Histórico triunfo de los usos y costumbres

El Sur de Acapulco

Sin ocupar las primeras planas de los diarios, hace unos días ocurrió un acontecimiento histórico en el municipio de Ayutla de los Libres. Las comunidades rurales y urbanas decidieron mayoritariamente que la elección de su gobierno municipal no será más por el sistema de partidos, sino por usos y costumbres.

La trascendencia de este hecho es por partida doble: la población de esa demarcación tendrá la oportunidad de elegir a sus autoridades municipales mediante mecanismos que pueden garantizar una mejor representación de sus intereses –lo que ya no sucede con el sistema de partidos-. La otra, es la puesta en práctica de un ejercicio ciudadano por excelencia: la consulta –equiparable a un referéndum o plebiscito- mediante el que se le dio poder a la gente para que tomara una decisión de gran importancia. Eso, ni en Guerrero ni en México sucede todos los días.

Sin embargo, hay una oposición férrea contra el sistema de elección de gobiernos por usos y costumbres. En la reciente consulta celebrada hace unos días en el municipio de Ayutla, para recoger la opinión de los habitantes sobre este asunto, se observaron de manera muy clara estrategias de todo tipo, puestas en marcha, ahora sí, coincidentemente, casi todos los partidos, unidos o cada uno por su lado, para que no fructificara la iniciativa de consulta a la ciudadanía.

Manuel Quintero Vázquez, asesor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG), una de las agrupaciones que promovió esta consulta, dijo hace unos días, según testimonio recogido por El Sur, que los simpatizantes del sistema de partidos echaron a andar su maquinaria y hubo “hasta marchas y perifoneo en las comunidades en las que les decían que votar por usos y costumbres era un retroceso de 500 años”.

También convenientemente dejaron correr el rumor de que si las y los ciudadanos optaban por esta forma de elección, les quitarían el presupuesto a los ayuntamientos y dejarían a la gente sin los programas sociales que usan para su sobrevivencia (Proagro, Prospera, Dif), “cuando eso no es verdad, el presupuesto y los programas van a seguir igual”, dijo.

Aclaró que la elección por usos y costumbres “es una forma diferente de elegir a nuestras autoridades, que es a través de la asamblea comunitaria y un ejemplo más eficaz y transparente”. Y agregó que a quienes no les conviene este modelo es a aquellos que siempre han tenido el poder.

En efecto, la elección por usos y costumbres es una manera de quitar el control de las decisiones importantes y los recursos de los municipios a los tradicionales políticos –que roban, desvían recursos, presionan, engañan, todo excepto invertir honesta y transparentemente en obras y servicios para el pueblo- que están incrustados en todos los partidos políticos.

El camino para que el propósito final de una elección por el sistema de usos y costumbres se cumpla no será fácil. Los partidistas buscarán reventar el proceso para que retorne un sistema basado en la elección por partidos políticos, que de origen no es malo, pero que se ha pervertido de diferentes maneras, como el clientelismo, entre las más extendidas. La desorganización de las comunidades y la incapacidad e inmadurez para llegar a acuerdos, son también factores latentes que pondrían en riesgo este valiosos resultado.

De cómo se resuelva este proceso, dependerá la credibilidad de los ejercicios ciudadanos como éste entre las y los guerrerenses. Es mucha gran responsabilidad la que se echaron a cuestas. 

Un resultado histórico

Posiblemente no se alcance a dimensionar lo que sucedió en Ayutla: los habitantes de 138 de este municipio votaron a favor de que las elecciones municipales sean por usos y costumbres, es decir, sin partidos políticos y bajo las reglas propias de las comunidades rurales e indígenas de la demarcación.

De acuerdo con los resultados publicados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, los ciudadanos y ciudadanas de Ayutla votaron mayoritariamente por la elección por usos y costumbres. http://www.iepcgro.mx/PDFs/PCiudadana/ResultadosConsulta.pdf Esta opción alcanzó 5,987 votos contra 5,521 personas que optaron por el sistema de partidos, que representan respectivamente 49.9 por ciento y 46 por ciento. La votación total alcanzó los 11,984 votos.

