martes, 21 de noviembre de 2017

Funcionarios inhabilitados de Guerrero

Publicado en el Sur de Acapulco
De 2008 a 2015, la Auditoría General del Estado de Guerrero inhabilitó a un total de 154 servidores públicos de diferentes ayuntamientos de la entidad. Destacan en el registro, por el número de funcionarios sancionados, Atlamajalcingo, con 14 servidores inhabilitados en el periodo, Zapotitlán Tablas y Copalillo, con diez cada uno; Atlixtac, que tiene nueve sancionados, y los ayuntamientos de Ajuchitlán, Ahuacuotzingo, Coyuca de Catalán y Pedro Ascencio Alquisiras, con cinco.
Los funcionarios inhabilitados son ex presidentes municipales, ex síndicos, ex tesoreros y ex directores de obras públicas. Los motivos por los que recibieron la sanción fueron el incumplimiento en la entrega de informes financieros cuatrimestrales, semestrales o la cuenta pública anual, que de acuerdo con la ley de fiscalización tienen la obligación de entregar en tiempo y forma.
En esta segunda parte nos referiremos a los resultados del control y la fiscalización que se ha realizado en los últimos años en Guerrero, a propósito de que ya está en puerta el sistema estatal anticorrupción que entrará en vigor en 2018 y modificará de manera importante el trabajo tanto de la Auditoria Superior del Estado -como se denominará a la AGE a partir del 1 de enero- como de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno del estado (SCTG).
La información que se presenta en esta edición se deriva de las respuestas de estas dos dependencias a solicitudes de información presentadas a finales de agosto de 2017; también de la revisión de sus portales electrónicos, así como de revisiones a distintos periódicos que en su momento publicaron información sobre los funcionarios sancionados.
De acuerdo con los datos de la AGE, actualmente hay 10 funcionarios municipales inhabilitados por periodos que van de los 3 años y tres meses a cinco años y seis meses. Destacan, entre los inhabilitados, los ex presidentes municipales de Taxco, Abraham Ponce Guadarrama; Tetipac, Serafín Ayala Ramos; y Pedro Ascencio Alquisiras, Eustorgio Sánchez Beltrán. Cabe mencionar que de estos mismos municipios también fueron inhabilitados el síndico y los tesoreros, y en el caso de Pedro Ascencio Alquisiras, el secretario de obras públicas.
Los motivos por los que fueron sancionados son “daños ocasionados a la hacienda pública municipal” en los ejercicios 2003 y 2009. Algunos recién cumplieron su periodo de inhabilitación y otros lo harán en 2018, ya que sus sanciones se emitieron en 2013 y 2014.
Asimismo, el órgano fiscalizador estatal registra un total de 14 denuncias penales en contra de funcionarios municipales y de organismos públicos descentralizados paramuniciales, por el delito de “ejercicio indebido del servicio público, peculado y lo que resulte”, de los ejercicios 2013 a 2016. No identifica a los municipios ni a los servidores públicos porque las denuncias están en proceso.
Respecto de las medidas de apremio, del ejercicio fiscal 2014, la AGE emitió multas a 57 funcionarios de 19 ayuntamientos porque incumplieron con el requerimiento de información para la presentación del informe financiero semestral julio-diciembre y cuenta pública del ejercicio fiscal 2014. En este caso sí identifica a los ayuntamientos, pero no los nombres de los funcionarios multados.
En el periodo enero-septiembre del ejercicio 2015, fueron 28 los funcionarios multados de 14 municipios; en tanto que de octubre a diciembre del mismo año, es decir, de las administraciones municipales actuales, se multaron a presidentes y tesoreros de los ayuntamientos de Alpoyeca, Eduardo Neri, Pungarabato y Tlalchapa, también por incumplimiento en los requerimientos de información del órgano fiscalizador.
En el caso del ejercicio fiscal 2016, sólo se registran multas al presidente y tesorero del ayuntamiento de Leonardo Bravo, al director general de los Servicios Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de Tixtla, y al director general del Instituto del Deporte de Guerrero.
En materia de procedimientos para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria, la AGE tiene 16 expedientes abiertos, los más antiguos datan del ejercicio 2003. Por ejemplo, de ese año se tienen cinco procedimientos de “Indemnización solidaria resarcitoria” a ex presidentes, ex síndicos y ex tesoreros de los ayuntamientos de Heliodoro Castillo (4.2 millones de pesos), Azoyú (1.8 millones), Cuetzala (820 mil), San Marcos (398 mil) y Petatlán (103 mil pesos)
En 2004, por el mismo concepto, se emitieron sanciones en contra de seis ex funcionarios de los ayuntamientos de Huamuxtitlán para resarcir 1.7 millones de pesos, y Tlalchapa (201 mil pesos).
Finalmente, de la cuenta pública de 2009 se expidieron procedimientos resarcitorios en contra de 34 funcionarios municipales de nueve ayuntamientos; destacan Alpoyeca, cuyos servidores deberán resarcir 440 mil pesos; Huitzuco, con 267 mil pesos, Cochoapa, 232 mil y Mochitlán, que deberá cubrir 110 mil pesos.

