Publicado en el Sur de Acapulco
El año que recién terminó fue variopinto en materia de transparencia, acceso a la información y la rendición de cuentas. Entre lo bueno se cuenta que el proceso de construcción del sistema estatal anticorrupción dio un importante paso al aprobarse las reformas constitucionales y leyes que le dan sustento. Lo lamentable del año es que el funcionamiento del sistema nacional de transparencia en el estado continúa dando tumbos, y específicamente el acceso a la información todavía es un derecho que no se ejerce plenamente en Guerrero, pues persiste un nudo estructural que incluye a las dependencias públicas que niegan la información y desacatan las resoluciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado (Itaigro), un órgano garante que arrastra rezagos e inercias en el procesamiento de los recursos de revisión, y lo más grave, quienes infringen la ley de transparencia todavía gozan de impunidad, pues al día de hoy aún no se aplican medidas de coerción para los infractores.
El 2018 será un año interesante por varios motivos. Comenzará una nueva gestión en el Itaigro -con los mismos o nuevos comisionados- que deberá resolver en el corto plazo las deficiencias que arrastra. Un hecho que sucederá por vez primera, es la designación de un consejo consultivo ciudadano que vigilará y dará seguimiento al trabajo del órgano garante.
Se elegirá también el comité de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción, el cual este mismo año deberá a comenzar a funcionar.
Finalmente, otro hecho importante es que comienza la obligación de publicar información de oficio para todas las dependencias públicas, con la diferencia de que esta vez sí habrá consecuencias para quienes no lo hagan.
En esta edición se presenta un recuento de aciertos y desaciertos ocurridos en la materia durante el año que concluyó, así como los principales acontecimientos que vendrán en 2018.
Lo bueno
Uno de los pocos episodios positivos que pueden destacarse durante 2018 es que el gobernador del estado promovió que los diputados guerrerenses aprobaran en tiempo y forma las reformas constitucionales y las leyes correspondientes para la creación del sistema estatal anticorrupción. Aunque parecía una acción de trámite, derivada de una obligación que tenía un plazo perentorio dictado por la constitución federal, lo cierto es que las experiencias legislativas previas en el tema de transparencia siempre se caracterizaron por su tortuguismo, retraso y por la aprobación de leyes de poca calidad.
Con ese antecedente y en un estado acostumbrado a estar siempre en la cola de los procesos nacionales, realmente destaca que Guerrero haya cumplido en tiempo y con los estándares exigidos en la confección de una reforma constitucional y de nueve normas que darán origen al sistema estatal anticorrupción. Sólo resta esperar que en 2018 el funcionamiento del sistema estatal anticorrupción comience sin contratiempos y se tomen las mejores decisiones; de lo contario, todo este avance legislativo se irá por la borda.
Lo malo
Aunque el sistema nacional de transparencia lleva año y medio de vigencia, en el estado de Guerrero los avances son a cuentagotas. Independientemente de las inconsistencias de la plataforma nacional de transparencia (PNT) construida por el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la mayoría de las 208 dependencias públicas, partidos políticos, sindicatos y otros sujetos obligados no están publicando su información de oficio o lo están haciendo parcialmente. Lo anterior significa que ninguna dependencia pública en Guerrero puede calificarse como transparente porque nadie ha cumplido ni siquiera con los estándares que establece la ley.
Durante 2017, por iniciativa del INAI, el Consejo Nacional del sistema dio una segunda prórroga para que todas las dependencias del país tuvieran la oportunidad de subir su información. La fecha límite, que ahora sí parece definitiva, es el 1 de enero de 2018.
En el inter de esta segunda posposición de las obligaciones de transparencia, del 4 de mayo al 31 de diciembre de 2017, el Itaigro debió realizar una “verificación diagnóstica” para conocer las necesidades y problemas de por qué las dependencias públicas no están subiendo su información y asesorar a aquellas que lo requirieran.
De acuerdo con los lineamientos generales, este proceso consistió en dos pasos: en el primero, se realizaron revisiones “para detectar áreas de oportunidad de cada sujeto obligado para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 82 de la Ley General”. En el segundo paso, se realizaron revisiones a los portales para dar seguimiento a la atención de las recomendaciones emitidas en la primera fase y al cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
Según las fechas propuestas por el CN, la primera fase se realizaría del 8 de mayo al 14 de agosto de 2017. Las acciones de la segunda fase se realizarán del 15 de agosto de 2017 hasta el último día hábil de 2017 de cada organismo garante. Es decir, el Itaigro ya tiene un diagnóstico de la transparencia en el estado, el cual comentaremos en entregas posteriores.
Al margen de todo esto, la revisión al azar de la plataforma nacional de transparencia y de los portales electrónicos de los sujetos obligados no augura buenos resultados. No obstante que ya han tenido tiempo suficiente para cumplir con sus obligaciones, lo cierto es que la gran mayoría de dependencias públicas, sobre todo los ayuntamientos, no ha cumplido con subir su información a la plataforma y los portales.
A partir de enero, el incumplimiento tendrá consecuencias porque ahora sí, las dependencias públicas omisas podrán hacerse acreedoras a multas y otras sanciones, y además cualquier ciudadano podrá denunciar dichos incumplimientos.
