martes, 26 de febrero de 2019

Solicitudes de información y periodismo

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero
En memoria de Javier Bernal Vences.
El periodismo de investigación cada vez se nutre más con documentos y datos obtenidos a través de los procedimientos formales de acceso a la información pública. Reportajes como La Casa Blanca de la familia Peña Nieto-Rivera o la Estafa Maestra, que describe un gran desfalco a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano –por nombrar los más sonados–, no hubieran sido posibles, o por lo menos serían distintos, si los reporteros no hubiesen utilizado esta herramienta para complementar, fortalecer y afinar sus piezas periodísticas.
Las solicitudes de información comenzaron a emplearse en el periodismo y por algunas organizaciones casi desde que entraron en vigor las diferentes leyes que establecían los procedimientos para hurgar en los archivos, documentos, datos o estadísticas públicas. Por ejemplo, en 2003 se documentó “una desviación de recursos públicos que tendrían que orientarse al combate del VIH-Sida y que terminaron siendo empleados por una organización de corte religioso (Provida) para la compra de tangas, plumas y otros objetos no equiparables a su objetivo original”, de acuerdo con un documento de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación. La desviación alcanzó cerca de 30 millones de pesos y fue descubierta y evidenciada por seis organizaciones civiles que solicitaron información sobre cómo se habían gastado dichos recursos.
También por medio de la indagación en la información pública, el diario Milenio en 2001 encontró que a través de una empresa fantasma, la presidencia de la república, en el periodo de Vicente Fox, había adquirido toallas de 400 dólares, cortinas a control remoto por 17 mil dólares y sábanas de más de 3 mil 500 dólares, entre otras compras suntuosas. El llamado toallagate fue un escándalo mediático, que le costó la cabeza al administrador de Los Pinos, Carlos Rojas.
Más recientemente se observa una mayor incursión de los reporteros en el uso de esta herramienta, pues son más los trabajos periodísticos que siguen esta línea, como el de “Procampo financia narcos y familiares”, publicado en 2009; “Sedena omite informar número real de bajas en combate al narco” (2011); “La partida secreta contra el narco” (2001); “Opacidad educativa: los ‘Lupitos’ hidalguenses” (2015); o “Masacre en San Fernando: lo que la PGR le oculta a las familias” (2015).
Ricardo Raphael, en su libro Periodismo urgente, señala que el oficio del periodismo cuenta hoy con una enorme caja de herramientas, la mayoría provenientes del desarrollo digital. “En el corazón de esta asombrosa transformación del ecosistema informativo se encuentra el acceso a documentos que antes era imposible obtener”, asegura el autor; hay un mar de datos disponibles que pueden ser la base de “formidables piezas de investigación”.
El quid del asunto es entonces saber cómo hacerse de todos esos documentos e información, y una de las maneras es por medio de solicitudes de información pública.
Fuentes del periodismo
Ricardo Rapahel sostiene que en el siglo XX, “el periodismo se hizo adicto a dos tipos de fuentes: las declaraciones (de políticos, empresarios, líderes sindicales o funcionarios públicos) y los boletines de prensa”. Y agrega que el reportero actual se encuentra en condiciones distintas, pues el desarrollo tecnológico ha hecho accesible información antes inexistente o acaparada por unos cuántos.
Hoy es posible tener varias fuentes de información como testimoniales, archivos públicos, referencias hemerográficas, productos académicos, redes sociales y materiales en internet, entre otros.
A lo anterior se suma el proceso de apertura de la información pública que se ha establecido incluso en la propia Constitución mexicana y en las leyes de transparencia que se han legislado desde principios del actual siglo.
“El castillo de Kafka, que antes era impenetrable, hoy está obligado a vestirse con cristal transparente y una de las llaves que abre su pesada puerta es la solicitud de información. Las leyes y los organismos que la protegen y promueven han permitido que la generación más reciente de periodistas esté realizando investigaciones sobresalientes”, argumenta Ricardo Rapahel.
