Los recortes al gasto en Guerrero

El Sur de Acapulco

Este año comenzaron a palparse los primeros saldos negativos de la reforma energética promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde el diseño del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2016 se previeron los efectos de aquella reforma y la baja de los precios de los hidrocarburos mediante la reducción de los recursos financieros de este año.
A lo largo del ejercicio 2016 los recortes presupuestales han continuado, uno aplicado en febrero y el otro más reciente, en julio de 2016.
Esto también tiene sus repercusiones en estados como Guerrero. Si bien ambos ajustes se aplicaron a entidades y dependencias federales, sus consecuencias también alcanzan a los habitantes del estado, aun cuando el gobernador Héctor Astudillo en un par de ocasiones dijo que no afectarían, aunque después rectificó.

Primer recorte

De acuerdo con el jefe de la Unidad de Planeación Económica y Hacienda Pública de la SHCP, Luis Madrazo, el recorte al gasto en 2016 se debió a la caída en los precios del crudo y para atenuar la transición a una nueva disminución de ingresos petroleros en 2017, dijo el funcionario en entrevista con el diario Milenio realizada en enero.
Madrazo agregó que en efecto, en el PEF 2016 ya había un ajuste importante y a lo largo del ejercicio se realizaría otro ajuste “preventivo, motivado, no por faltantes este año, sino para ir suavizando la transición hacia el año que entra, donde no tengamos coberturas al mismo nivel”.
Las declaraciones del funcionario de la SHCP explican los primeros efectos negativos de la reforma energética. En la medida que bajen los precios del petróleo la percepción es de un mayor deterioro de las finanzas públicas, lo que reduce el margen de maniobra del gobierno de la república.
En el periodo de 2005 a 2014, los ingresos por la venta de petróleo se mantuvieron por arriba del 30 por ciento del total de los ingresos presupuestarios, alcanzando un nivel máximo en 2008 cuando representaron 44.3 por ciento, y con un promedio en el periodo de36.6 por ciento.
Sin embargo, en 2015 los ingresos de la federación provenientes del petróleo disminuyeron de manera significativa hasta 19.7 por ciento, su nivel más bajo desde 1994.
En este marco, la SHCP anunció el 17 de febrero de 2016 un “ajuste preventivo para mantener la estabilidad macroeconómica y preservar la trayectoria de finanzas públicas sólidas”. El recorte es al gasto de la Administración Pública Federal por un monto de 132 mil 301.6 millones de pesos, que representa 0.7 del producto interno bruto.
De esa cantidad, 100 mil millones de pesos se recortaron al presupuesto de Petróleos Mexicanos, 29 mil 301.6 millones a distintas dependencias del gobierno federal, 2 mil 500 millones a la Comisión Federal de Electricidad,  y 500 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE).
Algunas dependencias y programas que tuvieron recortes presupuestales y afectan los programas sociales fueron: la Secretaría de Educación Pública con 3 mil 360.2 millones de pesos, afectando actividades como el programa nacional de becas (mil millones), la expansión de la educación media y superior (mil millones), el programa para el desarrollo profesional docente (300 millones) y proyectos para la infraestructura social del sector educativo (160.2 millones de pesos).
También la Secretaría de Salud vio mermado su gasto en 2 mil 62.6 millones de pesos, y en este caso se recortaron programas como el de atención a la salud con 537.1 millones de pesos, prevención y control de enfermedades (131 millones), prevención y apoyos contra las adicciones (106 millones) y formación y capacitación de recursos humanos para la salud (92.5 millones de pesos).
En el caso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la disminución del gasto fue de 3 mil millones de pesos; algunos de los programas con recortes fueron el programa de comercialización y desarrollo de mercados con mil 500 millones, los programas de fomento a la agricultura, de fomento ganadero, de productividad y competitividad agroalimentaria, y el de productividad rural, respectivamente con 650, 400, 250 y 200 millones de pesos.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales registró una disminución en su casto por 4 mil 113.1 millones de pesos y destacan, entre los programas afectados, el de agua potable, alcantarillado y saneamiento, al que se le recortaron mil millones de pesos, el programa de infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas, con 704 millones 300 mil pesos menos, la atención de emergencias y desastres naturales (600 millones) y los apoyos para el desarrollo forestal sustentable (500 millones).
El programa de infraestructura indígena, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, tuvo una afectación de mil millones de pesos.
El recorte más severo en las dependencias del Ejecutivo federal fue el de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, que alcanzó los 12 mil 254.1 millones de pesos, y entre las afectaciones están proyectos de construcción de carreteras, con un recorte por 3 mil 842.6 millones, proyectos de infraestructura ferroviaria (2 mil 500 millones), proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales (2 mil 281.8 millones) y el programa de conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras (mil 245.1 millones).
En cuanto a proyectos de inversión, resultaron afectadas obras por 13 mil 227 millones de pesos. Como parte de este paquete de recortes, se registra la obra de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, la cual dejará de recibir este año 205.7 millones. A esta obra se le asignaron en el presupuesto de egresos de la federación un total de 650 millones de pesos para este año, la disminución representa 31.6 por ciento de ese monto original.
Al respecto, el gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó, luego de participar en la 50 sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), “que no hay recorte al presupuesto de las entidades del país” y en “los estados no tienen repercusiones”, según un comunicado del gobierno del estado.
Lo que si se les recomendó, dijo, fue hacer planeaciones en el control del gasto corriente, “que me parece muy correcto, pero aún no hay recortes presupuestales”.

