se ubica entre cinco y 10 por ciento de cumplimiento; y 67 por ciento no llega ni a cinco por ciento de lo que deben transparentar.  

Se pueden observar diferentes comportamientos a lo largo de las cuatro evaluaciones que Cimtra ha aplicado desde noviembre de 2009.

Por ejemplo, Acapulco es un municipio que va en picada respecto de la transparencia de su quehacer gubernamental, ya que en la primera aplicación tuvo 35 puntos, bajó a 22 y hoy tiene solo 20 puntos. Chilpancingo también ha tenido un comportamiento errático, pues llegó a alcanzar 31 puntos, luego descendió a 10 y en la evaluación actual tiene 18. Iguala es un municipio que bajó de 11 puntos en la primera evaluación a 3 en la actual.

Hay otros ayuntamientos que al contrario, han “mejorado” la transparencia de lo que hacen, como es el caso de San Marcos, que de 6.9 subió a 12 puntos, Chilapa, que dio un salto de 3.9 a 11 puntos, y Huamuxtitlán, que de cero pasó a 10 puntos.

Hay muchos otros casos de municipios  en los que se observaron mejoras marginales de uno o dos puntos arriba de lo que tenían en su anterior evaluación, tal es el caso de Tlapa, Alcozauca y Copala.

Aun cuando la mayoría de los municipios evaluados obtuvieron mejores puntajes que en las aplicaciones anteriores, esto no significa que deben echar las campanas al vuelo, pues hay que dimensionar la escala que se utiliza, que es de cero a 100, lo que significa que los avances son irrisorios e insuficientes para hablar de municipios transparentes.

Si los presidentes municipales de Guerrero tuviesen la convicción de promover una política de transparencia en sus municipios, no estaríamos hablando de incrementos de uno o dos, sino de por lo menos 70 u 80 puntos. Por lo que es muy probable que los aumentos observados en esta edición sean solamente circunstanciales, y no se deban a una intención deliberada.

Este diagnóstico, que confirma el talante de los ayuntamientos guerrerenses respecto de la transparencia, nos coloca ante un reto de gran tamaño: qué hacer para que los ayuntamientos informen, sean transparentes y rindan cuentas de lo que hacen, pues está visto que no es suficiente con las normas que hay en la materia.

El reto se hace más complejo al considerar que por sí sola, la transparencia no resuelve problemas ni contribuye a que las y los ciudadanos mejoren su calidad de vida. Por lo que también, como un asunto pendiente, está el desatar procesos pedagógicos en la ciudadanía para que la información sea útil a las personas en particular y a colectivos como organizaciones sociales, grupos de colonos, sindicatos, etc., en el ejercicio de sus derechos. Si no atendemos esta segunda parte, de nada sirve que haya municipios transparentes.

De todo.  Muy lamentable el asesinato de dos jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; urgen investigaciones convincentes y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este hecho deleznable. Pero también se requiere resolver a fondo los problemas que aquejan a esa y a otras muchas escuelas del nivel medio superior y superior, así como procurar más espacios educativos para miles de jóvenes que lo están demandando. Con esto se contribuye no solo a evitar episodios como el del 12 de diciembre, sino se consiguen propósitos de más largo alcance como quitar el crimen organizado como la opción más cercana a los jóvenes.   

http://transparenciaguerrero.blogspot.com/

Las deudas de los municipios

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco

Hace unos días se nos hizo creer que era un acto de solidaridad y de buena voluntad, el adelanto de recursos que dio el gobierno del estado de Guerrero (a cuenta de las participaciones de 2012), a varios ayuntamientos del estado, para el pago de aguinaldos de su personal.

“Hoy lo menos que podemos hacer, es ser solidarios con ustedes. En la medida de lo que yo pueda hacer (…), los apoyaré siempre porque entiendo perfectamente las penurias, la situación por la que pasan durante el fin de año”, dijo un condescendiente gobernador Ángel Aguirre Rivero a los alcaldes que estiraron la mano.

Sin embargo, detrás de este acto hay una gran irresponsabilidad de los ayuntamientos, pues cuesta trabajo creer que no hayan hecho un mínimo ejercicio de planeación y programación de su presupuesto; ni tampoco que no supieran que los trabajadores, funcionarios y ellos mismos como alcaldes cobran aguinaldo los fines de año, que fue el argumento para solicitar el préstamo.

Con este adelanto de las participaciones correspondientes a 2012 simplemente están abriendo un boquete a las finanzas del próximo año, y las opciones no serán muchas: o imponen restricciones y austeridad en el gasto para no continuar y corregir el déficit, o dejan una gran deuda a los gobiernos municipales que entrarán en 2013.

Las deudas y en general, la hacienda pública de los municipios de Guerrero, son asuntos que hasta hoy no se han hecho transparentes, es decir, no se informan a la ciudadanía, aunque son parte esencial para concretar y hacer posible el ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos.

En los últimos años, adquirir deudas (sean “adelantos” a cuenta de las participaciones federales o préstamos con la banca comercial y de desarrollo) se está convirtiendo en una práctica a la que recurren con mucha frecuencia los gobiernos estatales y municipales, pero no precisamente para financiar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población.

En el caso de los estados, tenemos el escandaloso caso de Coahuila, que con el recientemente defenestrado presidente del PRI nacional como gobernador, incrementó la deuda estatal de poco más de 300 millones cuando tomó el poder a 33,800 millones de pesos cuando salió.

Pero los municipios también comienzan a hacer la competencia. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda municipal nacional ascendió a 37 mil 673.9 millones de pesos en el primer trimestre de 2011, y son 23 municipios, de los casi 2,400 que hay en México, los que concentran 50 por ciento de la deuda total municipal.

Los municipios con los mayores niveles de deuda al 31 de marzo fueron Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Benito Juárez, Quintana Roo y Nuevo Laredo.

En el caso de Guerrero, Acapulco es el municipio que sobresale por el nivel de su deuda, ya que alcanza los 557.3 millones de pesos al 31 de marzo. Otros municipios fuertemente endeudados son Zihuatanejo con 78.6 millones de pesos; Chilpancingo, con 43.6 millones; Ayutla, 27.9 millones; Iguala, 20.8 millones, Coyuca de Benítez con 16.3 millones; Tecpan, con 16.9 millones; y Coyuca de Catalán, con 16.3 millones.