Sin embargo, los procedimientos para el acceso a la información, aun cuando están en las leyes, no necesariamente son fluidos, fáciles ni rápidos. Muchos reporteros de Guerrero con quienes he conversado al respecto, dejaron de usar este recurso en el primer intento precisamente porque no es coincidente con el dinamismo que exige el periodismo diario.
Y en efecto, el reportero debe considerar, dice el autor de Periodismo urgente, que en temas como el acceso a la información, mientras la dilación es la constante, la puntualidad es la excepción. “A nadie debe decepcionar una respuesta negativa cuando el secreto –y no la publicidad– es la naturaleza de cualquier secretaría, y el ritmo lerdo la característica de toda burocracia”.
Algunas cifras
Tal vez las estadísticas que tienen los institutos de transparencia permitan dar una idea del número de solicitudes de información presentadas por periodistas. Por ejemplo, el Informe de labores 2018 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) calcula que –considerando como universo sólo a los solicitantes que dejaron datos estadísticos– en el periodo 2003-2014, los “medios de comunicación” presentaron 63 mil 585 solicitudes, que representan 9.4 por ciento de ese universo.
En 2015, la cifra de requerimientos fue de 9 mil 183 (9.6 por ciento); de octubre de 2015 a septiembre de 2016 se registraron 10 mil 283 (10.6 por ciento); de octubre de 2016 a septiembre de 2017 fueron 12 mil 235 solicitudes (11.5 por ciento); y de octubre de 2017 a septiembre de 2018 se tuvieron 7 mil 820 (9.8 por ciento).
En Guerrero, no obstante que los datos oficiales sobre el número de solicitudes de información son totalmente inconsistentes durante el periodo de 2006 a 2011, se observa una baja participación de periodistas en el uso de esta herramienta, que coincide con el también escaso número de reportajes de investigación que se publican en el estado.
Según las cifras de la entonces Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado (Caipegro), en 2006-2007 el sector “medios de comunicación” presentó 10 por ciento de las 2 mil 814 solicitudes recibidas. En el periodo 2007, se presentaron 4 mil 236 requerimientos y sólo 1.8 por ciento provinieron de medios de comunicación. En 2008, la relación fue de 2.6 por ciento de las mil 118 registradas.
En 2009, la Caipegro publicó que los solicitantes relacionados con el periodismo eran sólo 0.4 por ciento de las 3 mil 453 solicitudes; y al año siguiente, en 2010, ese porcentaje se incrementó a 3.1 por ciento de los 4 mil 404 requerimientos de información de ese año.
En 2011 se presentaron 2 mil 341 solicitudes y sólo el 1 por ciento fue de periodistas; al siguiente año no se registraron cifras, y en 2013, de las mil 844 solicitudes, 2.3 por ciento fueron de medios de comunicación. A partir de 2014, el Instituto de Transparencia dejó de desglosar cuántas solicitudes de información prevenían de los medios de comunicación en el estado.
En Guerrero, el periodismo de investigación es una actividad que no es pagada ni les interesa a los dueños de los medios tradicionales, que privilegian el diarismo y la venta de publicidad, sobre todo gubernamental. Pero tampoco están a la vista muchos proyectos o iniciativas de reporteros realmente colectivas, que sean la base para hacer periodismo de fondo, ya que regularmente los productos de este tipo requieren de la participación de equipos. Es hora de que comience a hacerse este tipo de periodismo que tanta falta le hace al estado.
Sugerencias
Hassel Fallas, una periodista que basa su trabajo en el análisis de datos, escribió un texto denominado Trece consejos para hacer solicitudes de información pública, en donde recomienda en primer lugar conocer el marco jurídico del derecho de acceso a la información pública.
En el caso de nuestro país, las normas a revisar son el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y en el caso de Guerrero, la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información. Y en efecto, es necesario conocer cuáles son los procedimientos básicos para presentar una solicitud de información y, en su caso, un recurso de revisión cuando la información le sea negada al solicitante, se le entregue parcial o reciba una que no solicitó.
