martes, 25 de abril de 2017

Opacidad en los gastos de gestoría

Publicado en el periódico El Sur de Acapulco
En Guerrero son pocos los ayuntamientos que entregan a sus regidores gastos de gestoría; pero aquellos que sí lo realizan, casi siempre lo hacen sin exigirles comprobaciones, resultados y transparencia en su ejercicio, y este fondo se convierte en la caja chica de los ediles, quienes lo gastan discrecionalmente sin rendir cuentas a nadie.
Aun cuando la única norma que existe para la regulación de este tipo de gastos son los Lineamientos para la comprobación de gastos de orden y gestoría social, emitidos por la Auditoría General del Estado, los llamados gastos de gestoría se han convertido en una suerte de cuotas económicas que los ediles reciben con cargo al erario, sin que nadie conozca de qué partida provienen. Hay ediles que reciben 50 mil pesos, pero a otros, como los de Acapulco, se les asignan más de un millón y medio de pesos anualmente. Es un fondo de recursos públicos que utilizan para su proyección política personal.
Para obtener información sobre los ayuntamientos que asignan recursos públicos a sus regidores por concepto de gasto de gestión, se presentaron solicitudes de información a 71 gobiernos municipales, que son los que están habilitados en el sistema electrónico Info Guerrero. De éstos, sólo 45 respondieron en tiempo y forma, y 26 no hicieron caso a la solicitud, por lo que se presentaron igual número de recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaigro) y actualmente están en proceso.
Al margen del tema de los gastos de gestoría, es muy grave la falta de respuesta de los ayuntamientos a las solicitudes de información, omisión que representa en este caso el 36.6 por ciento de las solicitudes presentadas. Estamos a escasos 10 días de que se venza el plazo para que todas las dependencias públicas del país suban su información a la plataforma nacional de transparencia, y en Guerrero continuamos con estos graves rezagos básicos.
Qué respondieron
De los 45 ayuntamientos que sí respondieron, cuatro dijeron que sí entregaron recursos financieros a sus regidores para gastos de gestión en el ejercicio 2016: Acapulco, San Marcos, Tlacoachistlahuaca, Coyuca de Benítez; y aunque el ayuntamiento de Zihuatanejo no respondió y el de Chilpancingo entregó información diferente de la que se le solicitó, se sabe que en esos municipios, los regidores sí reciben gastos de gestión.
Acapulco es el gobierno municipal que está a la “vanguardia” de este tipo de gastos; prácticamente ha institucionalizado la entrega de recursos financieros a sus regidores, pero por otra parte, no ha establecido controles efectivos ni un sistema transparente para que éstos rindan cuentas de esos recursos, no por lo menos para la ciudadanía.
En lo que sí ha avanzado el ayuntamiento de Acapulco es en publicar los montos que recibe cada regidor, aunque lo hacen de manera totalmente incongruente. Por ejemplo, en su portal electrónico da a conocer que de enero a octubre de 2016, los regidores y los dos síndicos recibieron mensualmente 70 mil pesos cada uno para gastos de gestión.
Sin embargo, en una solicitud de información presentada ante el ayuntamiento de Acapulco, éste respondió que durante el ejercicio 2016 casi todos los ediles recibieron un monto de un millón 680 mil pesos, y las excepciones son Amílcar García Estrada, con un millón 710 mil pesos y Braulio César Montes Vázquez, que obtuvo un millón 800 mil pesos durante el periodo.
Lo anterior significa que cada regidor recibió 140 mil pesos de gastos de gestión, y no los 70 mil que tiene reportados en su portal electrónico. El gasto global entregado a los regidores durante 2016 es de 33 millones 680 mil pesos (no incluye a los síndicos).
¿En qué se gastan estos recursos? Esa es la otra parte de la opacidad de estos gastos. Se le requirió al ayuntamiento mediante la solicitud No. 00084517 una “Relación de acciones por concepto de gastos de orden social y gastos de gestoría social de 2016, desglosado por cada regidor del ayuntamiento, acción, comunidad, monto y fecha”, así como “Copia de las facturas y comprobantes de los conceptos anteriores del mes de enero de 2016, agrupados por cada regidor”.
El ayuntamiento envió un oficio, fuera del plazo que establece la ley para responder a una solicitud de información, donde contesta que no entregará la información. Argumentan que “la información desglosada por acciones y comunidad deberá solicitarla a quienes generan el gasto directamente ya que los formatos y registros dentro de la contabilidad son con apego a la Ley General de Contabilidad, motivo por el cual no se encuentra ordenada en la forma requerida por el ciudadano”.