Gobierno del estado
La Secretaría de la Función Pública publica los registros de personas inhabilitadas por los gobiernos de los estados a través de sus contralorías locales. En el caso de Guerrero, la dependencia federal despliega 17 registros de inhabilitaciones, todavía vigentes, correspondientes a 16 servidores públicos, que van de septiembre de 2008 a junio de 2014, la mayoría con sanciones que consisten en la prohibición para ocupar puestos públicos en un lapso de 10 años. De acuerdo con estos registros, el motivo es la “negligencia administrativa”, sin que se explique con detalle a qué se refieren con ese concepto.
Esta base de datos de la SFP no coincide del todo con el reporte de funcionarios inhabilitados del gobierno del estado, el cual se pidió mediante la solicitud de información folio 00501517 a la SCTG, y que cuenta con nueve registros. Sólo hay siete servidores públicos que coinciden en las publicaciones de ambas dependencias.
La ex subdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, Clara Judith González Fagoaga fue inhabilitada para ocupar cargos en la administración pública hasta 2024. De acuerdo con el seguimiento que hicimos en la prensa –ya que ni la contraloría estatal ni la SFP abundan sobre el tema– quien fue funcionaria en la gestión de Zeferino Torreblanca Galindo fue acusada de otorgar compensaciones discrecionales (bonos) y recursos de fin de año a funcionarios públicos con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) “sin que existiera sustento normativo que lo autorice”.
Otra ex funcionaria de la Secretaría de Salud es Brenda Ivonne Morales Benítez, que se desempeñaba como subdirectora de Recursos Financieros; es la única que aparece con dos expedientes, y también permanecerá inhabilitada hasta 2024. Según las notas de prensa, la funcionaria solicitó recursos para entregarlos de manera irregular a servidores públicos “con cargo a los recursos de cuota social para vigilancia, lavandería, limpieza, higiene y fumigación en lugares distintos a las unidades médicas”. A la misma funcionaria se le señala, en el Pliego de Observaciones R341/2012, de que autorizó el desvío de recursos del Seguro Popular para las aportaciones patronales de seguridad social (aportaciones al ISSSTE), por 13 millones 835 mil 660.67 pesos, de enero a diciembre del 2010.
Otro ex funcionario que aparece en los registros de la SCTG y de la SPF es Ramón Sotres Núñez, ex director del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano del gobierno del estado, está inhabilitado por 10 años y su sanción vence en 2020. Por cierto, de acuerdo con denuncias publicadas en la prensa, Sotres Núñez previamente enfrentaba procedimientos administrativos disciplinarios antes de llegar al Invisur, derivados de irregularidades en su paso por la delegación Gustavo A. Madero en la ciudad de México. El titular del Invisur fue destituido a mediados de 2009, luego de que alcaldes de varios ayuntamientos denunciaron malos manejos de los recursos que envió el gobierno federal para el Programa de Mejoramiento de Vivienda.
Los registros federal y estatal de sancionados también incluyen a Víctor Efigenio Marroquín Cristóbal, inhabilitado por diez años en 2008, por lo que está a punto de concluir su sanción. De este ex servidor público se sabe que en febrero de 2015 asumió la diputación federal, por el distrito federal 07 de Chilpancingo, ante la renuncia del Jorge Salgado Parra. Es decir, asumió un cargo de elección popular estando inhabilitado para ocupar puestos en la administración pública, y aunque la ley no lo impide, su proceder no se ajusta a la ética de la función pública que tanto se pregona. Marroquín Cristóbal era coordinador de Enlace entre la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la de Administración y Finanzas del gobierno del estado (Sefina).
Otros ex funcionarios son Luis Manzanedo Figueroa, quien desde 2010 cumple un periodo de inhabilitación por diez años, pero se desempeñó como director de planeación en la administración de Luis Walton Aburto. María Hortensia Galeana Ortiz, ex jefa de departamento en la dirección general de administración y desarrollo de personal de la Sefina, con una inhabilitación de diez años, que concluye también en el 2018. Por cierto, a esta ex servidora pública también se le abrió un expediente de carácter penal ante la entonces Procuraduría General de Justicia del estado por el desvío de ocho millones de pesos.
Asimismo, aparecen en el registro de sancionados Juan Carlos Estrada Reyes, ex director general del DIF-Guerrero, inhabilitado con seis años y seis meses, y Octavio López Gómez, ex director de Administración y Finanzas de la misma dependencia, con el mismo lapso de sanción.
Otros ex servidores públicos inhabilitados son Ricardo Ernesto Cabrera Morín, ex titular de la Sefina, con una inhabilitación de tres años; por cierto, aun con la sanción, Cabrera Morín fue nombrado subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social. También José Imer  Moreno López, ex titular de la agencia fiscal de la Sefina, sobre quien pesa una sanción de ocho años de inhabilitación.

