martes, 28 de febrero de 2017

El gobierno de Astudillo contribuye a la impunidad en transparencia

El Sur de Acapulco
El gobierno de Héctor Astudillo no está abonando para erradicar la impunidad de quienes no cumplen con la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero, ya que la Secretaría de Finanzas y Administración, como dependencia responsable de hacer efectivas las medidas de apremio, no está haciendo su trabajo.
Es una deficiencia grave que se arrastra desde que entró en vigor la primera ley de transparencia en junio de 2006, pues es posible documentar decenas de casos de dependencias públicas y funcionarios que no han cumplido las normas de transparencia haciéndose acreedores a alguna sanción pecuniaria.
Este incumplimiento es sumamente grave porque incentiva la impunidad. Muchos de los sujetos obligados o dependencias públicas simplemente están dejando de cumplir la ley de transparencia porque saben que no se les aplicará ningún tipo de castigo. Si había alguna expectativa de que las dependencias del estado cumplirían con la ley por esta vía, esa posibilidad queda cancelada hasta en tanto la Sefina no realice su trabajo y el gobernador cumpla sus compromisos con la transparencia.
La atribución de la Sefina
El artículo 201 de la Ley General de Transparencia establece que los “organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, podrán imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones: I. Amonestación pública, o II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Área geográfica de que se trate”.
La misma ley, en su artículo 203 agrega que “las medidas de apremio (…) deberán ser impuestas por los organismos garantes y ejecutadas por sí mismos o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas. Las multas que fijen el Instituto y los Organismos garantes se harán efectivas ante el Servicio de Administración Tributaria o las Secretarías de Finanzas de las Entidades Federativas, según corresponda, a través de los procedimientos que las leyes establezcan”.
La ley general de transparencia dejó en manos de las legislaturas locales la designación de la instancia responsable de hacer efectivas las medidas de apremio estipuladas. En el caso de Guerrero, éstas se señalan en el artículo 206 de la ley 207 de transparencia, cuyo segundo párrafo dice: “Las multas impuestas como sanciones administrativas de acuerdo con esta ley, serán ejecutadas por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a través de los procedimientos que las leyes establezcan”.
La ley local entonces, es muy clara al respecto: el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos del estado (Itaigro) establece las medidas de apremio, y la Sefina las ejecuta. Sin embargo, la dependencia del Ejecutivo no ha realizado su trabajo.
La afirmación anterior se basa en una respuesta de la Secretaría de Finanzas a dos solicitudes de información. El 24 de enero, por vía del Info Guerrero, solicitamos a esa dependencia “copia de los oficios turnados por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero para hacer efectivo el cobro de multas económicas a los sujetos obligados que incumplieron la ley”.
Asimismo, solicitamos la descripción de los “procedimientos y gestiones que realiza la dependencia para el cobro de multas por infracciones a la ley 207 de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, en el periodo del 6 de mayo a la fecha”. Y le pedimos una “relación de sujetos obligados multados, con montos y fechas”.
El 14 de febrero la Secretaría de Finanzas respondió a la solicitud. Sobre el primer punto, la dependencia apuntó que “a la fecha, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero no ha remitido a esta subsecretaría a mi cargo, relación por multas económicas impuestas a servidores públicos por incumplimiento a dicha normatividad, por lo cual no se anexan los soportes que se solicitan”. Esta respuesta la emitió específicamente María del Carmen López Olivares, subsecretaria de Ingresos de la Sefina, quien le adjuntó copia a Héctor Apreza Patrón, titular de la dependencia.
Sin embargo, conseguimos documentos que echan por tierra los dichos de la Sefina. Solicitamos la misma información al instituto de transparencia requiriendo los oficios que fueron enviados a la Secretaría de Finanzas para cobrar las multas.
El 3 de febrero, el Itaigro nos respondió a través de su director jurídico consultivo, y nos entregó 33 oficios enviados a la secretaría, con atención a Héctor Apreza Patrón; los oficios tienen el sello de recibido de la dependencia de fecha 7 de septiembre de 2016.
El texto dice lo siguiente: “Por medio del presente escrito, y en cumplimiento al auto de fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis, solicito su colaboración [a la Sefina] para ejecutar la multa impuesta a (en este punto describen a los sujetos obligados) consistente en (la cantidad en pesos), conforme lo señalado en el artículo 206 de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero”. Los oficios son firmados por el entonces consejero presidente del Itaigro, Joaquín Morales Sánchez.
