Publicado en El Sur de Acapulco
Los resultados de una
investigación periodística sobre los “gastos de gestoría” que reciben algunos
regidores y síndicos, así como los diputados de Guerrero, se abordarán en esta
y la siguiente entrega de Monitor de Guerrero. Se trata de una partida muy
cuestionada por su opacidad y nula rendición de cuentas, ya que públicamente no
se conoce de dónde proviene, de cuánto son los montos, los criterios para su
ejercicio, la comprobación de ese gasto y su impacto en la población.
No hay en la Ley Orgánica del
Municipio Libre del estado ningún enunciado que faculte a los regidores para
ejercer recursos públicos de manera directa, aunque tampoco lo prohíbe. En todo
caso, éstos deberían sujetarse a la normatividad para el control, fiscalización
y transparencia -como todos los recursos públicos-, y no ser excepcionales sólo
porque provienen de los recursos propios de los ayuntamientos.
Las solicitudes presentadas se refirieron a la “Cantidad de
recursos financieros entregados a los regidores como Gastos de Gestión durante
2016”. Se pidió que los datos se desglosaran por regidor y partido político y
que proporcionaran el nombre, ubicación y monto de las obras reportadas con
estos recursos. También se les requirió la “descripción del procedimiento
mediante el cual los regidores comprueban estos recursos”.
La información solicitada es
parte de la que obligatoriamente deben publicar todas las dependencias públicas.
La
Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales del estado de Guerrero, en su artículo 81, fracción XV, del capítulo
de las “Obligaciones de Transparencia Comunes” dice que las dependencias públicas deben transparentar
“La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se
deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de
infraestructura social y de subsidio”.
Pero
ningún ayuntamiento lo hace, ni tampoco el Congreso del estado, de ahí que fue
necesario solicitarla mediante los procedimientos que establece la ley.
La gestión de información y la
revisión de documentos para realizar este trabajo fue de casi un año; tuvo dos
propósitos, a saber: conocer qué ayuntamientos guerrerenses proporcionan recursos
públicos a los ediles para sus “gestiones” y en qué condiciones lo hacen; y
poner a prueba los procedimientos e instituciones establecidos en la ley para el
acceso a la información pública gubernamental.
La información que publicamos
se deriva de las respuestas a 71 solicitudes de información presentadas desde
el 5 de enero de 2017 para conocer cómo ejercen estos recursos los ediles de 70
municipios guerrerenses -únicas demarcaciones, de las 81 que existen en el
estado, habilitadas en la plataforma electrónica Info Guerrero en esa fecha- y
los legisladores del Congreso del estado.
Primeros
hallazgos
Lo primero que destaca es que
27 ayuntamientos no respondieron a las solicitudes en los plazos que fija la
ley, y otros dos sujetos obligados -ayuntamiento de Chilpancingo y el Congreso
local- dieron datos que no correspondían a lo requerido; en consecuencia, se
presentaron 29 recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero
(Itaigro).
Un balance sobre las
dificultades para el acceso a la información en el estado, así como sobre las
respuestas que dieron los ayuntamientos -casi todos los 44 gobiernos
municipales que sí contestaron dijeron que no otorgan recursos a sus regidores-
se publicó en la edición del 25 de abril de 2017 de Monitor de Guerrero, “Opacidad
en los gastos de gestión”.
Igualmente, el 2 de enero de
2018, en “Transparencia en 2017; qué hay para 2018” se describió el rezago en
el procesamiento de recursos de revisión y el incumplimiento de las resoluciones
del Itaigro, pues aunque ha emitido 22 resoluciones, sólo se han cumplido cinco,
es decir, a diez meses de que se presentaron 29 recursos de revisión, sólo se
obtuvieron datos de cinco gobiernos municipales.
Hay un problema muy grave en
el estado en materia de acceso a la información, derivado de la falta de
atención a las solicitudes de información por los ayuntamientos, del rezago en
el procesamiento de recursos de revisión, y de la falta de consecuencias para
quienes incumplen las resoluciones del órgano garante local, pues ninguna multa
ni otras sanciones se han aplicado a la fecha.
