martes, 23 de julio de 2013

Lo que respiramos en Chilpancingo: incertidumbre en la calidad del aire

Cada año la población de Chilpancingo sufre los estragos de la mala calidad del aire durante los meses en que ocurren los incendios forestales, pues son visibles los efectos en la salud de los capitalinos -en ojos y vías respiratorias, particularmente- como consecuencia de las quemazones de vegetación que se producen en los bosques que aún se conservan alrededor de la capital guerrerense.
No obstante que es un fenómeno  que se presenta año tras año, ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ni la Secretaría de Salud, ni la Subsecretaría de Protección Civil, tampoco el ayuntamiento de Chilpancingo cuentan de manera individual o en conjunto, con planes, programas o acciones que prevengan y combatan las consecuencias  dañinas de estos siniestros en la salud de los chilpancingueños, ya que la mayor parte de los recursos de estas dependencias se destina a sofocar los incendios, y en menor medida, a su prevención; pero de las consecuencias que provocan, nada.
De acuerdo con las respuestas a una serie de solicitudes de información presentadas ante las instituciones que teóricamente deberían atender el problema, no se encontró evidencia de una coordinación efectiva entre ellas ni documentos que prueben que en Chilpancingo hay prácticas sistemáticas y permanentes de medición de la calidad del aire, estrategias para enfrentar una situación de emergencia o programas para el mejoramiento de la calidad del aire.
Semaren, sin recursos
De acuerdo con la normatividad, es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno del estado (Semaren) la dependencia encargada de realizar acciones que contribuyan a prevenir y controlar la contaminación atmosférica.
En su manual de organización, se establece que la Semaren tiene la atribución de “evaluar la calidad del ambiente y establecer, promover y coordinar el sistema estatal de información ambiental que deberá incluir los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelos y de cuerpos de agua de jurisdicción estatal (…).”
Y es en el reglamento interior de esa institución donde se describen las funciones específicas que la Semaren debe cumplir, especialmente a través de su Dirección de Emisiones a la Atmósfera. Sin embargo, la mayor parte de estas funciones no se cumple o está en proceso.
Por ejemplo, la Semaren debe “participar y apoyar a los gobiernos municipales en la elaboración de los programas de calidad del aire y en la gestión del monitoreo ambiental”. Sin embargo, la dependencia comentó, como respuesta a un requerimiento de información, que no han realizado ninguna acción al respecto.
También reconoció que no tienen ninguna participación en el diseño, establecimiento y actualización de los programas de contingencias ambientales atmosféricas que debería realizar en coordinación con los municipios y la federación.
Otra de las acciones que tampoco efectúa la Semaren es la elaboración del inventario de emisiones a la atmósfera y el apoyo a las actividades estatales y municipales para el desarrollo de inventarios en esos niveles; de hecho, la dependencia argumentó que sólo cuentan con el inventario de 2009 y “no se ha actualizado en razón de no contar con presupuesto autorizado para este rubro.”
La dependencia informó que no ha establecido ni operado el Sistema Estatal de Monitoreo Atmosférico, ni elaborado el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas en coordinación con Protección Civil del estado ni tampoco instrumentado y operado el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Todas éstas, funciones que aparecen en el reglamento interior de la Semaren.

Pocos monitoreos
La Semaren es la dependencia gubernamental responsable de establecer y coordinar los programas de monitoreo de la calidad del aire en el estado. Al respecto, en una de sus respuestas a solicitudes de información, reconoció que en Chilpancingo “se hacen monitoreos parciales en temporadas críticas en razón de no contar con las condiciones técnicas adecuadas de las unidades de monitoreo por falta de recurso para este programa.”
Agregó que la dependencia sólo cuenta con dos unidades móviles de monitoreo que se emplean sobre todo para “cubrir las zonas donde se registran mayor número de incendios forestales en la entidad” y en el resto del año, las unidades se utilizan “en función de los acuerdos a que se llegue con los presidentes municipales para instalar las unidades en sus municipios”
Respecto del monitoreo que se realiza en la capital, la dependencia informó que del periodo del 1 de enero al 30 de mayo de 2013, las dos unidades se utilizaron para el monitoreo de la calidad del aire en Chilpancingo, sin embargo, “una unidad [estuvo] monitoreando parcialmente en el vivero Forestal Vicente Guerrero y la otra parada por falta de mantenimiento.”