En total, son 43 los municipios guerrerenses que tienen una deuda global por 1,044.7 millones de pesos, cuya repercusión inmediata será la falta de obra pública, ineficaz prestación de servicios y falta de dinero para lo más elemental en los ayuntamientos.

Así es que el famoso adelanto para los aguinaldos que pidieron muchos ayuntamientos no es un acto de buena voluntad, sino una práctica perniciosa (una forma de deuda) cada vez más extendida.

De todo. Invitamos a los lectores a contribuir con sus comentarios y opiniones a la construcción de un blog sobre la transparencia y la rendición de cuentas en Guerrero. La propuesta inicial está en http://transparenciaguerrero.blogspot.com/... La asociación civil Comunicación para el Desarrollo Comunitario, de la que somos integrantes, obtuvo una mención honorífica en el premio nacional de contraloría social, por el trabajo "La contraloría social en el ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal en Guerrero".

Ley de Desarrollo Rural, caso exitoso

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco

Hace unos días entró en vigor la nueva Ley número 814 de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Guerrero; ponderamos su proceso de creación en meses pasados -cuando aún estaba en discusión en el Congreso del estado- como un interesante ejercicio de incidencia ciudadana en las etapas de la definición de la agenda y de diseño de políticas públicas, o, en este caso, de una ley sectorial, ya que ésta fue concebida desde las bases por varias organizaciones campesinas del estado a través de mecanismos como foros, reuniones, cabildeos, conferencias de prensa, etc. Es una experiencia -al parecer única en el estado- que merece documentarse y sobre todo, multiplicarse hacia otros sectores populares.

Independientemente del proceso que culminó con la aprobación de la ley por el Congreso del estado -que por sí mismo tiene su propio valor-, en una revisión a vuelo de pájaro, la ley destaca por varias consideraciones que es pertinente mencionar:

1. Comienza la ley con una idea que pareciera evidente, pero hay que aquilatarla en su justa dimensión por que establece una visión diferente del desarrollo: el objeto de la ley es “la instauración de un marco jurídico donde se asuma el diagnóstico y la planeación participativa del territorio, como punto de partida para el desarrollo de actividades agropecuarias, pesqueras, forestales, acuícolas.”

2. La inclusión de la participación de los diversos actores rurales en procesos clave de la política estatal hacia el campo es quizás uno de los mayores logros de esta legislación. El artículo ocho, por ejemplo, describe que “La planeación y el seguimiento de las acciones de desarrollo rural sustentable en el estado de Guerrero considerará la participación informada, democrática y corresponsable de los distintos actores rurales”. Antes, éstas eran facultades exclusivas de la “comisión intersecretarial” integrada solamente por representantes gubernamentales.

3. Reactivación del Consejo Guerrerense de Desarrollo Rural Sustentable y modificación de su integración. De entrada hay que celebrar que este Consejo sea “la instancia en donde se exponen y aprueban las propuestas de políticas y programas de desarrollo rural”. Pero también será una instancia para la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de documentos normativos y programáticos clave como el Plan Estatal de Desarrollo Rural Sustentable (en coordinación con las dependencias estatales, federales y de los municipios; y para analizar y aprobar el programa operativo anual que presente el Ejecutivo estatal para el sector.

Tan importante como lo anterior, será su nueva conformación, ya que la nueva ley coloca en un lugar destacado la representación de los productores del campo, y no como en la anterior, en donde con poco tino se mencionaba que al consejo “podrán” integrarse los representantes de las organizaciones de productores, comercializadores, prestadores de servicio y demás organizaciones y agentes”.

En los consejos municipales, la legislación establece un mejor posicionamiento de las organizaciones de productores, y con esto evitar que sean cotos exclusivos de los presidentes municipales. Pero sobre todo que realmente funcionen con criterios productivos, ambientales, de desarrollo, y no clientelares.

4. Comité de consulta técnica. Este organismo auxiliar del consejo guerrerense de desarrollo rural sustentable indudablemente será útil para despolitizar las decisiones que se toman en torno a las políticas públicas hacia el campo. La opinión objetiva, científica de expertos, respaldada por estudios e investigaciones, dará una mayor certeza a las decisiones que se tomen en este órgano colegiado tan diverso y plural como es el consejo. 

En fin, la ley promete mucho, y dependerá de las agrupaciones que la impulsaron, aglutinadas hoy en el Foro Permanente de Organizaciones Campesinas, que se dé cumplimiento a lo que ahí se establece.

Ojalá este primer paso que dio con éxito, sea sólo el primero de una serie que se requieren, por el bien del campo de Guerrero.

Los desvíos en el Igatipam, encubiertos por la opacidad

Marcos Méndez Lara, Elo Sur de Acapulco

En días pasados, el director del Instituto Guerrerense de Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, Alejandro Arcos Catalán, informó que del orden de 6,585 beneficiarios del programa Pensión Guerrero (13.1% del padrón) fueron dados de baja por diferentes irregularidades detectadas, entre ellas, por cobrar al mismo tiempo en otros programas federales y municipales, porque no cumplían con la edad mínima para ser beneficiario o porque presentaron documentación falsa.

Coincidentemente, hace cuatro años y ocho meses, el primer director del Igatipam del gobierno anterior,  Apolinar Ramos García, daba la noticia, también en una conferencia de prensa, sobre la baja de 3,000 adultos mayores porque se descubrió que tenían solvencia económica y éstos fueron incluidos en el padrón por “influencia de funcionarios de la administración pasada (la del gobierno de René Juárez Cisneros).”

Es decir, nos encontramos ante la misma historia: personas que están cobrando irregularmente con el apoyo, anuencia, complicidad u omisión de funcionarios del gobierno; y la denuncia de las autoridades vigentes en contra de sus predecesoras.

¿Qué debe hacerse para que el director del instituto de la próxima administración estatal no convoque a una conferencia de prensa para anunciar la baja de miles de adultos debido a la corrupción, en su caso, de funcionarios del actual gobierno?

No sabemos si se están implantando controles efectivos para evitarlo –y además si se sancionará a los servidores públicos involucrados de todos los niveles-, pero mi experiencia personal es que hasta hoy, no existe la disposición de hacer transparente la información, que es una forma de que las y los ciudadanos por lo menos observaríamos lo que sucede ahí adentro.

