martes, 23 de mayo de 2017

Nuevo freno a la transparencia

Publicado en El Sur de Acapulco
El consejo nacional del sistema nacional del sistema nacional de transparencia nuevamente sacó de la chistera un acuerdo para postergar hasta el 31 de diciembre de 2017 la obligación de las dependencias y organismos públicos de dar a conocer su información de oficio en la plataforma nacional de transparencia o en sus portales electrónicos.
Es la segunda ocasión que sucede, porque meses antes, los integrantes de este consejo nacional dieron “oportunidad” a los sujetos obligados de todo el país para que prepararan su información y la subieran a la plataforma, mediante la ampliación del plazo del 4 de noviembre de 2016 al 4 de mayo de 2017.
Estas decisiones ponen en entredicho la seriedad del trabajo que realiza el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y alimentan las especulaciones sobre la eficacia de sus actividades y la turbiedad con la que se ha manejado la contratación de los servicios con los que se puso en marcha la plataforma nacional de transparencia, ya que se le achacan graves deficiencias que han impedido el pleno funcionamiento de la plataforma.
En Guerrero estas medidas tienen efectos negativos. El estado no se caracteriza por la transparencia de sus dependencias y en la mayoría de los casos se requiere de medidas coercitivas para el cumplimiento de los estándares mínimos.
Hoy, al no haber sanciones para quienes incumplan con la publicación de su información obligatoria, no sólo se posterga el ejercicio pleno de este derecho a los ciudadanos, sino que también los 81 municipios y la LXI Legislatura del Congreso del estado, que concluyen sus periodos en el segundo tercio de 2018, ya pueden respirar tranquilos porque a ellos prácticamente no les tocará ser señaldados ni sancionados por su opacidad. Sólo tendrán que lidiar con las obligaciones de transparencia durante nueve meses.
Dos prórrogas
El Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot) es el módulo de la plataforma nacional de transparencia “a través del cual, los ciudadanos podrán realizar la consulta de la información pública de los sujetos obligados de cada una de las entidades federativas y de la Federación, establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en cada una de las leyes locales en la materia”.
Para que el sistema funcione, cada dependencia u organismo público del país debe cumplir con sus obligaciones de transparencia, o como también se le conoce, con su información pública de oficio, es decir, aquella que los sujetos obligados deben poner a disposición del público y mantener actualizada, sin que para ello medie una solicitud de acceso.
Pero esta obligación se ha atorado en dos ocasiones, y los argumentos de la entidad responsable de ponerla a funcionar: el consejo nacional del sistema nacional de transparencia, son muy endebles. Este consejo es presidido por el INAI, y lo integran además representantes de todos los organismos de transparencia de los estados, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI.
En la primera ocasión, el consejo nacional, según un boletín de prensa del INAI, “aprobó, por unanimidad, ampliar el plazo, hasta el 4 de mayo de 2017,  para que los Sujetos Obligados de los ámbitos federal, estatal y municipal  incorporen a sus portales de internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la información que por disposición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, están obligados a difundir”.
De acuerdo con la entonces consejera presidenta del INAI, Ximena Puente, la decisión se tomó considerando factores como  el aumento en la cantidad y calidad de las obligaciones a publicar; la elaboración y verificación de tablas de aplicabilidad; la organización de los archivos de los Sujetos Obligados; la información dispersa en diversas áreas; los sujetos concentradores de información; la entrega y configuración de gran cantidad de claves para la carga de información; la capacitación para esta nueva realidad normativa; así como los cambios de gobierno, que son constantes en diversas entidades federativas, según el boletín del INAI. (ver Monitor de Guerrero del 8 de noviembre de 2016).
La segunda prórroga se concretó un día antes de que feneciera el plazo, es decir, el 3 de mayo de 2017, cuando los integrantes del consejo nacional tomaron un acuerdo mediante el que, de manera velada, dieron un nuevo plazo para que las dependencias subieran su información de oficio hasta el 31 de diciembre de 2017. Aunque el consejo nacional no manejó abiertamente esta decisión como una ampliación del plazo, en los hechos sí lo es porque los órganos garantes estatales no podrán sancionar a los sujetos obligados omisos, y tampoco las denuncias ciudadanas presentadas por este incumplimiento podrán seguir su trámite normal, dejando en manos de los órganos garantes la posibilidad de aplicar sanciones.