Adicionalmente, la Semaren comentó que “los días que fue posible monitorear fueron intermitentes en virtud de que en las instalaciones del vivero forestal Vicente Guerrero se presentan constantemente problemas de fallas de energía, y se corta el suministro eléctrico a los equipos”.
Asimismo, dio a conocer los resultados del monitoreo de sólo 14 días –todas correspondientes al mes de mayo de 2013-, aunque en otra de sus respuestas informó que únicamente se monitorearon ocho días de enero a mayo y “solo uno se encontró fuera de norma, lo que significa que no se presentaban las condiciones para hablar de una contingencia ambiental, no se activaron los protocolos para declarar una situación de riesgo, por lo que no hay declaraciones de prensa, ni audios, sino solamente las acciones que en materia de combate de incendios forestales se realizaron”.
Sin embargo, la percepción ciudadana respecto a la calidad del aire, es otra.
Nula coordinación 
Aun cuando la Dirección General de Medio Ambiente, Prevención y Contaminación del Agua de la Semaren dio a conocer que ante una situación de emergencia, son las “dependencias del sector (Semaren, Semarnat, Protección civil, Salud, Profepa) quienes determinan las acciones a realizar”, cuando se consultó a varias de ellas sobre los programas que tienen para prevenir y controlar los efectos de la contaminación atmosférica, éstas respondieron que este problema no era de su competencia.
A la Secretaría de Salud del gobierno del estado, por ejemplo, se le preguntó si cuentan con un programa que atendiera las consecuencias de la mala calidad del aire, qué área las atiende y cuántos recursos se le destinan. La secretaría respondió que “La información (…) no se encuentra en esta dependencia, pero le sugerimos que su solicitud sea enviada a las dependencias sugeridas (Procuraduría de protección ecológica del estado, Semaren y Subsecretaría de seguridad pública y protección civil).
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil ante los mismos requerimientos respondió que “esta Secretaría no está en condiciones de proporcionarle los datos requeridos,  en razón de que es competencia de la Secretaría de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado (SEMAREN)”, y agregó que “La Subsecretaría de Protección Civil a través de la Dirección General de Atención a Desastres brinda el servicio de Combate de incendios forestales y urbanos que lleva a cabo en predios forestales, ejidos, en las instituciones educativas, comercios y viviendas particulares, como medida preventiva ante un posible daño a la salud de las personas”.
Respecto al ayuntamiento de Chilpancingo, en su respuesta a una solicitud de información sobre las acciones que la demarcación realiza en torno a esta problemática, la unidad de transparencia informó que solicitó la información a la Semaren “con quien mantenemos una efectiva vinculación de trabajo, apoyo, información y responsabilidades compartidas en este rubro”.
Es decir, el ayuntamiento de Chilpancingo no informó de ninguna acción y tampoco confirmó si cuenta con un área específica dentro de la estructura municipal; de hecho, la información entregada corresponde a un informe de la Semaren realizada en diciembre de 2011.
 ¿Se rebasan los niveles permisibles?
No obstante que la Semaren justificó que en ciudades grandes como el distrito federal “existen programas de contingencia ambiental, en Guerrero no se han instaurado, gracias a la situación geográfica de Guerrero, ya que el aire continuo las dispersa”.
En el mismo tenor, el ayuntamiento de Chilpancingo, haciendo eco de la información de la Semaren, afirmó que en la capital guerrerense “no se manejan niveles de contaminación como en otras grandes urbes del país, por lo que las acciones tomadas en casos emergentes son de tipo preventivo, donde su busca regular a los generadores de contaminación atmosféricos a la par de mantener una vigilancia de las condiciones de la calidad del aire”.
Sin embargo, desde la administración estatal anterior se reconoció el problema de la mala calidad del aire en la capital, ya que cada año aumentaban de manera considerable el número de partículas suspendidas en época de incendios.