Con base en la Ley de transparencia y Acceso a la Información, solicité a principios de octubre los libros blancos de los programas que opera el Igatipam correspondientes a la administración del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo; así como los informes de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo del Igatipam, de 2005 a la fecha.

De estas peticiones no obtuve respuesta en el tiempo que marca la ley, por lo que presenté un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, que actualmente está en proceso de trámite.

A la Contraloría General del Estado le solicité los informes del comisario público de esta dependencia adscrito al Igatipam, pero me respondieron que de “2005 a 2008 no se designó comisario a ese organismo, sino hasta el 2009, siendo a partir de este año que contamos con información, asimismo le hago de conocimiento que dicha documentación no puede ser proporcionada, debido a que el expediente de los informes está clasificado como reservado”.

Esta información es clave para comenzar a desentrañar las irregularidades de Igatipam, ya que dos de las funciones que deben realizar los comisarios públicos, según el reglamento interior de la Contraloría, son “vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable de los las entidades paraestatales, órganos administrativos desconcentrados, organismos públicos de participación social y demás órganos afines, donde se encuentren adscritos (…)” y “evaluar los sistemas de control interno de la entidad de su adscripción, a efectos de detectar con oportunidad posibles fallas de control y proponer las acciones correctivas que correspondan, así como impulsar una gestión de calidad e innovación que favorezca la optimización de recursos, la simplificación administrativa y la transparencia, a fin de prevenir actos de corrupción”.

Por otro lado, si se revisa la página electrónica de la institución, se observará que tampoco existe la información pública obligatoria que establece la Ley de Transparencia estatal.

Todos estos elementos me permiten suponer que el Igatipam sigue siendo una institución opaca, pues hasta hoy, no es posible tener acceso a la información de lo que ahí sucede, y de seguir así, cada sexenio presenciaremos una conferencia de prensa donde se denuncia el desvío de recursos públicos, en detrimento de miles de personas adultas mayores que urgentemente necesitan el apoyo.

¿Corrupción en la SEDER?

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco

Dentro de la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero hay claroscuros sobre lo que sucede en sus dependencias en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Por un lado, la Contraloría General del Estado organizó tres talleres de capacitación con el tema “Acceso a la información pública y contraloría social”; uno de ellos, el que fue dirigido a ciudadanos integrantes de organizaciones sociales y civiles y también a personas sin ninguna filiación, fue un verdadero foro para ventilar lo que piensa la gente sobre el tema.

Lo más destacado de este encuentro fue el reconocimiento, de parte de los funcionarios presentes, de la situación que guarda la transparencia y la rendición de cuentas en el estado, que a decir de las y los que expresamos nuestra opinión, hay un diagnóstico pesimista.

Sin embargo, por sí misma, esta aceptación es hasta cierto punto un paso adelante, dada la cantaleta de meses y años anteriores, de querer aparentar que el estado se ubicaba entre los adelantados en la materia; y puede significar todavía mucho más, si esos mismos funcionarios ponen manos a la obra y proponen y empujan propuestas que permitan realmente avances en el control y vigilancia ciudadanos.

La nota opaca la dio esta semana la Secretaría de Desarrollo Rural. En días pasados, representantes de comités comunitarios de Marquelia, Copala, Ahuacotzingo, Coyuca de Benítez, Zitlala, Martir de Cuilapa, Chilapa y Ometepec, denunciaron que fueron presionados por funcionarios de esta dependencia para obligarlos a contratar a determinadas empresas para la construcción de obras.

El programa al que se refieren los quejosos es el de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) -uno de los programas de la Sagarpa en los que participa el gobierno del estado- cuyos lineamientos operativos para la aplicación de recursos, publicados en la propia página electrónica de la Seder, establecen claramente que “los apoyos que se otorgan son subsidios que se entregan directamente a los beneficiarios para que por su cuenta realicen las inversiones autorizadas”.

Es decir, los recursos del programa COUSSA deben ser recibidos por los beneficiarios y ellos tienen el derecho a decidir de qué manera los ejercen: en forma directa o por administración; por contrato con una empresa especializada; o por combinación de ambas.

Por ello es inaceptable cualquier tipo de presión que les condicione la manera en que deben gastarlos. Los denunciantes ya presentaron una queja ante la Secretaría de la Función Pública, pero sería también pertinente que la Contraloría General del Estado vigilara este proceso.

También en días pasados circuló en las redes sociales una denuncia en contra de funcionarios de la misma Seder. A mi correo personal llegó un señalamiento en contra del subsecretario Humberto Rafael Zapata Añorve, Subsecretario de Ganadería de la Seder por presuntos actos de corrupción dentro del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura; servidor público, que según el correo, es primo del gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Dice el texto, que el funcionario visita a los beneficiarios de los proyectos de obras de infraestructura aprobadas y los obliga “a que contraten la ejecución de sus proyectos con la empresa constructora que dirige Jaime Alarcón, bajo el argumento de que es un hombre de mucha experiencia y de mucha confianza del C. Gobernador”.

Y en seguida enumera una lista de 60 proyectos, cuyos montos van de los 205 mil a los tres millones de pesos, pertenecientes a beneficiarios que supuestamente fueron visitados por Zapata Añorve para presionarlos sobre la empresa que deben contratar.

Si son reales o no estos señalamientos –que también involucran al Sudelegado federal de Conapesca y al Gerente de Sanidad Acuícola de la misma dependencia- corresponde a los órganos de control y vigilancia federales y estatales investigar y determinar lo conducente.

Sin embargo, sí es muy importante que la información que se genere sobre estos casos se difunda públicamente, ya que contribuirá a generar credibilidad en las instituciones y en los aparatos de control y vigilancia. Que se establezcan hoy medidas de control para no lamentarlo mañana.       

Atraco a los adultos mayores

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco

Graves irregularidades se descubrieron en el programa Pensión Guerrero del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, un programa social cuyos recursos son destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, el de los ancianos, y de ahí que provoque mayor indignación.

La Contraloría General del Estado, en una revisión del padrón de beneficiarios encontró, dicen las notas periodísticas, cuatro mil datos irregulares (equivalente a 11 por ciento del padrón revisado y a siete por ciento del número total de beneficiarios) entre ellos, huellas dactilares o firmas plasmadas en los recibos de pago que no coinciden con la identificación personal, pago a personas fallecidas, personas que no cumplen con la edad mínima de 65 años de edad para recibir la ayuda, y personas que reciben pensiones de otras instituciones como el IMSS e ISSSTE.

