Marcos Méndez Lara
El 30 de noviembre concluí mi periodo como presidente del Comité de Participación Ciudadana y también como presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Publico en esta edición algunas reflexiones sobre la experiencia de un año de trabajo y acerca de los retos que vislumbro para los próximos meses y años.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y sus similares en los estados son parte de una política pública que generó enormes expectativas, pues el combate a la corrupción se convirtió en los últimos años en una de las principales demandas de la ciudadanía, que todavía hoy percibe altos niveles de corrupción en diversos ámbitos, especialmente en la esfera pública gubernamental.
El año pasado, esta preocupación en el terreno electoral se tradujo en un cambio significativo en las preferencias electorales de la población; pero en años previos, ya se había trabajado en el diseño y aprobación de un gran andamiaje normativo e institucional para dar paso a la puesta en marcha del SNA, primero en el plano nacional y luego en las entidades federativas. La fase de implementación, la más difícil, dicen los especialistas y estudiosos del ciclo de las políticas públicas, puso en su real dimensión los tiempos y ritmos del Sistema: no sería un proceso nada fácil y además, resultados tangibles y perceptibles se observarían en el mediano y largo plazos; antes, sólo sería visible la creación de instituciones, procedimientos, normas y mecanismos para que comenzara a funcionar.
En Guerrero, aunque las reformas y creación de las leyes necesarias se realizaron en tiempo y forma, la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero (Seagro) comenzó hasta finales del año 2018, aun cuando la normativa señalaba como fecha de su inicio el 1 de enero de 2018. La anterior Legislatura del Congreso del estado retrasó el proceso ocho meses y de manera improvisada designó a los miembros del primer órgano programado: la comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana (CPC). A partir de este nombramiento, en agosto del año pasado, la instalación de los demás órganos se vendría en cascada, con plazos perentorios.
Parece fácil, pero quienes conocen los vericuetos del Sistema, constituido por dependencias gubernamentales y autónomas, y varios organismos nuevos, cada uno con su propia normatividad y agendas; y la articulación que se requiere entre todos éstos para que pueda hablarse realmente de un sistema, tendrán una idea de las dificultades para trabajar en la coordinación de los varios actores y de las instituciones involucradas, a veces con agendas tan dispares o con desarrollos institucionales desiguales.
Los primeros pasos de implementación fueron pausados, a veces difíciles. Aun así, en el periodo pueden destacarse avances en la construcción de los cimientos, necesarios para el funcionamiento pleno y regular del Sistema; es cierto, estos avances no son tan visibles ni espectaculares. En este proceso fue importante la participación de los integrantes del Comité Coordinador, quienes en ningún momento obstaculizaron la construcción de estas bases.
En el presente ejercicio se instalaron los órganos que ordena la Ley 464 del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, a saber: el Comité de Participación Ciudadana (4 de diciembre de 2018), el Comité Coordinador (28 de enero), el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva (13 de marzo), la Secretaría Técnica (13 de marzo) y la Comisión Ejecutiva (22 de octubre). También, se aprobaron o se encuentran en trámite los procedimientos básicos para su funcionamiento regular y para reglamentar y mejorar su gestión. Todos los órganos, una vez que fueron instalados, han realizado sesiones ordinarias y extraordinarias, por lo que considero que hay una normalidad institucional del Sistema y quizás eso sea lo más significativo de las actividades de este año.
Si bien, está pendiente la integración del Sistema Estatal de Fiscalización -porque en la mayoría de los ayuntamientos no se han instalado los órganos internos de control, que son clave para prevenir, investigar, sancionar o dar parte a otras instancias sobre los actos relacionados con faltas administrativas o hechos de corrupción en el nivel local- y su Comité Rector, en la práctica, existen las condiciones mínimas para, ahora sí, comenzar a ocuparse de los objetivos sustanciales del Sistema.
Los primeros pasos tuvieron su grado de incertidumbre. Si bien, la Legislatura anterior retrasó la designación de la comisión de selección del CPC, la actual Legislatura no fue precisa en la asignación de un presupuesto específico para la Secretaría Ejecutiva del Sistema -generadora de los insumos técnicos para el Sistema-; adicionalmente, la asignación de un presupuesto y liberación de la primera ministración de recursos se concretó ya entrado el año; instalaciones y mobiliario se tuvieron hasta el último trimestre del ejercicio. Pareciera que estos ritmos son frecuentes y normales en la administración pública, pero lo cierto es que en esas circunstancias fue más difícil concretar avances, especialmente porque la ley marcaba plazos específicos para la instalación de los diferentes órganos.