Incluso ese fue el motivo principal por el que el gobierno de Zeferino Torreblanca decidió la adquisición e instalación de unidades móvil de monitoreo atmosférico en Acapulco y Chilpancingo, con la finalidad de tener un “diagnóstico exacto” sobre la calidad del aire en estas dos ciudades durante la temporada de incendios forestales.
Incluso la administración actual, para tener acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), en dos ocasiones en 2013 solicitó ante el gobierno federal la declaratoria de emergencia a efecto de atender las afectaciones causadas por los incendios forestales.
El argumento del gobierno del estado para solicitar la declaratoria es “que se presentan afectaciones directas a la población guerrerense”, según el boletín del gobierno estatal. La misma fuente informó que “en las últimas 48 horas (10-12 de mayo) se ha incrementado la contaminación atmosférica, misma que rebasa el número de partículas de 25 micras que determina la Norma Oficial Mexicana (NOM) y que afecta directamente a las personas que padecen enfermedades respiratorias crónicas y a menores.
Ante el gobierno federal se presenta un escenario muy grave, pero  la población capitalina no cuenta con información precisa sobre la calidad del aire.
El problema
Cada año, entre los meses de enero y junio, se producen incendios forestales en más de 60 municipios de Guerrero. De acuerdo con estadística que presenta la enciclopedia guerrerense, los principales municipios con problemas de incendios son Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Ayutla de los Libres, Atoyac de Álvarez, Petatlán, Acapulco, Atenango del Río, Zihuatanejo de Azueta, Coyuca de Catalán, San Luis Acatlán, Eduardo Neri, Tlacoachistlahuaca, Huamuxtitlán, Huitzuco, Tlapa, Mochitlán, Cocula, Ajuchitlán del Progreso, Atlixtac y Quechultenango.
Sobre sale de este grupo el municipio de Chilpancingo, que hasta el mes de mayo de 2013 se habían registrado 145 incendios forestales en todo el estado, y de éstos 54 correspondieron a Chilpancingo, con una superficie afectada de 4 mil 600 hectáreas.
Según información del gobierno del estado, 73 por ciento de los incendios en Guerrero, se ocasionan por la quema del Tlacolol.

martes, 9 de julio de 2013

En la Montaña, los ayuntamientos más transparentes de Guerrero

El Sur de Acapulco
Metlatónoc, el segundo municipio más pobre del estado, es la institución pública más transparente de Guerrero, por encima de todas las dependencias del Ejecutivo estatal, los organismos autónomos, el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, e incluso muy por arriba de otros ayuntamientos considerados “grandes” como Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo o Taxco.
Junto con Metlatónoc, otros ayuntamientos han sorprendido por el nivel de cumplimiento de la información pública de oficio que difunden –principal indicador para medir su transparencia-, todos ellos considerados por el Consejo Nacional de Población como municipios de muy alta marginación como Alcozauca, Tlacoachistlahuaca, Acatepec, José Joaquín Herrera, Cochoapa el Grande y Atlixtac.
Es la primera vez, desde que se aprobó la primera ley de transparencia en el estado de Guerrero, hace ya casi siete años, que un grupo de municipios destaca no por su opacidad, sino por difundir información que le exige la ley. 
La medición de la transparencia de estos municipios se basó en la metodología diseñada por la asociación ciudadana Comunicación para el Desarrollo Comunitario, que asignó puntajes específicos según el cumplimiento parcial o total del catálogo de temas de información de oficio que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado en su artículo 13.
Si se comparan los resultados de estos municipios con los obtenidos por otras dependencias del estado en semanas anteriores -aplicando la misma metodología- se tiene que el que más puntos alcanzó fue el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa, con 69 por ciento de cumplimiento, seguido por la Secretaría de Finanzas y Administración con 64 por ciento, el parque Papagayo, con 62 por ciento y la secretaría particular del Ejecutivo con 60 puntos porcentuales.
En contraste, los municipios más pobres, que abrieron portales electrónicos en las últimas semanas, alcanzaron puntajes de 83 por ciento, en el caso de Metlatónoc, 79 por ciento en Alcozauca, 78 por ciento de Tlacoachistlahuaca, 73 para Acatepec y 71 en el caso del ayuntamiento de José Joaquín Herrera, lo que los coloca entre los primeros del estado.