De acuerdo con esta información, la mayor parte del dinero que supuestamente cobraron esas cuatro mil personas registradas de manera fraudulenta en Pensión Guerrero, fue a parar a los bolsillos de alguien, seguramente aprovechándose de las limitaciones de que adolecen la mayoría de nuestros ancianos (limitada movilidad, analfabetismo funcional, debilidades auditiva y visual, etc.).

El monto de las pensiones que reciben los adultos mayores es de 800 pesos cada dos meses. Esto significa que alguien se embolsó 3.2 millones de pesos bimensuales durante quizás los seis años que duró el gobierno de Zeferino Torreblanca (aunque el programa comenzó a funcionar desde 2003).

1. En las reglas de operación se establece –hoy suena cínico- que “El principio de transparencia será un eje rector, entre otros, de la operación del programa” y se describen acciones para la transparencia del programa, en donde el comité técnico del Igatipam de manera cuatrimestral y al final de cada ejercicio, tenía la obligación de publicar el resultado de las acciones de control y vigilancia del programa, y de verificación y aprobación del padrón de beneficiarios.

Por cierto, el Comité Técnico del organismo es el encargado de aprobar “la correcta integración del padrón de beneficiarios”, según las reglas de operación, y entre las personas que integran dicho comité están: el secretario de Desarrollo Social, el coordinador Estatal de Programas Sociales, los secretarios General de Gobierno, de Finanzas y Administración, de Salud, y el Contralor General del Estado, entre otros; lo que significa que no sólo debe investigarse a servidores públicos del Igatipam, sino también a los funcionarios de esas secretarías que estaban en funciones en el momento de cometidas las irregularidades, ya que eran responsables directos del control y vigilancia del padrón.

2. De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el Igatipam cuenta con un Comisario Público, designado por la Contraloría General del Estado, y que actúa como órgano de vigilancia. ¿Quién o quiénes fueron las o los comisarios durante los últimos seis años, y qué cuentas presentaron? ¿Por qué dejaron pasar todas las irregularidades que hoy se denuncian?

3. Como una forma de contraloría social, la ley también establece que el Igatipam contará con un Consejo Ciudadano de Adultos Mayores “que tendrá por objeto conocer el seguimiento dado a los programas y opinar sobre los mismos”, entre otras funciones.

Sin embargo, parece que el consejo nunca se integró o solamente fue decorativo (además de que la normatividad no le da las facultades necesarias para hacer un trabajo más efectivo de control y vigilancia), ya que no se sabe que tampoco haya denunciado nada.

4. Claramente se observa que los controles para la vigilancia del programa Pensión Guerrero no fueron suficientes ni eficaces, por lo que la Contraloría General del Estado y el propio Igatipam deberán diseñar mecanismos que permitan el efectivo control de lo que se hace en el organismo y darlos a conocer públicamente.

5. Ya es tiempo de pensar en incorporar formas de participación ciudadana para la contraloría social en los programas sociales estatales y municipales, ya que hasta hoy, sólo los programas federales (aunque muy limitadas) las tienen.

Hay intereses económicos tras la negativa de dotar de agua a los pueblos de Tecoanapa

Reportaje

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco

Tecoanapa, Gro. Pedazos de cemento y un grifo oxidado, es todo lo que queda de un hidrante público del que se abastecían de agua los habitantes de Tepintepec. El líquido provenía del núcleo agrario de Xalpatlahuac, pero los productores de ese poblado determinaron –hace cerca de 20 años- regar sus sembradíos y dejaron de proveer de agua a éste y otros poblados de la zona sur del municipio de Tecoanapa.

Desde entonces, cada año los pobladores de Tepintepec practican dos rutinas de sobrevivencia: en temporada de lluvias, usan las aguas del río Tecoanapa –cuya contaminación se diluye parcialmente por la abundancia de agua- y de algunos manantiales y riachuelos cercanos al poblado; pero en el estiaje sólo tienen una opción: usar las aguas residuales que provienen de la cabecera municipal.

La señora Isila García Mayo, oriunda de Tepintepec, comentó que en “enero baja la cantidad de agua, casi toda contaminada, y en abril y mayo ya sólo hay agua pestilente, pero por la necesidad hacemos pozos para sacarla. Algunas personas la acarrean a sus casas, pero la mayoría llevan su ropa a lavar y ahí mismo se bañan”.

Agregó que aquel que no desee usar el agua del río Tecoanapa necesita pagar los altos costos que tiene el agua potable. “Yo gasto ocho pesos diarios por un garrafón con 20 litros de agua para tomar, en un mes ya son 240 pesos, porque consumimos uno diario; para otros usos, un viaje de agua de rotoplas de 700 litros vale 140 pesos, y no alcanza ni para una semana”, se lamenta doña Isila.

Guillermina García Gallardo, también de Tepintepec, tiene 74 años, ella presume que ya “generó anticuerpos” contra la contaminación del agua del río Tecoanapa, ya que hasta hoy no se ha enfermado de la piel. Sin embargo, advirtió que a las personas adultas mayores les cuesta mucho trabajo ir hasta el río, “más para mí, que ando con mi bastón”, pero que las opciones son pocas, entre ellas, comprarla a altos costos, cuando el jornal en la región está entre 80 y 100 pesos diarios.

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Hace seis años, las autoridades de cinco comunidades rurales de Tecoanapa (Tepintepec, Barrio Nuevo, el Guayabo, el Carrizo y Macatepec), todas ellas consideradas como de alta y muy alta marginación por el Consejo Nacional de Población, comenzaron a gestionar el servicio de agua potable para sus localidades.

En 2006, la demanda de los pueblos tuvo respuesta con el denominado Sistema Múltiple de Agua Potable de Tecoanapa, que tendría su fuente de captación en el manantial Las Cazuelas, localizado en el ejido de San Francisco.

Se invirtieron muchos recursos financieros, tan sólo el gobierno del estado gastó 400 mil pesos en 2006 en el proyecto ejecutivo, y del orden de 14.6 millones para la construcción del sistema, según datos obtenidos a través de una solicitud de información presentada ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

A la construcción de este sistema se opuso un grupo de personas de la cabecera municipal de Tecoanapa, encabezadas por Baldomero Mendoza. La razón que esgrimen: el agua no es suficiente para abastecer a la cabecera, a los cinco pueblos que están en lucha, y a dos más que ya toman agua de la misma fuente de captación (Buenavista y Tecuantepec).