Hay varios aprendizajes en este primer año de implementación del Sistema. Aunque todos los involucrados conocíamos la normativa y más o menos las experiencias de otras entidades federativas, poner en funcionamiento el Sistema fue una práctica nueva. La composición del Comité Coordinador, que de manera novedosa establece la inclusión de un ciudadano, quien precisamente lo preside; y la integración de otras instancias también nuevas como la Comisión Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana, requirieron, primero, de un conocimiento de la dimensión de cada una de éstas, de sus alcances y objetivos; y, segundo, de un reconocimiento de todos los actores para estar dispuestos a la interacción. Estos procesos no se dan de manera automática.
Lo que sigue
La esencia del sistema es la coordinación de acciones para poder cumplir los objetivos que establece la ley. Esta política anticorrupción fue concebida con el propósito de que las diferentes dependencias encargadas de prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y actos de corrupción no actuaran de manera aislada y cada una por su cuenta. De hecho, ése fue uno de los principios rectores de los que partió la idea del SNA, pues la fragmentación de las acciones que realizaban -y todavía hoy realizan las dependencias encargadas con el control, la fiscalización o la aplicación de sanciones-, propicia que los resultados se vean disminuidos o nulos.
En Guerrero, este año tuvimos avances para construir una “normalidad institucional”, pero, hay que decirlo, no logramos articular actividades significativas hacia los objetivos básicos del Sistema. Si bien, se establecieron varios temas relevantes en la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador (órganos internos de control en los municipios, participación ciudadana en los programas gubernamentales, integridad empresarial), a efecto de que se establecieran actividades de manera coordinada, la intención no fructificó y cada una de las seis dependencias del Comité continuó realizando acciones por su cuenta, de acuerdo con las agendas que regularmente siguen.
Ese es el reto mayor que está enfrente, pues evidentemente se requiere la articulación de acciones y la actuación conjunta para el diseño e implementación de políticas anticorrupción en el estado, a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Sistema. Esta tarea del Comité Coordinador no será fácil ni rápida, pues la coordinación interinstitucional no es nada sencilla por los objetivos, metas, ritmos y dinámicas que cada uno tiene.
Comisión ejecutiva
La Comisión Ejecutiva es una pieza fundamental del Sistema, ya que es el motor que genera los insumos técnicos al Comité Coordinador para la toma de decisiones, como las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de
corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos; el establecimiento de metodologías para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, a los fenómenos de corrupción así como las políticas integrales, entre otras funciones.
En el caso de Guerrero, se requieren mayores esfuerzos y disposición para una integración plena de la Comisión Ejecutiva, pues, a la fecha, no tenemos ninguno de esos trabajos. Me parece que, para recuperar el tiempo que no sesionó en 2019, la Comisión Ejecutiva debe tener una actividad muy intensa de inmediato y durante el próximo año, y reunirse cuantas veces sea necesario, para desarrollar los estudios, diagnósticos, indicadores, evaluaciones y en general todos los productos que de ella se esperan y que además éstos sean de calidad, serios y muy profesionales. Los mecanismos de interacción entre quienes la componen actualmente deben aceitarse de manera urgente, pues el Sistema no puede darse el lujo de que persista su inactividad.
Comité de Participación Ciudadana
El Comité de Participación Ciudadana también debe redoblar sus esfuerzos. Hay capacidad entre sus integrantes para hacer buen trabajo, se construyó una base institucional para sesionar de manera constante, se aprobó un reglamento de funcionamiento y ya se cuenta con un espacio físico para que realicen sus actividades. También, para 2020, se cuenta con una propuesta de presupuesto mayor al de 2019 -que aprobará el Congreso del Estado en los próximos días- para la Secretaría Ejecutiva y que incluye los honorarios de los integrantes del CPC, por lo que ya no existirá esa incertidumbre que persistió durante buena parte de 2019.
Trabajar de tiempo completo en favor del Sistema es una condición que establece la norma para el Comité de Participación Ciudadana, pero también un principio ético. Ya no hay argumentos para no hacerlo así, nuestra condición de comisionados ciudadanos no debe diluir nuestra responsabilidad de contribuir con nuestras capacidades y tiempo para apoyar al Comité Coordinador y buscar ser un real vínculo con la sociedad.
