Las acepciones para el proverbio “las cuentas claras y el
chocolate espeso” remiten a la rendición de cuentas. Es éste un dicho popular
antiguo que si bien no nació para aplicarse a quienes trataban los asuntos
públicos en aquel entonces, sí contiene en esencia el ideal que todo ciudadano en
la actualidad busca encontrar en sus gobernantes: las cuentas claras, como
sinónimo de transparencia, y el chocolate espeso, que significaría la exigencia
a la no-corrupción y a la no-simulación, pues el chocolate no ha de ser
adulterado con la delgadez de los ingredientes.
En este espacio que nos ofrece La Trinchera publicaremos textos
para analizar y comentar temas de transparencia, acceso a la información y rendición
de cuentas en Guerrero, a partir de información coyuntural o complementaria de
la que escribimos en el periódico El Sur de Acapulco catorcenalmente en la
columna Monitor de Guerrero.
18 de mayo de 2015, La Trinchera
Abierto
desafío a la ley de transparencia
La crisis social y política
que vive el estado de Guerrero provocó un gran desorden en la gestión
gubernamental que se refleja en diversos ámbitos de la vida de la población;
esta anormalidad se refleja también en los bajos niveles de transparencia, en
mecanismos de acceso a la información pública inexistentes o poco efectivos y
en una baja calidad de la rendición de cuentas.
De por sí el estado antes de
la crisis ya se ubicaba en los últimos lugares en esta materia, hoy se observa
una impunidad desbocada para no cumplir siquiera con los mínimos que establece
la ley, y no hay ninguna autoridad que le frene, la impida o la sancione.
El más reciente informe de
labores del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Guerrero (ITAIG), da cuenta de esta impunidad. Setenta y tres dependencias públicas,
más de la mitad de los que existen en el estado, no entregaron el ITAIG un
documento tan elemental como su informe anual de solicitudes de información. Es
una situación muy grave para el ejercicio del derecho de acceso a la
información de los ciudadanos, pues si este desacato a la ley de transparencia
del estado lo cometen ante el órgano garante de que se cumpla esa ley,
imaginemos el desamparo de la ciudadanía que presenta una solicitud de
información.
De acuerdo con las cifras del
ITAIG, 62 ayuntamientos no cumplieron con esta obligación, lo que significa que
76.5 por ciento están casi en total opacidad. Destaca entre los incumplidos, el
ayuntamiento de Chilpancingo, que en sus tres años nunca alcanzó los mínimos de
transparencia que establece la ley ni se preocupó por tener mecanismos de
acceso a la información a la ciudadanía. La toma de las oficinas por grupos del
movimiento social le dio a su alcalde Mario Moreno el pretexto exacto para
justificar su opacidad.
De manera general, las y los
ciudadanos de Guerrero presentaron en 2014 un total de 2,714 solicitudes de
información, aunque hay que tomar con reserva este dato, pues más de la mitad
de las dependencias públicas ni siquiera presentaron su informe.
Esto significa que hay un
creciente interés ciudadano por utilizar los mecanismos formales de acceso a la
información, pero las dependencias no han correspondido con este interés.
También se ha incrementado el
número de dependencias que son requeridas por la ciudadanía, ya que en 2014
sumaron 87. Desafortunadamente todavía se concentran en unas pocas oficinas de
gobierno los mayores porcentajes de solicitudes.
El propio ITAIG destaca
aquellas dependencias que tuvieron mayor número de solicitudes, como la Secretaría
de Salud, con 294 requerimientos, el Congreso del estado, con 231 y la Fiscalía
General con 208. Detrás de estas dependencias está la Secretaría de Finanzas y
Administración, donde se presentaron 191 solicitudes, el ayuntamiento de
Acapulco con 159, el Instituto Electoral del Estado con 137, la Secretaría de
Seguridad Pública y Protección civil, ante la que se presentaron 132, la Secretaría
General de Gobierno con 123, la Secretaría de Educación Guerrero con 103 y la Secretaría
Particular del C. Gobernador, que tuvo 82 requerimientos.
En total, estas dependencias
concentraron 1,660 solicitudes de información, que representan el 61 por
ciento.
Otro de los indicadores que
presenta el órgano garante en su informe es el número de recursos de revisión
(quejas) recibidos. Durante 2014, los recursos presentados sumaron 71, de los
cuales 12 fueron de manera directa y 59 por vía Internet. Cabe comentar al
respecto que el número de recursos apenas representa el 2.6 por ciento de las
solicitudes presentadas, y este bajo número puede dar la percepción de que las
dependencias públicas sí cumplen con cabalidad sus obligaciones de acceso a la
información.
Si se observan los conceptos
por los que se presentaron quejas en 2014, la gran mayoría (46) son por la
falta de respuesta a una solicitud de información, lo que revela el desafío a
la ley de transparencia del que hacen gala las dependencias públicas. Otros
motivos de las quejas son respuestas incompletas a sus requerimientos de
información (7) y negativas de acceso a la información (6).
Sin embargo, las quejas
presentadas por la ciudadanía tradicionalmente han sido pocas, 29, según el
informe del ITAIG de 2011, 73 en el ejercicio 2012 y 85 en 2013. El bajo número
no es porque las instituciones cumplan su obligación de informar, sino porque
existe desconfianza hacia las entidades gubernamentales, porque se desconoce el
procedimiento para presentar una queja o porque no existe la cultura de la
denuncia.
Sabemos por testimonios -no
está comprobado documentalmente- que hay un sub registro de recursos de
revisión, pues las y los ciudadanos consideran que con su protesta formal no
conseguirán la información que solicitan ni serán sancionadas las dependencias
opacas.
Un asunto que no se toca en
el informe del ITAIG y que es tan importante como el acceso a la información,
es el de la transparencia. Ni una palabra, ni una mención ni un resultado en
relación a la obligación del órgano garante de evaluar la transparencia de las
dependencias públicas. No hacer mediciones serias de la transparencia en
Guerrero, es un déficit que se arrastra el ITAIG desde su creación en 2006.
En tanto, las dependencias
públicas siguen manejando el discurso de que son muy transparentes.
4 de mayo de 2015, La Trinchera
Sólo
tres candidatos presentan sus declaraciones
Hasta el día 30 de abril,
sólo dos candidatos (as) al gobierno el estado de Guerrero y uno a presidente
municipal se habían sumado a la convocatoria de Transparencia Mexicana y el
Instituto Mexicano para la Competitividad para difundir sus declaraciones
patrimonial, de intereses y fiscal.
A los restantes siete
aspirantes al Ejecutivo del estado, a todos los que compiten por una diputación
federal y a los aspirantes a presidencias municipales parece que tienen algo
que esconder o simplemente desprecian una iniciativa ciudadana que busca
transparentar información mínima de los candidatos a puestos de elección
popular.
Es la primera vez en el país
que, desde la ciudadanía, se exhorta a las y los candidatos para que de manera
voluntaria presenten a la vista de todos tres documentos que contienen
información de interés público.
Si bien los datos de este
tipo de documentos pueden falsearse, sí permiten a la ciudadanía observar una
fotografía de la condición de los ingresos y patrimonial de quienes buscan
representarnos desde un cargo público. La información es también un referente,
para sus electores que los conocen y ven con frecuencia, sobre la veracidad de
lo que ahí declararon y hasta para documentar en su caso los enriquecimientos
inexplicables.