Otras sugerencias de la periodista son cerciorarse que la información que se solicita no está publicada ya en línea (portal electrónico de la dependencia o en la plataforma nacional de transparencia), así como saber previamente el nombre de la oficina o dependencia que puede tener la información que requerimos.
Algo también importante que recomienda Fallas es dar seguimiento puntual a la solicitud, estar pendientes poco antes de que concluya el plazo legal de vencimiento. En efecto, creemos que este es un punto clave, pues es muy fácil que el reportero olvide las fechas de conclusión y pierda la secuencia de los procedimientos. No es fácil obligarse a revisar prácticamente todos los días las respuestas de las dependencias, sobre todo si son muchas las solicitudes, y diseñarse un sistema personal de consulta, pero sí necesario hacerlo.
Otro de los temas importantes que sugiere Hassel Fallas y en el que coincidimos es que “La solicitud que redacte debe ser clara, precisa y bien delimitada en su alcance y variables a incluir”. Las dependencias públicas aprovechan cualquier ambigüedad en la redacción para no entregar la información, entregar algo diferente o para extender el plazo de la entrega. De hecho, hacer las preguntas correctas y precisas requiere habilidades que regularmente se adquieren con la práctica.
Sobre este tema Ricardo Raphael también propone redactar con exactitud, poner atención en la precisión temporal de la información que solicitamos, hacer una pregunta por solicitud y además solicitar copia simple y digital de la información, ya que sostiene el autor que los oficios impresos contienen información adicional que no tienen las versiones digitales.
Fallas hace suyas dos sugerencias de otras periodistas. De Alejandra Xanic: “No tenemos por qué identificarnos como reporteros. El derecho de petición es para todos los ciudadanos. Hay unos países menos suertudos que otros. Algunas leyes de acceso plantean que el ciudadano debe identificarse y dejar por escrito por qué y para qué quiere la información. Unos lindos prestanombres pueden salvarnos de este aprieto”.
Y de Alma Delia Fuentes: “Lo primero es checar que la info que quiere no esté ya disponible y lo último es entender que cuando recibe la información, hay que investigar y complementar antes de sentarse a escribir. La info que se obtiene por transparencia generalmente no es nota por sí misma”.
Otras sugerencias
Nuestra experiencia también dice que la especialización de los reporteros es muy útil a la hora de decidir qué información se solicita. Hacer las preguntas precisas a las dependencias públicas implica conocer las entrañas de la administración pública, las funciones y atribuciones de las oficinas, reglas de operación de los programas, leyes que las rigen, procedimientos que realizan, etc.
Uno de los temas en los que se percibe menos especialización de los periodistas, pero que es de los más importantes, son las finanzas públicas, ya que entender sus recovecos ayuda a tener una idea más cercana sobre cómo se ejercen los recursos públicos. Por ello es básico conocer, por ejemplo, el ciclo presupuestario, desde la planeación hasta la rendición de cuentas pues al tener presentes las etapas puede detectarse cualquier irregularidad o actividad fuera de las normas.
Gran amigo
A Javier Bernal lo conocí en Guerrero. Nos identificó no sólo nuestro origen chilango y haber estudiado en la misma universidad en la CDMX, sino que también compartimos preocupaciones sobre los problemas sociales del estado y participamos en el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, del que fue coordinador en el último año. Luego de su salida de El Sur, le interesó el periodismo de investigación y comenzó a barajar ideas sobre cómo iniciar un proyecto de éstos, y mucho conversamos al respecto antes de su enfermedad. Ya no alcanzó a ver funcionando este proyecto, se nos fue antes.
Hasta siempre, Javier.

martes, 12 de febrero de 2019

Datos sobre la transparencia en 2018

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero
Los informes que presenta cada año el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Guerrero (Itaigro) son una fotografía desde la que es posible observar, a veces claramente, a veces entre líneas, lo que sucede realmente en el estado en estas materias. En esta entrega comentaremos varios datos relevantes que contiene el treceavo informe de labores, correspondiente al ejercicio 2018, que entregó el órgano garante en días pasados al Congreso del estado.