Cabe destacar que en 57 localidades y colonias (41.3 por ciento del total) la votación para el sistema de partidos fue de cero, y la gran mayoría fueron comunidades rurales. Esto tiene varias lecturas, la más obvia, es que hay un hartazgo por el actual sistema político y electoral mexicano, que fue repudiado en las zonas rurales del municipio. En contraparte, en 11 localidades, casi todas colonias de la cabecera municipal, no hubo votación para el sistema de usos y costumbres.

En el equilibrio de la votación –sólo 4.9 puntos de diferencia- fue fundamental la participación de las colonias de la cabecera municipal. Hubo colonias como La Villa, que aportaron 578 votos a la elección por el sistema de partidos, o como la colonia San Felipe, que logró 379 votos; otra colonia fue la Vicente Guerrero en donde votaron 236 personas por el sistema partidista. Sólo estas tres colonias aportaron el 10 por ciento de todos los votos emitidos en el municipio en favor del sistema de partidos.

Partidos enseñan el cobre

Los partidos políticos no acaban de digerir que no son bienvenidos en las comunidades. La agencia IRZA reportó su intención, excepto el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de impugnar el resultado de la consulta ciudadana de Ayutla. Esto sucedió durante una de las sesiones del consejo general del IEPC.

De acuerdo con esta fuente, el representante del Partido Nueva Alianza, Gerardo Robles Dávalos, afirmó que el líder de la UPOEG (Bruno Plácido Valerio) está equivocado si piensa que con esos resultados “ya podrá él designar quiénes serán presidentes, síndicos y regidores en 2018” y además “no están dadas las condiciones para que se utilicen los usos y costumbres en Ayutla”, afirmó el representante, y anunció que solicitarán al Congreso la nulidad de ese método de elección.
“La ambición de Bruno Plácido de querer convertirse en señor de horca y cuchillo para disponer de quienes serán las autoridades, está muy lejos, independientemente de que el sistema de partidos no haya logrado triunfar”, sostuvo.
Manuel Saavedra, representante del PRI, por su parte, solicitó copia certificada de las actas de asambleas informativas realizadas en el municipio de Ayutla, la lista de los ciudadanos que acudieron, actas de la jornada de consulta, lista de ciudadanos registrados en la consulta en colonias y comunidades y el acta de la sesión donde se aprobó el dictamen de la consulta.
Solo el representante de Morena, Rubén Cayetano García, respaldó la decisión y precisó que los partidos políticos podrán participar en la elección de diputados, gobernador y presidentes municipales, aun en poblaciones indígenas.

La experiencia fallida de San Luis Acatlán

Entre el 1 y el 12 de febrero de este año, se realizó una consulta similar en el municipio de San Luis Acatlán, en donde las personas que participaron votaron mayoritariamente por la persistencia del sistema de partidos. Esta consulta también fue organizada por el IEPC y promovida por la UPOEG.

Cabe recordar que el anterior consejo electoral –Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG)- y obviamente los representantes de partidos incluidos, habían desechado inicialmente la propuesta, en un intento por no dejar pasar la consulta ciudadana. De acuerdo con la Agencia Quadratín, que retoma un acta aprobada por los miembros del ex IEEG de marzo de 2014, su consejo general determinó la "inexistencia histórica y por lo tanto improcedente (de un sistema) normativo interno que se reconozca como válido y se utilice para regular los actos públicos de organización para la resolución de sus conflictos, así como para elección de sus autoridades municipales" en San Luis Acatlán.

Sin embargo, en un estudio que realizó el Centro de Investigaciones en Antropología Social (CIESAS), auspiciado por el ex IEEG se detectó que en el municipio de San Luis Acatlán sí están vigentes los sistemas normativos y la elección por usos y costumbres de sus autoridades, y aun así el IEEG optó por "no proceder a realizar la consulta a los ciudadanos de dicha comunidad, para determinar si se adopta la elección de sus autoridades conforme a normas, procedimientos, y prácticas tradicionales".