Sin embargo, estudios de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del estado de Guerrero y de la Universidad Nacional Autónoma de México confirmaron que el gasto de agua que aporta el manantial conocido como las Cazuelas, es suficiente para dotar del líquido a todas las localidades en los próximos 20 años.

No existen entonces, razones técnicas para impedir que funcione el sistema de agua potable; si las hay, de tipo económico, ya que el auto nombrado comité de agua potable de Tecoanapa cobra el servicio a los usuarios domésticos a razón de 20 pesos mensuales. En la cabecera municipal, según el INEGI, hay mil viviendas, sin contar negocios como embotelladoras, servicios de lavado de autos y ranchos, que también pagan bien por el agua que proviene del ejido de San Francisco.

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Claudia Valente Huachin es de la comunidad de Barrio Nuevo; dice que lava los trastes con agua del río Tecoanapa, aun cuando sabe que está contaminada, también con esa agua lava la ropa.

“Los niños se bañan en ese río, y a veces por descuido o porque tienen sed, toman agua de ahí, se les hace fácil tomarse un traguito de agua, y claro, casi siempre se enferman.”

Las promotoras del programa federal Oportunidades no pueden hacer mucho, sólo recomendarles que al agua le coloquen gotas de cloro, y la gente lo hace, pero no es suficiente. Es imposible mantener una mínima higiene en las condiciones en que viven estas personas.

Las enfermedades gastrointestinales o de la piel que con frecuencia padecen los de Barrio Nuevo (y de las otras cuatro localidades que carecen de agua) son atendidas en la cabecera municipal de Tecoanapa, porque en la comunidad no hay centro de salud. Sin embargo, doña Claudia comenta que reciben un mal servicio y escasean los medicamentos, además que en los últimos años discriminan a los pacientes que van de las comunidades rurales, por el conflicto del agua.

En tiempo de lluvias, los pobladores de Barrio Nuevo tienen la ventaja de “capear el agua”; en algunas viviendas, esto se hace con cubetas que esperan en fila la caída de agua de los techos de teja; otros lo hacen con canaletas para llenar recipientes grandes.

También son “afortunados” porque existe un ojo de agua cerca del poblado, conocido como Pomarrosa, pero el acceso es muy escarpado y pueden tardar hasta una hora en llegar. Dice la señora Irma de la Luz Meneses que es tanta la demanda, que hasta hacen fila para obtener un poco de agua.

“La verdad si está triste aquí porque en tiempo de secas el solazo está bien fuerte, y pues ni modo, ahí vamos encumbrando para traer un par de baldes de agua”.

 La casa de doña Socorro solano Nava también utiliza canaletas para capear el agua. Su situación no es diferente de todos los que viven en la comunidad, aunque ella muestra manchas en la piel, producto, dice, de bañarse con agua contaminada. Su hijo, Ciro, también muestra los mismos síntomas; él apenas recuerda que alguna vez tuvieron agua entubada, era muy pequeño.

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Muchos años de ineficacia de los gobiernos municipales y estatales propiciaron la contaminación acelerada de ríos y manantiales del municipio. La falta de inversiones y de una visión de largo plazo en materia de saneamiento se expresan hoy en problemas muy graves de salud y en conflictos sociales como el que se vive hoy en Tecoanapa por el agua.

La cabecera municipal, que tiene 4,268 habitantes, descarga sus aguas residuales sin ningún tratamiento al río Tecoanapa, incluyendo los del rastro municipal, aun cuando existe una laguna de oxidación que sólo sirve para almacenar el agua sucia antes de verterla al río.

Adicionalmente, en diferentes puntos en la periferia de la cabecera y muy cerca de los ríos y arroyos se observan tiraderos clandestinos de basura y otros no tanto, como el que se ubica en plena carretera Tecoanapa-Ayutla, donde a la vista de todos, los zopilotes se alimentan de los desperdicios orgánicos que ahí deposita la gente.

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De Barrio Nuevo a El Guayabo hay que cruzar el río Tecoanapa. A una distancia de 100 metros, se adivina de qué río se trata porque se percibe un olor desagradable. El señor Reynaldo Pacheco Gallardo, de El Guayabo, expresó que en los meses de abril y mayo el mal olor se acrecienta, pero de cualquier forma se hacen pozas en las “playas” del río para rescatar un poco de agua filtrada por la arena, pero no desprovista de contaminación.

Oportunidad para la rendición de cuentas

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco

Recientemente el gobierno del estado y la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal firmaron un convenio que busca “fortalecer los sistemas de control y evaluación de la gestión pública estatal y municipales, con el fin de lograr un uso eficiente, oportuno, transparente y honesto de los recursos que las dependencias y entidades de la administración pública federal les asignan”. (http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/06/31-Acuerdo-SFP-EdoGro-22sep11.pdf)

Las noticias que nos han llegado respecto a cómo se ejerció el dinero en la administración anterior, en rubros específicos como salud y educación, son argumento suficiente para dar un seguimiento puntual a este acuerdo, pues si de algo debe servir esa experiencia, es para cuidar que no vuelva a repetirse.

1. Este acuerdo puede convertirse en la carta de presentación del gobierno de Ángel Aguirre en materia de rendición de cuentas; dependerá de los mecanismos que se establezcan para concretarlo, y desde luego, de la eficacia de éstos, el adjetivo con el que se recordará a la administración actual. El peor escenario es que el acuerdo solo sirva como pantalla para simular que hay transparencia y rendición de cuentas.

2. Una acción relevante, y que no está incluida dentro del acuerdo, es que se establezca un mecanismo abierto de información con la ciudadanía sobre las acciones y avances que se tengan. Sería absurdo que se ocultara este tipo de información que generan dos dependencias (SPF y Contraloría General del Estado) dedicadas precisamente a que los recursos públicos se ejerzan con transparencia.  

3. El acuerdo firmado por la SFP y el gobierno del estado, tiene limitantes, una de las más importantes es que los recursos federales provenientes del Ramo general 33 “Aportaciones federales para entidades federativas y municipios”, así como las aportaciones para el sistema de protección social en salud, no son objeto de las acciones conjuntas a que se refiere el instrumento que comentamos.