Mal en acceso a la información
Durante 2017 las cosas no fueron mejores en el tema del acceso a la información. Se observó que persiste la negativa a entregar la información por parte de muchas dependencias públicas o a proporcionarla de manera parcial o a entregar datos que no corresponden con lo que solicita el ciudadano. Estas expresiones son sólo parte de un problema estructural que incluye también al órgano garante del estado, que se encarga de procesar los recursos de revisión, y a la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, responsable de cobrar las multas a los infractores de la ley de transparencia.
Un ejercicio que realizamos a principio de año ayudará a comprender cómo hay una falta de articulación y muchas deficiencias entre las dependencias encargadas de garantizar el derecho.
El 5 de enero de 2017 presentamos ante los ayuntamientos y el Congreso un paquete de solicitudes de información sobre los gastos de gestoría de sus regidores y diputados. En el caso de los gobiernos municipales, sólo presentamos 71 solicitudes porque 10 ayuntamientos no estaban habilitados en el sistema Info Guerrero (primer obstáculo para el acceso a la información).
De las 72 solicitudes, que incluyen la del Congreso, sólo 45 contestaron en tiempo -aunque dos no entregaron lo que se les pidió-, y 27 no hicieron caso a la solicitud (segundo obstáculo), por lo que pasados los 20 días hábiles que establece la ley, se presentaron 29 recursos de revisión ante el Itaigro.
Sin embargo, el órgano garante presentó rezagos en el trabajo de procesar los recursos de revisión y emitir sus resoluciones (tercer obstáculo); de este paquete de 29 recursos de revisión que nos ocupa, han emitido 22 resoluciones, la mayoría en los meses de junio y julio, pero algunas en octubre y una recientemente, el 5 de diciembre. Y lo grave es que a un año de distancia no se ha dictado ninguna resolución en los casos de cinco ayuntamientos y el Congreso del estado.
Dos obstáculos adicionales complican aún más el escenario para el ejercicio de acceso a la información. Si bien el Itaigro emitió 22 resoluciones ordenando que los ayuntamientos nos entregaran la información solicitada, éstos hicieron caso omiso en 17 de los casos (cuarto obstáculo).
Esta actitud de los ayuntamientos en gran parte se debe a que saben que no habrá ninguna consecuencia jurídica para ellos (quinto obstáculo al acceso a la información), ya que la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado durante 2017 no cobró ni una sola multa; de hecho, desde 2006, fecha en que entró en vigor la primera ley de transparencia en el estado, no se ha cobrado ni una sola multa y esto sólo contribuye a generar un ambiente de impunidad que las dependencias públicas aprovechan para no cumplir con sus obligaciones de transparencia ni de facilitar el acceso a la información de los guerrerenses.
Al final el balance no es nada bueno: en 10 casos no hubo manera de hacer llegar una solicitud de información, y por otra parte, de 29 casos que se tramitaron de acuerdo con la ley para hacer valer el derecho de acceso a la información, solo cinco han entregado la información obligados por una resolución del Itaigro o por sí mismos de manera extemporánea; el resto continúa en la impunidad cobijados por la protección o negligencia de la Sefina.
Lo que viene
2018 será relevante para la participación ciudadana en algunos organismos relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Uno de ellos será el Consejo Consultivo del Itaigro, el cual será integrado por tres consejeros ciudadanos que durarán en el cargo cinco años. Éstos serán nombrados por el voto de las dos terceras partes de los diputados.
Por cierto, de acuerdo con el Decreto número 206 por medio del cual se reforma el artículo 122 de la Constitución del estado, la convocatoria debe emitirse “dentro de los 90 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este decreto”, el cual fue publicado el 14 de julio de 2017 en el periódico oficial del estado. Esto significa que la designación del consejo consultivo bien pudo empatarse con el nombramiento de los consejeros del Itaigro, pues la fecha para publicarla debió ser a principios de diciembre de 2017.
Este órgano ciudadano, si funciona bien, podrá recomendar mejoras sustanciales a la manera en que ha funcionado el Itaigro y dar seguimiento a las principales acciones. Su buen funcionamiento permitirá disminuir las inercias que persisten en el órgano garante y proponer medidas para resolver las grandes cargas de trabajo que se avizoran en 2018.
En este año también deberá formarse el comité de participación ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. El procedimiento que indica la ley es que el Congreso del estado constituirá una comisión de selección integrada por cinco personas residentes en el estado, tres propuestas por instituciones de educación superior, y dos sugeridas por organizaciones de la sociedad civil.
Esta comisión de selección emitirá una convocatoria para realizar una amplia consulta pública dirigida a la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo. Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del comité de participación ciudadana y deberá hacerlos públicos. En un plazo de 90 días siguientes a la entrada en vigor de la Ley 464 del Sistema Estatal Anticorrupción, el 1 de enero de 2018, el Congreso del estado, deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección.
Lo sobresaliente del comité de participación ciudadana es que por vez primera un organismo con este perfil tomará decisiones en las políticas públicas anticorrupción en el estado. Regularmente este tipo de consejos ciudadanos eran creados para dar recomendaciones y opiniones a los órganos gubernamentales, pero nunca para participar en la toma de decisiones.
Incluso, un miembro del comité de participación ciudadana será el que presida el comité coordinador del sistema, que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; por el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; el Comisionado Presidente del Itaigro; y por un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
La expectativa del sistema estatal anticorrupción es alta; ojalá no se presenten los lastres que pueden impedir o disminuir su eficaz funcionamiento como la mala elección de miembros del comité de participación ciudadana o el tortuguismo en su instalación o en sus procesos de toma de decisiones.
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