Inhabilitados municipales
Entre los inhabilitados que difunde la SFP hay cinco ex servidores públicos municipales, a saber: Genaro Vázquez Solís -hijo del ex guerrillero Genaro Vázquez Rojas-, sancionado por no comprobar recursos del ayuntamiento de San Luis Acatlán; por el mismo motivo, Antonio Vidulfo Morales Iglesias, ex alcalde de Mártir de Cuilapan, así como el ex tesorero de ese ayuntamiento, Fidel Celino Miranda. También está en la lista Serafín Ayala Ramos, ex presidente municipal de Tetipac y su ex tesorero Eric Fortanell Rodríguez. Todos ellos inhabilitados por 10 años, que por cierto cumplirán en 2018.
El también titular de la Secretaría de Finanzas del ayuntamiento de Acapulco, Fernando Aragón Gómez, fue sancionado con diez años de inhabilitación -que concluyen en 2020- por irregularidades en la cuenta pública durante la administración de Alberto López Rosas, quien por cierto, actualmente también tiene un expediente abierto para el resarcimiento de recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Otro ex funcionario de ese ayuntamiento sobre el cual pesan 10 años de inhabilitación es Fernando Serna Gómez, quien se desempeñaba como director de Catastro.

Desapariciones no explicadas
A mediados de octubre de 2017 revisamos el Reporte de Servidores Públicos Sancionados de la SFP, en la sección de sanciones impuestas por los gobiernos de los estados. Los volvimos a hacer el 17 de noviembre y ya no aparecieron dos nombres, el primero es José Antonio Bajos Valverde, cercano funcionario del ex gobernador Torreblanca Galindo, que con el expediente QD/PA/002/2012, tenía inhabilitación por 10 años, es decir, hasta 2022, y ya no está en el registro.
Otro que desapareció del registro es Rubén Padilla Fierro, ex secretario de Salud, también en la administración de Zeferino Torreblanca, tenía el número de expediente RS/PA/002/2012-II y estaba inhabilitado hasta 2022.

