Regidores de Acapulco presentan comprobación inconsistente (II)

El Sur, Periódico de Guerrero

Aunque la comprobación que presentan los regidores de Acapulco de sus gastos de gestoría de manera general cumple con las reglas que establece la Auditoría Superior del Estado (ASE), una revisión minuciosa evidencia muchas inconsistencias e incluso irregularidades. En esta entrega de Monitor de Guerrero presentamos la segunda parte de un análisis de los documentos de comprobación de los ediles, del ejercicio 2016, que obtuvimos del ayuntamiento a partir de dos solicitudes de información y un recurso de revisión.

En la edición anterior aseguramos que los regidores y síndicos de Acapulco gozan de privilegios como ningunos en el estado, porque reciben recursos financieros para “gastos de orden y gestoría social”, que utilizan prácticamente a su arbitrio. Un millón 680 mil pesos es la cantidad que recibe anualmente cada regidor, a razón de 140 mil pesos mensuales, que utilizan para “ayudas sociales a personas” utilizando sus propios criterios para definir a qué persona ayudan, con cuánto y por qué lo ayudan.

Ante la falta de reglas claras, los regidores del puerto, aun cumpliendo con los lineamientos de la ASE, pueden destinar el dinero que reciben a hacer proselitismo, a su proyección personal o a generar clientelas para fines partidistas o particulares. En el caso específico de la comprobación de los recursos de 2016, si bien aprobaron los controles internos del ayuntamiento de Acapulco, difícilmente pasarían una auditoría social o la vigilancia ciudadana, ya que los documentos presentan muchas inconsistencias. Lamentablemente no existen tales figuras en la normativa municipal de Guerrero y el ejercicio de dichos recursos permanece en duda.

Los lineamientos

 Los Lineamientos para la Comprobación de Gastos de Orden y Gestoría Social fueron emitidos por la ASE en enero de 2012. Este tipo de gastos, dice la norma, “se derivan de acciones implementadas por los Municipios en sustento al desarrollo de la comunidad, en razón de que fueron creados para brindar apoyo económico o en especie a los ciudadanos”, pero advierte que estos recursos invariablemente deberán proceder de los ingresos propios generados por las administraciones municipales.

Los gastos de orden social se entregan a los ediles “para conocer las demandas de la población en relación al desarrollo comunitario o casos concretos de carácter personal que requieran atención inmediata y gestionarla”, y pueden gastarse en alimentación, pasajes y traslados, hospedaje, combustible, peajes, papelería, mantenimiento, equipo de transporte y servicio telefónico.

Hay que recordar que por concepto de gastos de orden social, cada regidor de Acapulco recibe 70 mil pesos mensuales, y sería interesante que presentaran los diagnósticos elaborados con ese dinero, ya que con éstos, dicen los lineamientos, los regidores ya cuentan “con elementos suficientes para establecer de manera puntual, justa y equitativa la asignación de los recursos financieros con que cuenta la administración a la satisfacción de esas demandas”.

El otro tipo de recursos que son entregados a los ediles se denominan “gastos de gestoría social” destinados a “dar atención inmediata a las necesidades más apremiantes de la población en situación de extrema pobreza y marginación o rezago social, la atención puede ser mediante apoyo económico o en especie a los ciudadanos o asociaciones con fines no lucrativos que así lo soliciten, asimismo, a personas destacadas en el área deportiva, académica o artística que requieran de apoyo para continuar su superación personal y profesional”.

Los cuestionamientos comienzan con la comprobación. Si bien los lineamientos de la ASE especifican que los gastos de orden y gestoría social pueden comprobarse tanto con facturas fiscales como con “recibos de egresos”, el resultado de nuestra revisión indica que hay un abuso de estos últimos, no obstante que la mayoría de los ediles entregan apoyos para adquirir electrodomésticos (estufas, refrigeradores, colchones, lavadoras) y materiales de construcción (cemento, grava, arena, madera), de los cuales se pueden obtener facturas fiscales con cierta facilidad.

También se observa una generalizada falta de evidencias en la entrega de los apoyos. Si bien los regidores tratan de cumplir los requisitos documentales de la ASE, descuidan el tema de la presentación de evidencias, especialmente fotos, informes y otros documentos probatorios.