El acuerdo tomado por el consejo nacional fue que los órganos garantes de los estados realicen “una primera verificación de carácter diagnóstica bajo la normatividad de verificación que ellos mismos determinen”.  Sin embargo, agregan que esta primera verificación “no tendrá, para los sujetos obligados, efectos vinculantes con lo establecido en el artículo 88 del Capítulo VI de la Ley General”, que en esencia significa que no podrán imponer las medidas de apremio o sanciones que establece la ley para los incumplidos.
La verificación, dice el acuerdo, se integra de dos fases: en la primera “se realizarán verificaciones para detectar áreas de oportunidad de cada sujeto obligado para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia (…), así como para realizar posibles ajustes y modificaciones a los Lineamientos Generales y los criterios respectivos por parte del Sistema Nacional de Transparencia. En una segunda fase, las revisiones a los portales tendrán como propósito dar seguimiento a la atención de las recomendaciones emitidas en la primera fase y al cumplimiento de las obligaciones de transparencia”.
El documento del consejo nacional también indica que el periodo para realizar la primera fase de las verificaciones diagnósticas será del 8 de mayo al 14 de agosto de 2017; mientras que la segunda fase se realizarán “del 15 de agosto de 2017 hasta el último día hábil de 2017 de cada organismo garante, de acuerdo a su respectivo calendario”.
Aunque el acuerdo del consejo nacional se disfrace de verificación diagnóstica, en los hechos es una nueva prórroga a los sujetos obligados para que cumplan con sus obligaciones de transparencia. En esencia es un nuevo freno a la transparencia. 
En el caso de las denuncias ciudadanas, el acuerdo deja a criterio de los órganos garantes de los estados la posibilidad de aplicar sanciones. “Las denuncias que se presenten por los particulares durante este periodo (…), se admitirán y acumularán para formar parte de la verificación diagnóstica. Lo anterior sin detrimento de lo que puedan acordar adicionalmente los órganos garantes de las entidades federativas, en cumplimiento a las legislaciones locales”.
Las sospechas
Alberto Morales, reportero del Universal, publicó hace unas semanas el resultado de una investigación acerca de las fallas en la plataforma nacional de transparencia. Menciona que desde septiembre de 2016, ese periódico “ha documentado los errores y omisiones en el módulo de solicitudes de información” las cuales fueron resueltas por el INAI. Sin embargo, añade el reportero, “el 5 de marzo pasado, este diario dio a conocer que ahora las deficiencias y fallas de la herramienta tecnológica se presentaron en el módulo del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia”.
Como respuesta a una solicitud de información ante el INAI, Morales escribe que de mayo de 2016 al 29 de marzo de 2017, “el instituto ha recibido 657 requerimientos para pedir soporte técnico relacionado al funcionamiento de la misma” y éstos pueden clasificarse en cuatro rubros: problemas de operación de la plataforma nacional; falta de capacitación en la operación; problemas de los web service; y problemas de infraestructura de los órganos garantes y los sujetos obligados.
Por su parte, María Marván Laborde, ex consejera del entonces IFAI criticó acremente las fallas en la operación de la plataforma nacional de transparencia y afirmó que “no pasó la prueba de fuego y es un fracaso, porque no sirve para cumplir con los compromisos de transparentar la información de todos los sujetos obligados del país”, de acuerdo con la entrevista que le realizó Francisco Nieto del periódico El Heraldo.
Agregó la también académica de la UNAM que la prórroga no es una concesión a las dependencias y organismos públicos, sino que representa el fracaso de esta plataforma mal hecha.
La prórroga en realidad es porque la plataforma no funciona. No es una concesión a los sujetos obligados, es más bien un problema de la plataforma: estuvo mal hecha desde su concepción, no funciona y además es carísima, dijo Marván Laborde al comunicador de El Heraldo.
Agregó que “además, tampoco nos terminan de decir con claridad cuál es el problema entre lo que pidió el INAI y lo que entregaron los proveedores, pero evidentemente ahí hay un problema y una responsabilidad que alguien debe de asumir.
La idea original de la plataforma nacional de transparencia era que a partir del 4 de mayo de 2017 se conociera y se evaluara la información pública de los sujetos obligados, para que luego iniciara un proceso de sanciones por incumplimiento, sin embargo, los mexicanos deberán esperar para conocer esta información para el próximo año, concluyó la académica en la entrvista con Francisco Nieto.
Preocupación en Guerrero
Independientemente de que posiblemente no habrá sanciones a los sujetos obligados hasta 2018, el panorama en Guerrero no es nada alentador, pues es bajísimo el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las dependencias y organismos públicos, y esto augura que ni con la prórroga estarán en condiciones de cumplir con esta exigencia.