Segundo recorte

El pasado 24 de junio el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Luis Videgaray Caso, anunció que para hacer frente a las consecuencias económicas de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el gobierno mexicano decidió aplicar un segundo recorte al gasto público en el año, en este caso por 31 mil 715 millones de pesos.
“Hemos realizado ya un ajuste al gasto público este año y quiero anunciar que, para asegurar el cumplimiento de la meta de carácter fiscal, que disminuyan los requerimientos financieros del sector público, para 2016 habrá un segundo recorte al gasto público, en este caso sólo del gobierno federal, por 31 mil 715 millones de pesos”, dijo hoy Luis Videgaray.
Agregó que el 91.7 por ciento del ajuste será aplicado a gasto corriente, por lo que se calcula una reducción de 29 mil 71 millones a este concepto y el resto en gasto de inversión.
Si se observa por dependencia, las más castigadas son las secretarías de Salud y Educación Pública, a cada una de las cuales se les recortaron 6 mil 500 millones de pesos. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tendrá una reducción de 4 mil 205 millones de pesos, la SCT (2174.5 millones), la Semarnat (mil 664.1 millones), Secretaría de Desarrollo Social (mil 550 millones) y el Conacyt (mil 800 millones de pesos).
De acuerdo con la base de datos de la Secretaría de Hacienda, el segundo recorte al gasto anunciado por el gobierno federal afectará a diferentes programas federales aplicados en el estado de Guerrero por un monto de 425.1 millones de pesos.
El mayor monto corresponde a la Secretaría de Comunicación y Transportes, que de junio a diciembre dejará de recibir 20.6 millones de pesos en su Centro SCT Guerrero. De acuerdo con la información consultada, los rubros afectados son proyectos de construcción de carreteras, proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales y construcción y conservación de carreteras.
Los gastos afectados en este rubro se refieren a materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, combustibles, lubricantes y aditivos, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, herramientas, refacciones y accesorios menores, servicios de arrendamiento, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.
En el caso de la Secretaría de Educación Pública, el programa más afectado por el recorte es el de Escuelas de Tiempo Completo, que verá disminuido su presupuesto en 43.3 millones de pesos en el rubro de gasto corriente.
Dos programas de la Secretaría de Gobernación aplicados en el estado tendrán ajustes por el recorte, ambos suman 18.7 millones de pesos. El primero es el Programa de Prevención del Delito que en lo que resta del año dejará de recibir 15.9 millones de su gasto corriente. El segundo es el presupuesto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que en su programa de Derechos humanos y prevención de la discriminación disminuirá su presupuesto para el estado en 2.7 millones de pesos, también en gasto corriente.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, específicamente la Comisión Nacional del Agua, disminuirá el gasto en el programa Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado, básicamente en el manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones. El recorte en este rubro será de 5 millones de pesos.
Respecto a la disminución de presupuesto en entidades no sectorizadas, destaca la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que en su programa de Infraestructura Indígena, disminuirá su presupuesto en 340 millones de pesos en su gasto corriente.
La otra dependencia es el Instituto Nacional de las Mujeres, y en este caso el programa afectado es el Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en dos millones de pesos.