Uno de los primeros datos que salta a la vista es el número de solicitudes de información que la ciudadanía guerrerense presentó durante el año pasado: 7 mil 264 requerimientos. Si se mide con referencia a otras entidades, la cifra puede parecer corta (9 mil 527 en Oaxaca, 9 mil 712 en Hidalgo, y no se diga las 116 mil recibidas en la CDMX de enero a septiembre de 2018). Pero vistas las cifras cronológicamente al interior del estado, es innegable el incremento que se ha registrado año con año, pues de las 300 o 400 que se presentaban anualmente en los años posteriores a que se establecieron procedimientos formales para ejercer el derecho de acceso a la información (2006-2007), pasamos a más de 7 mil en 2008.
Hay varios factores que favorecieron este aumento, la promoción institucional y el creciente interés de la ciudadanía por estos asuntos, entre otros. Tal vez predomine el segundo factor, pues la experiencia dice que las personas no se interesan por ejercer este derecho a partir de escuchar o ver promocionales, sino hasta que se les presenta una necesidad informativa específica de un problema que les afecta (obra pública, reglas de operación, programas sociales, estadísticas de educación, salud, seguridad, etc.), y alguien les muestra o por sí mismos descubren los procedimientos de la ley para buscar satisfacerla. Es la antesala del interés ciudadano por los asuntos públicos y tal vez el principio de la construcción de ciudadanía.
A esto se agrega un factor adicional: la posibilidad de presentar solicitudes por vía remota –a través de los medios electrónicos–, recurso que se estableció en Guerrero hasta febrero de 2011 y fue precisamente la fecha del inicio del despegue. No en balde la gran mayoría de solicitudes de 2018 se presentaron a través de la plataforma nacional de transparencia o por correo electrónico; sólo 64 se hicieron por medios diferentes.
Falta, sin embargo, diseñar mecanismos innovadores para incorporar al ejercicio de este derecho a toda esa población que aun no cuenta con la conectividad de internet que se requiere y en general a los recursos digitales.
De acuerdo con el informe de Itaigro, las principales dependencias que recibieron solicitudes el año pasado fueron la Fiscalía General del Estado (612 solicitudes), Secretaría de Salud (351), Ayuntamiento de Acapulco (347), Secretaría de Finanzas y Administración (313), Tribunal Superior de Justicia (313) y el propio Itaigro (286).
Otro dato que puede comentarse del informe del órgano garante es el de los recursos de revisión, es decir, de aquellos procedimientos que pueden presentarse si las dependencias no contestan o el solicitante está inconforme con la respuesta.
En 2018 se presentaron 379 recursos de revisión, que comparados con los 47 que se presentaron en 2007, se percibe un interés creciente por hacer valer este derecho por parte de la ciudadanía. Tradicionalmente habíamos observado un bajo número de recursos, esto derivado tanto del desconocimiento de los procedimientos por parte de la ciudadanía como debido a la tardanza de los plazos para el procesamiento de estos recursos. Los dos factores siempre han desalentado la presentación de recursos, de hecho, no se descarta que todavía hoy haya un fuerte número de solicitantes de información insatisfechos con las respuestas de las dependencias, pero que no se animan a presentar sus correspondientes recursos de revisión.
De los 379 recursos presentados en 2018, sólo en 75 casos (20 por ciento) se emitieron resoluciones en las que se instruye la entrega de información a los ciudadanos, ya que 99 fueron desechados y 76 sobreseídos. El alto porcentaje de recursos de revisión desechados y sobreseídos es una señal de alerta que impide un pleno ejercicio del derecho de acceso a la información. Hace falta un buen diagnóstico y análisis para atender los motivos de por qué no está funcionando plenamente este tipo de recursos.