En este caso se encuentran las y los regidores Karina Ríos Radilla, Luis Miguel Terrazas, Olga Salmerón Mendoza, Enrique Granados Morga, Rodolfo Escobar Ávila y Braulio Montes Vázquez quien por cierto entregó a dos personas del mismo domicilio apoyos para mantenimiento de vivienda, así como dos apoyos a una misma persona.

Dudas en las comprobaciones

Casos específicos de comprobación dudosa son, por ejemplo, los de la regidora María de Jesús Antonio Reynoso, que presentó oficios de solicitud que no corresponden con los conceptos que entrega y también hay muchos apoyos que se brindaron a beneficiarios cuyos domicilios son imprecisos. Las constancias de radicación expedidas por una delegación municipal son idénticas en la firma y el sello, por lo que se puede presumir su falta de autenticidad. Los recibos están mal elaborados, casi todos con los apellidos cambiados y con muchas faltas de ortografía.

Marbelia Salas Flores presenta fotos de las condiciones en que se encuentran las viviendas, pero no de los resultados después de los apoyos entregados. No se encontró congruencia entre la dirección que aparece en los recibos de recepción de los recursos y la de sus comprobantes, por ejemplo, da un apoyo en el poblado de Km 42 y el beneficiario comprueba con un recibo de la comunidad Los Ilamos. Respecto a las solicitudes de análisis clínicos, algunas no tienen ni fecha ni nombre del médico que ordena los análisis. Se observó que la mayoría de quienes solicitan y reciben dinero para análisis clínicos son personas muy jóvenes, y los análisis que se ordenan no son congruentes ni verosímiles por el tipo de estudios específicos que se pidieron.

El regidor Amílcar García Estrada entregó dos apoyos a la misma persona por el mismo concepto (recibos 3188 por 5 mil pesos y 3951 por 5 mil 500 para material de construcción); también apoyos a la misma persona con dos conceptos diferentes (recibo 6718 para adquirir un refrigerador y recibo 5792 para comprar una lavadora).

En el caso de la regidora Emma Reyes Hernández hace entrega de muchos electrodomésticos, pero no presenta las facturas. Hay una incongruencia con la entrega de apoyo a una “madre soltera” de 60 años y con una persona beneficiada del municipio de Chilpancingo. También se observaron inconsistencias en los certificados de radicación expedidas por un comisario municipal, ya que esta autoridad firma con apellidos diferentes, y se presume que son una reproducción idéntica y sólo modificaron los datos. La información de las personas que piden certificados poseen predios que miden exactamente lo mismo. Los datos de la credencial INE de los beneficiarios tienen domicilio distinto al del certificado de radicación, incluso difieren en el nombre de la comunidad.

En el caso de la regidora Alejandra Solorio Almazán, la mayor parte de los apoyos fue para adquirir electrodomésticos (17 estufas, 17 refrigeradores, 20 colchones 20 31 lavadoras 31), pero hay por lo menos 11 personas que recibieron dos de estos apoyos en el mismo año.

Verónica Cadena Saligán es también una regidora que se especializó en la entrega de electrodomésticos (colchones, estufas y refrigeradores) pero no existen facturas de lo comprado. Se detectaron personas que fueron beneficiadas dos veces (recibo 3122 por 5 mil pesos para material de construcción, y recibo 3800 por 5 mil 500 pesos para la compra de un refrigerador). O como los recibos 4969 (lavadora) y 5765 (lavadora) a nombre de la misma persona; también los recibos 4968 (refrigerador) y el 5766 (refrigerador) para la misma persona.

Rosa María Trani Torralva entregó dos apoyos, uno por 4 mil y otro por 8 mil pesos para corridas de toros. En abril presentó facturas de artículos electrodomésticos que compró para el Día de las Madres; en mayo continuó apoyando festejos del 10 de mayo, pero ya sin facturas. Aunque presentó algunas fotos de estos festejos, se observó que hay imágenes repetidas para diferentes eventos.

Ulises Manrique Dorantes no presenta fotos de evidencia de entrega de los recursos. En los apoyos del mes de enero de 2016 destaca que la mayor parte de las beneficiadas sean mujeres jóvenes de entre 21 y 25 años (ocho de los 12 apoyos otorgados ese mes) quienes recibieron recursos para despensa, mantenimiento de vivienda y pasajes. También se observó que en los apoyos para gastos médicos, es un solo médico el que expide todas las recetas, lo cual no sería irregular si sus servicios fueron gratuitos.