Confianza ciudadana
La efectiva rendición de cuentas requiere de información gubernamental suficiente y de calidad hacia la población y que los funcionarios expliquen y justifiquen las acciones y decisiones que toman. Sin embargo, este proceso no está completo si no hay acciones efectivas de detección y sanción a los servidores públicos que cometen irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos. Sin este último componente -el de la sanción- la gestión pública difícilmente mejorará y la confianza ciudadana en sus gobiernos nunca será remontada.

martes, 7 de noviembre de 2017

Necesaria, la difusión de resultados de fiscalización

Publicado en el Sur de Acapulco

En agosto de 2017 se difundió la noticia de que el diputado local Héctor Vicario no podría desempeñarse como funcionario en la administración pública durante 10 años, por irregularidades encontradas durante su encargo como delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y efectivamente, el nombre del legislador apareció durante varias semanas en el Sistema del Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, pero después desapareció del registro porque el diputado impugnó la sanción y su caso está en proceso.
Independientemente de la resolución final que se emita, el caso del legislador guerrerense trae a la mesa de discusión la función y los resultados que se obtienen del control y fiscalización del ejercicio de los recursos públicos por los órganos de control y fiscalización federal y estatales. Parece que, salvo los casos de personajes muy conocidos, ni las instituciones ni los medios de comunicación se interesan por dar a conocer información y datos relativos a esta importante función de vigilancia y contrapeso de la gestión pública.
La difusión amplia de este tipo de resultados es muy útil a los ciudadanos, pues les permite emitir su voto de manera informada al conocer a los servidores públicos que fueron sancionados por su ineficiencia, negligencia administrativa, desvío de recursos y otras conductas irregulares.
En ésta y la próxima entrega nos referiremos a algunos de los resultados que han obtenido tanto los órganos fiscalizadores federal y estatal, como por los órganos internos de control, especialmente los que derivan en sanciones a funcionarios. En esta ocasión se hace un recuento del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación en el periodo 2001 a 2016, es decir, antes de que entrara en vigor la normatividad de los sistemas nacional y estatales anticorrupción.

Impacto de la labor de la ASF
Algunos de los propósitos de las revisiones de la ASF son la “constatación del cumplimiento eficaz, eficiente y económico de los mandatos de los entes auditados, la definición de áreas de oportunidad para mejorar la gestión pública, la detección de errores en el registro de las operaciones que se llevan a cabo, o la existencia de desviaciones o irregularidades. Esta última vertiente acarrea consecuencias para el ente auditado”.
Las auditorías que realiza este órgano fiscalizador generan observaciones que las dependencias públicas fiscalizadas pueden solventar mientras se realizan las revisiones o al concluir éstas, reintegrando los recursos empleados incorrectamente al erario. Esto se conoce como recuperación.
Si no se reintegran los recursos o no se aporta la documentación comprobatoria, la ASF puede emitir un pliego de observaciones cuando se tienen elementos para suponer que ha habido un daño al erario público federal. En caso de que la institución auditada no aporte elementos para solventar dicho pliego se inicia un procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias en contra del servidor público responsable; pero también puede promover la aplicación de sanciones administrativas o presentar denuncias penales, de encontrarse evidencia de conductas dolosas o que permitan la presunción de un delito.
De acuerdo con el sistema de consulta de auditorías de la ASF, de 2000 a 2016 en Guerrero se realizaron 380 revisiones a las cuentas públicas de diferentes entidades fiscalizables, y como resultado se emitieron mil 844 recomendaciones, 720 pliegos de observaciones, 458 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, 177 solicitudes de aclaración y 84 fincamientos de responsabilidad resarcitoria, 47 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 11 denuncias de hechos, entre otras acciones.