También se debe adoptar un esquema colegiado en la toma de decisiones y en la distribución de las actividades. Hay que romper con la inercia que denunciaba la Red por la Rendición de Cuentas, luego de hacer un diagnóstico en las entidades federativas, de que el trabajo de todo el CPC recayera en uno o dos integrantes, pues los resultados serán limitados de esa forma. La responsabilidad debe ser de todos, no es sólo del presidente en turno.
La función de la comisión de selección, que designa cada año a un integrante del CPC, es fundamental para la credibilidad del Sistema. Su contribución es relevante en la medida que seleccione los mejores perfiles a través de procesos abiertos y transparentes, y esta es la clave para despejar cualquier duda en las designaciones. No hacerlo así, no ayuda mucho al Sistema.
Secretaría Ejecutiva
La Secretaría Ejecutiva también es un órgano clave del Sistema, pues es una suerte de brazo técnico y ejecutor de las decisiones del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno; debe trabajar de manera estrecha también con el Comité de Participación Ciudadana, especialmente para conformar la Comisión Ejecutiva, y entregar los productos que decida el Comité Coordinador. La gestión que realice de los recursos financieros, humanos o de infraestructura es fundamental, aunque en la interacción con entidades públicas o privadas debe cuidar su independencia, pues los riesgos de captura siempre estarán presentes. Debe dejar perfectamente establecido que no está al servicio de ninguno de los poderes, ni de organismos autónomos, ni de entidades privadas. Sólo de esta manera podrá construirse poco a poco la credibilidad que tanto necesita el Sistema.
La Secretaría Ejecutiva también tienen importantes retos para el futuro próximo, pues tiene la misión de convertirse en una institución profesional, que evite el burocratismo y la rigidez de los procedimientos. Como lo hacen a nivel nacional y en otras entidades del país, esta secretaría debe contar con el personal más capacitado, con los mejores perfiles, y normalizar que las designaciones se realicen con los mejores estándares, para garantizar que entregará productos de calidad al Comité Coordinador.
Hoy daré un informe final de las actividades del CPC durante 2019. La cita es en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (frente al Centro comercial Chilpancingo).
Tengan por seguro que este cargo lo desempeñé, si con poca experiencia y seguramente no sin errores, pero siempre con honradez, honestidad y con una perspectiva ciudadana, que, me parece, son valores que en este Sistema Estatal Anticorrupción deben prevalecer.
El 30 de noviembre concluí mi periodo como presidente del Comité de Participación Ciudadana y también como presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Publico en esta edición algunas reflexiones sobre la experiencia de un año de trabajo y acerca de los retos que vislumbro para los próximos meses y años.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y sus similares en los estados son parte de una política pública que generó enormes expectativas, pues el combate a la corrupción se convirtió en los últimos años en una de las principales demandas de la ciudadanía, que todavía hoy percibe altos niveles de corrupción en diversos ámbitos, especialmente en la esfera pública gubernamental.
El año pasado, esta preocupación en el terreno electoral se tradujo en un cambio significativo en las preferencias electorales de la población; pero en años previos, ya se había trabajado en el diseño y aprobación de un gran andamiaje normativo e institucional para dar paso a la puesta en marcha del SNA, primero en el plano nacional y luego en las entidades federativas. La fase de implementación, la más difícil, dicen los especialistas y estudiosos del ciclo de las políticas públicas, puso en su real dimensión los tiempos y ritmos del Sistema: no sería un proceso nada fácil y además, resultados tangibles y perceptibles se observarían en el mediano y largo plazos; antes, sólo sería visible la creación de instituciones, procedimientos, normas y mecanismos para que comenzara a funcionar.
En Guerrero, aunque las reformas y creación de las leyes necesarias se realizaron en tiempo y forma, la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero (Seagro) comenzó hasta finales del año 2018, aun cuando la normativa señalaba como fecha de su inicio el 1 de enero de 2018. La anterior Legislatura del Congreso del estado retrasó el proceso ocho meses y de manera improvisada designó a los miembros del primer órgano programado: la comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana (CPC). A partir de este nombramiento, en agosto del año pasado, la instalación de los demás órganos se vendría en cascada, con plazos perentorios.
Parece fácil, pero quienes conocen los vericuetos del Sistema, constituido por dependencias gubernamentales y autónomas, y varios organismos nuevos, cada uno con su propia normatividad y agendas; y la articulación que se requiere entre todos éstos para que pueda hablarse realmente de un sistema, tendrán una idea de las dificultades para trabajar en la coordinación de los varios actores y de las instituciones involucradas, a veces con agendas tan dispares o con desarrollos institucionales desiguales.