Doña Beatriz Mojica Morga,
candidata de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, escribió
en su declaración patrimonial que durante 2013 tuvo ingresos por un millón 64
mil 497 pesos -al revisar el tabulador salarial del sector central, publicado
en el presupuesto de egresos del estado de Guerrero para el ejercicio 2013, las
y los secretarios de estado ganaban entre 76,052 y 125,258 pesos, antes de
impuestos y deducciones-.
La candidata también declaró
que cuenta con dos bienes inmuebles, un departamento en el Distrito Federal con
valor de un millón 150 mil pesos y una casa en Chilpancingo que vale un millón
200 mil pesos.
También declaró un vehículo
por 426 mil pesos. En menaje de casa y obras de arte, dijo que su valor es de
280 mil y 220 mil pesos, respectivamente; asimismo, declaró dos cuentas
bancarias en donde tiene depositados 550 mil pesos y en un fondo de inversión
cuenta con un millón 200 mil pesos.
En su declaración de
intereses, la información proporcionada por Mojica Morga prácticamente indica
que no se encuentra en condición para que haya algún conflicto de interés al
desempeñarse como gobernadora, en caso de ganar.
Finalmente, en su declaración
fiscal del ejercicio 2014, presentada ante el SAT, la candidata declara
ingresos por un millón 357 mil 32 pesos, que incluyen suelos,
gratificación anual, fondo de ahorro y prima vacacional.
Las
declaraciones de Héctor Astudillo Flores, candidato de los partidos
Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México, contienen datos
interesantes. Por ejemplo, el ex diputado local asegura en su declaración
patrimonial que obtuvo ingresos por un monto de 885 mil pesos en un año, pero
su esposa tuvo ingresos por 3 millones 521 mil 244 pesos, es decir, casi cuatro
veces más.
Asimismo,
Astudillo Flores informa que él no tiene bienes inmuebles, pero su esposa
cuenta con 12 propiedades entre edificios, casas, departamentos y terrenos,
aunque no especifica el monto. Declara que cuenta con dos vehículos, cada uno
con valor de 428 mil pesos.
Aunque
sí reporta menaje de casa y obras de arte, tampoco informa sobre el monto de
este concepto. Finalmente, dijo tener dos cuentas bancarias, una con mil 50
pesos y la segunda con 8 mil 250 pesos.
Respecto
de su declaración de interés, Astudillo Flores expresó que la circunstancia que
podría llevarlo a un posible conflicto es la propiedad que tiene su esposa de
un plantel de educación de los niveles básico y medio superior.
En
esta declaración, el candidato recordó los cargos que ha desempeñado: diputado
local (en la 54, 56 y 60 legislaturas; presidente municipal (1996-1999 y
2008-2012) y senador de la república (2000-2004).
Finalmente,
en su declaración fiscal sólo destaca que informó al Sistema de Administración
Tributaria, 525 mil pesos en el año 2014.
Presidentes municipales
En
el caso de los alcaldes, sólo el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo,
candidato a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional, ha
presentado las tres declaraciones solicitadas por Transparencia Mexicana.
El
aspirante declaró ingresos por 3 millones 787 mil 596 pesos, ninguno de los
cuales reporta como dinero proveniente del erario. Tiene una casa en el estado
con valor de 570 mil 810 pesos, y tres vehículos cuya suma total de 3 millones
542 mil 725 pesos. Entre joyas y obras de arte, así como en menaje, Torreblanca
Galindo informó que tienen un valor de un millón y un millón 500 mil pesos,
respectivamente.
En
su declaración de interés, el candidato declaró que es integrante de dos
empresas, en una se desempeña como presidente de la junta de consejo de
administración y en otra como director general.
Al
concluir el mes de abril, ningún candidato (a) a la diputación y local habían
presentado sus tres declaraciones. http://candidatotransparente.mx/#/
20 de abril de 2015, La Trinchera
Diagnóstico sobre el Parlamento Abierto en México
Organizaciones
de la sociedad civil presentaron hace un par de días un diagnóstico sobre el
parlamento abierto en México para conocer el grado de apertura de los 34 cuerpos
legislativos del país (31 congresos locales, la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, la Cámara de Diputados y el Senado de la República), es
decir, un documento en el que se evalúa qué tan “transparentes, accesibles,
cercanas a la ciudadanía y proactivas en la rendición de cuentas” son esos
órganos legislativos.
El
diagnóstico se realizó a partir de la definición de 10 principios, a saber: derecho
a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas, información
parlamentaria, información sobre legisladores y servidores públicos,
información histórica, datos abiertos y no propietarios, accesibilidad y
difusión, conflictos de interés y legislan a favor de gobierno abierto.
Los
resultados indicaron que las instituciones legislativas del país “no cumplen
con los elementos mínimos en materia de transparencia, rendición de cuentas,
participación ciudadana y uso de tecnologías de la información. Las
organizaciones que elaboraron el diagnóstico explicaron que los tres principios
que no se cumplen son el de datos abiertos, conflicto de interés y legislar a
favor de gobierno abierto. El principio que más se cumplió fue el de derecho a
la información.
En el
caso del Congreso del estado de Guerrero, la mayor parte de los 10 principios
tiene calificaciones de no cumple, insatisfactorias o muy insatisfactorias.
Sólo en los principios de derecho a la información, e información parlamentaria
obtuvo una evaluación satisfactoria. Destaca también que en información
histórica haya obtenido el reconocimiento de muy satisfactorio, debido a que el
órgano legislativo guerrerense cumple con mantener la información histórica en
su sitio web.
En tres
principios, de diez, el Congreso del estado no cumplió: Información
presupuestal y administrativa, datos abiertos y no propietarios, y legislar a
favor del gobierno abierto. Dicen los autores que “particularmente preocupante
es que Guerrero no publica nada relacionado con el presupuesto asignado al
Congreso y su ejercicio. Tampoco cumple
con el principio sobre datos abiertos y formatos no propietarios, ni realiza
acciones en favor de gobiernos abiertos”.
En el
caso de la evaluación muy insatisfactorio, son dos los rubros para el estado de
Guerrero. Se explica en el documento que la información sobre legisladores y servidores
públicos carece de datos de correo electrónico, redes sociales y ubicación de
la oficina del legislador, no informa sobre los productos legislativos presentados,
ni sobre asistencias y votaciones a sesiones del Pleno y comisiones, entre
otras omisiones. Respecto del tema de conflicto de interés sólo tiene un Código
de Ética y la disposición para que los legisladores se excusen en temas donde
pueda surgir conflicto de interés.
Mientras
que en otros tres el cumplimiento fue insatisfactorio (participación ciudadana
y rendición de cuentas, información histórica y accesibilidad y difusión).
Sobre participación ciudadana, en el
Congreso local faltan registros de asistencia y votaciones, así como mecanismos
de interacción ciudadana y la posibilidad de que los ciudadanos participen en
el proceso de aprobación del presupuesto. Respecto del principio de accesibilidad
y difusión debe mejorar al permitir el acceso a las sesiones de las comisiones,
transmitir éstas y guardar un archivo en audio y vídeo de las sesiones del
Pleno y de las mismas comisiones.