Más dudas

 Vladimir Beciez Romero entregó dinero a beneficiarios para ir a consultas fuera de Guerrero, pero no hay recetas médicas; también para ir a torneos deportivos y encuentros académicos a Guadalajara, Puebla y Querétaro, pero ningún solicitante anexa datos oficiales de las actividades adonde acudieron. En el caso del apoyo para materiales de construcción, no hay facturas ni fotos ni ninguna evidencia de la adquisición.

María Antonieta Guzmán Visario presenta comprobaciones de apoyos de despensa para ser entregadas a grupos de personas, pero no se observó evidencia (nombres, listas de entrega, domicilios) de los beneficiarios, y la entrega fue a la persona que gestiona apoyos. También abundan las solicitudes de personas que van a cuidar a sus padres o abuelos enfermos en estados de Puebla, Veracruz, Morelos, Tijuana, Oaxaca, Sonora, Quintana Roo, Durango o CDMX, o en municipios del estado de Guerrero, y a quienes se les apoya con montos que van de los 5 mil a los 10 mil pesos.

El regidor Porfirio Librado Daza Rodríguez casualmente el 8 de enero recibió varias solicitudes de apoyo para gastos funerarios, algunas respaldadas con el certificado de defunción y otras no. Presenta fotos ilegibles de apoyos con materiales de construcción, y también faltan documentos de identidad de las personas. En mayo se gastó 30 mil pesos en “regalos” para madres y niños, cuyas fotos por cierto no reflejan los gastos reportados y se presume son imágenes de otros eventos.

Comprobación razonable

 Sólo hay tres regidores y regidoras que presentan comprobaciones más o menos congruentes. Gloria Sierra López es una de ellas, ya que incluye solicitudes verosímiles de apoyo y anexa la documentación correspondiente como fotografías de los apoyos recibidos o los trabajos realizados; en el caso de apoyos de beneficio colectivo, se exhiben solicitudes con sello de comisarios o delegados municipales, así como documentos para su identificación. Aunque pocas, también agrega facturas fiscales, pero en la mayoría de los casos son recibos firmados por los beneficiarios.

Es el mismo caso de la regidora Alma Juárez Altamirano, que presenta recetas verosímiles y fotos de las condiciones en que se encuentran las viviendas y de las personas a quienes les proporciona los apoyos. También de Arturo López Sugia, que en el caso de apoyos para análisis clínicos, las órdenes de análisis son verosímiles ya que provienen de diferentes laboratorios (distintos de los dos que utilizan todos los demás regidores) y hay médico que firma la solicitud y son congruentes los análisis que piden.

Lo que falta

Hay varias prácticas que pueden contribuir a transparentar los recursos y a una mejor evaluación social de lo que hacen los regidores. En el primer caso, la pregunta relevante es si existe la comprobación de los gastos de orden y gestoría social, por qué no se elaboran versiones públicas de estos documentos y se difunden públicamente.

También sería muy útil que la ASE actualizara los lineamientos para este tipo de gastos e incluyera criterios e indicadores de cumplimiento de objetivos sociales, ya que las revisiones que hacen los órganos de control interno del ayuntamiento con la norma actual son insuficientes. El cabildo, por su parte, debe pensar en incluir mecanismos de contraloría ciudadana que verifiquen desde otra perspectiva el ejercicio del gasto de los síndicos y regidores.

Estas propuestas, que pueden parecer ingenuas, son sin embargo el piso mínimo para un ejercicio de gasto público de manera democrática, transparente, justa y honesta, por parte de representantes populares del municipio más grande de Guerrero. No hacerlo así, todo lo que se diga es opacidad y simulación.

Gastos de gestoría: los privilegios de los ediles de Acapulco (I)

Publicado en El Sur de Acapulco

Los resultados de una investigación periodística sobre los “gastos de gestoría” que reciben algunos regidores y síndicos, así como los diputados de Guerrero, se abordarán en esta y la siguiente entrega de Monitor de Guerrero. Se trata de una partida muy cuestionada por su opacidad y nula rendición de cuentas, ya que públicamente no se conoce de dónde proviene, de cuánto son los montos, los criterios para su ejercicio, la comprobación de ese gasto y su impacto en la población.