El ayuntamiento reconoce en su escrito que no saben en qué se gastan los recursos sus regidores, ya que no llevan un control de éstos y simplemente los registran contablemente de acuerdo con la normatividad. Si bien es saludable llevar una contabilidad en orden, la rendición de cuentas va más allá e incluye sobre todo brindar información clara a la ciudadanía y explicar y justificar por qué realizan determinadas acciones.
Cualquier servidor público con vocación democrática, especialmente los regidores como representantes populares, deben tener un registro de cuánto reciben, en qué lo gastan, cuándo, en qué conceptos, y dar a conocer esta información públicamente. Pero en Acapulco no sucede así.
Asimismo, el ayuntamiento de Acapulco explica que no puede entregar las comprobaciones y facturas del gasto porque “contienen datos personales de terceros” y basa su argumento en la Ley General de Protección de Datos Personales.
Sin embargo, la ley de transparencia es muy clara al respecto. Si los regidores contratan a un proveedor para adquirir un bien o servicio para beneficiar a la población, es evidente que tienen la obligación de informar quién es el proveedor y además mostrar la factura de la contratación. Si por otro lado, entregan directamente los recursos a los beneficiarios, la ley también es clara cuando dice que es una obligación transparentar  el “Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo”, según lo establece la fracción XV al artículo 70 de la Ley General de Transparencia.
No hay pues, ninguna justificación para no entregar las comprobaciones del gasto ni para no informar a qué se destinan estos recursos.
El gasto en otros municipios
Los ocho regidores de San Marcos recibieron recursos para gastos de gestoría, según informó el ayuntamiento. Tres regidores priistas recibieron en total 265 mil pesos, tres perredistas 145 mil pesos, y dos del partido verde, 110 mil pesos. La información también viene desglosada por el tipo de apoyo que prestaron a la ciudadanía, el nombre del beneficiario, la fecha de entrega y el monto del recurso entregado. Es uno de los informes mejor detallados que recibimos.
El ayuntamiento de Tlacoachistlahuaca asignó un monto de 182 mil 300 pesos a cada uno de sus ediles “para llevar a cabo sus actividades de Gestión en las diferentes Dependencias de Gobierno tanto Estatal como Federal”; no específica en qué se gastan estos recursos, sólo indica que “gestionaron para programas sociales”.
En el caso del municipio de Alpoyeca, la unidad de transparencia informó sobre los recursos gestionados por los regidores para la apoyar diversas demandas de la población. Una parte de dicho gasto fue para cubrir viáticos a las oficinas gubernamentales, pero otros fueron apoyos directos para créditos, cursos, becas, etc., los cuales, según la respuesta del ayuntamiento, fueron pagados directamente por la tesorería a los beneficiarios, sin pasar por las manos de los regidores.
Atoyac informó que “en el sueldo mensual que acordó el honorable cabildo municipal para sus integrantes en 2016 [sin especificar el monto], ya incluye los gastos de gestión, por lo que no se asignan cantidades adicionales”. Asimismo, este municipio informó sobre tres obras gestionadas por un regidor que en total suman 10.5 millones de pesos. No se especificó si los recursos se ministraron a través del regidor.  
La respuesta del ayuntamiento de Coyuca de Benítez aseguró que “ninguno de los regidores manifiesta ejercer obras con recursos de gastos de gestión ni del presupuesto que se les asigna. Sin embargo, cada uno detalla el presupuesto anual que recibe y la distribución para cada una de las actividades que realiza, presentando un desglose que incluye: nombre de la actividad, cantidad entregada, ubicación, monto entregado, así como el número de beneficiarios”. Y aunque el ayuntamiento reconoce que los regidores sí reciben gastos para gestión, no informó el detalle de las acciones que realizaron.
Los que no
La mayoría de los municipios a los que se solicitó información reportaron que no entregaron gastos de gestoría a su cuerpo edilicio en 2016, pero hay unas respuestas que sobresalen. Por ejemplo, el tesorero del ayuntamiento de Mártir de Cuilapan nos increpó por no haber dejado “una dirección donde señale el lugar de residencia, un teléfono o un correo electrónico para hacerle llegar la información”, sin embargo, desde que fueron incorporados los ayuntamientos al sistema Info Guerrero, el canal para responder y entregar la información es, cuando responden a tiempo, el propio sistema Info Guerrero, a menos que el solicitante especifique otro medio.