Esto significa, traducido a pesos, que sólo en el caso del Ramo 33, del orden de 21,415 millones de pesos quedarán fuera de las acciones que se establezcan como resultado de este acuerdo, es decir, alrededor de 58 por ciento de los recursos federales que se ejercerán en Guerrero en 2011 no están considerados para el control y evaluación que se indica en este convenio.

En contraparte, alrededor de 13,276 millones de pesos, provenientes del gobierno federal, son los que estarían sujetos al control y evaluación dentro del marco del acuerdo, según cálculo hecho a partir del decreto 640 de Presupuesto de Egresos del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2011.

4. El acuerdo incluye un compromiso que asume el gobierno del estado para “promover la incorporación de la figura del testigo social en la normatividad local en materia de contrataciones públicas”. La inclusión de esta figura de control ciudadano por sí misma es relevante, aunque hay que esperar el peso específico y los “dientes” que les dará el gobierno del estado para realizar su trabajo.

La figura no es nueva en México; se ha promovido en la administración pública federal, incluso existe un acuerdo emitido por la SPF para regular su funcionamiento y describir sus alcances (http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/comunes/testigo.htm)

Los testigos sociales pueden participar con derecho a voz durante las contrataciones de las dependencias a solicitud de éstas o a petición de los propios testigos; y las dependencias deben proporcionar todas las facilidades y documentación que soliciten, salvo la considerada como reservada o confidencial en términos de la ley, para emitir recomendaciones.

5. El acuerdo incluye el compromiso de la SFP y del gobierno del estado de promover y dar seguimiento a las acciones de contraloría social que promueve la SFP, tanto a nivel estatal como en los municipios.

En este punto será interesante conocer los alcances que le dará el gobierno del estado a esta importante vertiente del acuerdo, que es la promoción de contralorías sociales. A la fecha, sabemos que no han tenido una participación destacada, y más bien han funcionado como organismos decorativos, por lo que este acuerdo puede ser el punto de partida para dar un impulso real a estas figuras de participación ciudadana.

Reportajes

Un sexenio sin transparencia ni rendición de cuentas

Marcos Méndez Lara

Hace seis años, un 28 de septiembre, el Congreso del Estado de Guerrero aprobó la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero; pero la pregunta inevitable es si esa norma ha contribuido a que el estado tenga mejores instituciones públicas, que informen y rindan cuentas a la ciudadanía, que ofrezcan obras y servicios de más calidad y que contribuyen al ejercicio de los derechos sociales, económicos y ciudadanos de las y los guerrerenses. La respuesta categórica es no.

Son varias las causas de esta pobreza en transparencia y rendición de cuentas, entre ellas, la inacción de las instituciones que pudieron haber jugado un papel relevante en la promoción en estos años: gobierno del estado, Congreso local y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero (ITAIG). Hoy los resultados están a la vista: sujetos obligados que incumplen la ley, “transparencia” simulada, reducido ejercicio ciudadano de estos derechos…

Las cuentas alegres

De acuerdo con las cifras del ITAIG, del 16 de junio de 2006 al 31 de diciembre de 2010 las y los ciudadanos presentaron un total de 14,027 solicitudes de información. Sin embargo, hay muchas dudas respecto de estos números, pues se ha demostrado que buena cantidad de éstas no corresponden a peticiones informativas, sino a solicitudes de obra, empleo y gestiones diversas, que los ayuntamientos incluyen en sus registros como solicitudes de información.

Este sobre registro de solicitudes solo es útil para simular una realidad que no existe en el estado. ¿Es creíble que en ayuntamientos como Azoyú, Zirándaro, Iliatenco o Tecoanapa se hayan presentado respectivamente 1719, 1321, 291 y 357 solicitudes de información a lo largo de un año, cuando el promedio de las que reciben todas las dependencias del gobierno del estado –en donde se lleva un registro más riguroso- apenas alcanza las 262 anuales?

Dar como buenas y difundir estas cifras respecto el ejercicio de acceso a la información sólo contribuye a tener un diagnóstico equivocado y a reforzar un discurso de que en el estado hay o se avanza en la transparencia.

Otros datos que no “cuadran” son el número de quejas interpuestas ante el ITAIG. Según el órgano garante guerrerense, en cinco años se presentaron solo 160 quejas, que equivalen a 1% del número de solicitudes presentadas.

Si se atienden estas cifras, parecería que los sujetos obligados de Guerrero tienen una enorme disposición para cumplir con sus obligaciones; sin embargo, la experiencia de la mayoría de quienes han tratado de hacer efectivo su derecho a la información, sabe que eso está lejos de ser verdad.

 La historia opaca de los ayuntamientos

Los ayuntamientos tanto del trienio pasado como las administraciones actuales son los sujetos obligados más reacios a entregar información o proclives a retardarla.

Hay varios indicadores que los señalan como los más opacos. Por ejemplo, de acuerdo con cifras del ITAIG, de las 165 quejas presentadas, más de la mitad (53%) correspondieron a los  ayuntamientos.

En su evaluación más reciente (marzo-abril de 2011),,  el grupo Ciudadanos por Municipios Transparentes –integrado por ONG, instituciones académicas y ciudadanos-, los municipios guerrerenses obtuvieron en promedio 2.8 de calificación, en una escala de 100, siendo el mejor evaluado Acapulco, que obtuvo apenas 23 puntos, muy lejos de municipios como Chihuahua (90), Puebla (90) o Tamazula, Jal. (79).

El colectivo Cimtra a nivel nacional evaluó en este periodo a 98 municipios de 13 estados. Entre los 30 últimos lugares, 24 correspondieron a Guerrero. 

Asimismo, en su más reciente informe de labores, el ITAIG destaca que 43 ayuntamientos (53% del total) no cumplieron su obligación de entregar un informe anual de las solicitudes de información, lo que es indicativo del poco interés y voluntad que tienen por estos asuntos.

Por su parte, la Auditoría General del Estado en su página electrónica indica que a septiembre, todavía 13 gobiernos municipales no han entregado su cuenta pública anual de 2010, mientras que 47 lo hicieron fuera de los tiempos que marca la ley. Esto supone que si no cumplen ni siquiera con la fiscalización a la que están obligados ¿qué rendición de cuentas pueden esperar las y los ciudadanos de esos municipios?