De manera
global, en los 34 órganos legislativos hay una calificación promedio de 42
puntos; el Congreso del estado de Guerrero está por debajo de ese promedio con
36 puntos, pero hay otros peores, como Baja California Sur, con 26 puntos,
Hidalgo y Campeche con 27, Tlaxcala, que suma apenas 28 y Aguascalientes,
Querétaro y Veracruz, con 29 puntos.
En el
otro extremo, destacan los valores de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, la Cámara de Diputados y los congresos de Puebla y Guanajuato, con 47
puntos. El Senado de la República es el órgano que más puntos obtuvo, con 52.
Otros datos
El
diagnóstico también contiene información sobre las dietas de los diputados en
diferentes años. Tomando como base la de 2013, los legisladores que más ganaban
fueron los de Jalisco, que obtenían 110,949 pesos mensuales, le seguían los de
Guanajuato, con 107,272 pesos, San Luis Potosí, cuya dieta era de 95,257 y
Zacatecas, con 95,000 pesos. Los diputados de Guerrero dijeron ganar en ese
año, 70,000 pesos mensuales.
En cuanto
a la participación de las mujeres en los órganos legislativos, destaca el
estado de Chihuahua, que tiene 42 por ciento de mujeres diputadas, Chiapas y
Oaxaca, con 38 por ciento de sus respectivos congresos, Quintana Roo, con 36
por ciento y la ALDF y el Congreso de Sinaloa, con 35 por ciento. En el caso de
Guerrero, el porcentaje de mujeres apenas alcanza el 20 por ciento.
Entre las
organizaciones que participaron en el diagnóstico están Arena Ciudadana, Borde
Político, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Fundar Centro
de Análisis e Investigación, Gesoc Gestión Social y Cooperación, Instituto
Mexicano para la Competitividad AC, Impacto Legislativo, Open Intelligence OPI,
Social Tic, Sonora Ciudadana A.C., Transparencia Mexicana y Visión Legislativa.
Más
información en:
http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/diagnostico-de-parlamento-abierto-en-mexico/
6 de abril de 2015, La Trinchera
La cuenta
pública del gobierno del estado
Algo está pasando con las cuentas públicas del gobierno del estado de
Guerrero. Cuesta trabajo creer que después de conocer las noticias publicadas hace
unas semanas sobre los desfalcos al erario por parte de amigos y familiares del
ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, la Auditoría General del Estado únicamente haya
encontrado 17 observaciones, por un monto de 9.1 millones de pesos, frente a un
ejercicio total por 31,191.2 millones de pesos de las dependencias que integran
la administración central del poder Ejecutivo en 2013.
¿O los funcionarios son muy hábiles para no dejar rastros de sus
fechorías, o la ley y los esquemas de fiscalización son muy permisibles y no
alcanzan a detectar, procesar y sancionar con efectividad todos los desvíos? El
asunto es que no hay credibilidad de la ciudadanía en la fiscalización de la
cuenta pública de todos los sujetos fiscalizables, simplemente porque no hay
mecanismos para generar esa confianza.
Hacer públicos los informes de cuenta pública es útil para el análisis y
la reflexión desde la ciudadanía. Sin embargo, es una práctica poco frecuente
entre los poderes del estado, los órganos autónomos y los ayuntamientos.
En el caso del Ejecutivo del estado, por ejemplo, los informes de cuenta
pública no están en el periódico oficial del estado desde hace ya muchos años –la
excepción es el que comentamos y que corresponde al ejercicio de 2013-, esto no
obstante que existe suficiente normatividad que obliga a los sujetos
fiscalizables a publicar esos informes. Tampoco por esta omisión nunca se ha
sancionado a nadie.
En el caso del gobierno del estado, la Secretaría de Finanzas y
Administración es la dependencia encargada de difundir la cuenta pública, pero
no lo hace; en su portal electrónico sube información engañosa y que no
corresponde con los informes de cuenta pública. Nunca nadie ha dado una
explicación a esta ausencia de información.
Los informes son útiles, porque, por ejemplo, en el de 2013 podemos
observar que de un presupuesto programado por 41,102.1 millones de pesos para
todo el estado, finalmente el gasto fue de 51,530.1 millones, es decir, 25.3
por ciento más de lo programado.
También permite recordar la enorme dependencia que Guerrero tiene hacia
los recursos federales, ya que 92.4 por ciento de lo que se gastó en 2013 son
ingresos de origen federal. Este hecho desnuda nuestra eterna condición
vulnerable y genera un discurso oficial de autocompasión de “mándennos más
dinero porque somos pobres”, pero nunca una mínima autocrítica sobre los miles
de millones que se han enviado al estado sin resultados efectivos.
La mayor parte de los recursos captados por el estado provienen de los
fondos de aportaciones federales, ya que alcanzaron 25,134.4 millones y
representaron 52.7 por ciento del total de los ingresos provenientes de fuentes
federales.
El poder Ejecutivo ejerció la mayor parte de esos recursos, pues se le
destinaron a las distintas dependencias y entidades que integran la
Administración Púbica Central y Paraestatal un total de 31,191.2 millones de
pesos.
En Guerrero, dos sectores se llevan dos tercios de los recursos
destinados al Ejecutivo y poco menos de la mitad del gasto total del estado: el
sector educativo y los servicios de salud, ya que respectivamente se gastaron
15,301.1 millones y 5,340.6 millones de pesos en el año fiscal 2013.
Las secretarías de educación y de salud son las entidades que deberían
estar más vigiladas y con criterios de fiscalización más estrictos, pues los
diarios están plagados de inconformidades y denuncias del personal y ciudadanos
por la deficiencia de los servicios, la poca transparencia en el ejercicio de
los recursos y la sospecha de malos manejos.
Son sectores que no obstante los cuantiosos recursos que se invierten
cada año, no han resuelto los graves rezagos entre la población. De hecho,
concentran de tal manera los recursos que descobijan a otros sectores
igualmente relevantes para el desarrollo del estado como la inversión en
infraestructura física, fomento a la producción agropecuaria y forestal, programas
sociales, entre otros. La mala planeación y la pésima distribución de los
recursos ha propiciado un círculo vicioso del que en gran parte se deriva la
eterna pobreza del estado.
Cabe recordar que la cuenta pública es un documento mediante el que las
dependencias y entidades públicas cumplen con la obligación de someter a las
legislaturas los resultados derivados del análisis entre lo presupuestado y lo
ejercido, con la justificación de cualquier incremento o decremento, o
desviación surgida en el año correspondiente al ejercicio presupuestado, y el
detalle sobre el uso y aprovechamiento de los bienes patrimoniales.
Es una forma de rendición de cuentas que los entes gubernamentales están
obligados por ley a cumplir.
Los
pendientes de las cuentas públicas
Aunque hay una periodicidad y control más o menos sistemáticos para esta
práctica de rendición de cuentas interinstitucional (de los sujetos
fiscalizables hacia la AGE), hay varios pendientes de información sobre todo
con la ciudadanía.
Por lo regular son documentos técnicos que requieren conocimientos
especializados y no están al alcance de la población promedio. Pero por ser en
los hechos el único instrumento de rendición de cuentas, es urgente que estos
documentos se traduzcan al lenguaje ciudadano y sean accesibles para que los
gobernados conozcan cómo ejercieron los recursos públicos los gobernantes. De
otra forma, simplemente se estará cubriendo un requisitos formal ante la
Auditoría General del Estado, pero la ciudadanía, a quien también se debe
informar y justificar las acciones de gobierno, no podrá ejercer su derecho a
que le rindan cuentas.