No hay en la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado ningún enunciado que faculte a los regidores para ejercer recursos públicos de manera directa, aunque tampoco lo prohíbe. En todo caso, éstos deberían sujetarse a la normatividad para el control, fiscalización y transparencia -como todos los recursos públicos-, y no ser excepcionales sólo porque provienen de los recursos propios de los ayuntamientos.

Las solicitudes presentadas se refirieron a la “Cantidad de recursos financieros entregados a los regidores como Gastos de Gestión durante 2016”. Se pidió que los datos se desglosaran por regidor y partido político y que proporcionaran el nombre, ubicación y monto de las obras reportadas con estos recursos. También se les requirió la “descripción del procedimiento mediante el cual los regidores comprueban estos recursos”.

La información solicitada es parte de la que obligatoriamente deben publicar todas las dependencias públicas. La Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero, en su artículo 81, fracción XV, del capítulo de las “Obligaciones de Transparencia Comunes” dice que las dependencias públicas deben transparentar “La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio”.

Pero ningún ayuntamiento lo hace, ni tampoco el Congreso del estado, de ahí que fue necesario solicitarla mediante los procedimientos que establece la ley.

La gestión de información y la revisión de documentos para realizar este trabajo fue de casi un año; tuvo dos propósitos, a saber: conocer qué ayuntamientos guerrerenses proporcionan recursos públicos a los ediles para sus “gestiones” y en qué condiciones lo hacen; y poner a prueba los procedimientos e instituciones establecidos en la ley para el acceso a la información pública gubernamental.

La información que publicamos se deriva de las respuestas a 71 solicitudes de información presentadas desde el 5 de enero de 2017 para conocer cómo ejercen estos recursos los ediles de 70 municipios guerrerenses -únicas demarcaciones, de las 81 que existen en el estado, habilitadas en la plataforma electrónica Info Guerrero en esa fecha- y los legisladores del Congreso del estado.

Primeros hallazgos

Lo primero que destaca es que 27 ayuntamientos no respondieron a las solicitudes en los plazos que fija la ley, y otros dos sujetos obligados -ayuntamiento de Chilpancingo y el Congreso local- dieron datos que no correspondían a lo requerido; en consecuencia, se presentaron 29 recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero (Itaigro).

Un balance sobre las dificultades para el acceso a la información en el estado, así como sobre las respuestas que dieron los ayuntamientos -casi todos los 44 gobiernos municipales que sí contestaron dijeron que no otorgan recursos a sus regidores- se publicó en la edición del 25 de abril de 2017 de Monitor de Guerrero, “Opacidad en los gastos de gestión”.

Igualmente, el 2 de enero de 2018, en “Transparencia en 2017; qué hay para 2018” se describió el rezago en el procesamiento de recursos de revisión y el incumplimiento de las resoluciones del Itaigro, pues aunque ha emitido 22 resoluciones, sólo se han cumplido cinco, es decir, a diez meses de que se presentaron 29 recursos de revisión, sólo se obtuvieron datos de cinco gobiernos municipales.

Hay un problema muy grave en el estado en materia de acceso a la información, derivado de la falta de atención a las solicitudes de información por los ayuntamientos, del rezago en el procesamiento de recursos de revisión, y de la falta de consecuencias para quienes incumplen las resoluciones del órgano garante local, pues ninguna multa ni otras sanciones se han aplicado a la fecha.

Acapulco y otros 4 ayuntamientos

Había interés particular por los cinco ayuntamientos con mayor número de población en el estado, pues éstos tienen más posibilidades de recabar ingresos propios, y por lo tanto, de financiar los gastos de gestoría social de sus ediles. El gobierno municipal de Taxco respondió que les otorga 5 mil pesos mensuales a sus regidores, mientras que el de Iguala proporciona la misma cantidad. El ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta omitió responder y el Itaigro aún gestiona un recurso de revisión presentado el 20 de febrero de 2017. Por cierto, también pendiente de resolución se encuentra el recurso de revisión del Congreso del estado que se presentó el 13 de febrero de 2017.