Los sujetos obligados a quienes el Itaigro les estableció multa son: la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, con tres multas de 20 mil pesos cada una; el Consejo Estatal contra las Adicciones, con tres multas de 15 mil pesos; el ayuntamiento de Iliatenco, con tres multas de 15 mil, y el de Malinaltepec, con cuatro multas de 15 mil pesos.
También se le informó a la Sefina que Radio y Televisión de Guerrero tenía dos multas de 15 mil pesos; el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, con tres multas de 20 mil pesos; el ayuntamiento de Tlalixtaquilla, con cuatro multas de 15 mil pesos; igual número y la misma cantidad para el ayuntamiento de Xochihuehuetlán y para el de Atlamajalcingo del Monte; y finalmente, tres multas para el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Guerrero, de 15 mil pesos cada una.
Pero este dinero (525 mil pesos) no ingresó a las arcas del gobierno del estado, y lo peor es que se deja un antecedente que incentiva la impunidad.
Adicionalmente el Itaigro nos entregó una relación de los sujetos obligados que determinó multar en su sesión extraordinaria del 21 de diciembre de 2016, por no cumplir con las resoluciones emitidas por el órgano garante; en la lista están la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Dirección General de Comunicación Social del gobierno del estado, y los ayuntamientos de Tlapa, Chilpancingo, Huamuxtitlán, Atoyac y Cocula, todos con un monto de 10 mil 956 pesos cada uno. Sólo al ayuntamiento de Mártir de Cuilapan se le estableció una multa por 21 mil 912 pesos. Cabe destacar que de esta lista, el Itaigro no entregó copia de los oficios donde solicita la aplicación de las multas a la Sefina, por lo que también se encuentran en mayor riesgo de que las sanciones nunca se hagan efectivas.
Por otra parte, la prensa informó que en la sesión extraordinaria 21, de finales de agosto de 2016, el Itaigro “aprobó asignar una sanción pecuniaria a 23 Sujetos Obligados que incumplieron con los artículos transitorios 7º y 9º de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. Dichos Sujetos Obligados, debieron notificar al ITAIGro, la instalación  de sus Unidades y Comités de Transparencia, así como el listado de personas  físicas o morales a las que por algún motivo les hayan asignado recurso público. Lo anterior en un plazo de 30 días, a partir del 7 de mayo, fecha en que entró en vigor  la Ley Local en la materia”.
Sin embargo, de estas dependencias públicas tampoco existe constancia de que se haya solicitado a la Sefina la ejecución de multas, por lo que es enorme el riesgo de no sean cobradas y con esto queden en la impunidad.
Esta cadena de desaciertos que propician un círculo vicioso en el cumplimiento de la ley de transparencia no es nuevo ni tampoco es propio sólo del gobierno de Héctor Astudillo. Tampoco es sólo responsabilidad de la Sefina, sino muchas veces contribuyó con esa impunidad el órgano garante de manera directa. Por ejemplo, durante los ocho años en los que estuvieron a cargo los anteriores consejeros (febrero de 2006 a febrero de 2014) consideraron que ningún sujeto obligado era merecedor de una multa económica, y las únicas sanciones que aplicaron fueron 66 apercibimientos y ocho amonestaciones privadas, cifra que parece ridícula comparada con las numerosas irregularidades que cometieron las dependencias públicas a lo largo de esos ocho años.
Los consejeros que iniciaron su periodo el 14 de febrero de 2014 aplicaron las primeras multas económicas del estado. A los tres meses de que llegaron emitieron sanciones a 23 ayuntamientos y a un organismo público descentralizado por no entregar su informe de solicitudes de información correspondiente al ejercicio 2013.
En 2014 se aplicaron nueve amonestaciones públicas, y por vez primera, multas económicas: 32 multas equivalentes a 50 días de salarios mínimos de la región. Respecto al ejercicio 2015, en su sesión extraordinaria Itaig/09/2015, celebrada el 20 de abril de 2015, el pleno del Itaigro aprobó la aplicación de multas económicas a 72 dependencias gubernamentales y partidistas, equivalentes a 983 mil 232 pesos.
Las multas de multas de 2014 y 2015 nunca se cobraron, y también fue porque la Sefina nunca estableció el procedimiento para hacerlas efectivas. En 2016, ya con el pleno funcionamiento de la administración de Héctor Astudillo, los cobros siguen sin realizarse.
Se endurecen las sanciones
La ley general de transparencia y la número 207 del estado de Guerrero “endurecieron” las medidas de apremio y las sanciones para quienes infringen la norma en la materia. Por ejemplo, establecen los montos mínimos y máximos de las multas (de 10 mil 956 hasta 111 mil 060 pesos) y que en caso de incumplimiento de los sujetos obligados, esto se difundirá en los portales de obligaciones de transparencia del Itaigro.