Para dar una idea del nivel que ocupa Guerrero en el plano nacional, un reporte del INAI denominado “Carga de información en el Sipot por formatos de los estados y la federación”, con fecha de corte al 5 de mayo, indicó que todos los sujetos obligados del estado en conjunto apenas tenían cargados 138 mil 622 formatos.
Esos datos colocan a Guerrero en el lugar 24, delante de Nuevo León, Chiapas, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí, Colima, Michoacán y el Estado de México, que han cargado menos formatos que Guerrero.
Sin embargo, hay seis entidades que destacan porque al 5 de mayo tenían cargados más de un millón de formatos en la plataforma nacional de transparencia, destacando entre ellos Jalisco, con 10 millones 142 mil formatos, y Zacatecas, con 3 millones 338 mil. El resto de este grupo son Durango, Coahuila, Sinaloa y Veracruz.
En el plano interno, de acuerdo con datos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero, en la entidad se tiene un padrón de 208 sujetos obligados. De éstos, sólo 164 están registrados en la plataforma nacional de transparencia, y los otros 44, es decir, 22.2 por ciento, tal vez ni siquiera saben que tienen obligaciones de transparencia. Por supuesto, gracias al acuerdo del consejo nacional, a éstos no se les aplicará ninguna multa, por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2017.
Entre los sujetos obligados que no están registrados se encuentran 14 ayuntamientos, cuatro organismos operadores de agua, siete sindicatos, un partido (del Trabajo), y siete juntas locales de conciliación y arbitraje.
Según las cifras del Itaigro, al 4 de mayo de 2017, sólo 111 sujetos obligados habían cargado información parcial a la plataforma, lo que equivale a 53.3 por ciento del total. Entre las dependencias que no han subido ninguna información a la plataforma nacional están 31 ayuntamientos, 16 oficinas del Ejecutivo estatal y tampoco lo han hecho el Congreso del Estado y la Universidad Autónoma de Guerrero. En el mismo caso se encuentran dos partidos políticos.

Lo anterior significa que no sólo los 111 sujetos obligados que parcialmente han subido información a la plataforma mercen una sanción, sino también el resto que no lo ha hecho y aquellos que ni siquiera están registrados. Por lo pronto están salvados, a menos que el Itaigro diga lo contrario.

martes, 9 de mayo de 2017

Mediano, el avance del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción

Publicado en El Sur de Acapulco
A 13 meses de que entró en vigor el programa de ética, transparencia y combate a la corrupción del estado de Guerrero, el balance es regular, ya que si bien se están cumpliendo compromisos para lograr la armonización de la legislación local a efecto de que la entidad sea parte de los sistemas nacionales de transparencia y de combate a la corrupción, en en algunos campos, como el de la transparencia de las adquisiciones y la obra pública -uno de los temas más delicados y sensibles para la opinión pública- no se ha informado ningún avance.  
El programa de ética, transparencia y combate a la corrupción , anunciado el 4 de abril de 2016, incluye cinco ejes principales: instrumentar las reformas necesarias en materia de transparencia, instaurar el sistema estatal anticorrupción, reordenar la administración de las finanzas públicas, fortalecer el control interno y transparentar las adquisiciones y la obra pública.
Los avances que aquí comentamos se sustentan en las respuestas que dio el gobierno del estado a una serie de solicitudes de información en torno a estos temas. Se requirieron, principalmente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental actas, informes y otros documentos que dieran cuenta de las actividades y el cumplimiento de objetivos en los cinco ejes.
Más allá de los avances, uno de los temas que más preocupan es cómo hacer para que dentro de las estructuras gubernamentales se modifiquen las conductas, decisiones, inercias y actitudes que durante muchos años propiciaron y hasta incentivaron la opacidad, la discrecionalidad y concentración de las decisiones, el patrimonialismo, y no pocas veces a la corrupción.
Hoy, con los sistemas nacionales de transparencia y combate a la corrupción se está construyendo un andamiaje institucional para que la gestión pública sea más eficiente y eficaz, transparente y que rinda cuentas, lo cual debe traducirse en un pleno ejercicio de derechos en diferentes renglones como salud y educación, servicios públicos básicos, alimentación, seguridad y otros derechos que pueden mejorar la calidad de vida de los guerrerenses.
Pero entre las preocupaciones también está la pregunta de si la sociedad civil está preparada para corresponsabilizarse dentro de esta cultura, pues este nuevo andamiaje institucional abre nuevas posibilidades a la ciudadanía en la toma de decisiones, y funcionará sólo en la medida en que esta sociedad exija, proponga y actúe. Díficilmente se lograrán los objetivos con una ciudadanía clientelar y propensa al paternalismo.