8 de marzo de 2015, La Trinchera
Grosero subejercicio
en el Fondo de Infraestructura Social Estatal
Los 565 millones de pesos que le correspondieron a Guerrero
para que el gobierno del estado construyera obra pública en 2013, sin duda
fueron parte del botín del que se apropiaron la familia Aguirre Rivero y su
círculo cercano de operadores, ya que gran parte de las “utilidades” se
obtenían de la inversión en obra pública y las adquisiciones. Estos recursos
forman parte del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y fueron
revisados por la Auditoría Superior de la Federación cuyo informe presentó
recientemente. El FISE representó en el ejercicio fiscal 2013, el 7.5 por
ciento de la inversión total destinada en obra pública para el estado de Guerrero.
(ver informe en: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Paginas/Master.htm).
Una de las observaciones más relevantes del órgano
fiscalizador federal fue un grosero subejerecicio de los recursos, en un estado
cuya población sufre de tantos rezagos sociales. Al 31 de diciembre de 2013, el
gobierno del estado había gastado apenas 368.6 millones de pesos, que
representan 64.6 por ciento del total de recursos que llegaron al estado por
este fondo, en tanto que al 31 de mayo de 2014 se habían gastado 506.8 millones
de pesos que representan 88.8 por ciento del disponible, determinándose un
subejercicio a este último corte del 11.2 por ciento. De acuerdo con la ASF,
esto “generó que no se atendiera oportunamente a los sectores de la población
estatal que presentan las condiciones de rezago social y pobreza más
desfavorables”.
Otra de las deficiencias observadas en el gobierno del
estado es que para la planeación de las obras del FISE, éste no se apoyó en
información actualizada sobre los déficits de servicios e infraestructura
básica, ni realizó estudios sobre las zonas y grupos de mayor rezago social y
pobreza extrema.
Lo anterior propició que se invirtiera 69.2 por ciento de
los recursos en caminos y puentes rurales en detrimento de otras obras
indispensables para la población como agua potable, drenaje y electrificación,
los cuales fueron relegados en su nivel de gasto al recibir en su conjunto sólo
el 22.1% de la inversión ejercida. Sin duda uno de los criterios para decidir
las obras no fue el diagnóstico objetivo de las necesidades de la población,
sino el tipo de obras que podían construir las empresas “consentidas” del
gobierno estatal o aquellas que aportaran un mayor diezmo.
La ASF también constató que la transparencia y la rendición
de cuentas hacia la ciudadanía “aún presenta insuficiencias”. Traducido a
lenguaje coloquial, el órgano fiscalizador quiso decir que en el ejercicio del
FISE hubo mucha opacidad, ya que no se cumplió con todas las obligaciones de
transparencia que establece la Ley de Coordinación Fiscal.
Un punto también importante es que en 2013 no se autoevaluó
el control interno de los principales procesos sustantivos y adjetivos. La ASF
consideró entonces que el sistema de control interno para la gestión del fondo
en el gobierno del estado tiene deficiencias en su implantación, ya que existen
debilidades que impiden que las actividades de control sean suficientes para
garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones, la confiabilidad de la
información, la correcta transparencia y rendición de cuentas, el cumplimiento
de la normativa del fondo y, por consecuencia, el cumplimiento del objetivo y
metas del fondo.
Al final de su informe del ejercicio de los recursos FISE
2013, la ASF concluyó que el gobierno del estado contribuye parcialmente con el
cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de desarrollo social,
pues cometió un serie de irregularidades como la transferencia de recursos del
fondo a otras cuentas bancarias; además, se invirtió en infraestructura básica
el 22.1 por ciento de lo ejercido y se desconoce el destino del 4.7 por ciento
de la inversión.
“Esta práctica pone en riesgo la correcta eficacia de los
recursos y el cumplimiento de las metas y objetivos del fondo”, dice la ASF.
Cabe mencionar que en 2012, la ASF no revisó el ejercicio de
los recursos de este fondo, sino que lo hizo la Auditoría General del Estado,
como parte de una estrategia del órgano fiscalizador federal para involucrar a
los órganos locales.
En ese año, la AGE emitió un dictamen negativo, pues
consideró que “en términos generales y respecto de la muestra auditada, el
Gobierno del Estado de Guerrero no cumplió con las disposiciones normativas
aplicables, como se precisa en los resultados, donde destacan los siguientes:
35.5 millones de pesos por falta de documentación comprobatoria, y 212 mil
pesos pagados por una obra de mala calidad; adicionalmente, se determinaron
errores y omisiones de la información financiera por 256.7 miles de pesos”.
A pesar de las constantes irregularidades, no hay autoridad
que sancione y corrija las anomalías que se cometen en este fondo. El FISE se
ha convertido en una fuente más de recursos para quienes ejercen y reciben los
“diezmos”.
22 de febrero de 2015, La Trinchera
No habrá elección por usos y costumbres.
Gran pérdida para Guerrero
En Guerrero está a
punto de perderse una oportunidad histórica para la participación ciudadana en
gobiernos locales. Salvo que se impugnen los resultados y se revierta la
decisión lo cual se antoja difícil- una consulta en el municipio de San Luis
Acatlán, realizada entre los días 1 y 12 de febrero arrojó que la población de
esa demarcación no quiere cambiar el actual sistema electoral de partidos
políticos por uno basado en los usos y costumbres, según informó el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Es sorpresivo especialmente porque actualmente el estado vive momentos de efervescencia social y política, y dos de los actores que están en el ojo del huracán y recibiendo toda clase de denuestos son precisamente la clase política y los partidos políticos.
La consulta fue
organizada por este organismo electoral guerrerense por iniciativa de la Unión
de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, luego de que el anterior
consejo electoral –hoy IEPC- había desechado la propuesta, y la organización social,
que comanda Bruno Plácido Valerio, entonces recurrió al tribunal electoral del
poder judicial de la federación (Trife) para reponer el proceso, ya que se encontraron
muchas inconsistencias.
Pero en un estado
como Guerrero, hay pocas condiciones para incentivar una consulta de esta
naturaleza, no obstante la trascendencia de lo que estaba en juego. Sin duda,
en los resultados influyeron los muchos interesados en que prevalezca el
sistema de partidos como única forma de alcanzar el poder, el tipo de
información y el tamaño de la difusión que se le haya dado a la consulta, el
arraigo del clientelismo y el asistencialismo en las comunidades -a cuya
población le han cortado las iniciativas y propuestas a fuerza de playeras,
tortas o gorras-, y sobre todo la descomposición del tejido social propiciado
por los motivos anteriores y otros también contundentes como la presencia
del crimen organizado y los liderazgos
comunitarios torcidos.
En el momento de
escribir esta nota, me encuentro en el municipio de Capulalpam de Méndez, en la
Sierra Norte de Oaxaca, y aquí los pobladores mantienen un sistema de elección
de sus autoridades municipales (presidente, síndico, alcaldes) precisamente por
usos y costumbres, porque la ley lo permite.