Otro punto importante de la nueva legislación es que las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos, es decir, deben ser pagadas por los funcionarios infractores con sus propios recursos. Y si aun con las medidas de apremio, no se cumple con la determinación, se requerirá al superior jerárquico para que lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre el superior jerárquico las medidas de apremio.
La ley local incluye criterios que deben considerarse para calificar las medidas de apremio, como “la gravedad de la falta (…) determinada por elementos tales como el daño causado; los indicios de intencionalidad; la duración del incumplimiento de las determinaciones del Instituto y la afectación al ejercicio de sus atribuciones; (…) La condición económica del infractor; y (…) La reincidencia”.
También en la ley 207 de transparencia se especifica que en caso de reincidencia, el Itaigro “podrá” imponer una multa equivalente hasta el doble de la que se hubiera determinado, y describe que se considerará “reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza”.
Colofón
Parece un asunto menor pero no lo es. Aunque el problema se resuelve con el establecimiento de un procedimiento administrativo y la coordinación entre la Secretaría de Fianzas y el Itaigro, el hecho es que después de 10 años este trabajo no se ha hecho y no se ha cobrado una sola multa en el estado por incumplimientos a la ley de transparencia, lo cual no habla bien de las tres últimas administraciones estatales.
El gobernador Héctor Astudillo Flores se ha comprometido en diferentes ocasiones con la transparencia, ha anunciado medidas y acciones que todavía hoy no se traducen en una administración transparente.
Las medidas de apremio y las sanciones que se incluyen tanto en la ley general de transparencia como en la ley 207 de transparencia del estado son una pieza clave para hacer que se muevan las estructuras gubernamentales, que históricamente han sido opacas. La pelota está en la cancha del jefe del Ejecutivo estatal.

martes, 14 de febrero de 2017

Informe del Itaigro desnuda la opacidad en Guerrero

El Sur de Acapulco
El onceavo informe del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro) evidenció la cruda realidad que impera en Guerrero en materia de acceso a la información. Por un lado, un creciente interés de la ciudadanía por conocer la información pública gubernamental –documentado por el número de solicitudes de información presentadas–; por el otro, la vacilante disposición de las dependencias públicas para contestar estas solicitudes y particularmente la insuficiente capacidad de reacción del Itaigro para procesar el número de recursos de revisión o quejas presentadas en contra de dichas dependencias, y en general, para garantizar el pleno ejercicio de este derecho. He aquí algunos indicadores.
De acuerdo con datos del onceavo informe de labores del Itaigro, en 2015 se presentaron 2 mil 689 solicitudes de información, en tanto que durante 2016 el número de requerimientos fue de 4 mil 345, lo que equivale a un aumento de 61.5 por ciento. Se trata de uno de los mayores incrementos en el interés de la ciudadanía por conocer la información pública, desde la primera ley de transparencia de 2005.
Hay datos relevantes en el informe, por ejemplo, destaca que las solicitudes se presentaron ante un mayor número de sujetos obligados (153), a diferencia de años anteriores, donde estos requerimientos se concentraban en unos cuantos. También es relevante que muchos sujetos obligados, especialmente ayuntamientos, recibieron por vez primera al menos una solicitud de información.
Las dependencias públicas que recibieron más solicitudes fueron Acapulco (303), Secretaría de Salud (302), Fiscalía General del Estado (280), Congreso del Estado (220), Secretaría de Finanzas y Administración (212), Itaigro (152), Secretaría General de Gobierno (151), Secretaría de Seguridad Pública (143), Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (135), CICAEG (122), Tribunal Superior de Justicia (119) y Secretaría de Educación Guerrero (106). En estas 11 dependencias se presentó el 51.6 por ciento del total de solicitudes en el estado.
Estos números, en principio, reflejan un gran interés ciudadano por la información pública, y son consecuencia de la incorporación de casi todas las dependencias públicas al sistema electrónico Info Guerrero, el cual facilita enormemente el procedimiento. Contar con este dispositivo electrónico de gestión de información gubernamental, y especialmente que ahí se encuentren todas las dependencias, puede considerarse el cambio más relevante en materia de acceso a la información; es un mecanismo que la miopía de los legisladores guerrerenses que aprobaron la primera ley de transparencia (septiembre de 2005) no pudieron entender, por lo que fueron necesarios cambios constitucionales para hacerlo realidad en el estado.