Acapulco
y otros 4 ayuntamientos
Había interés particular por
los cinco ayuntamientos con mayor número de población en el estado, pues éstos tienen
más posibilidades de recabar ingresos propios, y por lo tanto, de financiar los
gastos de gestoría social de sus ediles. El gobierno municipal de Taxco
respondió que les otorga 5 mil pesos mensuales a sus regidores, mientras que el
de Iguala proporciona la misma cantidad. El ayuntamiento de Zihuatanejo de
Azueta omitió responder y el Itaigro aún gestiona un recurso de revisión presentado
el 20 de febrero de 2017. Por cierto, también pendiente de resolución se
encuentra el recurso de revisión del Congreso del estado que se presentó el 13
de febrero de 2017.
Del gobierno municipal
capitalino, Chilpancingo, el órgano garante emitió una resolución el 17 de
octubre de 2017 para que entregara la información sobre sus ediles, pero esto no
ha sucedido. Dice la resolución que el sujeto obligado tendrá un plazo de tres
días hábiles para cumplir o de lo contario se haría acreedor a una multa
económica de 10 mil 956 pesos, “con independencia de las denuncias por
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de los servidores
públicos”. Ya pasaron tres meses y el ayuntamiento de Chilpancingo no ha
entregado la información; no se ha cobrado ninguna multa y tampoco se ha iniciado
ningún procedimiento de responsabilidad administrativa. Es la ruta que han
seguido casi todas las 22 resoluciones que emitió el Itaigro.
Acapulco es un caso aparte. Los
regidores y síndicos del ayuntamiento de Acapulco deben considerarse privilegiados
porque reciben montos significativos de recursos, que destinan a “gestoría
social”; el ayuntamiento les entrega poco más de 1.6 millones anuales a cada
uno.
Los datos que se presentan en
adelante se derivaron de las respuestas a dos solicitudes de información, a la
documentación del procedimiento de un recurso de revisión en contra de ese
gobierno municipal, y a la revisión de cerca de 14 mil hojas de comprobación de
gastos de 20 ediles porteños correspondientes al ejercicio 2016.
Las
solicitudes a Acapulco
En su respuesta, el
ayuntamiento de Acapulco informó que 19 regidores en 2016 recibieron recursos
por 1 millón 680 mil pesos y un regidor, un millón 710 mil pesos (seis ediles
son del PRI, cinco de la coalición PRD-PT, cinco del PAN, dos de Movimiento
Ciudadano, uno del PT y uno del Partido Verde). No informó si los síndicos
recibieron este tipo de recursos.
Hasta este punto, no había
problemas con el acceso a la información del ayuntamiento de Acapulco, pero sí
cuando se presentó una segunda solicitud con el folio 00084517, que literalmente decía: “Relación de
acciones por concepto de gastos de orden social y gastos de gestoría social de
2016, desglosado por cada regidor del ayuntamiento, acción, comunidad, monto y
fecha”. También se solicitó copia de las facturas y comprobantes de lo gastado
por cada regidor.
Como respuesta, se recibió un
oficio de la Unidad de Transparencia del ayuntamiento Acapulco -vencido ya el
plazo que otorga ley para responder a una solicitud- para decir que no entregaría
la información porque “deberá solicitarla a quienes generan el gasto
directamente”, es decir, a los ediles.
Al respecto, la norma es muy
clara. En el caso de Guerrero, el artículo 52 de la Ley 207 de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales dice que “Los sujetos
obligados contarán con un área responsable para la atención de las solicitudes
de información, a la que se le denominará Unidad de Transparencia, la cual será
la única competente para recibir y tramitar todas las solicitudes de
información y las relativas a datos
personales que se presenten”.