Al margen de esto, el tesorero afirmó que no cuentan con gastos de gestión y aclara que “no han sido programados en la partida de orden de gastos por gestión social, principalmente por no haber presentado un programa de manera individual para ejercer recursos de acuerdo a cada una de las regidurías que representan y de esta forma tomarlos en cuenta para ser incluidos en el programa anual de trabajo del Municipio”.
También fue extraña la respuesta del ayuntamiento de Tecpan, la cual señala que los regidores “solo cuentan con tarifa de viáticos”, pero luego de ocupar dos cuartillas para dar cifras sobre inseguridad y los infructuosos esfuerzos por disminuirla, advierte que “es tarea sustantiva de la autoridad generar condiciones de seguridad pública para las personas, y mientras ese paso no se logre, es muy peligroso dar la información que usted solicita por esta vía” ya que “otorgar la información que solicita pondría en riesgo la integridad personal de los servidores públicos de esta H. Ayuntamiento Municipal”.
En el caso de Tlapa, el ayuntamiento informó que no entrega recursos a sus regidores para gestoría social, sólo su sueldo “del cual una parte del mismo es utilizado para realizar gestiones y brindar apoyos, ya sea económicos o en especie y la comprobación de este recurso es responsabilidad de ellos mismos”.
El ayuntamiento de Malinaltepec informó sobre las percepciones de sus ocho regidores (10 mil pesos mensuales) pero no de sus gastos de gestión.
Pilcaya informó de los gastos de viáticos empleados por sus seis regidores; los montos van desde los 2 mil 600 a los 11 mil 800 pesos.
Los regidores de Pungarabato aseguran que no obtienen gastos de gestión del ayuntamiento, pero describieron de manera detallada las diferentes gestiones que realizan ante dependencias gubernamentales y diputados, de diferentes apoyos, como despensas, tinacos Rotoplas, servicios médicos, espacios para servicios, proyectos productivos, entre otros.
Por su parte, la unidad de transparencia de Cualac respondió con una relación de viáticos entregados a sus regidores, por un monto de 18,830 pesos, destinados a cinco regidores.
La síndica procuradora del municipio de Cuautepec, luego de que fue notificada de un recursos de revisión por no responder en el tiempo que establece la ley de transparencia, se presentó al Itaigro e informó que “no se encuentra en el presupuesto de Egresos del Ayuntamiento aprobado para el año 2016, ningún rubro por concepto de ‘Gastos de Gestión’” para los regidores.
En el caso de Taxco, el ayuntamiento informó que mensualmente entrega 5 mil pesos a cada uno de los regidores (sin aclarar para qué) y además 2 mil pesos para combustible.
El ayuntamiento de Copala respondió que en 2016 sus regidores recibieron recursos para viáticos en cantidades que van de 923 a 8 mil 827 pesos.
Colofón
Los gastos de gestoría son otro de los eslabones que componen la opacidad de las administraciones municipales. Los regidores y síndicos que reciben este tipo de recursos presentan dos caras: la de ser beneficiarios de un puñado de personas, pero también la del gasto discrecional de recursos públicos y de la ausencia de rendición de cuentas ante la ciudadanía.


martes, 11 de abril de 2017

Avances del Sistema Estatal Anticorrupción (Primera parte)

Publicado en El Sur de Acapulco
Abril es un mes clave para la construcción del sistema nacional anticorrupción. El 5 se instaló formalmente el comité coordinador del sistema -integrado por representantes de siete instituciones- y con esto comienza a rodar el engranaje, luego de varios años de muchos esfuerzos, numerosas actividades, la concertación de acuerdos y la legislación de leyes que han permitido confeccionar el andamiaje institucional para hacer posible este sistema nacional que ha generado muchas expectativas.
La instalación del comité coordinador, sin embargo, fue ensombrecida por la falta de uno de los integrantes, pues el Senado no ha logrado alcanzar acuerdos para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción. Los otros integrantes son representantes del Comité de Participación Ciudadana, la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Consejo de la Judicatura Federal, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Como lo establece la ley en la materia, el comité coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del sistema nacional y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.
Algo que realmente destacable es que el comité coordinador será presidido por un representante ciudadano. Es la primera vez que a la ciudadanía no sólo se le encargan funciones consultivas y de opinión, sino que es incorporada de lleno al terreno de las decisiones públicas.