Pero a este creciente interés de la ciudadanía no ha correspondido una atención puntual y expedita a las solicitudes de información por parte de los sujetos obligados, y bastan unos datos para dar una idea de la realidad que se vive en el estado.
Cuarentaicinco dependencias, que representan el 21.6 por ciento del total, no cumplieron con la obligación de entregar al Itaigro sus informes donde reportan las solicitudes de información que recibieron en el ejercicio 2016, destacando entre ellos 24 ayuntamientos, 20 de los cuales son reincidentes, es decir, no cumplieron con esta obligación de ley tampoco en 2015.
Esta situación es muy grave porque refleja el talante de los titulares de muchas de las dependencias del estado que están obligadas a cumplir con la transparencia y el acceso a la información, quienes desafían abiertamente el cumplimiento de la ley.
Otro dato significativo que da cuenta de la persistencia de la opacidad en el estado es que del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, el Itaigro recibió un total de 229 recursos de revisión de parte de ciudadanos inconformes en contra de las dependencias que negaron o entregaron información parcial o diferente de la que solicitaron. En este renglón, en relación con los recursos de revisión presentados en 2015, hubo un incremento de 349 por ciento.
Las dependencias en contra de las cuales se presentaron más recursos de revisión fueron la Secretaría de Salud (25 recursos), el ayuntamiento de Ayutla (15), Coyuca de Benítez y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (antes de Desarrollo Rural) (10), Acapulco (8), la Secretaría de Finanzas y Administración y el ayuntamiento de Taxco (5), Fiscalía General del Estado y la Capaseg (4) y el ayuntamiento de Atoyac y el propio Itaigro (3).
Otro indicador del poco avance en materia de cumplimiento de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, es que desde mediados de 2016, los sujetos obligados debieron designar a un titular de su unidad de transparencia, constituir un comité de transparencia, informar de las personas físicas o morales a las que se les asignaron recursos públicos o ejerzan actos de autoridad, e informar sobre la aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes y específicas.
En este rubro, al 31 de diciembre de 2016, de un universo de 208 sujetos obligados sólo 176 designaron al responsable de la unidad de transparencia, 162 constituyeron su comité, 155 enviaron el listado de quienes recibieron recursos públicos, y 155 entregaron sus tablas.
El difícil camino
El acceso a la información no ha sido fácil para los guerrerenses, con frecuencia es problemático y muy tardado, y esa es una de las principales causas que desalientan el ejercicio de este derecho. Un par de experiencias ilustrarán los obstáculos que deben enfrentar los ciudadanos.
El 27 de noviembre de 2015 presentamos una solicitud de información ante el ayuntamiento de Ayutla requiriendo “copia del expediente técnico de la obra ampliación de la red de agua potable en la calle Dr. Homero Lorenzo Ríos, de la colonia Cruz Alta, realizado en el ejercicio 2014”. La información se requirió como parte de las acciones de contraloría social que realizaba un grupo de ciudadanos de esa colonia.
El ayuntamiento de Ayutla no respondió, y el 8 de enero de 2016 presentamos un recurso de revisión ante el Itaigro. En sesión ordinaria del 12 de enero el pleno de ese instituto admitió recurso y lo turnó al consejero Joaquín Morales Sánchez. El 19 de febrero, el Itaigro le requirió al ayuntamiento de Ayutla un informe pormenorizado, pero fue hasta el 4 de marzo, casi dos meses después, que se le hizo llegar la notificación al ayuntamiento. Se le concedieron cinco días hábiles para responder.
Pero inexplicablemente el consejero declaró el cierre de la instrucción hasta el 18 de noviembre para que al final, el 13 de diciembre de 2016, el pleno del Itaigro ordenara al ayuntamiento de Ayutla la entrega de la información concediéndole para ello un plazo de 10 días.
Las autoridades de Ayutla, con plena impunidad, desacataron la resolución del Itaigro. A la fecha, a 15 meses de presentada la solicitud, no hemos obtenido la información, violándose varios de los principios constitucionales relativos al acceso a la información.
Otro ejemplo es una solicitud presentada el 2 de febrero de 2016 ante la Secretaría de Salud del gobierno del estado en la que se pidió el libro blanco de la institución. Igualmente la dependencia no respondió, por lo que el 2 de marzo se presentó un recurso de revisión por negar esta información.
La Ssa no rindió su informe pormenorizado a la que estaba obligada, y apenas el 7 de febrero de 2017, el pleno del Itaigro emitió un resolutivo en donde le indica que entregue la información.
A poco más de un año de que se solicitó la información, no sabemos si la entregarán algún día.