A diferencia de lo
que sucede en Guerrero, en donde los alcaldes se convierten en reyecitos de
tres años, en Capulalpam y en muchos otros municipios de Oaxaca, la gente elige
a sus gobernantes mediante asambleas. Pero no hay divorcio entre gobernantes y
gobernados, quienes son electos siguen puntualmente los mandatos de la
población, es más, usualmente existe un Consejo de Ciudadanos (no previsto en
la ley) que está por encima del alcalde y demás autoridades y les dictan las
acciones y políticas que deben seguir, en representación del conjunto de la
población. De hecho, las autoridades municipales forman parte del sistema de
cargos de la comunidad; los electos no reciben salario, aunque la población los
apoya para la manutención de ellos y sus familias, mientras están en el cargo.
Los resultados de
este sistema, conjuntamente con otras condiciones, están a la vista: calles
limpias (no por la eficiencia del servicio de limpia, sino por la
concientización de la gente), obras públicas pertinentes y construidas con
transparencia, una trazo urbano bastante racional y estético, asambleísmo
constante, participación activa de la población en la resolución de sus problemas.
Con un tejido social bien fortalecido como el de los municipios de esta región
de la Sierra –territorio similar al de la sierra de Guerrero, pero sin el
problema de la siembra de enervantes-, el crimen organizado no ha logrado
penetrar y se palpa en la vida cotidiana de la gente, que se siente segura en
sus comunidades.
Este tipo de
gobiernos del pueblo son más factibles en las comunidades indígenas. Su nivel
de organización y el esquema de gobernanza les ha permitido también avanzar en
el uso, conservación y aprovechamiento de sus recursos naturales,
principalmente el bosque. Mediante diversos proyectos económicos, han logrado
obtener recursos financieros para la comunidad, además de empleos para muchos de
los pobladores.
La consulta que se
realizó en San Luis Acatlán fue para saber si la población deseaba elegir a sus
gobernantes sin la intervención de los partidos políticos, que según la
experiencia, todo lo pervierten. Pero los resultados del IEPC indican que hubo
poca participación en la consulta, pues sólo emitieron su opinión 2 mil 430 personas, que representan 9.7 por ciento
de los electores del municipio. De este total, mil 556 corresponden a
habitantes que votaron a favor del sistema electoral vía partidos políticos,
784 a favor de usos y costumbres y 90 abstenciones.
Es una verdadera pena, porque
en poco tiempo, la mayoría de comunidades indígenas de Guerrero podría tener
este sistema. Pero no; ahora toca resistir el sistema de partidos, tan lejanos
de las necesidades de la gente.
9 de febrero de 2015, La Trinchera
Crean políticos de Guerrero monstruos financieros
La Trinchera
Los
políticos guerrerenses crean monstruos financieros que después no pueden
controlar. Generan necesidades artificiales muy costosas para el erario público
que inicialmente son cubiertas con dinero local, pero luego son endilgadas al
gobierno federal cuando se salen de control. Cuando esto sucede, desde el
gobierno del estado se exige el apoyo federal, y si éste es negado, se
descalifica a la federación porque es “insensible a los rezagos sociales” y
hasta amenazan que podrían desatarse el descontento social por estos motivos. Es el caso de la creación de plazas sin techo presupuestal en el sector educativo –la mayoría no necesarias, o por lo menos, no generadas a partir de una planeación responsable-, y el programa de fertilizante, del que hoy son dependientes y adictos más de 200 mil campesinos, cuando hace apenas 20 años no conocían ni requerían de ese insumo para hacer producir la tierra.
Las plazas sin techo presupuestal
El
problema que hoy enfrentan varios miles de trabajadores de la educación en
Guerrero, a quienes no les han cubierto salario o aguinaldo, tiene su origen en
el estado y data de por lo menos tres lustros; es decir, no es reciente, no se
reduce a un descuido administrativo y tampoco tiene que ver con la “maldad” de
la federación. Es un problema que afectaba a cerca de 10 mil plazas en la
Secretaría de Educación de Guerrero (en 2010), por no tener un presupuesto para
cubrirlas, en otras palabras, la federación, que transfiere los recursos
financieros a las entidades federativas para el pago de trabajadores del sector
educativo por vía del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), no
reconocía esas plazas. Hoy sabemos que ya no son 10 mil sino 12,300 los lugares
de trabajo en esta situación.Durante muchos años, el gobierno del estado cubrió el salario de esas personas con recursos estatales –no se sabe de qué partidas ni qué otros programas sociales quedaban descobijados o si se adquiría deuda para cubrir el déficit, porque hay una opacidad casi total al respecto- , y evidentemente siempre demandó su regularización ante la federación.
Entre la escasa información que presenta la SEG en su portal electrónico, la dependencia publica un documento titulado “Integración de la cuenta pública” en donde se da el seguimiento al gasto del FAEB del segundo y tercer trimestres de 2010. En el primer caso, en el apartado de observaciones se reconoce un déficit de 874 millones de pesos “el cual se origina de diez mil plazas sin techo presupuestal, incluyendo sus prestaciones sociales”. Para el tercer trimestre de 2010, el déficit se había incrementado a 1,302.1 millones de pesos.
Al final del documento, aparece la siguiente observación: “La diferencia que se refleja entre el recurso radicado y el recurso ejercido, se debe a que se contabilizaron en términos de ley, los pasivos que se generaron al 31 de diciembre de 2010, por conceptos que en anexo se informan, dichos pasivos son consecuencia del pago de los 45 días adicionales de aguinaldo al magisterio guerrerense y al pago de salarios y prestaciones de las de alrededor 10,000 plazas con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), ambos sin aprobación presupuestal de la SEP, se autorizaron n el último año del sexenio anterior”.
Aunque no se quiera ver, en este problema hay responsables localizables, ya que fue creado por una parte de la clase política de Guerrero que incluye a los gobernadores –de por lo menos los últimos 15 años-, secretarios y funcionarios de la SEG, dirigentes y operadores de los sindicatos magisteriales y de la burocracia, diputados y todos aquellos que traficaron con influencias para generar estas plazas y proporcionar recursos adicionales al magisterio fuera de programación para entregarlas como favores políticos, generar clientelismo o incluso para obtener dinero.
¿Quiénes firmaron y ordenaron la creación de estas plazas? Si hubiera voluntad, no sería muy difícil identificar responsables de este quebranto al erario público. Lo más fácil es culpar a la federación de intransigente y de escatimar el producto del trabajo de miles de empleados de la SEG.
Fertilizante “subsidiado”
En
1994, con intenciones marcadamente clientelares y económicas, el gobierno de
Rubén Figueroa Alcocer creó el programa de fertilizante subsidiado, y a lo
largo de 20 años, se ha convertido en uno de los programas de mayor corrupción
y que más daño ha hecho al estado en ámbitos como el ambiental, político,
productivo y autogestivo de los productores.Aunque hace 20 años los campesinos no requerían del fertilizante químico para producir, hoy piensan que es indispensable para sus cultivos de autoconsumo, pero más siguiendo el discurso de dirigentes y políticos –que evidentemente no quieren que desaparezca ni se transforme- que por necesidad real.
El programa es tripartita –estado, municipios y productores- y se invierten del orden de 900 millones de pesos anuales. Durante muchos años, la aportación municipal fue obtenida de manera ilegal del Fondo de Infraestructura Social Municipal (recursos sólo para obra pública), pero la federación les puso el alto el año pasado y les permitió usar sólo el 20 por ciento de los recursos del FISM en la compra de fertilizante.