En esta entrega revisaremos los avances de los diferentes ejes que informó el gobierno del estado, a partir de respuestas a solicutudes de información.
Ley de transparencia
Uno de los compromisos del programa de ética fue el de “instaurar las reformas necesarias en materia de transparencia”. En este punto la tarea más urgente fue la de aprobar una ley estatal de transparencia, basada en las reformas constitucionales y la ley general en la materia; esto sucedió el 5 de mayo de 2016 y con ello se cumplió con ese compromiso normativo.
Sin embargo, quedan pendientes tareas tal vez más difíciles de cumplir. Por ejemplo, los poco más de 200 sujetos obligados del estado, entre los que se encuentran las 80 dependencias y entidades del Ejecutivo estatal, deben publicar toda la información gubernamental de oficio que exige la ley de transparencia, y para ello tuvieron un plazo que venció precisamente el 4 de mayo del presente año.
Sabemos que Guerrero es un estado donde tradicionalmente se ha omitido esta obligación, y auguramos que incluso con la nueva ley no será la excepción. Sin embargo, hoy es cada vez más estrecho el margen para no cumplir con esta exigencia, ya que además de las sanciones previstas en la norma, los ojos de la opinión pública nacional estarán vigilantes en todas las entidades federativas apara señalar a los omisos.
Por ser tan reciente el vencimiento del plazo para publicar la información de oficio, no existe todavía un diganóstico sobre el nivel de cumplimiento. En próximos días efectuaremos la revisión en la plataforma nacional de transparencia para corroborar que cumplan con la publicación de esta información. Por cierto, la nueva normatividad faculta a los ciudadanos a presentar denuncias ante el Itaigro, en caso de que los sujetos obligados no difundan el 100 por ciento de la infomación que establece la ley, y el órgano garante está obligado a aplicar las sanciones que correspondan. Es ésta una buena oportunidad para la participación ciudadana, pero es necesario que actúe.
Sistema estatal anticorrupción
En este tema hay varios puntos que comentar, entre ellos destaca la aprobación de una serie de reformas al texto constitucional del estado, con los cuales será posible la creación del sistema estatal anticorrupción. El Congreso del estado aprobó estos ajustes a la constitución el 9 de marzo de 2017, y quedan pendientes los cambios a las leyes secundarias, las cuales deberán estar finiquitados antes del 18 de julio, fecha límite que se estableció en la Constitución Política de los EUM para que todas las legislaturas en los estados modifiquen las leyes que se requieran.
Por cierto, hay que reconocer que el semáforo anticorrupción, diseñado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) y otros organismos, califica como muy satisfactoria la reforma constitucional aprobada por los legisladores de Guerrero.
Respecto de las reformas a las leyes sencundarias, el comité rector -organo que guía al programa de ética, transparencia y combate a la corrupción- propuso la creación de la Comisión Interinstitucional para la homologación de las leyes locales a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, publicándose el decreto que crea dicha comisión el 11 de octubre de 2016. Por tratarse de 10 leyes secundarias con varios temas, el comité rector del programa decidió organizar mesas de trabajo con representantes de varias instituciones, así como elaborar propuestas de ley antes de enviarlas al Congreso del estado para su aprobación.
De acuerdo con el acta de la sesión del comité rector correspondiente al 3 de abril de 2017, a esa fecha se contaba con proyectos de iniciativa de tres leyes que deberán ajustarse de acuerdo con el sistema estatal anticorrupción, y estaban por concluirse otras cinco iniciativas. Adicionalmente se instalaron siete mesas de trabajo para la armonización legislativa del sistema.
Quedan pues poco más de 60 días para que se sean presentadas y aprobadas varias leyes relacionadas con el sistema local anticorrupción.
Transparencia en adquisiciones
Uno de los temas más sensibles para la opinión pública es el de las adquisiciones gubernamentales y la obra pública, ya que se presume que ahí se esconden buena parte de los casos de corrupción con dinero público. Es un tema tan relevante para la ciudadanía que, por ejemplo, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, en sus dos periodos se inventó sendos consejos ciudadanos para “vigilar” este tipo de procesos, y, como ya se ha rvisado en este espacio, fueron un fiasco; evidentemente su propósito era hacer creer que había participación ciudadana en la vigilancia de los recursos.