La organización social que encabeza el dirigente Bruno Plácido Valerio, recurrió entonces al tribunal electoral del poder judicial de la federación (Trife) para impugnar la decisión del consejo general del ex IEEG, y con su intervención, se repuso el proceso.

La consulta en San Luis Acatlán se llevó a cabo en febrero de 2015, pero los resultados indicaron que hubo poca participación en la consulta, pues sólo emitieron su opinión 2 mil 430 personas, que representan 9.7 por ciento de los electores del municipio. De este total, mil 556 corresponden a habitantes que votaron a favor del sistema electoral vía partidos políticos, 784 a favor de usos y costumbres y 90 abstenciones.

Sin duda, en los resultados influyeron los muchos interesados en que prevalezca el sistema de partidos, el tipo de información y el tamaño de la difusión que se le haya dado a la consulta, pero sobre todo el arraigo del clientelismo y el asistencialismo en las comunidades -a cuya población le han cortado sus iniciativas y propuestas a fuerza de playeras, tortas, gorras, láminas de cartón o promesas-, y sobre todo la descomposición del tejido social propiciado por los motivos anteriores y otros también contundentes como la presencia del  crimen organizado y los liderazgos comunitarios torcidos.

Fue muy lamentable, porque los pueblos de San Luis Acatlán, con una larga historia de lucha (ahí se asienta una de las casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria), no tendrán elección de sus autoridades municipales por usos y costumbres y deberán continuar con el sistema de partidos, tan lejanos de las necesidades de la gente.

Usos y costumbres en Oaxaca

Oaxaca es el referente nacional para las elecciones de usos y costumbres. Hace 20 años, no sin librar importantes luchas por los pueblos originarios oaxaqueños, se reconocieron los “usos y costumbres” en la organización política de los municipios, y en 1998 se promulgó la Ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca. Hoy 418 de los 570 municipios del estado se rigen por la forma tradicional de organización política de usos y costumbres.

En la sierra Norte de Oaxaca se localiza el municipio de Capulalpam de Méndez; ahí los pobladores mantienen un sistema de elección de sus autoridades municipales por usos y costumbres.

A diferencia de lo que sucede en Guerrero, en donde los alcaldes se convierten en reyecitos de tres años, en Capulalpam y en muchos otros municipios de Oaxaca, la gente elige a sus gobernantes mediante asambleas. Pero no hay divorcio entre gobernantes y gobernados, quienes son electos siguen puntualmente los mandatos de la población, es más, usualmente existe un Consejo de Ciudadanos que está por encima del alcalde y demás autoridades y les dictan las acciones y políticas que deben seguir, en representación del conjunto de la población. De hecho, las autoridades municipales forman parte del sistema de cargos de la comunidad; los electos no reciben salario, aunque la población los apoya para la manutención de ellos y sus familias, mientras están en el cargo.

Los resultados de este sistema, conjuntamente con otras condiciones, están a la vista: calles limpias (no por la eficiencia del servicio de limpia, sino por la concientización de la gente), obras públicas pertinentes y construidas con transparencia, una trazo urbano bastante racional y estético, asambleísmo constante, participación activa de la población en la resolución de sus problemas. Con un tejido social bien fortalecido como el de los municipios de esta región de la Sierra –territorio similar al de la sierra de Guerrero, pero sin el problema de la siembra de enervantes-, el crimen organizado no ha logrado penetrar y se palpa en la vida cotidiana de la gente, que se siente segura en sus comunidades.

Este tipo de gobiernos del pueblo son más factibles en las comunidades indígenas. Su nivel de organización y el esquema de gobernanza les ha permitido también avanzar en el uso, conservación y aprovechamiento de sus recursos naturales, principalmente el bosque. Mediante diversos proyectos económicos, han logrado obtener recursos financieros para la comunidad, además de empleos para muchos de los pobladores.

Así pues, las y los habitantes de Ayutla pueden convertirse en un referente en el estado sobre cómo gobernar un municipio, sin duda, una gran responsabilidad, pero que es factible con mucha organización.