Muchos alcaldes se rebelaron (porque esencialmente no tienen de dónde sacar recursos para el fertilizante) y dicen que la federación debe hacerse cargo del problema y generar una partida especial para la adquisición del insumo; de lo contrario, habrá movilizaciones y hasta alzamientos de los productores.
Ningún estado de la república subsidia fertilizante a los productores. Sólo Guerrero generó este problema y quiere que la federación se lo resuelva.
19 de enero de 2015, La Trinchera
Un documento
publicado por la Secretaría de Finanzas y Administración da cuenta de un
documento titulado “Montos pagados por ayudas y subsidios” de la Secretaría de
Desarrollo Social del gobierno del estado, en donde se infiere la manera que
esta dependencia otorga los recursos públicos destinados a superar la pobreza y
la marginación en el estado. Se trata de una relación de personas que
recibieron dinero durante el trimestre enero-marzo de 2014 y en la que se puede
encontrar desde el pago de la tarjeta “la cumplidora” hasta el pago de gastos
médicos y ayudas para la titulación de estudiantes, pasando por el apoyo a
gastos de funerales y dinero para comenzar negocios de “tiendita de dulces” o
la venta de zapatos. Es decir, la entrega de dinero de manera discrecional y
sin ninguna planeación. (ver fracción XXI de la información pública de oficio
de la Sefina: http://guerrero.gob.mx/articulos/informacion-publica-obligatoria-de-la-sefina-2013/)
Lo que tienen en
común todos los apoyos es que no cuentan con información suficiente para saber
con qué criterios se otorgaron los subsidio ni el seguimiento que se les dio.
Otra de sus características es que no se sabe, precisamente por la falta de
información, si se otorgaron a personas que realmente sean de bajos recursos. Los
montos y conceptos que se describen evidentemente encasillan a estos recursos
como asistencialistas, pero no para apoyar a la gente en un desarrollo más
sostenido.
Al consultar la página electrónica de la Sedesol del estado encontramos que no existe ninguna información sobre estos subsidios, por lo que siguen vigentes las interrogantes planteadas. El hallazgo de esta información que publicó la Sefina, pero no la Sedesol, solamente muestra la descoordinación entre dependencias del Ejecutivo del estado y la total desarticulación de la información que publican y que hace muy difícil saber de qué manera se ejercen los recursos públicos. Es materialmente un rompecabezas poder descubrir qué hacen realmente las dependencias a partir de lo que publican.
“La cumplidora”
Al consultar la página electrónica de la Sedesol del estado encontramos que no existe ninguna información sobre estos subsidios, por lo que siguen vigentes las interrogantes planteadas. El hallazgo de esta información que publicó la Sefina, pero no la Sedesol, solamente muestra la descoordinación entre dependencias del Ejecutivo del estado y la total desarticulación de la información que publican y que hace muy difícil saber de qué manera se ejercen los recursos públicos. Es materialmente un rompecabezas poder descubrir qué hacen realmente las dependencias a partir de lo que publican.
“La cumplidora”
Como se sabe,
durante la campaña de Ángel Aguirre Rivero para la gubernatura del estado se
utilizó, como una de sus estrategias para obtener votos, el reparto de tarjetas
que llevaban la promesa de apoyos para sus poseedores. A esta tarjeta se le
llamó “la Cumplidora”. No se sabe a ciencia cierta cuánto contribuyó al triunfo
de Aguirre Rivero esta novedosa forma de clientelismo, pero lo cierto es que
fue un mecanismo que tenían un evidente sello discriminatorio, es decir, los
recursos para el desarrollo social según las leyes mexicanas no son para los
pobres de una partido, sino para los pobres en general, no importando su
filiación política.
En el documento que comentamos aparecen 248 beneficiarios con 500 pesos cada uno, correspondientes al primer trimestre de 2014, para un total de 124 mil pesos.
Otro de los rubros que abundan en esta relación de beneficiarios es el “apoyo económico para proyectos productivos”. Por el monto que se otorga –cantidades que van de los dos mil a los 20 mil pesos-, no se augura que esos recursos sean suficientes para desarrollar proyectos realmente sostenibles, y más bien parece que son de corte asistencialista.
En este renglón se localizan apoyos monetarios para supuestos proyectos productivos como la “venta de verduras”, huaraches, antojitos mexicanos, abarrotes, pozole, tamales, tacos de canasta, ropa usada, venta de tacos, “negocios de belleza”, ·estéticas unisex”, venta de perfumes y lencería, pollos asados, ollas de barro… entre otros.
Aunque en menor medida, también se entregaron recursos para la adquisición de útiles escolares, apoyo para sufragar gastos de personas fallecidas –uno de los cuales es de 60 mil pesos, pero la mayoría por 5 mil pesos-, y cobertura de gasto médicos diversos.
Otros apoyos otorgados son para realizar la feria regional en Hacienda de Cabañas, municipio de Benito Juárez, y el apoyo económico que también se asigna a estudiantes “para terminar sus estudios de posgrado de doctorado” o para realizar su tesis de licenciatura. Se encontraron apoyos que cubren gastos hasta para que le gente se regrese de la capital del estado a sus lugares de origen.
En el documento que comentamos aparecen 248 beneficiarios con 500 pesos cada uno, correspondientes al primer trimestre de 2014, para un total de 124 mil pesos.
Otro de los rubros que abundan en esta relación de beneficiarios es el “apoyo económico para proyectos productivos”. Por el monto que se otorga –cantidades que van de los dos mil a los 20 mil pesos-, no se augura que esos recursos sean suficientes para desarrollar proyectos realmente sostenibles, y más bien parece que son de corte asistencialista.
En este renglón se localizan apoyos monetarios para supuestos proyectos productivos como la “venta de verduras”, huaraches, antojitos mexicanos, abarrotes, pozole, tamales, tacos de canasta, ropa usada, venta de tacos, “negocios de belleza”, ·estéticas unisex”, venta de perfumes y lencería, pollos asados, ollas de barro… entre otros.
Aunque en menor medida, también se entregaron recursos para la adquisición de útiles escolares, apoyo para sufragar gastos de personas fallecidas –uno de los cuales es de 60 mil pesos, pero la mayoría por 5 mil pesos-, y cobertura de gasto médicos diversos.
Otros apoyos otorgados son para realizar la feria regional en Hacienda de Cabañas, municipio de Benito Juárez, y el apoyo económico que también se asigna a estudiantes “para terminar sus estudios de posgrado de doctorado” o para realizar su tesis de licenciatura. Se encontraron apoyos que cubren gastos hasta para que le gente se regrese de la capital del estado a sus lugares de origen.
Apoyo a periodistas
La relación de Ayudas
y Subsidios de la Sedesol del primer trimestre de 2014 también incluye apoyos
al gremio de los periodistas. Por ejemplo, se asignó un “apoyo económico para
que 50 periodistas de Acapulco asistan al 1er foro estatal ‘Libertad de prensa
en Guerrero’ en el municipio de Taxco, Gro”. El apoyo recibido fue por 20 mil
pesos.
Asimismo, el documento describe el “apoyo económico [por 5 mil pesos] para sufragar gastos por el aniversario del periódico Costa Brava en la col. Centro, en el mpio. De Coyuca de Benítez, Gro.”