Sobre el requerimiento de “Copia de las facturas y comprobantes del mes
de enero de 2016, agrupados por cada regidor”, el ayuntamiento también negó la
información porque “contiene datos personales de terceros”. Es probable que el
ayuntamiento se refería a los proveedores de bienes o servicios pagados con
recursos públicos, o bien, a los beneficiarios de los apoyos otorgados por los
ediles. Pero en ninguno de los dos casos tenía razón.
En el primer caso, la negativa no se justifica, ya
que la información solicitada se encuentra enmarcada en el artículo 81,
fracción XXVIII: “La información sobre los resultados sobre procedimientos de
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier
naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los
contratos celebrados (…)”.
Tampoco la segunda, porque igualmente está incluida
en la ley: “La información de
los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar
respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura
social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: (…) q) Padrón
de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o
denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso,
beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su
caso, edad y sexo”. (artículo 81, fracción XV).
No había pues, ninguna justificación para negar las comprobaciones del
gasto ni tampoco para no informar a qué se destinaban estos recursos. Por esta negativa
se presentó un recurso de revisión ante el Itaigro el 23 de marzo de 2017 en
contra del ayuntamiento de Acapulco.
El órgano garante emitió una resolución el 10 de octubre de 2017
ordenando que se entregara la información, y el 30 del mismo mes la Unidad de
Transparencia del ayuntamiento comunicó la disposición de la misma.
Qué entregaron
En formato electrónico, el gobierno municipal de Acapulco nos entregó
cerca de 14 mil hojas correspondientes a pólizas de cheques, tablas de control,
recibos de la Tesorería municipal, y especialmente, recibos firmados por las y
los beneficiarios que recibieron el apoyo, así como copias de documentos de
identificación y su lugar de residencia.
Durante 2016, los regidores y
regidoras de Acapulco recibieron mensualmente cheques por 70 mil pesos, cada
uno por concepto de “gastos de orden social, subsidios, apoyo social,
materiales, suministros y gastos en general necesarios para la operatividad de
las oficinas de los ediles”, de la cuenta de Recursos Propios del ayuntamiento
de Acapulco.
Pero adicionalmente, recibieron
70 mil pesos mensuales por concepto de “subsidio adicional por gestoría social
en cumplimiento de sus funciones, necesarios para la operatividad de las
oficinas de los ediles”.
En total,
cada regidor o regidora recibió del orden de un millón 680 mil pesos en 2016,
de acuerdo con los documentos del ayuntamiento que revisamos.
Sin embargo, la comprobación que nos entregaron corresponde sólo a 70
mil pesos mensuales erogados por cada edil; del resto del dinero que ejercieron
no se recibió ningún documento y por lo tanto no hay evidencia de en qué se
gastó.
Los
regidores comprobaron de manera muy diferente los recursos. Al revisar los
documentos en nuestro poder, algunos ediles hicieron una comprobación razonable,
presentaron evidencia documental y fotográfica de los apoyos que
proporcionaron; pero otros, la mayoría, improvisaron su comprobación, abusaron
de los recibos firmados por los beneficiarios y hay una notable ausencia de
facturas fiscales, no obstante que una gran cantidad de dinero se destinó a la compra
de electrodomésticos (estufas, refrigeradores y hasta colchones), a materiales
de construcción (madera, cemento, grava, arena, láminas) y a medicamentos o
análisis de laboratorio, es decir, conceptos de los que se pueden emitir ese
tipo de comprobaciones formales sin mucha dificultad.
La gran cuestión de los
gastos de gestoría no es que los regidores dispongan de dinero para canalizarlo
a personas de bajos recursos o a proyectos de beneficio colectivo -eso podría
ser legítimo si hubiese reglas claras- sino su utilización discrecional, su
opacidad y su comprobación deficiente.
En la siguiente entrega se
abordará con más detalle la manera en que los regidores porteños comprobaron
los recursos que ejercieron a partir de la revisión de la documentación
entregada por el ayuntamiento de Acapulco.
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