El saqueo en los tiempos de entrega-recepción

El Sur de Acapulco

Es lamentable lo que sucede en el estado. Con el pretexto del cambio de administraciones en los municipios, cada tres años hay un saqueo impresionante de bienes públicos en los ayuntamientos, y nadie pone un freno. Las noticias de las últimas semanas dan cuenta de salarios no pagados, deudas millonarias con proveedores y con bancos, aguinaldos no cubiertos, obras no realizadas, oficinas saqueadas, compromisos institucionales no cumplidos… Es una práctica, totalmente ilegal, que ya se hizo costumbre, con graves afectaciones al erario, y esto sucede a los ojos de todos, en un estado donde los niveles de pobreza de la población son muy altos.
Aunque en tiempos electorales se autopresentan como candidatos diferentes, en el ejercicio de gobierno y sobre todo en la parte final de su gestión, casi todos los alcaldes y alcaldesas terminan saqueando los recursos públicos; es un rasgo que al final, en los últimos años, los hace iguales.
Hace tres años, en este mismo espacio, nos referimos a esta práctica casi en idénticos términos: “A unos días de concluir su encargo, las administraciones de la mayoría de los ayuntamientos de Guerrero dejaron como saldo un desastre financiero que se manifiesta en escasa obra pública, servicios de pésima calidad, entrega de fertilizante adulterado y de manera parcial, deuda pública y nulo combate a la pobreza. Esta herencia que dejan los gobiernos municipales actuales reducirá el espacio de maniobra a los ayuntamientos entrantes, pues las arcas públicas estarán vacías o con insuficientes recursos para la operación regular de los ayuntamientos”.
Pero nada cambió, ni el Congreso del estado ni los órganos de control y fiscalización estatales, ni el gobierno del estado, tampoco desde la federación se preocuparon por controlar y castigar el robo de recursos públicos en los ayuntamientos. Por esta omisión e inacción, hoy continúa la depredación.
Los procesos de entrega–recepción de las administraciones se presentan como un mecanismo de control que disminuye o evita el saqueo, pero realmente son sólo actos de simulación. Hay diferentes normas que regulan estos procesos, como la Ley de entrega-recepción de las administraciones públicas del estado y municipios de Guerrero, la Ley orgánica del municipio libre del estado, la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado y de los municipios, y la Ley de fiscalización superior del estado.
También hay dependencias específicas que vigilan los procesos de entrega-recepción, entre ellas, las contralorías internas, la Auditoría General del Estado y la Contraloría General del gobierno del estado. Pero ni las leyes ni la vigilancia institucional han impedido que los alcaldes dejen las arcas vacías.
Hemos visto en las últimas semanas una película repetida: gobernantes salientes firmando acuerdos de entrega-recepción con los electos y tomándose fotos, sonrientes, saludándose y hasta abrazados. Son imágenes que ellos mismos o los órganos de fiscalización o control se encargan de reproducir.
Pero apenas se dan la vuelta, los electos despotrican por las condiciones en que sus antecesores dejaron la administración, los acusan de todo, que se llevaron hasta las macetas, pero nunca presentan una denuncia ni solicitan castigo para los depredadores ante ninguna instancia.
Un ejemplo es el del ayuntamiento de Acapulco, donde el presidente municipal electo, Evodio Velázquez Aguirre, firmó el acta de entrega-recepción de la Administración Pública Municipal, y hasta reconoció la disposición y atención que mostró el alcalde saliente, Luis Uruñuela Fey y su equipo de trabajo, para que concluyera con éxito el proceso de entrega–recepción iniciado desde agosto de 2015. Incluso atiborró el lugar del acto con personajes de la política local y nacional, como testigos de la transición.
Sin embargo, días después, el propio alcalde se quejó de que “no tenemos los recursos para el aguinaldo en este momento; tenemos que estar trabajando a marchas forzadas para ello. Ya se hizo el análisis, no hay recursos suficientes, en este momento tenemos que trabajar con mucha responsabilidad”.
También el secretario de Administración y Finanzas del nuevo gobierno de Acapulco, Merced Baldovino Diego, salió a denunciar irregularidades en el ayuntamiento, poco después de la firma de entrega–recepción con las autoridades salientes. Por cierto, el secretario Baldovino que hoy denuncia, hace dos trienios fue presidente municipal de Coyuca de Benítez, y al concluir su periodo fue acusado por Ramiro Ávila Morales, presidente electo para el periodo 2012-2015, precisamente por saquear ese Ayuntamiento, pues dejó una situación financiera preocupante, y ejemplificó en aquella ocasión que había una deuda con la Comisión Federal de Electricidad de dos millones de pesos, que afectó severamente los servicios de agua potable y alumbrado públicos. Es una historia que se repite, en donde los acusadores de hoy serán acusados al concluir el trienio.
¿A quién le tocará denunciar por saqueo a Evodio Velázquez Aguirre y al resto de los actuales alcaldes guerrerenses?