Las acciones
En 2002 la ASF realizó acciones que dieron lugar a procedimientos resarcitorios por un monto de 9.6 millones de pesos, los cuales, a la fecha, aún no han sido aclarados o reintegrados. Estas irregularidades se cometieron en la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, y el nombre del ex delgado José Ignacio Ortiz Ureña aparece en el “Registro de servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, sancionados a través del procedimiento resarcitorio, por resolución definitiva firme de la Auditoría Superior de la Federación”, que también consultamos.
En 2004, siete acciones dieron lugar a procedimientos resarcitorios por un monto de 58.6 millones de pesos, todas correspondientes al municipio de Acapulco, y entre los señalados por la ASF se encuentran, con dos expedientes cada uno, el entonces alcalde Alberto López Rosas, y el coordinador de Planeación y Control Presupuestal de ese ayuntamiento, Ernesto Mastache Manzanarez.
En 2006 se determinaron recuperaciones por 330 millones de pesos, la mayoría de las cuales fueron aclaradas, pero 25.6 millones aún se encuentran en proceso de resarcimiento o aclaración. En la información de la ASF se registra a la Universidad Autónoma de Guerrero con dos procedimientos resarcitorios.
Al siguiente año, en 2007, las acciones que derivaron en procedimientos resarcitorios importaron 70.1 millones de pesos, que todavía están en proceso de aclaración o en su caso recuperación. En este ejercicio son varias las dependencias involucradas. Nuevamente aparece el ayuntamiento de Acapulco, encabezado en ese trienio por Félix Salgado Macedonio.
Pero también el ayuntamiento de Chilpancingo, y específicamente el entonces alcalde Mario Moreno Arcos y diez funcionarios más del periodo 2005-2008 se encuentran en el listado de servidores sancionados a través del procedimiento resarcitorio.
El municipio de Xochistlahuaca también registra seis acciones en 2007, que derivaron en procedimientos resarcitorios que aún no están solventados. En este caso están involucrados la actual presidenta municipal Aceadeth Rocha Ramírez, que también lo fue en los periodos de 1999 a 2002 y de 2005 a 2008. En los seis expedientes abiertos por la ASF en contra del ayuntamiento de Xochistlahuaca, además de Rocha Ramírez se involucra a Alvina López Concepción y Emiliano Apóstol Cruz.
En 2008 la ASF determinó 147.4 millones de pesos los cuales aún están pendientes por recuperar o aclarar, y están involucrados los ayuntamientos de Acatepec y Ayutla de los Libres.
En 2009 sólo hubo un fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de servidores públicos del gobierno del estado por el uso indebido de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el DF (FASP).
El periodo de 2010 a 2012, de acuerdo con la ASF, es el que registra más casos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, pues concentra el 63.2 por ciento del total. En 2010, por ejemplo, se aplicaron 22 acciones y todavía quedan por resarcir o aclarar 484.4 millones de pesos de ese año; en la mayoría de los casos los destinatarios son del gobierno del estado por el mal uso de recursos de los fondos de Aportaciones a los Servicios de Salud (Fassa), de Educación Básica y Normal (Faeb, hoy FONE), de Infraestructura Social Estatal (FISE), para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y FASP; y de los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Acatepec, Ayutla, Chilapa, Coyuca de Catalán, General Heliodoro Castillo y Malinaltepec.
En 2011 se registran 21 casos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, que involucran 88 millones de pesos por aclarar o resarcir. Igualmente, los recursos cuestionados corresponden a los mismos fondos que el año anterior, además del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). En el caso de los ayuntamientos, la ASF también aplicó estas acciones a servidores de Florencio Villarreal, San Marcos, Tecoanapa y Tlalchapa por irregularidades en el Fondo de Infraestructura Social Municipal.
Finalmente, en 2012 la ASF estableció 17 casos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, con un monto de 354.9 millones aún por aclarar o resarcir, principalmente a servidores públicos del gobierno del estado por irregularidades en el ejercicio de recursos de los diferentes fondos de aportaciones federales, así como en el caso de los ayuntamientos de Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, José Joaquín de Herrera y Quechultenango.