Afectación de participaciones

Adicional a los recortes anteriores, que se aplicarán principalmente a dependencias federales con programas en Guerrero, el gobierno del estado tendrá un ajuste financiero de 554 millones de pesos que aplicó la Secretaría de Hacienda, sólo a las participaciones del mes de julio de 2016.
“Esto va a complicar que podamos contratar personal, se van a reducir gastos como viáticos y telefonía, entre otros”, de acuerdo con el Portal Digital Guerrero del 12 de julio.
Un día antes, el secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Héctor Apreza Patrón dijo que por el recorte federal, Guerrero tuvo un descuento en el mes de julio de 554 millones de pesos en participaciones, luego de que el estado debió haber recibido 930 millones de pesos. (Por cierto, uno de los motivos al recorte en las participaciones de los estados es su bajo nivel de recaudación de impuestos.)
Ya en abril, el funcionario había informado que en el primer trimestre de este año hubo un recorte de participaciones federales por 600 millones de pesos, por lo que habría un ajuste financiero a los sueldos de personal de confianza y quedarían congeladas las plazas para enfrentar esta contingencia financiera que calificó de grave.
Al respecto, el funcionario informó que el gobierno está priorizando el pago de nómina, y explicó que a esa fecha, no sabían cómo le va a afectar a Guerrero el segundo recorte anunciado por la Secretaría de Hacienda por 31 mil millones de pesos.
Adelantó que se le dejara de pagar algunos proveedores, para poder privilegiar pagos de servicios personales.
Señaló que aunque se menciona que el recorte es para la federación, indico que lo que dejen de hacer en el rubro de educación y salud, lo tendrá que pagar el estado.
Cabe recordar que el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2016 se calcularon ingresos por 48 mil 409 millones de pesos, que representan 9.8 por ciento de incremento con respecto a 2015. En aquellos meses señalamos en este espacio que era un error confiarse en esas cifras, pues la situación económica nacional e internacional no garantizaban que a finales de 2016 termináramos con esa cifra.
Por lo pronto hay que descontar 600 millones del primer trimestre y 554 millones de pesos correspondientes al mes de julio.

El Itaigro empantana el derecho de acceso a la información

El Sur de Acapulco

(Cuarta y última parte)

En Guerrero, los procedimientos para garantizar el acceso a la información gubernamental nunca funcionaron apropiadamente. Más allá de los obstáculos que siempre han colocado las dependencias públicas para entregar información, el procedimiento clave, relativo a la recepción y gestión de recursos de revisión y a la emisión de las correspondientes resoluciones, a cargo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaigro), se ha convertido en un verdadero cuello de botella, que pone en riesgo el ejercicio de este derecho.
Aunque uno de los principios constitucionales (artículo sexto, fracción IV) indica la obligación de establecer “mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos”, en Guerrero esto no ha sido así, pues en 10 años se ha observado un grave rezago que alimenta la percepción de impunidad y/o de ineficiencia en la gestión de recursos de revisión, que es una de las funciones sustanciales del instituto.
En efecto, no obstante que el Itaigro, según sus planes de trabajo, cada año se propone el objetivo de “resolver con imparcialidad, prontitud y con apego a derecho, los recursos de revisión que promuevan los ciudadanos en contra de los sujetos obligados” y ha establecido entre sus metas “resolver en tiempo y forma el 100% de los recursos de revisión”, la realidad ha sido muy distinta, y las denuncias ciudadanas (quejas o recursos de revisión) que se presentan ante el órgano garante –por negativas o entrega parcial de información o en una modalidad distinta a la requerida–, no han sido resueltas en lapsos razonables y hay casos en que llegan a tardarse hasta 44 meses, es decir casi cuatro años.
Este grave rezago para emitir las resoluciones es un factor que desestimula el ejercicio del derecho de acceso a la información. La ciudadanía se queda con la percepción de que hay impunidad y abandona el trámite ante la falta de resultados en plazos razonables o los que establece la ley.
En estos 10 años, el tiempo promedio que ocupó el Itaigro para emitir sus resoluciones fue de 85 días, es decir casi tres meses. Si a esto se le suman los 15 días hábiles que en la década anterior tenía una dependencia para responder (más 15 días adicionales, si solicitaba prórroga), y los 10 días que tiene el ciudadano para presentar su recurso de revisión, un solicitante de información podría recibir sus datos hasta 147 días después de presentar su solicitud.
Lo peor es que las resoluciones del Itaigro tampoco son acatadas de inmediato y a veces nunca, de tal manera que un ciudadano que decidió ejercer su derecho de acceso a la información podría no recibir nunca los datos solicitados o, en el mejor de los casos, esperar hasta cinco meses.
Eso explica el bajo nivel de credibilidad que tiene el sistema de acceso a la información de Guerrero.