Ayuntamientos, una calamidad

En este momento, los alcaldes entrantes no tienen dinero, muchos ni para pagar a los empleados ni el agua ni la luz. Si quieren operar, deberán solicitar préstamos, créditos, que les permitan costear las necesidades básicas de los próximos tres meses; la otra opción es mantenerse pasivos, es decir, entraron debiendo, con déficit. La población pagará, sin deberla, la paralización o disminución de las funciones de los ayuntamientos, aun cuando en enero de 2015, en los programas operativos de todos ellos, había dinero público programado para gastarse a lo largo de todo el año.
Aun con esta situación, ningún alcalde denunciará penalmente a sus antecesores porque ellos, dentro de tres años, también piensan hacer lo mismo; o porque saben que si denuncian, serían molestados, presionados o boicoteados por un sistema de complicidades que no perdona un desliz de este tipo. En estas circunstancias, la honestidad es castigada.
Pero las transiciones no concluyen con los saqueos. Desde hace muchos años hay una práctica muy común que se repite cada trienio y tiene que ver con el personal de nuevo ingreso y los que todavía permanecen del trienio anterior.
Cada ayuntamiento engrosa, a veces desmesuradamente, la nómina, a efecto de cumplir los compromisos políticos y de campaña. No es extraño que en estos días se negocien puestos de trabajo, y si no existen en la estructura municipal, se crean con tal de dar a acomodo a los amigos del compadre político. Es un proceso natural de las nuevas administraciones, pero deja de serlo cuando el crecimiento del concepto de servicios personales es desproporcionado en detrimento del gasto destinado a inversión y a programas sociales; no es lo que espera la población que votó por ellos.
La otra situación grave es al comenzar cada gestión municipal: los empleados de confianza del alcalde saliente demandan laboralmente al ayuntamiento por “despido injustificado”, ya que los nuevos alcaldes incorporan a las nóminas a nuevas personas, y tienen que prescindir de personal de confianza de los anteriores. Y es ahí donde entra la demanda.
Hay casos surrealistas en los que empleados que demandaron a un Ayuntamiento, luego de tres años son incorporados nuevamente al mismo gobierno municipal, sin que haya concluido el proceso de demanda.
Así sucedió recientemente en Iguala, donde El Sur reseña que el alcalde electo, Esteban Albarrán Mendoza, “integró a su equipo de entrega-recepción a ex funcionarios del gobierno de Raúl Tovar Tavera, que tienen demandado al Ayuntamiento y que tienen laudos condenatorios, como el ex tesorero Jesús Romero Valle, que tiene una sentencia a su favor por más de dos millones 800 mil pesos”. O como Benito García Jiménez que “demandó al Ayuntamiento en el segundo gobierno de Lázaro Mazón Alonso y tiene a su favor un laudo de más de un millón 300 mil pesos”.
De acuerdo con información del portal Digital Guerrero, 80 ayuntamientos guerrerenses enfrentan actualmente demandas laborales, sólo el gobierno municipal de Tlalixtaquilla está exento de este tipo de conflictos de trabajo; los ayuntamientos que más demandas tienen son Acapulco, con al menos mil 600 demandas por un monto de 4,000 millones de pesos; Zihuatanejo, con 370 demandas; Taxco (350); Atoyac de Álvarez (302); Iguala (192); Ometepec (178); Petatlán (161); Coyuca de Benítez (144); Tixtla (133); Chilpancingo (115); Pungarabato (114),  y Tecpan de Galeana con 112 demandas laborales.
El abogado José Luis Gallegos Peralta, citado por la publicación, comentó que “es inmoral que sean precisamente los funcionarios municipales de primer nivel quienes encabezan la lista de demandantes ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Cada vez que inicia un nuevo Ayuntamiento lo hace de forma equivocada, porque el alcalde expide nombramientos sin definir claramente el tiempo que estará al frente de una dependencia”.
Al abogado agregó que “muchas de esas demandas que hoy en día ya las perdieron los ayuntamientos, hasta parece que lo hicieron a propósito por la forma en que no fueron atendidas por los responsables jurídicos que tienen las comunas”.