En esta relación de la Sedesol también incluye un “apoyo económico [por 8 mil pesos] para la compra de cámara fotográfica en la col. Garita del mpio. de Acapulco, Gro.” a nombre de Miguel Ángel Arrieta Martínez.
Finalmente, el listado de beneficiarios da cuenta del apoyo otorgado a Pedro Delfino Arzeta García para gastos médicos por un monto de 10 mil pesos.
Asimismo, el documento describe el “apoyo económico [por 5 mil pesos] para sufragar gastos por el aniversario del periódico Costa Brava en la col. Centro, en el mpio. De Coyuca de Benítez, Gro.”
En esta relación de la Sedesol también incluye un “apoyo económico [por 8 mil pesos] para la compra de cámara fotográfica en la col. Garita del mpio. de Acapulco, Gro.” a nombre de Miguel Ángel Arrieta Martínez.
Finalmente, el listado de beneficiarios da cuenta del apoyo otorgado a Pedro Delfino Arzeta García para gastos médicos por un monto de 10 mil pesos.
22 de diciembre de 2014, La Trinchera
La
Universidad Autónoma de Guerrero no es la institución más transparente y
confiable de Guerrero, como anunció el rector Javier Saldaña Almazán; es una
falacia decirlo. Una rápida mirada a sus mecanismos de difusión delatarían
fácilmente una condición tan opaca, como la de la mayoría de las dependencias
públicas del estado.
Quizás
sus asesores aconsejaron mal al rector, porque ser transparente no es lo mismo
que ser una entidad sujeta a la fiscalización; o sea, por mucho que la
universidad o cualquier entidad sea auditada y fiscalizada, no la hace
automáticamente transparente.Las auditorías específicas y la fiscalización superior son prácticas cotidianas de todos los organismos y entidades que reciben recursos públicos. Evidentemente, la Auditoría General del Estado, que se encarga de la fiscalización, debe revisar a la UAG, y si es necesario, aplicar las auditorías que se requieran, como lo establece la normatividad. Eso se hace todos los años con todas las entidades públicas.
Entregar en tiempo y forma la cuenta pública a la AGE, para su correspondiente revisión, es apenas una pequeña parte de lo que se define como rendición de cuentas. Digamos que este requisito con la Auditoría General es una rendición de cuentas institucional, pero no ciudadana ni democrática; para ello se requiere abrirse verdaderamente al escrutinio de los universitarios, de la sociedad en general, que quiere saber cómo se ejercen los recursos en esa institución.
La rendición de cuentas ciudadana no es la lectura de informes persuasivos para lucimiento personal en fastuosos espacios, y que en realidad no informan nada. Tampoco es tener un extenso equipo de comunicación social para alimentar a medios y redes sociales, pero que no informa lo sustancial, lo estratégico de lo que sucede en la universidad. Mucho menos es la contratación de espectaculares por toda la ciudad.
Y aquí es donde viene la transparencia. Transparencia es colocar en una caja de cristal, para que todos observen y juzguen, información sobre el ejercicio de los recursos, las actividades que se realizan con ese dinero, los indicadores de gestión y desempeño para observar los resultados, la eficiencia y los impactos de esas actividades, el presupuesto con sus avances físicos y financieros trimestrales, y otros muchos temas que establece la Ley de Transparencia. ¿Con cuántos de ellos cumple la universidad?
Se hizo el ejercicio de medir el nivel de cumplimiento de la universidad respecto de sus obligaciones de transparencia que establece la ley. Éste se basó en la revisión de los contenidos que propone el artículo 13 de la Ley de Transparencia, en donde se describe un catálogo de 22 temas relacionados con el quehacer gubernamental que obligatoriamente las dependencias deben difundir a través de páginas electrónicas, periódicos murales, gacetas y cualquier otro medio del que disponga. También se revisaron los temas adicionales que la UAG debe dar a conocer, según el artículo 23 de la misma ley.
Se le asignaron puntuaciones específicas según los siguientes criterios: 3 puntos a la información presentada de manera completa, actualizada y que corresponde con lo que exige la ley. 2 puntos si la información está completa, corresponde, pero desactualizada. 1.5 a la información incompleta, actualizada y corresponde. 1 punto si el tema no aplica al sujeto obligado y éste avisa al público. 0 puntos si no corresponde o no publica nada.
Adicionalmente, se aplicó un factor de ponderación (mayor puntuación) según se tratara de información muy importante para los ciudadanos o de datos ordinarios, pues esta metodología considera que no tiene el mismo valor publicar información sobre presupuestos, desglosada por programas y proyectos y con indicadores de gestión y desempeño, que publicar el domicilio de una dependencia o su organigrama.
El resultado arroja que la UAG apenas cumple con el 45 por ciento de sus obligaciones de transparencia. Menos de la mitad de lo que le exige la ley; luego entonces, no es transparente. La información que no se publica es coincidentemente la más importante y la que permitiría a cualquier ciudadano aproximarse a lo que realiza la universidad y al ejercicio de los recursos; la que da a conocer en su portal electrónico, lamentablemente es la menos valiosa. Para descarga de la actual administración, la universidad tradicionalmente ha sido opaca, no es condición sólo de este periodo.
La UAG también tiene la mancha de obstaculizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. De hecho, se encuentra entre las 10 instituciones que han recibido más recursos de revisión o quejas en su contra durante ocho años, de 2006 a 2014.
La UAG sólo es superada en este rubro por las Secretarías de Salud (con 27 recursos de revisión), de Finanzas y Administración (18), los ayuntamientos de Tixtla y Chilpancingo (18), la Secretaría de Educación (17) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (16). La universidad comparte con el ayuntamiento de Tecoanapa el poco honroso sexto lugar en este terreno, con 15 recursos de revisión presentados por ciudadanos inconformes.
Hace bien el rector en querer convertir a la universidad en una institución transparente y confiable, pero hay que tener mucha disposición y voluntad para lograrlo; falta mucho para que así sea, y esto no se logra sólo con discursos.
15 de diciembre de 2014, La Trinchera
En discusión, la ley general de
transparencia
En los próximos
meses, se producirán cambios muy relevantes en materia de transparencia y
acceso a la información, sobre todo para hacer operativas las reformas a varios
artículos de la Constitución en esta materia, principalmente el sexto
constitucional, que se publicaron el 7 de febrero de 2014, con el objetivo de
“fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en nuestro país a través de
la transparencia y el acceso a la información pública”. Estos cambios consideran la legislación de dos leyes esenciales para avanzar en esta materia: la ley general y la ley federal de transparencia y acceso a la información, cuyas iniciativas fueron presentadas en el Senado de la República, el 2 y 8 de diciembre, respectivamente, para su análisis y aprobación. De hecho, uno de los transitorios del dictamen aprobado en febrero establece como plazo el 7 de febrero de 2015 para la aprobación de ambas leyes.
En las entidades federativas, sobre todo la ley general tendrá repercusiones más o menos importantes en el panorama de la transparencia y el acceso a la información pública, ya que al tratarse de una ley general, sus disposiciones serán de observancia general y de orden público en toda la república.