Del gobierno municipal capitalino, Chilpancingo, el órgano garante emitió una resolución el 17 de octubre de 2017 para que entregara la información sobre sus ediles, pero esto no ha sucedido. Dice la resolución que el sujeto obligado tendrá un plazo de tres días hábiles para cumplir o de lo contario se haría acreedor a una multa económica de 10 mil 956 pesos, “con independencia de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de los servidores públicos”. Ya pasaron tres meses y el ayuntamiento de Chilpancingo no ha entregado la información; no se ha cobrado ninguna multa y tampoco se ha iniciado ningún procedimiento de responsabilidad administrativa. Es la ruta que han seguido casi todas las 22 resoluciones que emitió el Itaigro.

Acapulco es un caso aparte. Los regidores y síndicos del ayuntamiento de Acapulco deben considerarse privilegiados porque reciben montos significativos de recursos, que destinan a “gestoría social”; el ayuntamiento les entrega poco más de 1.6 millones anuales a cada uno.

Los datos que se presentan en adelante se derivaron de las respuestas a dos solicitudes de información, a la documentación del procedimiento de un recurso de revisión en contra de ese gobierno municipal, y a la revisión de cerca de 14 mil hojas de comprobación de gastos de 20 ediles porteños correspondientes al ejercicio 2016.

Las solicitudes a Acapulco

En su respuesta, el ayuntamiento de Acapulco informó que 19 regidores en 2016 recibieron recursos por 1 millón 680 mil pesos y un regidor, un millón 710 mil pesos (seis ediles son del PRI, cinco de la coalición PRD-PT, cinco del PAN, dos de Movimiento Ciudadano, uno del PT y uno del Partido Verde). No informó si los síndicos recibieron este tipo de recursos.

Hasta este punto, no había problemas con el acceso a la información del ayuntamiento de Acapulco, pero sí cuando se presentó una segunda solicitud con el folio 00084517, que literalmente decía: “Relación de acciones por concepto de gastos de orden social y gastos de gestoría social de 2016, desglosado por cada regidor del ayuntamiento, acción, comunidad, monto y fecha”. También se solicitó copia de las facturas y comprobantes de lo gastado por cada regidor.

Como respuesta, se recibió un oficio de la Unidad de Transparencia del ayuntamiento Acapulco -vencido ya el plazo que otorga ley para responder a una solicitud- para decir que no entregaría la información porque “deberá solicitarla a quienes generan el gasto directamente”, es decir, a los ediles.

Al respecto, la norma es muy clara. En el caso de Guerrero, el artículo 52 de la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dice que “Los sujetos obligados contarán con un área responsable para la atención de las solicitudes de información, a la que se le denominará Unidad de Transparencia, la cual será la única competente para recibir y tramitar todas las solicitudes de información y las relativas a datos personales que se presenten”.

Sobre el requerimiento de “Copia de las facturas y comprobantes del mes de enero de 2016, agrupados por cada regidor”, el ayuntamiento también negó la información porque “contiene datos personales de terceros”. Es probable que el ayuntamiento se refería a los proveedores de bienes o servicios pagados con recursos públicos, o bien, a los beneficiarios de los apoyos otorgados por los ediles. Pero en ninguno de los dos casos tenía razón.

En el primer caso, la negativa no se justifica, ya que la información solicitada se encuentra enmarcada en el artículo 81, fracción XXVIII: “La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados (…)”.

Tampoco la segunda, porque igualmente está incluida en la ley: “La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: (…) q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo”. (artículo 81, fracción XV).

No había pues, ninguna justificación para negar las comprobaciones del gasto ni tampoco para no informar a qué se destinaban estos recursos. Por esta negativa se presentó un recurso de revisión ante el Itaigro el 23 de marzo de 2017 en contra del ayuntamiento de Acapulco.

El órgano garante emitió una resolución el 10 de octubre de 2017 ordenando que se entregara la información, y el 30 del mismo mes la Unidad de Transparencia del ayuntamiento comunicó la disposición de la misma.

Qué entregaron

En formato electrónico, el gobierno municipal de Acapulco nos entregó cerca de 14 mil hojas correspondientes a pólizas de cheques, tablas de control, recibos de la Tesorería municipal, y especialmente, recibos firmados por las y los beneficiarios que recibieron el apoyo, así como copias de documentos de identificación y su lugar de residencia.

Durante 2016, los regidores y regidoras de Acapulco recibieron mensualmente cheques por 70 mil pesos, cada uno por concepto de “gastos de orden social, subsidios, apoyo social, materiales, suministros y gastos en general necesarios para la operatividad de las oficinas de los ediles”, de la cuenta de Recursos Propios del ayuntamiento de Acapulco.