En este renglón, los sujetos obligados que recibieron mayor número de recursos de revisión en su contra fueron la Secretaría de Finanzas y Administración con 21 recursos, la Fiscalía General del Estado (16), Congreso (16), Ayuntamiento de Acapulco (11), Secretaría de Educación de Guerrero (11), Itaigro (nueve), Secretaría de Desarrollo Social (nueve), y la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Salud y la Universidad Autónoma de Guerrero con siete cada una.
Denuncias ciudadanas
Finalmente, otro indicador que da cuenta sobre cómo participa la ciudadanía en el ejercicio de su derecho de acceso a la información son las denuncias que ésta presenta ante el órgano garante por el incumplimiento de las dependencias y entidades públicas de sus obligaciones de transparencia.
Dice el artículo 81 de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información que todos los sujetos obligados (208 en el estado) deben publicar información de su quehacer gubernamental organizada en un catálogo de 48 temas y algunos adicionales, según la dependencia.
También la ley dice, en su artículo 103, que si las dependencias omiten la publicación de uno o más de estos temas, las y los ciudadanos pueden presentar una denuncia ante el Itaigro. En 2018 se registraron 89 denuncias ciudadanas por este concepto, un incremento sustancial en relación con 2017, cuando sólo se presentaron 14 denuncias.
En estricto sentido, los 208 sujetos obligados del estado merecerían ser denunciados por el incumplimiento de sus obligaciones de transparencia, ya que ninguno cumple con el 100 por ciento de éstas. Sin embargo, los 89 denunciantes de 2018 seguramente presentaron sólo de aquellas dependencias de su interés.
En este rubro destacan por su número las denuncias presentadas en contra de los ayuntamientos, 65 de las 89: Tecpan (3), Chilpancingo (3), Tlapa (3), Coyuca de Benítez (3), Zihuatanejo (3); Acatepec (2), Atoyac (2), Tlalchapa (2), Taxco (2), Juan R. Escudero (2), Benito Juárez, Iguala (2) y Tixtla (2).
Con una denuncia están: Copalillo, Mochitlán, Acapulco, Ixcateopan, Ometepec, Petatlán, San Marcos, Leonardo Bravo, Alpoyeca, Arcelia, Tlapehuala, General Canuto Neri, Azoyú, Copala, Cuautepec, Huitzuco, Xalpatlahuac, Tlalixtaquilla, Olinalá, Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán, Cualac, Alcozauca, Alpoyeca, Metlatónoc, Cochoapa, Atlamajalcingo, Copanatoyac, Malinaltepec, Zapotitlán, Atlixtac, Ileatenco, San Luis Acatlán, Chilapa y Mártir de Cuilapan.
Pero también otras dependencias recibieron denuncias, entre las que destacan la Secretaría de Finanzas y Administración (3), Itaigro (3), el Tribunal Superior de Justicia (2).
De las 89 denuncias presentadas, 15 fueron desechadas o infundadas, sólo en siete se ha instruido a los sujetos obligados que entreguen la información; y la gran mayoría, 65, están en proceso.
No presentaron informe
Hay un dato del informe de labores del Itaigro que puede ser indicativo de la poca atención que le procuran una parte de los sujetos obligados del estado a los temas de transparencia y acceso a la información. Se trata del informe que cada año por ley deben presentar sobre el número de solicitudes que los ciudadanos presentaron a lo largo del año. Son 53 las dependencias (25 por ciento del total en el estado) que omitieron enviar este informe al Itaigro. La omisión es grave porque se percibe no solo como un desacato a la ley de transparencia, sino como una falta de interés de los titulares por hacer una gestión transparente en sus dependencias.
Entre éstas, hay algunas del Ejecutivo como Agroindustrias del Sur, Casa Guerrerense en el DF, Consejo de Políticas Públicas y la Secretaría de Desarrollo Social; también la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero y varios sindicatos. Pero el sector que tiene más omisiones es el de ayuntamientos, 25, que representan 30 por ciento de los que hay en el estado.