Las resoluciones

La primera ley de acceso a la información del estado de Guerrero, que entró en vigor en junio de 2006, establecía un plazo de seis días hábiles para que el órgano garante emitiera sus resoluciones. Decía el artículo 50: “Admitida la queja, el Comisionado Instructor en turno requerirá al Sujeto Obligado para que rinda un informe justificado sobre la materia de la queja, en un plazo no mayor de los tres días hábiles siguientes al que reciba la notificación. (…) Recepcionado el informe justificado, el Comisionado Instructor tendrá tres días hábiles para presentar su proyecto al Pleno de la Comisión para su resolución por mayoría de votos”. Esta norma estuvo vigente hasta el 30 de julio de 2010.
Según un conteo propio, basado en solicitudes de información y en la revisión de su portal electrónico, en 2006 se emitieron seis resoluciones que se tramitaron en un tiempo promedio de 41 días.
Al año siguiente, en 2007, las 35 resoluciones emitidas se gestionaron también en 41 días, en promedio; en 2008, fueron 40 los casos resueltos con un promedio de 33 días para cada uno. Los casos extremos fueron dos resoluciones que se tardaron 300 y 167 días, respectivamente. En 2009, el órgano garante emitió 46 resoluciones para un promedio de 23 días.
En 2010 una nueva ley de transparencia en el estado estableció para la emisión de resoluciones lo siguiente: “El instituto (…) deberá emitir la resolución en un término no mayor de 45 días hábiles, contados a partir de la interposición del recurso (de revisión). Este plazo podrá, en casos excepcionales, ser ampliado hasta por quince días adicionales (…)”.
Sin embargo, el cumplimiento a esta disposición fue muy desigual, tanto que a la fecha el órgano garante arrastra un gran rezago y tiene aún muchos casos por resolver.
En 2010 los anteriores consejeros emitieron 20 resoluciones. El promedio de cumplimiento es de 44 días. Sin embargo, además de que se observa que varios recursos de revisión no fueron registrados –no cuentan con la nomenclatura oficial del organismo, lo que evidencia el descuido al interior de la entonces Caipegro- destacan dos casos que rebasaron los plazos, pues las resoluciones se emitieron en 64 días, pero particularmente una cuya resolución fue emitida 254 días después, es decir, de ocho meses después de presentado el recurso de revisión.
En 2011 el órgano garante emitió 29 resoluciones, que en promedio se llevaron 56 días para su trámite. De éstas, 11 casos rebasaron los plazos de ley, es decir, por arriba de los 60 días naturales. En este año destacaron dos que se resolvieron en 93 días, y una que ocupó 169 días, es decir, el solicitante esperó cerca de seis meses para saber si les entregarían o no la información que requirió.
En 2012 hubo un salto cualitativo en la emisión de resoluciones, pues los consejeros gestionaron 73 casos -producto sin duda, de un mayor número de solicitudes presentadas, gracias a la plataforma Info Guerrero, que entró en funcionamiento en 2011-.
El tiempo promedio para estas resoluciones fue de 335 días naturales, es decir, 11 meses. Fue en este ejercicio cuando comenzó a observarse un grave rezago en esta materia. Por ejemplo, en 2012 se resolvieron 11 casos que el órgano garante venía arrastrando desde 2009, cada uno de los cuales ocupó 44 meses para resolverse.
Además de los de 2009, en ese 2012 hubo otras 56 resoluciones que se emitieron por arriba de los tiempos que marca la ley, es decir, 91.7 por ciento de las resoluciones del Itaigro tuvieron esa condición irregular.
En 2013 se incrementó nuevamente a 85 el número de resoluciones dictadas, con un tiempo promedio para su procesamiento de 56 días. Del total, 47 por ciento se fallaron fuera del plazo que establece la ley, destacando una que fue resuelta en poco más de seis meses, dos en más de cuatro meses y ocho cuyas resoluciones se emitieron en tres meses y medio.
En 2014, ya instalados los actuales consejeros, no hubo más celeridad en las resoluciones. Por ejemplo, en ese año se emitieron 57, y de acuerdo con la información del propio Itaigro al momento de responder una solicitud de información y por lo publicado en su página electrónica, el promedio de resolución de casos fue de 82 días, es decir casi tres meses.
Treinta y tres de las resoluciones se emitieron después de los 60 días, y destacaron una que ocupó ocho meses resolverla, una con 165 días, y nueve que rebasaron los cuatros meses.
En 2015, el rezago se incrementó notablemente, pues según datos del portal electrónico del Itaigro, a esta fecha se habían emitido 14 resoluciones de ese año, con un promedio de gestión de casi seis meses. Todas las resoluciones de este año están por arriba de los 120 días.
En 2016, aun cuando ya está vigente la ley 207 de transparencia y acceso a la información, el órgano garante tiene recursos de revisión acumulados, presentados antes del 5 de mayo.
Si bien en su página electrónica registra cuántas resoluciones ha emitido, el Itaigro tiene pendientes varios casos no resueltos a partir de recursos de revisión presentados por quien esto escribe.
Por ejemplo, en contra de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro) se presentaron en febrero de 2016 cinco recursos de revisión que hasta la fecha no han sido resueltos. También correspondientes a febrero, están pendientes de resolución casos en contra de Capaseg, Cicaeg, Coordinación de Fortalecimiento Municipal, Coordinación General de Programas Sociales Guerrero para Todos, Fideicomiso Guerrero Industrial, Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Igife, Sefina y Secretaría de Asuntos Agrarios.
Asimismo, en marzo se presentaron recursos de revisión en contra de las secretarías de Educación Pública, de Salud, de Desarrollo Social y General de Gobierno, sin que a la fecha ninguno de estos se haya resuelto.
Desde abril de este año existen recursos de revisión contra, nuevamente, las Secretarías Finanzas y Administración, Sagadegro (2) y Copladeg.
Tenemos conocimiento también de los recursos de revisión presentados por la Organización de los Pueblos Indígenas Me phaa en 2015 y 2016. Por ejemplo, en contra del ayuntamiento de Ayutla se presentaron quejas por no responder a solicitudes de información, y a la fecha ese gobierno municipal no ha entregado el total de información solicitada ni hay una resolución al respecto.
Igualmente, la organización presentó 12 recursos de revisión en contra de la Secretaría de Salud y otro a la Sagadegro, por ser omisas a responder a los ciudadanos, y todavía siguen pendientes de resolución, no obstante que las quejas se presentaron desde el mes de enero de 2016.
Como parte del rezago, el 4 de mayo de 2015 se presentó un recurso de revisión en contra del ayuntamiento de Chilpancingo –relativo a una solicitud de información sobre los parquímetros- y el Itaigro ni siquiera lo tiene registrado. El colmo es que el 27 de abril de 2016 se presentó un recurso de revisión en contra del propio Itaigro, por entregar información parcial. No sabemos cómo va a resolver este asunto el órgano garante, ya que en este caso se convierte en juez y parte.
De todos los casos reseñados se cuenta con la documentación correspondiente.