Los primeros pasos de implementación fueron pausados, a veces difíciles. Aun así, en el periodo pueden destacarse avances en la construcción de los cimientos, necesarios para el funcionamiento pleno y regular del Sistema; es cierto, estos avances no son tan visibles ni espectaculares. En este proceso fue importante la participación de los integrantes del Comité Coordinador, quienes en ningún momento obstaculizaron la construcción de estas bases.
En el presente ejercicio se instalaron los órganos que ordena la Ley 464 del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, a saber: el Comité de Participación Ciudadana (4 de diciembre de 2018), el Comité Coordinador (28 de enero), el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva (13 de marzo), la Secretaría Técnica (13 de marzo) y la Comisión Ejecutiva (22 de octubre). También, se aprobaron o se encuentran en trámite los procedimientos básicos para su funcionamiento regular y para reglamentar y mejorar su gestión. Todos los órganos, una vez que fueron instalados, han realizado sesiones ordinarias y extraordinarias, por lo que considero que hay una normalidad institucional del Sistema y quizás eso sea lo más significativo de las actividades de este año.
Si bien, está pendiente la integración del Sistema Estatal de Fiscalización -porque en la mayoría de los ayuntamientos no se han instalado los órganos internos de control, que son clave para prevenir, investigar, sancionar o dar parte a otras instancias sobre los actos relacionados con faltas administrativas o hechos de corrupción en el nivel local- y su Comité Rector, en la práctica, existen las condiciones mínimas para, ahora sí, comenzar a ocuparse de los objetivos sustanciales del Sistema.
Los primeros pasos tuvieron su grado de incertidumbre. Si bien, la Legislatura anterior retrasó la designación de la comisión de selección del CPC, la actual Legislatura no fue precisa en la asignación de un presupuesto específico para la Secretaría Ejecutiva del Sistema -generadora de los insumos técnicos para el Sistema-; adicionalmente, la asignación de un presupuesto y liberación de la primera ministración de recursos se concretó ya entrado el año; instalaciones y mobiliario se tuvieron hasta el último trimestre del ejercicio. Pareciera que estos ritmos son frecuentes y normales en la administración pública, pero lo cierto es que en esas circunstancias fue más difícil concretar avances, especialmente porque la ley marcaba plazos específicos para la instalación de los diferentes órganos.
Hay varios aprendizajes en este primer año de implementación del Sistema. Aunque todos los involucrados conocíamos la normativa y más o menos las experiencias de otras entidades federativas, poner en funcionamiento el Sistema fue una práctica nueva. La composición del Comité Coordinador, que de manera novedosa establece la inclusión de un ciudadano, quien precisamente lo preside; y la integración de otras instancias también nuevas como la Comisión Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana, requirieron, primero, de un conocimiento de la dimensión de cada una de éstas, de sus alcances y objetivos; y, segundo, de un reconocimiento de todos los actores para estar dispuestos a la interacción. Estos procesos no se dan de manera automática.
Lo que sigue
La esencia del sistema es la coordinación de acciones para poder cumplir los objetivos que establece la ley. Esta política anticorrupción fue concebida con el propósito de que las diferentes dependencias encargadas de prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y actos de corrupción no actuaran de manera aislada y cada una por su cuenta. De hecho, ése fue uno de los principios rectores de los que partió la idea del SNA, pues la fragmentación de las acciones que realizaban -y todavía hoy realizan las dependencias encargadas con el control, la fiscalización o la aplicación de sanciones-, propicia que los resultados se vean disminuidos o nulos.
En Guerrero, este año tuvimos avances para construir una “normalidad institucional”, pero, hay que decirlo, no logramos articular actividades significativas hacia los objetivos básicos del Sistema. Si bien, se establecieron varios temas relevantes en la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador (órganos internos de control en los municipios, participación ciudadana en los programas gubernamentales, integridad empresarial), a efecto de que se establecieran actividades de manera coordinada, la intención no fructificó y cada una de las seis dependencias del Comité continuó realizando acciones por su cuenta, de acuerdo con las agendas que regularmente siguen.
Ese es el reto mayor que está enfrente, pues evidentemente se requiere la articulación de acciones y la actuación conjunta para el diseño e implementación de políticas anticorrupción en el estado, a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Sistema. Esta tarea del Comité Coordinador no será fácil ni rápida, pues la coordinación interinstitucional no es nada sencilla por los objetivos, metas, ritmos y dinámicas que cada uno tiene.