Como uno de los ejes del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción, el actual gobernador, si bien no anunció la creación de otro consejo ciudadano, sí se comprometió a transparentar las adquisiciones y la obra pública. Creemos que difícilmente cumplirá con lo prometido. El año anterior solicitamos información sobre la adquisición de fertilizante por parte del gobierno del estado, y la Secretaría de Finanzas y Administración negó la información. Incluso hoy, a 18 meses de su gobierno y a un año del anuncio del programa de ética, se revisó la plataforma nacional de transparencia y el portal electrónico de esa dependencia, y no existe información sobre los resultados de ajudicación directa, invitación restringida y licitaciones de cualquier naturaleza del gobierno del estado; tampoco sobre la erogación de recursos por la contratación de servicios; no publica nada sobre el padrón de proveedores y contratistas ni respecto del informe de avances sobre las obras y servicios contratados. Toda la anterior es información pública obligatoria que debe estar publicada desde el 4 de mayo de 2017, de acuerdo con la ley 207 de transparencia del estado en su artículo 81. Pero están vacíos los casilleros.
En el acta del comité rector del 20 de febrero de 2017, precisamente en la sesión en que se le presentó al gobernador del estado un informe sobre los avances del programa de etica, en el eje de la transparencia de las adqusiciones y la obra pública, la información fue muy escueta y nada significativa: “En 2016 participamos [la Secretaría de la Contraloría] puntualmente en 313 procedimientos de contratación de adquisiciones, obras y servicios en los cuales hemos dado nuestra opinión con estricto apego a la Ley, y en 4 procedimientos en lo que va del año, éstos últimos se encuentran pendientes de fallo”.
También informaron como una de sus actividades la publicación de la Ley 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Inmuebles del estado de Guerrero.
Sin embargo, de la transparencia en los procesos de adquisiciones y obra pública ni una palabra han dicho, por lo que estimamos que éste será el talón de Aquiles del gobierno del estado.
Control interno
En el eje de control interno presentaron muchas actividades en la sesión del 20 de febrero de 2017 del comité rector, casi todas referentes a la capacitación de auditores y otras funcionarios en diversas materias como auditoría gubernamental, auditoría a resultados de programas, armonización contable, coordinación fiscal; asímismo, informan sobre los avances en la armonización de la información financiera de las dependencias públicas.
El informe también añade que se capacitaron 200 servidores públicos en el tema de Administración de Riesgos, y se elaboró un diagnóstico que permitirá “identificar las áreas de oportunidad e emplementar acciones de mejora” a partir de la elaboración de un cuestionario sobre control interno, que se aplicó a 22 dependencias del sector central. Adicionalmente se elaboró el modelo estatal de Marco integrado de control interno del gobierno del estado.
También destacan la revisión de los procesos vinculados con el uso y control interno de los recursos financieros y materiales de la Sefina, y también la revisión del manual de organización y el organograma de la dependencia, a efecto de ajustarlo a las necesidades de los nuevos lineamientos de contabilidad gubernamental, fiscalización, transparencia y anticorrupción.
Por cierto, respecto de uno de los cinco ejes rectores del programa, a saber, “reordenar la administración de las finanzas públicas”, ninguno de los documentos solicitados contiene información sobre los avances en ese tema.
Comité consultivo
El 4 de abril de 2016, Astudillo Flores también anunció la creación del comité consultivo para el seguimiento de los compromisos del programa de ética. Después de la convocatoria emitida el 1 de septiembre de 2016, el comité rector seleccionó a cinco aspirantes para integrar el comité consultivo, a quienes el gobernador tomó protesta el 17 de octubre de 2016. Pero fue hasta el 20 de febrero de 2017 cuando formalmente Oscar González Arcos, de Coparmex Chilpancingo, tomó protesta como presidente del organo ciudadano.

A la fecha, el comité consultivo no ha presentado ningún informe de sus actividades, obligación que deberá cumplir de manera trimestral. Sí presentó en cambio un plan de trabajo ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, que no contiene objetivos claros ni actividades para llegar a ellos, tampoco indicadores para medir su cumplimiento. Lo preocupante de esta situación no es que los integrantes del comité consultivo actúen o no de buena fe, sino que el proceso de construcción de los sistemas nacionales de transparencia y de combate a la corrupción continúa avanzando y ellos apenas comienzan a aprender, y ya tienen siete meses de que asumieron el cargo. Su plan de trabajo evidencia que no manejan los conceptos básicos (transparencia, rendición de cuentas y otros), ni tienen una idea clara sobre qué estrategias plantearse como consejo consultivo. Ojalá realmente tengan una posición crítica, propositiva y abierta y le subrayen al gobierno lo que no está haciendo bien.