Testimonios

La prensa está plagada de ejemplos del saqueo. Por ejemplo, el presidente municipal de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, aseguró que el Ayuntamiento donde fue electo no pagará a los trabajadores que dejaron de cobrar la quincena del 15 al 30 de septiembre de 2015 y la parte proporcional del aguinaldo. Explicó que el dinero “se lo llevó” el ex alcalde Rey Hilario Serrano y no se sabe qué se hizo con él. Se disculpó: “No tengo yo la manera de pagarles, les debió de pagar el presidente, porque ese dinero salió el 24 de septiembre, les debió de pagar el anterior, yo no tengo por qué hacerlo”.
Como respuesta, cerca de 200 ex trabajadores, a los que no les pagaron la segunda quincena de septiembre ni la parte proporcional del aguinaldo, y que no están conformes con su liquidación, amagaron con tomar el edificio del Ayuntamiento.
Por otro lado, en Zihuatanejo el alcalde Gustavo García Bello aseguró que encontró las arcas municipales vacías, “están agotados los recursos que se presupuestan en el año… estamos en ese proceso para etiquetar recursos que nos permitan hacer la obra pública que se tiene que hacer en Zihuatanejo”, de acuerdo con la información de la corresponsal del diario El Sur en ese municipio.
El presidente municipal de Marquelia, Arturo González Gatica, informó que pidió un préstamo destinado a pagar la segunda quincena de septiembre a los policías municipales, de tránsito y protección civil, pero omitió decir el monto de los recursos y ante qué institución solicitó el préstamo. Con este dinero, comentó, se pagarían los salarios de los trabajadores que cerraron el palacio municipal los días 23 al 29 de septiembre de 2015. En la protesta participaron 28 policías municipales, diez agentes de Tránsito y ocho trabajadores de Protección Civil, quienes demandaron garantizar el pago de 2 mil 500 pesos de la segunda quincena de septiembre y el pago del aguinaldo correspondiente a nueve meses.
En la Costa Chica, un grupo de policías municipales tomaron el palacio municipal de Azoyú por tiempo indefinido, para demandar el pago de la segunda quincena de septiembre y la parte proporcional del aguinaldo. La alcaldesa Leticia Bautista Vargas, quien despacha en su casa, dijo que les pagaría “hasta que llegue el dinero”.
En Taxco, la regidora Thalía Rodríguez Rodríguez denunció que recibieron un Ayuntamiento con finanzas municipales “no muy buenas, lo mismo que en deudas y mobiliario de las distintas oficinas, lo que pone a los nuevos servidores públicos en una situación complicada para poder trabajar inmediatamente”. Abundó no obstante que entre “todos vamos a sacar adelante la administración y solventar todos los compromisos, tomando medidas para pagar deudas como las heredadas en Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México”.
Todo esto sucede en los ayuntamientos, no obstante que en sus portales electrónicos, la Auditoría General del Estado, la Contraloría General del gobierno del estado de Guerrero, los gobernadores en funciones y electo del estado y otras dependencias difunden notas y fotos destacando su presencia en los actos de entrega-recepción. Pero ni así se detuvo el saqueo municipal.
Sólo hay que aplicar la ley, no se requieren más normas para evitar la corrupción en los relevos de alcaldes. Pero Guerrero está lleno de impunidad y no se auguran cambios relevantes, sólo cosméticos.