En otros estados

Para conocer cómo funcionan los órganos garantes de otros estados, solicitamos información a los institutos de transparencia de Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Morelos.
El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística contestó que su ley de transparencia establece que “el tiempo transcurrido entre la presentación de un recurso de revisión y su resolución (es) de treinta días hábiles”. En ese estado, de 2010 a 2015 se presentaron mil 539 recursos de revisión.
En el caso del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Michoacán, respondieron que cuentan con información sólo de los recursos de revisión del periodo 2010 a 2013, cuyas resoluciones en promedio se tardaron 123 días en emitirse. El Instituto de Michoacán también trae un grave rezago en sus resoluciones. De 2010 a 2015 se presentaron un total de 916 recursos de revisión.
Por su parte, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca respondió que “para establecer un tiempo promedio de acuerdo al Reglamento de Recurso de Revisión, los plazos para la substanciación el tiempo sería los 49 días hábiles aproximadamente de acuerdo a la Ley”. En total, en cinco años se presentaron mil 831 recursos de revisión.
Finalmente, el Instituto de Acceso a la Información del Estado de Chiapas, informó que en promedio transcurren 35 días hábiles desde que reciben un recurso de revisión hasta su resolución final. El instituto chiapaneco recibió en el periodo 2010-2015 un total de 742 recursos de revisión.
Si se compara con los otros estados, en Guerrero es bajísimo el número de recursos de revisión que se presentan (345 en el periodo 2010-2015). Esto no es resultado de que las dependencias faciliten el acceso a la información, sino en gran parte se debe a la enorme desconfianza en los procedimientos y en la institución que debería encargarse de garantizar el ejercicio de este derecho.
La resolución expedita de los recursos de revisión es un indicador básico que los institutos deberían considerar para medir su eficiencia; no hacerlo, seguirá propiciando una percepción no sólo de tortuguismo, sino de que hay una proclividad a la impunidad en el acceso a la información.