Con estos porcentajes registrados en los ayuntamientos, muy lejos quedaron instituciones como el Congreso del estado, que sólo obtuvo nueve puntos, el Tribunal Superior de Justicia, con seis por ciento o el Tribunal Electoral del estado, que alcanzó únicamente tres puntos.
También se ubican muy por arriba de otros ayuntamientos con más población y recursos como el de Chilpancingo, que obtuvo 23 por ciento, Iguala de la Independencia, que registró siete por ciento, y Taxco, que alcanzó sólo seis puntos en la publicación de su información de oficio.
Promovidos por la Auditoría General del Estado, varios municipios con los más altos índices de marginación en el estado, hoy se encuentran entre las instituciones públicas más transparentes.
El único municipio, dentro del paquete de 10 demarcaciones auspiciadas por el órgano fiscalizador estatal, que no subió ninguna información a su portal electrónico fue el de Zapotitlán Tablas, y los que alcanzaron bajos porcentajes fueron Xochistlahuaca (con 37 por ciento de cumplimiento) y Copalillo (26 por ciento). Los restantes siete ayuntamientos están por arriba de 50 por ciento de calificación.
No echar las campanas al vuelo
Aun con estos puntajes, a los ayuntamientos que hoy destacan en el ámbito estatal les quedan varios pendientes en la difusión de temas clave y de mucha importancia para la  ciudadanía, como el presupuesto asignado a los municipios de los últimos tres años, así como los informes cuatrimestrales de su ejecución.
No se puede argumentar, como explican en sus portales, que son gobiernos nuevos para no publicar los presupuestos de las administraciones anteriores, pues la ley no considera esta salvedad, sino que es un compromiso institucional con la ciudadanía.
Es el mismo caso de la publicación de las cuentas públicas, en donde los ayuntamientos indicaron que las que corresponden a su administración aún no han sido aprobadas por el Congreso del estado; sin embargo, el compromiso con la transparencia debería incluir también las cuentas públicas de los gobiernos anteriores.
Asimismo, sólo cinco de los 10 municipios publicaron su plan municipal de desarrollo, y la mayoría informa que a la fecha no se han aplicado auditorías a sus administraciones.
Otra información que no se publica o se hace de manera muy parcial corresponde a los contratos o convenios celebrados por los ayuntamientos con particulares u otros organismos gubernamentales, así como el listado de los servicios que ofrece y los programas que administra que incluye información sobre los trámites a realizar para tener acceso a ellos.
El desafío inmediato
La transparencia por sí sola no mejora la calidad de los servicios públicos municipales ni contribuye a hacer honesto y eficaz el ejercicio de los recursos públicos. Se requiere de la participación de la ciudadanía para dar una utilidad social a la información que se transparenta.
El trabajo que ya realizaron estos municipios debe complementarse con una activa promoción para que la población que gobiernan conozca el quehacer gubernamental y luego procesar la retroalimentación que emita la ciudadanía.
Además de mejorar y actualizar los portales electrónicos, que hoy los colocan en los primeros lugares de transparencia a nivel estatal, los ayuntamientos tendrán que poner en marcha las acciones necesarias para incorporar la participación informada de los diferentes sectores del municipio a la vigilancia del quehacer gubernamental, del ejercicio de los recursos, e incluso en la toma de decisiones, como se establece no sólo en la ley de transparencia, sino en otras leyes como la de planeación, la de coordinación fiscal y la orgánica del municipio libre.
Si esos ayuntamientos no dan este segundo paso, los primeros lugares en transparencia que ocupan actualmente, de nada servirán a la ciudadanía y en poco contribuirán a mejorar la función pública municipal.
Los bemoles de la transparencia “digital”
Este primer paso el que han dado las administraciones de varios municipios guerrerenses, es sólo un pequeño avance, porque mientras no se encuentren los mecanismos para que esta transparencia se convierta en una política permanente de los gobiernos municipales, y se involucre  a los ciudadanos, será una transparencia decorativa.