Qué está pasando en Guerrero? ¿Por qué no están funcionando los mecanismos de acceso a la información? ¿Por qué impera la impunidad? ¿Por qué es tan alto el número de sujetos obligados que no cumplen con sus obligaciones? ¿Qué debe hacer el Itaigro para que respeten sus resoluciones?
Resoluciones y alto rezago
Uno de los procesos clave para garantizar el derecho de acceso a la información es el cumplimiento de las resoluciones del Itaigro, y esto no está sucediendo en Guerrero. Tenemos en nuestro poder resoluciones no cumplidas de los ayuntamientos de Ayutla, Secretaría de Salud, Capaseg, Sefina, entre otras; algunas de ellas llevan varios años sin ser cumplidas, como por ejemplo, la derivada de la solicitud folio 00015615, donde solicitamos a la Secretaría de Finanzas y Administración, los “Informes de cuenta pública del gobierno del estado aprobadas por el Congreso del estado, de los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012”. Esta dependencia aún no nos entrega la información.
Otro de los puntos que está retrasando el acceso a la información es el rezago que actualmente se observa en el procesamiento de recursos de revisión, como los presentados en contra de la Secretaría de Salud el 6 de junio de 2015 y en contra de la Secretaría de Educación de Guerrero (19 de junio de 2015).
Asimismo, tenemos recursos de revisión presentados en los meses de febrero y marzo de 2016, pero desconocemos su estatus, es decir, no sabemos si se ha dictado resolución, o peor aún, si fueron atendidos, como es el caso de recursos en contra de la Capaseg, Cicaeg, Coordinación General de Fortalecimiento Municipal, la ex coordinación de programas sociales Guerrero Cumple, Fideicomiso Guerrero Industrial, Fondo de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, IGIFE, Sefina, Sagadegro, Secretaría de Asuntos Indígenas, SEG, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría General de Gobierno, a quienes se les solicitó el libro blanco de la dependencia de la administración 2011-2015, información sobre el programa de fertilizante y otros temas.
Por otra parte, hay un caso que se ventila en el Tribunal de los Contencioso Administrativo, que data desde mayo de 2014, ya que la Auditoría General del Estado entregó de manera parcial el “Informe anual de resultados de la revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2012 de las entidades fiscalizables del estado de Guerrero”; a la fecha, no hay ningún resultado sobre ese caso.
El rezago del Itaigro se refleja también en la pérdida de recursos de revisión. Por ejemplo, solicitamos “Copia del acta de la sesión de cabildo en la que se aprobó la contratación de la empresa Estrategias de movilidad urbana sa de cv, para la construcción y operación de parquímetros en Chilpancingo”, “Copia del contrato firmado por la empresa Estrategias de movilidad urbana sa de cv y el ayuntamiento de Chilpancingo relativo a los parquímetros” y “Copia del estudio de factibilidad para el establecimiento de parquímetros en Chilpancingo”.
Este recurso de revisión se presentó el 4 de mayo de 2015, y el Itaigro nunca le dio curso.
También es consecuencia de la desorganización interna el caso de un recurso de revisión en contra del propio Itaigro, presentado por la entrega parcial de información relativa a los convenios que ha firmado con diversas instituciones. A la fecha, desconocemos si se dictó resolución y evidentemente no hemos recibido la información. Si el propio Itaigro no respeta los tiempos y procesos que establece la ley, difícilmente logrará que los demás sujetos obligados lo hagan.
El Itaigro ¿en crisis?
El Itaigro no previó que la cantidad de trabajo se le multiplicaría en cuanto la nueva generación de leyes de transparencia facilitara la posibilidad de acceso a la información de los ciudadanos. Cuando asumieron los nuevos consejeros en febrero de 2014 ya sabían del tamaño de lo que vendría, y en vez de prepararse y construir una estrategia para hacer frente a los cambios, se dedicaron a contratar personal –para cumplir con sus compromisos políticos, decían– y a dilapidar los recursos. De aquellos meses, aún queda pendiente de aclarar el desvío de recursos que denunciaron los consejeros en contra del defenestrado consejero Crescencio Almazán Tolentino, como consignaron los diarios de Guerrero el 23 de octubre de 2015.
Hoy, con un raquítico incremento al presupuesto del Itaigro para 2017 –que refleja la poca confianza y credibilidad que le tienen el Congreso y el Ejecutivo del estado–, el exceso de personal y la desorganización interna, el instituto enfrenta una grave crisis financiera y de operación que tiene como consecuencia el incumplimiento de sus tareas sustantivas.
Éstas son las cifras y la situación detrás del informe del Itaigro en materia de acceso a la información en el estado. Un pesimista panorama.