Pero adicionalmente, recibieron 70 mil pesos mensuales por concepto de “subsidio adicional por gestoría social en cumplimiento de sus funciones, necesarios para la operatividad de las oficinas de los ediles”.

En total, cada regidor o regidora recibió del orden de un millón 680 mil pesos en 2016, de acuerdo con los documentos del ayuntamiento que revisamos.

Sin embargo, la comprobación que nos entregaron corresponde sólo a 70 mil pesos mensuales erogados por cada edil; del resto del dinero que ejercieron no se recibió ningún documento y por lo tanto no hay evidencia de en qué se gastó.

Los regidores comprobaron de manera muy diferente los recursos. Al revisar los documentos en nuestro poder, algunos ediles hicieron una comprobación razonable, presentaron evidencia documental y fotográfica de los apoyos que proporcionaron; pero otros, la mayoría, improvisaron su comprobación, abusaron de los recibos firmados por los beneficiarios y hay una notable ausencia de facturas fiscales, no obstante que una gran cantidad de dinero se destinó a la compra de electrodomésticos (estufas, refrigeradores y hasta colchones), a materiales de construcción (madera, cemento, grava, arena, láminas) y a medicamentos o análisis de laboratorio, es decir, conceptos de los que se pueden emitir ese tipo de comprobaciones formales sin mucha dificultad.

La gran cuestión de los gastos de gestoría no es que los regidores dispongan de dinero para canalizarlo a personas de bajos recursos o a proyectos de beneficio colectivo -eso podría ser legítimo si hubiese reglas claras- sino su utilización discrecional, su opacidad y su comprobación deficiente.

En la siguiente entrega se abordará con más detalle la manera en que los regidores porteños comprobaron los recursos que ejercieron a partir de la revisión de la documentación entregada por el ayuntamiento de Acapulco.

La transparencia en 2017; qué hay para 2018

Publicado en el Sur de Acapulco

El año que recién terminó fue variopinto en materia de transparencia, acceso a la información y la rendición de cuentas. Entre lo bueno se cuenta que el proceso de construcción del sistema estatal anticorrupción dio un importante paso al aprobarse las reformas constitucionales y leyes que le dan sustento. Lo lamentable del año es que el funcionamiento del sistema nacional de transparencia en el estado continúa dando tumbos, y específicamente el acceso a la información todavía es un derecho que no se ejerce plenamente en Guerrero, pues persiste un nudo estructural que incluye a las dependencias públicas que niegan la información y desacatan las resoluciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado (Itaigro), un órgano garante que arrastra rezagos e inercias en el procesamiento de los recursos de revisión, y lo más grave, quienes infringen la ley de transparencia todavía gozan de impunidad, pues al día de hoy aún no se aplican medidas de coerción para los infractores.

El 2018 será un año interesante por varios motivos. Comenzará una nueva gestión en el Itaigro -con los mismos o nuevos comisionados- que deberá resolver en el corto plazo las deficiencias que arrastra. Un hecho que sucederá por vez primera, es la designación de un consejo consultivo ciudadano que vigilará y dará seguimiento al trabajo del órgano garante.

Se elegirá también el comité de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción, el cual este mismo año deberá a comenzar a funcionar.

Finalmente, otro hecho importante es que comienza la obligación de publicar información de oficio para todas las dependencias públicas, con la diferencia de que esta vez sí habrá consecuencias para quienes no lo hagan.

En esta edición se presenta un recuento de aciertos y desaciertos ocurridos en la materia durante el año que concluyó, así como los principales acontecimientos que vendrán en 2018.

Lo bueno

Uno de los pocos episodios positivos que pueden destacarse durante 2018 es que el gobernador del estado promovió que los diputados guerrerenses aprobaran en tiempo y forma las reformas constitucionales y las leyes correspondientes para la creación del sistema estatal anticorrupción. Aunque parecía una acción de trámite, derivada de una obligación que tenía un plazo perentorio dictado por la constitución federal, lo cierto es que las experiencias legislativas previas en el tema de transparencia siempre se caracterizaron por su tortuguismo, retraso y por la aprobación de leyes de poca calidad.