El titular de la Secretaría de la Función Pública del ayuntamiento de Chilpancingo, Roberto Álvarez Heredia, confirma que efectivamente aún falta mucho por hacer en los ayuntamientos en materia de transparencia y acceso a la información.

Reconoce que Chilpancingo, ayuntamiento sede de los poderes del estado, no cumple ni siquiera con la información pública de oficio que le ordena la ley, debido, subrayó, a que no se tiene memoria suficiente en la página web del ayuntamiento para “subir” toda la información que exige la normatividad.

Destacó también, que los procedimientos para responder a las solicitudes de información y hacer efectiva la transparencia, se entorpecen por las “luchas internas” entre las diferentes áreas del ayuntamiento.

Cabe preguntarse, si así está Chilpancingo ¿cómo estarán los ayuntamientos de la Montaña y de Costa Chica en transparencia y rendición de cuentas?

Gobierno del estado

Durante el periodo que va de junio de 2006 a junio de 2011, se presentaron 1,310 solicitudes de información en las 52 dependencias y entidades del Ejecutivo estatal, es decir, un promedio de apenas 21.8 peticiones por mes.

Nos encontramos ante uno de los más bajos promedios a nivel nacional, pues, por ejemplo, el órgano garante morelense reporta que desde septiembre de 2004 y hasta diciembre de 2010, el ejecutivo de Morelos respondió a 4,823 peticiones para un promedio de 63 solicitudes por mes; mientras que en Oaxaca y Chiapas se registraron también para el ejecutivo local promedios de 135 y 69 solicitudes mensuales, respectivamente, en 2010.

El cumplimiento de las obligaciones de transparencia también ha sido limitado en el gobierno del estado. Así, por ejemplo, la difusión de la información pública de oficio nunca se cumplió plenamente en el anterior gobierno, faltando sobre todo aquellos temas relevantes como los indicadores de gestión, presupuestos, cuentas públicas, entre otros.

Pero el Gobierno de Ángel Aguirre tampoco está cumpliendo con este precepto, y entre las políticas implantadas por su gobierno en materia de transparencia y acceso a la información, no hay ninguna dirigida a incentivar a que la ciudadanía ejerza este derecho ni a vencer las resistencias de aquellas dependencias y entidades que no publican su información de oficio. En la práctica, no han alcanzado hasta hoy ni siquiera el nivel de publicación de información obligatoria que tuvo el gobierno de Torreblanca Galindo.

Sobre este asunto, no hubo respuesta de parte de la Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información del gobierno estatal, para conocer su versión de la situación.

En el cabús de la transparencia

El Congreso guerrerense no ha sido factor determinante en la transparencia y la rendición de cuentas en el estado. Guerrero fue uno de los últimos estados de la república en aprobar su ley de acceso a la información (en 2005 por la LVII Legislatura), y la que se aprobó entonces, fue también una de las peores del país.

La ley de transparencia que nos rige actualmente –apegada a los principios del sexto constitucional- fue aprobada en mayo de 2010, es decir, 22 meses después de cumplido el plazo establecido en la constitución federal. En la legislación de leyes en la materia, Guerrero siempre ha estado en el cabús de la transparencia.

Incluso hoy día, el Congreso local ni siquiera cumple con la información pública de oficio que debe colocar en su portal electrónico, obligación que está señalada en el artículo 13 de la ley que los propios diputados aprobaron.  Y la explicación a este incumplimiento, en voz del encargado de la Unidad de Transparencia del órgano legislativo, José Guadalupe Lapar Barrios, es que “el portal está en constante adecuación, pero antes de diciembre estará lista”, a escasos meses de que concluya sus actividades la LIX Legislatura.

Caso especial es el del poder judicial guerrerense. Sorprende que se ubique en los últimos lugares en el cumplimiento de la información pública de oficio. Comunica AC, en un estudio hecho a principios de 2011, ubicó al Tribunal Superior de Justicia en el lugar 18, de 21 sujetos obligados monitoreados, como los más opacos; mientras que en el estudio Métrica de la Transparencia 2010, también reprueba en las dimensiones de portales electrónicos y usuario simulado (http://www.metricadetransparencia.cide.edu/).

Recursos invertidos

Si se revisan los recursos destinados a la transparencia y a la rendición de cuentas de las dependencias públicas en los últimos años, se observará que éstos han sido escasos, sin duda reflejo del desinterés que existe en la clase política para promover estos derechos.

Salvo 2008, en que de acuerdo con el presupuesto de egresos  del estado ascendió a 28.1 millones de pesos, el gasto en transparencia y rendición de cuentas se ha limitado a financiar la operación de la entonces Comisión de Acceso a la Información Pública, hoy ITAG: 6.4 millones de pesos en 2009, 6.4 millones en 2010 y 9.4 millones en 2011.

Este desinterés, además de los pocos resultados obtenidos en el número de solicitudes de información y en la promoción de la transparencia, se tradujo en que no se establecieron, por lo menos en el gobierno anterior,  los controles necesarios para evitar los despilfarros que a principios de este año salieron a la luz pública respecto del gasto en educación y salud, principalmente.

Promover la cultura de la transparencia

Son numerosas las acciones que hay por hacer. Si en las dependencias públicas no hay una disposición real para hacer de la transparencia y el acceso a la información un ejercicio cotidiano, sencillo y expedito, como dice la Constitución federal, las y los ciudadanos difícilmente podrán hacer uso de esa información pública y encontrarle una utilidad social para exigir y ejercer otros derechos.

No hay que esperar otros seis años para hacerlo.

Contraloría ciudadana ¿ahora si?

El Sur de Acapulco

En los últimos días, el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, se refirió en dos ocasiones a la participación de la ciudadanía en el control y vigilancia del ejercicio de gobierno. No lo había hecho desde la contienda electoral, específicamente desde que en el debate público que sostuvo con su adversario del PRI, se comprometió a crear una contraloría ciudadana para vigilar la obra pública.

La primera, el 7 de septiembre, se reunió con integrantes del Grupo Cuicalli, en la capital del estado, en donde propuso la creación de un consejo ciudadano para vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos y garantizar la asignación de las obras de acuerdo a los lineamientos que la ley establece.