Como se recordará, el comité de participación ciudadana fue designado por una comisión de selección, integrada por cinco miembros de instituciones de educación superior e investigación y cuatro miembros de OSC, dedicados a materias de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Pero en el ámbito estatal, abril también es una fecha importante para Guerrero. Hace poco más de un año, el 4 de abril de 2016, el gobernador Héctor Astudillo Flores dio a conocer el programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción. En esa ocasión anunció que el programa se componía de cinco ejes: instrumentar las reformas necesarias en materia de transparencia, reordenar la administración de las finanzas públicas, fortalecer el control interno, transparentar las adquisiciones y la obra pública, e instaurar el sistema estatal anticorrupción.
Públicamente no se conocen los avances en el programa estatal, particularmente en el tema de la creación del sistema estatal anticorrupción, de cuyas acciones más relevantes son responsables el Ejecutivo, pero también el Congreso del estado, en lo que toca a la reforma o creación de leyes que deberán ser el sustento jurídico del sistema estatal.
En esta entrega nos referiremos únicamente a los avances del sistema local de combate a la corrupción en materia legislativa, y en la próxima edición a los resultados que lleva el Ejecutivo del estado para los cinco ejes de su programa de ética, transparencia y combate a la corrupción.
A marchas forzadas
Hay un plazo perentorio para crear los sistemas estatales anticorrupción en todas las entidades federativas: el 18 de julio de 2017. Los pasos para concretar la primera etapa del sistema estatal anticorrupción son la armonización de la Constitución local y las leyes estatales. Entre las leyes que es necesario reformar, de acuerdo con un diagnóstico del gobierno del estado, son 10, entre ellas: Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal, Ley de Deuda Pública, Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, Código Penal para el Estado, Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, Reglamento Interior de la Auditoría General del Estado, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, y Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Extraoficialmente se sabe que se han formado comisiones interinstitucionales que trabajan en los ajustes para cada una de las leyes, pero públicamente no se conocen los avances.
De acuerdo con datos del Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción, que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Coparmex y Transparencia Mexicana, cuyo informe más reciente es de finales de febrero de 2017, solo Chiapas y Nayarit han avanzado de manera satisfactoria con sus obligaciones legislativas y están listos para empezar el desarrollo de sus sistemas estatales de combate a la corrupción.
Uno de los indicadores que evalúan dichas organizaciones es si la entidad federativa cuenta o no con reforma constitucional o por lo menos con una iniciativa en proceso, y si tiene una estructura constitucional adecuada, esto a partir de 10 criterios que deben contemplar las reformas constitucionales, entre ellos el establecimiento del sistema local anticorrupción, el Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana y la incorporación del nuevo régimen de responsabilidades administrativas.
En este punto específico, el Imco señala que 10 entidades cuentan con una reforma constitucional satisfactoria, tres tienen una reforma regular, tres una reforma deficiente, y nueve estados no cuentan aún con reforma constitucional, entre ellos Guerrero. En otras siete entidades se registraron iniciativas de reforma constitucional en proceso.
El otro indicador que considera el Imco en su monitoreo es revisar si el estado tiene o no una Ley del Sistema Local Anticorrupción (SLA) o una iniciativa, y si es apta la ley por medio de 30 criterios que la Ley del SLA debe contemplar, entre ellos, un adecuado comité coordinador, comité de participación ciudadana, secretaría ejecutiva y recomendaciones del comité coordinador.
Al respecto, sólo Chiapas y Nayarit aparecen con una ley satisfactoria, y seis entidades cuentan con iniciativas de ley: dos satisfactorias (Puebla y Nuevo León), tres regulares (Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí), y una deficiente (Morelos). Por otro lado, 24 entidades federativas no cuentan con ley estatal anticorrupción, entre ellas, Guerrero.
La reforma constitucional
Aunque el Imco publicó a finales de febrero que Guerrero no tenía reforma constitucional ni tampoco una iniciativa en proceso, el 9 de marzo los diputados de Congreso del estado de Guerrero discutieron un par de iniciativas para ajustar diversos artículos de la Constitución local y homologarlos a las reformas de la carta magna federal. La imprecisión del Imco tiene explicación: su metodología considera realizar una búsqueda exhaustiva en todos los sitios electrónicos sobre las iniciativas de reforma de los estados, y si no las encuentran, envían correos electrónicos o se comunican directamente a los congresos. Al parecer, el Imco no tuvo respuesta y por ello no registró que había dos iniciativas en Guerrero.