Con ese antecedente y en un estado acostumbrado a estar siempre en la cola de los procesos nacionales, realmente destaca que Guerrero haya cumplido en tiempo y con los estándares exigidos en la confección de una reforma constitucional y de nueve normas que darán origen al sistema estatal anticorrupción. Sólo resta esperar que en 2018 el funcionamiento del sistema estatal anticorrupción comience sin contratiempos y se tomen las mejores decisiones; de lo contario, todo este avance legislativo se irá por la borda.

Lo malo

Aunque el sistema nacional de transparencia lleva año y medio de vigencia, en el estado de Guerrero los avances son a cuentagotas. Independientemente de las inconsistencias de la plataforma nacional de transparencia (PNT) construida por el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la mayoría de las 208 dependencias públicas, partidos políticos, sindicatos y otros sujetos obligados no están publicando su información de oficio o lo están haciendo parcialmente. Lo anterior significa que ninguna dependencia pública en Guerrero puede calificarse como transparente porque nadie ha cumplido ni siquiera con los estándares que establece la ley.

Durante 2017, por iniciativa del INAI, el Consejo Nacional del sistema dio una segunda prórroga para que todas las dependencias del país tuvieran la oportunidad de subir su información. La fecha límite, que ahora sí parece definitiva, es el 1 de enero de 2018.

En el inter de esta segunda posposición de las obligaciones de transparencia, del 4 de mayo al 31 de diciembre de 2017, el Itaigro debió realizar una “verificación diagnóstica” para conocer las necesidades y problemas de por qué las dependencias públicas no están subiendo su información y asesorar a aquellas que lo requirieran.

De acuerdo con los lineamientos generales, este proceso consistió en dos pasos: en el primero, se realizaron revisiones “para detectar áreas de oportunidad de cada sujeto obligado para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 82 de la Ley General”. En el segundo paso, se realizaron revisiones a los portales para dar seguimiento a la atención de las recomendaciones emitidas en la primera fase y al cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Según las fechas propuestas por el CN, la primera fase se realizaría del 8 de mayo al 14 de agosto de 2017. Las acciones de la segunda fase se realizarán del 15 de agosto de 2017 hasta el último día hábil de 2017 de cada organismo garante. Es decir, el Itaigro ya tiene un diagnóstico de la transparencia en el estado, el cual comentaremos en entregas posteriores.

Al margen de todo esto, la revisión al azar de la plataforma nacional de transparencia y de los portales electrónicos de los sujetos obligados no augura buenos resultados. No obstante que ya han tenido tiempo suficiente para cumplir con sus obligaciones, lo cierto es que la gran mayoría de dependencias públicas, sobre todo los ayuntamientos, no ha cumplido con subir su información a la plataforma y los portales.

A partir de enero, el incumplimiento tendrá consecuencias porque ahora sí, las dependencias públicas omisas podrán hacerse acreedoras a multas y otras sanciones, y además cualquier ciudadano podrá denunciar dichos incumplimientos.

Mal en acceso a la información

Durante 2017 las cosas no fueron mejores en el tema del acceso a la información. Se observó que persiste la negativa a entregar la información por parte de muchas dependencias públicas o a proporcionarla de manera parcial o a entregar datos que no corresponden con lo que solicita el ciudadano. Estas expresiones son sólo parte de un problema estructural que incluye también al órgano garante del estado, que se encarga de procesar los recursos de revisión, y a la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, responsable de cobrar las multas a los infractores de la ley de transparencia.

Un ejercicio que realizamos a principio de año ayudará a comprender cómo hay una falta de articulación y muchas deficiencias entre las dependencias encargadas de garantizar el derecho.

El 5 de enero de 2017 presentamos ante los ayuntamientos y el Congreso un paquete de solicitudes de información sobre los gastos de gestoría de sus regidores y diputados. En el caso de los gobiernos municipales, sólo presentamos 71 solicitudes porque 10 ayuntamientos no estaban habilitados en el sistema Info Guerrero (primer obstáculo para el acceso a la información).

De las 72 solicitudes, que incluyen la del Congreso, sólo 45 contestaron en tiempo -aunque dos no entregaron lo que se les pidió-, y 27 no hicieron caso a la solicitud (segundo obstáculo), por lo que pasados los 20 días hábiles que establece la ley, se presentaron 29 recursos de revisión ante el Itaigro.