La segunda fue al día siguiente, el 8 de septiembre, en un acto en el que firmaron, el gobierno del estado y la Secretaría de la Función Pública Federal, un acuerdo de coordinación para el fortalecimiento del sistema estatal de control y evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de modernización administrativa, transparencia y combate a la corrupción.

Ahí el gobernador se refirió también a la creación de una contraloría ciudadana para la vigilancia de los recursos públicos que permita la consolidación de programas, proyectos, acciones y servicios que ofrece el gobierno. La única manera de recuperar la confianza de la población, es que la propia sociedad se involucre en la tarea de gobierno, señaló el mandatario.

Luego de estos dos anuncios, es inminente que en breve se anuncie la convocatoria para integrar esta contraloría.

1. No sabemos en qué términos se emitirá, pero de lo que hay que estar pendientes es que sea un órgano ciudadano de control real de las tareas gubernamentales que le corresponderán vigilar. No deberá tener la denuncia –publica o ante los organismos de control institucionales- como única herramienta para el control y la vigilancia, sino que deberá estar provisto de “dientes” a efecto de que las observaciones que emita tengan repercusiones reales en los procesos donde se encuentren irregularidades. Si nace desdentado, el riesgo de que funcione solamente como un comité decorativo es muy grande.

2. Es plausible que el gobierno del estado abra espacios a la participación ciudadana, siempre y cuando a través de éstos realmente se incida en las diferentes etapas de las políticas públicas (diseño, implementación, evaluación).

3. Los procesos de adquisiciones y de obra pública son apenas dos aspectos del quehacer gubernamental que puede ser vigilado y controlado. En muchos otros asuntos, como los servicios de educación y salud y los programas sociales, pueden promoverse contralorías ciudadanas que mejorarían la calidad de lo que se ofrece y prevendrían casos de corrupción.   

3. La institucionalización de estos espacios de intervención ciudadana son la mejor garantía contra vaivenes sexenales. En el proyecto de Constitución estatal que ya se anunció, sería muy pertinente que se incluyeran estas formas de control ciudadano, adicionales a las formas de participación ciudadana directa como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato, ya que son modalidades continuas de incidencia social sobre el poder público y su aparato administrativo.

De todo. La Coordinación de Fortalecimiento Municipal del gobierno del estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, firmaron un convenio de colaboración con el propósito de fomentar la transparencia en los municipios guerrerenses. Los mensajes de Beatriz Mojica y Marcos Ignacio Cueva fueron muy optimistas en el acto de firma, pero sin duda se enfrentarán a uno de los mayores retos que tiene el estado en materia de promoción de la transparencia y la rendición de cuentas: los ayuntamientos. Estaremos pendientes de las acciones, y sobre todo, de los resultados que logren estas dos instituciones.

Los rechazados de educación

El Sur de Acapulco

El de los jóvenes que se encuentran en huelga de hambre en el zócalo de Acapulco, como una forma de protestar por no tener la oportunidad de continuar sus estudios de educación superior, no es un problema que se reduzca a evidenciar que los jóvenes no presentaron su examen de ingreso o que no tuvieron las suficientes competencias para aprobarlo o que detrás de su movimiento hay intereses políticos o electorales. 

El problema es estructural y tiene que ver con las enormes deficiencias del sistema educativo que hay en Guerrero, que cancelan el derecho a una educación de calidad que tienen las y los guerrerenses.

1. La falta de transparencia para presentar los resultados de los exámenes aplicados a los jóvenes aspirantes a ingresar a las carreras de Medicina, Enfermería y Odontología de la Universidad Autónoma de Guerrero, es solamente el último eslabón de una serie de perversiones en la educación guerrerense que comienzan desde el preescolar.

A la fecha, la UAG no mostrado los resultados que obtuvieron los jóvenes en el concurso de selección, teniendo éstos todo el derecho a conocerlos. Con eso, crece la percepción de que hay venta de fichas y de que los pocos espacios son ocupados por estudiantes “recomendados” o que pagaron buenas sumas de dinero para tener “derecho”. Nadie ha demostrado lo contrario hasta la fecha.

Efectivamente, los recursos financieros de la casa de estudios son finitos y hay un tope para el ingreso de estudiantes en muchas de las carreras que ahí se imparten, pero también es cierto que los mecanismos de ingreso son totalmente injustos y no están desprovistos de corrupción. Eso, en una universidad, es inadmisible.

2. Para nadie es un secreto que las causas de lo que viven hoy estos jóvenes rechazados comienzan a gestarse desde la educación básica. Hay suficientes indicadores que evidencian que la educación no sólo en Guerrero, sino en todo el país enfrenta serios problemas de calidad.

Si consideramos los indicadores generalmente utilizados para evaluar la calidad de la educación (tasas de aprobación, reprobación y deserción escolar), la Coalición Ciudadana por la Educación (http://porlaeducacion.com/archivos/educacion.pdf) explica, por ejemplo, que la tasa de reprobación es relativamente alta. Durante sus años de educación, 26 de cada 100 estudiantes reprueban al menos un grado, y 44 de cada 100 en el caso de la educación indígena. Esto ha llevado a que en 2007, 4 de cada 10 estudiantes de 15 años no estaban cursando el nivel que les correspondía. La deserción escolar —esto es, estudiantes que no terminan el año escolar— alcanza tasas de hasta 9% en jóvenes de 15 y 17 años, en estados tradicionalmente expulsores de migrantes.

Sin embargo, hay otro tipo de indicadores para conocer si los niños y jóvenes mexicanos están adquiriendo los conocimientos y las destrezas indispensables, y éstos se generan a partir de diversas pruebas estandarizadas de aprovechamiento escolar que se aplican a nivel nacional e internacional, como el  Examen de Calidad y Logro Educativo, desarrollado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, de la Secretaría de Educación Pública; y el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, que aplica la OCDE entre sus países miembros.

Señala el análisis de la Coalición Ciudadana, a partir de los resultados de estas tres mediciones independientes, que un porcentaje importante de estudiantes en México no está aprendiendo los contenidos mínimos para poder desarrollar sus capacidades.

3. ¿Qué futuro les espera a los jóvenes que no tienen una oportunidad de ingresar a la educación superior y a miles que ni siquiera llegaron a este nivel, porque su situación socioeconómica los obligó a abandonar la escuela en los primeros años?