Por ejemplo, se debe pensar que los habitantes de los 10 municipios están entre los que menos acceso tienen a la tecnología, especialmente al internet.
Según un diagnóstico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en las 630 localidades urbanas que existen en México, 40 por ciento de los hogares tienen computadora y 30 por ciento conexiones a internet; mientras, en las 188 mil 539 comunidades rurales, 6 por ciento de los hogares tienen computadoras y sólo tres por ciento acceso a internet.
Ante este panorama, las administraciones municipales deben poner en práctica otros medios, además del internet, para informar a la población, pues es muy bajo el porcentaje de personas que tienen acceso a esta tecnología.
Otra circunstancia muy relevante es el idioma. En la mayoría de los municipios de esta oleada de transparencia tiene altos porcentajes de población que habla lenguas diferentes del español, incluso muchos son monolingües, por lo que también es un gran reto encontrar cómo hacer transparente la información más allá de los portales electrónicos y sobre todo, en su propio idioma. Es un pendiente que existe en la agenda de la transparencia.
Mejora su transparencia ayuntamiento de Acapulco
Por cierto, en los últimos días, el ayuntamiento de Acapulco ha mejorado su portal electrónico sustancialmente, ya que ha subido información que hasta hoy, ningún municipio lo ha hecho.
Por ejemplo, la administración porteña ya subió la propuesta de inversión de acciones y obras de infraestructura social del ejercicio 2013, el plan municipal de desarrollo, un apartado bastante aceptable de los trámites y servicios de que presta el ayuntamiento, el presupuesto de egresos, la ley de ingresos e informes sobre el ejercicio de los fondos federales, entre otros documentos importantes sobre este gobierno municipal. Vale la pena revisar el sitio: http://www.acapulco.gob.mx/transparencia/    
Dónde quedó la información del Fortamun
En otro asunto, el gobierno del estado apenas publicó el decreto en el que da a conocer  la distribución del Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal,  Fortamun, del ejercicio 2013.
Lo anterior, no obstante que la Ley de Coordinación Fiscal, que regula las aportaciones del Ramo 33, especifica que esta información deberá publicarse “en sus respectivos órganos oficiales de difusión [de los estados] a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable”.
Al no aparecer en el periódico oficial, esta información se solicitó a varias dependencias que hipotéticamente la deberían poseer, por ejemplo, el Comité de Planeación para el Desarrollo de Guerrero (Copladeg), presentando una solicitud de información, pero como respuesta esta dependencia expresó que “la información que solicitó no se encuentra en los archivos de esta entidad por no ser de nuestra competencia. Por tal motivo, para darle trámite a su solicitud deberá de ser presentada en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de Secretaría General de Gobierno”.
Se solicitó entonces la misma información a la Secretaría General de Gobierno, pero ésta respondió exactamente lo mismo, que no es de su competencia, y nos remitió otra vez al Copladeg para solicitarla. Así de coordinadas están las dependencias.
También se solicitó en las oficinas del Periódico Oficial del estado, y ahí respondieron que nada sabían de la publicación de ese acuerdo.
Finalmente, en respuesta a un requerimiento de información ante la Consejería Jurídica del poder Ejecutivo, esta dependencia comentó que “hago de su conocimiento que la información solicitada (…) podrá usted consultarla en el sitio web del Periódico Oficial del Gobierno del Estado; el ordenamiento se encuentra en etapa de digitalización, razón por la cual no se encuentra en el Portal del Gobierno del Estado en el sitio “Leyes y Reglamentos”, a cargo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado”.
Sin embargo, por lo menos en los ocho días anteriores, se buscó este acuerdo en la página electrónica del gobierno del estado, en la sección correspondiente al periódico oficial, y el acuerdo no estaba. Hoy, la distribución de los recursos del Fortamun entre los 81 municipios del estado  ya se puede consultar en la dirección http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2013/07/PERIODICO-08-ALCANCE-I.pdf
También, los ciudadanos de Guerrero pueden consultar cuántos recursos llegan a sus municipios para obra pública en http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2013/02/PERIODICO-09-ALCANCE-II.pdf