Comisión ejecutiva
La Comisión Ejecutiva es una pieza fundamental del Sistema, ya que es el motor que genera los insumos técnicos al Comité Coordinador para la toma de decisiones, como las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de
corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos; el establecimiento de metodologías para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, a los fenómenos de corrupción así como las políticas integrales, entre otras funciones.
En el caso de Guerrero, se requieren mayores esfuerzos y disposición para una integración plena de la Comisión Ejecutiva, pues, a la fecha, no tenemos ninguno de esos trabajos. Me parece que, para recuperar el tiempo que no sesionó en 2019, la Comisión Ejecutiva debe tener una actividad muy intensa de inmediato y durante el próximo año, y reunirse cuantas veces sea necesario, para desarrollar los estudios, diagnósticos, indicadores, evaluaciones y en general todos los productos que de ella se esperan y que además éstos sean de calidad, serios y muy profesionales. Los mecanismos de interacción entre quienes la componen actualmente deben aceitarse de manera urgente, pues el Sistema no puede darse el lujo de que persista su inactividad.
Comité de Participación Ciudadana
El Comité de Participación Ciudadana también debe redoblar sus esfuerzos. Hay capacidad entre sus integrantes para hacer buen trabajo, se construyó una base institucional para sesionar de manera constante, se aprobó un reglamento de funcionamiento y ya se cuenta con un espacio físico para que realicen sus actividades. También, para 2020, se cuenta con una propuesta de presupuesto mayor al de 2019 -que aprobará el Congreso del Estado en los próximos días- para la Secretaría Ejecutiva y que incluye los honorarios de los integrantes del CPC, por lo que ya no existirá esa incertidumbre que persistió durante buena parte de 2019.
Trabajar de tiempo completo en favor del Sistema es una condición que establece la norma para el Comité de Participación Ciudadana, pero también un principio ético. Ya no hay argumentos para no hacerlo así, nuestra condición de comisionados ciudadanos no debe diluir nuestra responsabilidad de contribuir con nuestras capacidades y tiempo para apoyar al Comité Coordinador y buscar ser un real vínculo con la sociedad.
También se debe adoptar un esquema colegiado en la toma de decisiones y en la distribución de las actividades. Hay que romper con la inercia que denunciaba la Red por la Rendición de Cuentas, luego de hacer un diagnóstico en las entidades federativas, de que el trabajo de todo el CPC recayera en uno o dos integrantes, pues los resultados serán limitados de esa forma. La responsabilidad debe ser de todos, no es sólo del presidente en turno.
La función de la comisión de selección, que designa cada año a un integrante del CPC, es fundamental para la credibilidad del Sistema. Su contribución es relevante en la medida que seleccione los mejores perfiles a través de procesos abiertos y transparentes, y esta es la clave para despejar cualquier duda en las designaciones. No hacerlo así, no ayuda mucho al Sistema.
Secretaría Ejecutiva
La Secretaría Ejecutiva también es un órgano clave del Sistema, pues es una suerte de brazo técnico y ejecutor de las decisiones del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno; debe trabajar de manera estrecha también con el Comité de Participación Ciudadana, especialmente para conformar la Comisión Ejecutiva, y entregar los productos que decida el Comité Coordinador. La gestión que realice de los recursos financieros, humanos o de infraestructura es fundamental, aunque en la interacción con entidades públicas o privadas debe cuidar su independencia, pues los riesgos de captura siempre estarán presentes. Debe dejar perfectamente establecido que no está al servicio de ninguno de los poderes, ni de organismos autónomos, ni de entidades privadas. Sólo de esta manera podrá construirse poco a poco la credibilidad que tanto necesita el Sistema.
La Secretaría Ejecutiva también tienen importantes retos para el futuro próximo, pues tiene la misión de convertirse en una institución profesional, que evite el burocratismo y la rigidez de los procedimientos. Como lo hacen a nivel nacional y en otras entidades del país, esta secretaría debe contar con el personal más capacitado, con los mejores perfiles, y normalizar que las designaciones se realicen con los mejores estándares, para garantizar que entregará productos de calidad al Comité Coordinador.
Hoy daré un informe final de las actividades del CPC durante 2019. La cita es en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (frente al Centro comercial Chilpancingo).
Tengan por seguro que este cargo lo desempeñé, si con poca experiencia y seguramente no sin errores, pero siempre con honradez, honestidad y con una perspectiva ciudadana, que, me parece, son valores que en este Sistema Estatal Anticorrupción deben prevalecer.