Por otro lado, no hay en el Congreso del estado ni la transcripción de la sesión donde se discutieron y aprobaron las reformas -en su sección del diario de debates-, ni tampoco las modificaciones a los artículos de la constitución local propiamente dichas. En su portal sólo publican una reseña de lo que fue la sesión para discutir la “segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la constitución política del estado libre y soberano de Guerrero en materia de combate a la corrupción. con solicitud de dispensa de trámite legislativo”.
Por cierto, la prensa de Guerrero no destacó lo suficiente esta importante reforma para el estado, y muchos comunicadores se entretuvieron en el punto de la eliminación del fuero constitucional, que si bien es un tema relevante, no es el quid del problema de la corrupción.
Qué contiene la reforma
Ante esta desinformación, se presentó una solicitud de información al Congreso requiriendo “Copia de las Leyes, reglamentos o cualquier otra norma jurídica reformada o creada por esta legislatura para la integración del sistema estatal de combate a la corrupción”. Como respuesta, enviaron documentación la relativa a la reforma constitucional, pues es el único avance formal en la construcción y diseño del sistema estatal anticorrupción.
De manera general, se modifica la denominación de algunas dependencias, por ejemplo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo pasa a ser Tribunal de Justicia Administrativa -al que se le dota de autonomía para dictar sus fallos y podrá sancionar por responsabilidades administrativas graves, incluso a particulares-, la Auditoría General del Estado a Auditoría Superior del Estado, y las contralorías internas a órganos de control interno. Asimismo, se modifica el nombre de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Asimismo, se aplican modificaciones al título décimo tercer de la constitución local, al que ahora se le denomina “De las responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del estado de Guerrero”.
Se introducen obligaciones como la presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses ante la autoridad, pero no de hacerlas públicas, lo cual es un retroceso, y deja a las leyes secundarias las sanciones por la comisión de delitos o hechos de corrupción de servidores públicos o particulares; establece nuevas o amplia las facultades de algunas de las dependencias que conforman el comité coordinador para que prevengan, combatan y sancionen los actos de corrupción.
A partir del artículo 198, la reforma a la constitución incluye una nueva sección denominada “Sistema estatal anticorrupción de Guerrero”. Entre los puntos destacados de este apartado, la constitución reformada establece la integración de un comité coordinador, que al igual que su equivalente en el ámbito nacional, tendrá una función relevante porque deberá establecer “mecanismos de coordinación con los sistemas municipales”, emitirá “políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción”.
También procurará “la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos” y elaborará “un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funcionales y de la aplicación de políticas y programas en la materia”.
La reforma constitucional aprobada en marzo por los diputados guerrerenses también incluye la creación de un comité de participación ciudadana -que formará parte del comité coordinador del sistema nacional, integrado por cinco ciudadanos-.
Cero parlamento abierto
No se recuerda en Guerrero que los diputados hayan invitado formalmente a la ciudadanía a participar en el diseño de alguna ley, más allá de foros de consulta que regularmente son de simulación. Aunque en su portal electrónico, el Congreso tiene un vínculo denominado parlamento abierto, no publican nada porque la Legislatura no quiere comprometerse con las y los ciudadanos.
En el ámbito nacional sí han sido posibles este tipo de procesos. En 2015 y 2016, el Poder Legislativo y organizaciones de la sociedad civil, académicas y empresariales construyeron colectivamente el sistema nacional anticorrupción. También en la confección de la Ley General de Transparencia los grupos ciudadanos tuvieron una participación activa, y en algunos casos, prácticamente redactaban los artículos a la par de los asesores de los diputados federales.
El Imco lanzó una campaña para exhortar a los congresos locales a efecto de que garanticen procesos de parlamento abierto, que permitan la construcción transparente, abierta y participativa en los sistemas estatales anticorrupción. “Estos procesos permitirán que los marcos legales de los SLA se analicen, discutan y aprueben con base en los mismos estándares de calidad del SNA, tanto en el formato de discusión como en el contenido de las leyes. De igual forma, el proceso de Parlamento Abierto dotará al SLA de mayor legitimidad y fortalecerá la relación del congreso local hacia la ciudadanía”.

Pero conociendo los usos y costumbres de la política de Guerrero, se ve muy cuesta arriba que los diputados permitan un proceso de parlamento abierto en la legislación del sistema estatal anticorrupción.