Recuperaciones
Dos documentos de la ASF concentran esta información: el Informe de las recuperaciones derivadas de la fiscalización superior de las cuentas públicas 2001 a 2016; y el Informe de las recuperaciones derivadas de procedimientos resarcitorios de las cuentas públicas 2001 A 2016. Del primer documento, la ASF registra las siguientes recuperaciones de varias dependencias de Guerrero.
La Universidad Autónoma de Guerrero registra un total de recuperaciones por 10.7 millones de pesos, distribuidos como sigue: 445 mil pesos de la cuenta pública de 2005, 8.6 millones de la cuenta de 2006, 1.2 millones de la cuenta de 2013, 373 mil pesos de la revisión en 2014 y 97 mil pesos de la cuenta pública de 2015.
En el caso de gobierno del estado y municipios (la ASF no identifica a quiénes corresponde la recuperación de recursos), de 2002 a 2016 se obtuvieron recuperaciones por 2 mil 589.5 millones de pesos. Destaca el ejercicio 2008, donde se recuperaron 663.8 millones; 2011, con una recuperación de 603.2 millones; 2007, con 450.7 millones; y 2009, con 351.9 millones de pesos.
Del segundo informe de la ASF, relativo a recuperaciones derivadas de procedimientos resarcitorios, la UAG devolvió al erario 101.9 millones de pesos de la cuenta pública de 2005, así como 22.5 millones de la cuenta pública de 2006, para un total de 124.4 millones de pesos. De hecho, en este rubro sólo aparecen dos instituciones educativas del país en esta situación: la UAG y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
En los datos de la ASF también se reporta un monto por 1.6 millones de pesos, recuperados del gobierno del estado correspondientes a las cuentas públicas de 2007, 2010, 2011 y 2012.
La ASF también publica una relación de denuncias penales presentadas por la ASF
Cuentas Públicas 1998-2016, así como relacionadas con la Simulación de Reintegros. Este documento tiene fecha de corte al 31 de octubre de 2017 y se lograron identificar por lo menos las dependencias involucradas:
De las revisiones a las cuentas públicas de 2009, se presentaron denuncias en contra de servidores públicos de los ayuntamientos de Iguala y Acatepec; también el gobierno municipal de Atoyac por irregularidades en la cuenta pública de 2014, así como del ayuntamiento de Chilpancingo en la cuenta pública de 2013. Servidores públicos del municipio de Ayutla tienen dos demandas penales por irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2009 y 2014.
Sin que la ASF identifique la fecha, el órgano fiscalizador también presentó ocho denuncias penales en contra de funcionarios del gobierno del estado de Guerrero por “Simulación de Reintegros”, en el periodo del 25 de agosto al 16 de octubre de 2014.
Adicionalmente, funcionarios del Ejecutivo del estado tienen dos demandas penales por irregularidades en la cuenta pública de 2010; y una derivada de la revisión de la cuenta pública de 2013.
Asimismo, hay también abierto un expediente de carácter penal en contra de servidores públicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, derivados de la revisión de la cuenta pública de 2015.

Denuncias de hechos
La ASF no específica los nombres de las personas involucradas en la presentación de las 11 denuncias de hechos en el periodo 2001-2016. Las primeras que se registran datan de 2008 y corresponden a funcionarios del gobierno del estado por irregularidades tanto en Faeb como en el (Fassa) y del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE).
En 2009 se presentaron tres denuncias de hechos ante la PGR en contra de servidores públicos del gobierno del estado por irregularidades en el ejercicio del Fassa y de los recursos federales transferidos a través del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y el gobierno de Guerrero. En 2011 se registran dos denuncias también en contra de funcionarios del Ejecutivo del estado por el ejercicio indebido de recursos en Fassa y en el mismo acuerdo de coordinación.

Tarea necesaria
La difusión de información sobre los resultados de fiscalización es fundamental para promover el interés de la ciudadanía en el desempeño de sus gobernantes y en general en la calidad de la gestión pública. Es uno de los eslabones que si bien el sistema nacional anticorrupción tiene considerado, todavía hoy hace falta para la construcción de ciudadanías.