viernes, 25 de noviembre de 2011

Ley de Desarrollo Rural, caso exitoso

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco

Hace unos días entró en vigor la nueva Ley número 814 de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Guerrero; ponderamos su proceso de creación en meses pasados -cuando aún estaba en discusión en el Congreso del estado- como un interesante ejercicio de incidencia ciudadana en las etapas de la definición de la agenda y de diseño de políticas públicas, o, en este caso, de una ley sectorial, ya que ésta fue concebida desde las bases por varias organizaciones campesinas del estado a través de mecanismos como foros, reuniones, cabildeos, conferencias de prensa, etc. Es una experiencia -al parecer única en el estado- que merece documentarse y sobre todo, multiplicarse hacia otros sectores populares.
Independientemente del proceso que culminó con la aprobación de la ley por el Congreso del estado -que por sí mismo tiene su propio valor-, en una revisión a vuelo de pájaro, la ley destaca por varias consideraciones que es pertinente mencionar:
1. Comienza la ley con una idea que pareciera evidente, pero hay que aquilatarla en su justa dimensión por que establece una visión diferente del desarrollo: el objeto de la ley es “la instauración de un marco jurídico donde se asuma el diagnóstico y la planeación participativa del territorio, como punto de partida para el desarrollo de actividades agropecuarias, pesqueras, forestales, acuícolas.”
2. La inclusión de la participación de los diversos actores rurales en procesos clave de la política estatal hacia el campo es quizás uno de los mayores logros de esta legislación. El artículo ocho, por ejemplo, describe que “La planeación y el seguimiento de las acciones de desarrollo rural sustentable en el estado de Guerrero considerará la participación informada, democrática y corresponsable de los distintos actores rurales”. Antes, éstas eran facultades exclusivas de la “comisión intersecretarial” integrada solamente por representantes gubernamentales.
3. Reactivación del Consejo Guerrerense de Desarrollo Rural Sustentable y modificación de su integración. De entrada hay que celebrar que este Consejo sea “la instancia en donde se exponen y aprueban las propuestas de políticas y programas de desarrollo rural”. Pero también será una instancia para la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de documentos normativos y programáticos clave como el Plan Estatal de Desarrollo Rural Sustentable (en coordinación con las dependencias estatales, federales y de los municipios; y para analizar y aprobar el programa operativo anual que presente el Ejecutivo estatal para el sector.
Tan importante como lo anterior, será su nueva conformación, ya que la nueva ley coloca en un lugar destacado la representación de los productores del campo, y no como en la anterior, en donde con poco tino se mencionaba que al consejo “podrán” integrarse los representantes de las organizaciones de productores, comercializadores, prestadores de servicio y demás organizaciones y agentes”.
En los consejos municipales, la legislación establece un mejor posicionamiento de las organizaciones de productores, y con esto evitar que sean cotos exclusivos de los presidentes municipales. Pero sobre todo que realmente funcionen con criterios productivos, ambientales, de desarrollo, y no clientelares.
4. Comité de consulta técnica. Este organismo auxiliar del consejo guerrerense de desarrollo rural sustentable indudablemente será útil para despolitizar las decisiones que se toman en torno a las políticas públicas hacia el campo. La opinión objetiva, científica de expertos, respaldada por estudios e investigaciones, dará una mayor certeza a las decisiones que se tomen en este órgano colegiado tan diverso y plural como es el consejo. 
En fin, la ley promete mucho, y dependerá de las agrupaciones que la impulsaron, aglutinadas hoy en el Foro Permanente de Organizaciones Campesinas, que se dé cumplimiento a lo que ahí se establece.
Ojalá este primer paso que dio con éxito, sea sólo el primero de una serie que se requieren, por el bien del campo de Guerrero.

viernes, 11 de noviembre de 2011

Los desvíos en el Igatipam, encubiertos por la opacidad

Marcos Méndez Lara, Elo Sur de Acapulco

En días pasados, el director del Instituto Guerrerense de Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, Alejandro Arcos Catalán, informó que del orden de 6,585 beneficiarios del programa Pensión Guerrero (13.1% del padrón) fueron dados de baja por diferentes irregularidades detectadas, entre ellas, por cobrar al mismo tiempo en otros programas federales y municipales, porque no cumplían con la edad mínima para ser beneficiario o porque presentaron documentación falsa.
Coincidentemente, hace cuatro años y ocho meses, el primer director del Igatipam del gobierno anterior,  Apolinar Ramos García, daba la noticia, también en una conferencia de prensa, sobre la baja de 3,000 adultos mayores porque se descubrió que tenían solvencia económica y éstos fueron incluidos en el padrón por “influencia de funcionarios de la administración pasada (la del gobierno de René Juárez Cisneros).”
Es decir, nos encontramos ante la misma historia: personas que están cobrando irregularmente con el apoyo, anuencia, complicidad u omisión de funcionarios del gobierno; y la denuncia de las autoridades vigentes en contra de sus predecesoras.
¿Qué debe hacerse para que el director del instituto de la próxima administración estatal no convoque a una conferencia de prensa para anunciar la baja de miles de adultos debido a la corrupción, en su caso, de funcionarios del actual gobierno?
No sabemos si se están implantando controles efectivos para evitarlo –y además si se sancionará a los servidores públicos involucrados de todos los niveles-, pero mi experiencia personal es que hasta hoy, no existe la disposición de hacer transparente la información, que es una forma de que las y los ciudadanos por lo menos observaríamos lo que sucede ahí adentro.
Con base en la Ley de transparencia y Acceso a la Información, solicité a principios de octubre los libros blancos de los programas que opera el Igatipam correspondientes a la administración del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo; así como los informes de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo del Igatipam, de 2005 a la fecha.
De estas peticiones no obtuve respuesta en el tiempo que marca la ley, por lo que presenté un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, que actualmente está en proceso de trámite.
A la Contraloría General del Estado le solicité los informes del comisario público de esta dependencia adscrito al Igatipam, pero me respondieron que de “2005 a 2008 no se designó comisario a ese organismo, sino hasta el 2009, siendo a partir de este año que contamos con información, asimismo le hago de conocimiento que dicha documentación no puede ser proporcionada, debido a que el expediente de los informes está clasificado como reservado”.
Esta información es clave para comenzar a desentrañar las irregularidades de Igatipam, ya que dos de las funciones que deben realizar los comisarios públicos, según el reglamento interior de la Contraloría, son “vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable de los las entidades paraestatales, órganos administrativos desconcentrados, organismos públicos de participación social y demás órganos afines, donde se encuentren adscritos (…)” y “evaluar los sistemas de control interno de la entidad de su adscripción, a efectos de detectar con oportunidad posibles fallas de control y proponer las acciones correctivas que correspondan, así como impulsar una gestión de calidad e innovación que favorezca la optimización de recursos, la simplificación administrativa y la transparencia, a fin de prevenir actos de corrupción”.
Por otro lado, si se revisa la página electrónica de la institución, se observará que tampoco existe la información pública obligatoria que establece la Ley de Transparencia estatal.
Todos estos elementos me permiten suponer que el Igatipam sigue siendo una institución opaca, pues hasta hoy, no es posible tener acceso a la información de lo que ahí sucede, y de seguir así, cada sexenio presenciaremos una conferencia de prensa donde se denuncia el desvío de recursos públicos, en detrimento de miles de personas adultas mayores que urgentemente necesitan el apoyo.