Verificación
En el informe de labores, correspondiente a 2018, el Itaigro finalmente publicó el ranking estatal de cumplimiento de obligaciones de transparencia con sus respectivos porcentajes. No nos referiremos a la metodología, pues las deficiencias que encontramos, las señalamos en ediciones anteriores (ver Monitor de Guerrero del 21 de noviembre y 4 de diciembre de 2018), sino propiamente a los resultados.
Dieciocho ayuntamientos (22 por ciento de este sector) obtuvieron una calificación de cero, y otros 14 no llegaron ni a 10 por ciento; 22 ayuntamientos alcanzaron entre 10 y 50 por ciento. Y sólo 23 tuvieron más de 60 por ciento, y de éstos, cuatro estaban en 2018 por arriba del 90 por ciento (Eduardo Neri, Acapulco, Heliodoro Castillo e Iguala).
En el caso del Ejecutivo del estado, encontramos siete dependencias con calificación de cero (Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Casa Guerrerense en el Distrito Federal, Consejo de Políticas Públicas, Universidad Intercultural, Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo, Instituto del Deporte y Conalep). Doce dependencias tienen menos de 50 por ciento de calificación.
Por otra parte, 11 dependencias del Ejecutivo se ubican por arriba de 90 puntos, y la gran mayoría, 50, están en el rango de entre 60 y 89 por ciento.
Los partidos políticos, según el informe del Itaigro, obtuvieron, casi todos, calificaciones por arriba de 60 por ciento, mientras que los organismos paramunicipales de agua potable se encuentran en un rango de entre cero y 83 por ciento.
La Auditoría Superior del estado obtuvo 92 por ciento, el Congreso 90 y el Tribunal Superior de Justicia 89 por ciento de calificación. Los órganos autónomos obtuvieron calificaciones por arriba de 60 por ciento, excepto la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; destaca que tres de ellos tienen calificaciones mayores a 90 por ciento (Itaigro, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del estado).
Durante la verificación a las obligaciones de transparencia que realizó el Itaigro en 2018 también hay un dato que indica el desinterés de muchas de las dependencias evaluadas. Se trata de aquellas dependencias que obtuvieron calificaciones reprobatorias –por debajo de 60 por ciento, según la metodología del Itaigro– las cuales, no obstante que se programó un periodo para subsanar las deficiencias, desatendieron completamente esta oportunidad.
Destacan en este rubro dos sectores: el sector ayuntamientos, que en 49 casos no se registra ningún “informe de subsanación”; y el Ejecutivo estatal, donde fueron 18 casos. Cabe señalar que en muchos de estos casos ni siquiera asistieron a la verificación los titulares de las unidades de transparencia.
Con este panorama de la transparencia y el acceso a la información en el estado que se deduce del informe 2018 del Itaigro, son muchos los pendientes para este 2019, entre los más importantes: destrabar el tema de las sanciones económicas a quienes incumplen con la ley de transparencia, pues esto contribuiría enormemente a disminuir la impunidad; mejorar varios aspectos de las verificaciones a las obligaciones de transparencia, con la contribución de organizaciones de la sociedad civil y el consejo consultivo del órgano garante; establecer el órgano de control interno del Itaigro; relanzar la iniciativa de los ejercicios de gobierno abierto en coordinación con otras instituciones y la ciudadanía; promover el acceso a la información mediante metodologías que realmente “enganchen” a las y los ciudadanos en el ejercicio de este derecho; establecer mecanismos ágiles en la gestión de recursos de revisión y denuncias ciudadanas; entre otros.
Convocatoria
Desde el 8 de febrero se emitió la convocatoria para elegir al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. Se trata de uno de los componentes que establece la ley para el funcionamiento técnico y operativo del sistema. Con esta convocatoria, cuyo procedimiento es muy similar al que han empleado en otros estados, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción busca que el proceso de selección sea abierto y transparente.
Las bases de participación pueden encontrarse en el sitio www.cpcguerrero.org.mx