Dice la iniciativa que en la ley “Se establecen los criterios generales en materia de transparencia y acceso a la información a los que deberán sujetarse todos los órdenes de gobierno, con el fin de lograr una adecuada armonización y homogeneidad a nivel nacional”. Esto es importante porque hoy, cada entidad tiene una ley diferente, y los procedimientos y objetivos para facilitar el ejercicio de este derecho de acceso a la información son disparejos; la ley general los homogenizará y también establecerá criterios de uniformidad de las obligaciones de transparencia que tienen los sujetos obligados del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal. Es decir, con esta ley general se busca cerrarle el paso a las evasivas y obstáculos que con mucha frecuencia colocan funcionarios y políticos para no cumplir con este derecho fundamental.
De entrada, se espera que los congresos locales realicen los cambios correspondientes a las normas estatales en la materia para estar en sintonía con la constitución federal y la ley general, inmediatamente después de que ésta sea aprobada.
En Guerrero, según dice la experiencia, tal vez será necesario que los sectores interesados (periodistas, ONG, organizaciones sociales y civiles) presionen a los diputados guerrerenses para que hagan las modificaciones en la ley local. En la anterior reforma al sexto constitucional (2007), los legisladores retardaron 23 meses la confección de la nueva ley de transparencia, aun cuando había un ordenamiento y plazo puntuales en la propia constitución que los diputados de Guerrero decidieron pasarse por el arco del triunfo.
Algunos puntos relevantes que contiene la iniciativa de ley general de transparencia y acceso a la información que en breve estará a discusión son:
1. Como lo
establece la reforma constitucional, se ampliará el espectro de sujetos
obligados, y ahora partidos políticos, sindicatos y personas físicas y morales
que reciban recursos públicos, además de fideicomisos y fondos públicos tendrán
que informar del ejercicio que hagan del dinero público.
2. Obligaciones de
transparencia. La iniciativa de ley general propone un catálogo de temas de
información gubernamental para que los sujetos obligados los pongan a
disposición del público. La ciudadanía guerrerense saldrá beneficiada, pues
según el catálogo propuesto en la iniciativa, hay muchos temas de información
que la actual ley estatal de Guerrero no considera, y que deberán ser
incorporados.Esta información deberá encontrarse accesible en los sitios de internet de los sujetos obligados y a través de una plataforma nacional de información; esto podría presionar a los sujetos obligados del estado, pues estarán en la mira de un sistema nacional. Asimismo, se establecerán criterios para que la información que se publique se encuentre sistematizada, ordenada, actualizada, comprensible, accesible y completa para evitar que las dependencias públicas cobijen su opacidad presentándola de otra manera, como es el caso frecuente de los sujetos obligados de Guerrero.
El órgano garante del estado tendrá facultades para supervisar que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones de transparencia. De hecho, la ley estatal de transparencia les otorga esa función, pero hasta la fecha, el ITAIG nunca ha hecho una sola revisión a las obligaciones de transparencia de las dependencias públicas.
3. Finalmente, un punto destacable de la iniciativa de ley es que incluye un Título que desarrolla medidas de apremio y sanciones en caso del incumplimiento de las resoluciones que emiten los organismos garantes. En Guerrero es larga la lista de sujetos obligados que no cumplen las resoluciones del ITAIG, pero de aprobarse esta iniciativa, habrá más posibilidades de obligarlos.
Son muchos los contenidos de la iniciativa de ley general de transparencia y acceso a la información y es imposible reseñarlos en este espacio. Sirva este comentario para señalar que la ley general cuestiona las mezquindades y la opacidad de los legisladores y funcionarios locales de Guerrero, que siempre han ejercido el gobierno desde la oscuridad.
1 de diciembre de 2014, La Trinchera
El desafío a
la ley, como modus vivendi de los ayuntamientos
En general, los ayuntamientos son totalmente omisos con la
rendición de cuentas; no informan a la ciudadanía ni transparentan sus ingresos
y egresos, pero lo más grave es que ya ni siquiera cumplen con sus obligaciones
institucionales de información con las dependencias normativas y de
fiscalización estatales y federales. Debido a esta oscuridad gubernamental, se abre un margen muy grande para pensar en la corrupción, el desvío de recursos y el enriquecimiento personal en el interior de los ayuntamientos.
Cuando no se imponen sanciones a estas irregularidades, hay impunidad. Es uno de los males persistentes que han provocado el descontento general de la ciudadanía. No hay por qué extrañarse de la situación actual que vive México y el estado, cuando la impunidad se ha convertido en un estado normal de las instituciones públicas.
Desinformación de ayuntamientos en la construcción de obra pública
Ya concluyó el mes de noviembre, y los ayuntamientos de Guerrero no han presentado su informe de obra pública correspondiente al tercer trimestre, como están obligados. Es más, de acuerdo con el reporte de la Sedesol federal, dependencia normativa que recibe dichos reportes, solo 27 ayuntamientos (33.3 por ciento del total) presentaron su reporte del segundo trimestre.
Según la misma fuente, 19 ayuntamientos presentaron el primero y segundo informes; ocho presentaron sólo el segundo y tres únicamente el primero. Lo más grave es que 51 ayuntamientos no presentaron ninguno de sus reportes, es decir, 63 por ciento de los gobiernos municipales de Guerrero se saltan la normatividad sin empacho alguno, y hasta hoy, con plena impunidad.
Cabe recordar que la construcción de obra pública municipal y otras acciones para beneficio de la población en condiciones de marginación se financia con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que en 2014 alcanzó en Guerrero un monto de 4,409.5 millones de pesos, casi 10 por ciento del total del presupuesto para el estado.
El nivel de incumplimiento de los ayuntamientos es tan grave que desafían incluso las revisiones de los órganos fiscalizadores del estado.
Sólo de los últimos dos años, la Auditoría General del Estado informa que 21 ayuntamientos guerrerenses no han cumplido con la entrega de su informe financiero de cuenta pública del primer semestre de 2012, y otros 19, con el del segundo semestre.
Hay 19 ayuntamientos que repiten el incumplimiento en ambos semestres de 2012: Acatepec, Ahuacuotzingo, Alpoyeca, Apaxtla, Atlamajalcingo, Atlixtac, Benito Juárez, Coahuayutla, Copalillo, Cuetzala, Cutzamala, Huamuxtitlán, Huitzuco, Malinaltepec, Marquelia, Mochitlán, Tecoanapa, Tlapehuala y Zapotitlán.
Respecto de la cuenta pública de 2013, el órgano fiscalizador indica que son 17 municipios los que no presentaron su informe en el segundo semestre; según el cuadro que presenta, se presume que todos los ayuntamientos cumplieron en el primer semestre.
Si se hace un recuento de los municipios que no han cumplido en dos años, éstos son Ahuacuotzingo, Atlamajalcingo y Marquelia.
Pero también hay municipios que aunque cumplieron, lo hicieron fuera del tiempo que establece la ley. Por ejemplo, en el primer semestre de 2012, un total de 46 municipios estuvieron en esta situación, y en el segundo semestre, 45 municipios.
Respecto de 2013, 30 municipios no cumplieron en tiempo con su informe de cuenta pública en el primer semestre, y 33 en el segundo.
Éstas son sólo algunas de las irregularidades que los órganos normativos y de fiscalización tienen en sus registros. Detrás de éstas, sin duda hay una gran corrupción que no vemos, pero que se palpa en la ineficacia y el desgobierno de los ayuntamientos de Guerrero.