Sin embargo, el órgano garante presentó rezagos en el trabajo de procesar los recursos de revisión y emitir sus resoluciones (tercer obstáculo); de este paquete de 29 recursos de revisión que nos ocupa, han emitido 22 resoluciones, la mayoría en los meses de junio y julio, pero algunas en octubre y una recientemente, el 5 de diciembre. Y lo grave es que a un año de distancia no se ha dictado ninguna resolución en los casos de cinco ayuntamientos y el Congreso del estado.

Dos obstáculos adicionales complican aún más el escenario para el ejercicio de acceso a la información. Si bien el Itaigro emitió 22 resoluciones ordenando que los ayuntamientos nos entregaran la información solicitada, éstos hicieron caso omiso en 17 de los casos (cuarto obstáculo).

Esta actitud de los ayuntamientos en gran parte se debe a que saben que no habrá ninguna consecuencia jurídica para ellos (quinto obstáculo al acceso a la información), ya que la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado durante 2017 no cobró ni una sola multa; de hecho, desde 2006, fecha en que entró en vigor la primera ley de transparencia en el estado, no se ha cobrado ni una sola multa y esto sólo contribuye a generar un ambiente de impunidad que las dependencias públicas aprovechan para no cumplir con sus obligaciones de transparencia ni de facilitar el acceso a la información de los guerrerenses.

Al final el balance no es nada bueno: en 10 casos no hubo manera de hacer llegar una solicitud de información, y por otra parte, de 29 casos que se tramitaron de acuerdo con la ley para hacer valer el derecho de acceso a la información, solo cinco han entregado la información obligados por una resolución del Itaigro o por sí mismos de manera extemporánea; el resto continúa en la impunidad cobijados por la protección o negligencia de la Sefina.

Lo que viene

2018 será relevante para la participación ciudadana en algunos organismos relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Uno de ellos será el Consejo Consultivo del Itaigro, el cual será integrado por tres consejeros ciudadanos que durarán en el cargo cinco años. Éstos serán nombrados por el voto de las dos terceras partes de los diputados.

Por cierto, de acuerdo con el Decreto número 206 por medio del cual se reforma el artículo 122 de la Constitución del estado, la convocatoria debe emitirse “dentro de los 90 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este decreto”, el cual fue publicado el 14 de julio de 2017 en el periódico oficial del estado. Esto significa que la designación del consejo consultivo bien pudo empatarse con el nombramiento de los consejeros del Itaigro, pues la fecha para publicarla debió ser a principios de diciembre de 2017.

Este órgano ciudadano, si funciona bien, podrá recomendar mejoras sustanciales a la manera en que ha funcionado el Itaigro y dar seguimiento a las principales acciones. Su buen funcionamiento permitirá disminuir las inercias que persisten en el órgano garante y proponer medidas para resolver las grandes cargas de trabajo que se avizoran en 2018.

En este año también deberá formarse el comité de participación ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. El procedimiento que indica la ley es que el Congreso del estado constituirá una comisión de selección integrada por cinco personas residentes en el estado, tres propuestas por instituciones de educación superior, y dos sugeridas por organizaciones de la sociedad civil.

Esta comisión de selección emitirá una convocatoria para realizar una amplia consulta pública dirigida a la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo. Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del comité de participación ciudadana y deberá hacerlos públicos. En un plazo de 90 días siguientes a la entrada en vigor de la Ley 464 del Sistema Estatal Anticorrupción, el 1 de enero de 2018, el Congreso del estado, deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección.

Lo sobresaliente del comité de participación ciudadana es que por vez primera un organismo con este perfil tomará decisiones en las políticas públicas anticorrupción en el estado. Regularmente este tipo de consejos ciudadanos eran creados para dar recomendaciones y opiniones a los órganos gubernamentales, pero nunca para participar en la toma de decisiones.

Incluso, un miembro del comité de participación ciudadana será el que presida el comité coordinador del sistema, que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; por el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; el Comisionado Presidente del Itaigro; y por un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

La expectativa del sistema estatal anticorrupción es alta; ojalá no se presenten los lastres que pueden impedir o disminuir su eficaz funcionamiento como la mala elección de miembros del comité de participación ciudadana o el tortuguismo en su instalación o en sus procesos de toma de decisiones.