martes, 26 de abril de 2016

Más dinero al programa de fertilizante, misma opacidad

El Sur de Acapulco
El gobierno de Héctor Astudillo Flores durante su campaña para gobernador se comprometió a entregar de manera gratuita paquetes de fertilizante a los productores, y lo cumplió: los campesinos a partir de este año dejarán de pagar la parte que tradicionalmente asumían, y ahora el costo total del programa recaerá sólo en el gobierno del estado y los ayuntamientos.
Más allá de que con esta promesa el entonces candidato se hizo de una buena cantidad de votos, el programa de fertilizante subsidiado permanece prácticamente sin cambios al no establecerse propuestas de fondo para resolver problemas realmente importantes como el abultado padrón de productores, la contaminación de suelo y agua por el inapropiado uso del fertilizante, el uso de los recursos del Ramo 33, que deben destinarse a obra pública, para poder comprarlo; la falta de controles de calidad del producto.
Pero particularmente no resuelve el tema de la opacidad del programa, ya que tanto el gobierno del estado como los ayuntamientos regularmente no dan a conocer información verídica sobre la operación del programa. Y este año no es la excepción.
Datos que no coinciden
En 2016, el gobierno del estado duplicó la cantidad de recursos destinados al programa de fertilizante. En el esquema anterior, el programa era tripartita con las aportaciones del gobierno del estado, los ayuntamientos –que ponían la mayor parte- y los productores.
Los recursos que el Ejecutivo del estado aportó hasta el 2015 fueron del orden de 170 millones de pesos anuales y representaban un porcentaje importante del presupuesto total de la ex Secretaría de Desarrollo Rural. Por ejemplo, en el ejercicio 2010, significaban el 55.1 por ciento de lo que gastaba esa dependencia, y en 2015 disminuyó 49.6 por ciento, cuando la Seder contó con un presupuesto total de 342.4 millones de pesos.
En el presente ejercicio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro) tendrá un presupuesto de 516.6 millones de pesos -483 de los cuales son de Inversión Estatal Directa-, y para la adquisición de fertilizante se destinarán 340 millones de pesos, lo que representa que en la compra del insumo se gastará el 65.8 por ciento del presupuesto total de la secretaría y el doble de lo que aportaba el gobierno del estado en 2015. Lo anterior, de acuerdo con las cifras que aparecen en el presupuesto de egresos del estado de Guerrero del ejercicio 2016, publicado en el periódico oficial del 29 de diciembre de 2015.
Sin embargo, el gobernador Astudillo Flores dio datos diferentes. El 7 de marzo de 2016, en un acto donde firmó convenios de colaboración con presidentes municipales y entregó recursos del denominado programa Más Maíz 2016, “el mandatario estatal indicó que la inversión total del programa de fertilizante será de 393 millones de pesos”, según boletín de prensa emitido por el gobierno del estado.
Asimismo, en una solicitud de información presentada el 6 de enero de 2016 -cuya respuesta fue dada fuera de tiempo, por lo que se presentó un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales- se le requirió a la Sagadegro el “monto que el gobierno del estado destinará a la adquisición de fertilizante”. La respuesta de la dependencia fue también distinta de la que informó el gobernador: 340 millones de pesos. ¿De dónde salieron esos 53 millones de pesos de incremento al presupuesto del programa de fertilizante? ¿Por qué no están señalados en el presupuesto de Egresos del estado? ¿Se destinarán a la compra del insumo o a otras actividades?
Comienza con mucha opacidad
Hay muchas dudas respecto del programa de fertilizante, más de las que de por sí había en los ejercicios anteriores. Las dependencias a las que se les preguntó por vía de solicitudes de información, respondieron con datos parciales, poco creíbles o simplemente no se tomaron la atención de contestar. La mayoría de estos requerimientos tienen recursos de revisión en su contra. El programa sigue acusando igual o más opacidad que en el pasado.
En el acto del 7 de marzo, Astudillo Flores desglosó que de la aportación del gobierno del estado por 393 millones de pesos, 170 millones se entregarían en efectivo a los ayuntamientos y 223 millones en especie, en beneficio de 265 mil productores. Lo anterior significa que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración tendrá que convocar a un proceso de licitación para adquirir el fertilizante.
Por cierto, otro de los ordenamientos que no se ajustan a los números que anuncia el gobernador son las reglas de operación del programa de fertilizante, pues en el punto 6.1 establece que del “total de recursos aprobados en el decreto No. 170 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2016, se destinará el 50% a los Municipios para entregar vía transferencia electrónica y el otro 50% para la compra de insumos que de igual forma se enviaran a los Municipios”. Pero la proporción anunciada por el mandatario estatal es de 43.2 por ciento vía transferencia y 56.8 por ciento en especie.
El gobernador convocó a los funcionarios responsables a “que hagan las operaciones necesarias para que el insumo agrícola llegue a manos de los campesinos antes de que inicie el periodo agrícola”.
Precisamente para indagar sobre la adquisición de fertilizante que hizo o hará el gobierno del estado por 223 millones de pesos, se presentó la solicitud de información No. 00052416 ante la Sefina requiriendo la “convocatoria de la licitación” para adquirir el insumo, así como el “dictamen de los empresas que resultaron ganadoras de la licitación y copia de los contratos con las empresas que resultaron ganadoras”.
Por lo menos hasta el 5 de abril la Sefina no había convocado ni realizado ninguna licitación para el insumo, según su respuesta. Argumentó que la solicitud “se canalizó al área correspondiente, la cual nos informa sobre el particular que la documentación requerida con la modalidad de contratación mencionada en su solicitud no existe en el archivo de la Dirección General de Adquisiciones”, y sugirió canalizar la solicitud a la Sagadegro.
Cabe mencionar que si a esta fecha, la Sefina no ha hecho lo necesario para concretar las compras de fertilizante, difícilmente se cumplirá el compromiso del gobernador de entregar el insumo antes de que inicie el periodo agrícola; pero también existe la posibilidad de que la dependencia haya decidido ocultar la información que se le solicitó. Esto se deduce al difundirse el reciente acto (19 de abril) en dónde “el gobernador dio el banderazo de inicio del programa en el cual se entregarán 30 mil toneladas de fertilizante a los 81 municipios”, según un comunicado de prensa. Ese día, el titular de la Sagadegro “explicó que hoy inicia la distribución del fertilizante a los 81 municipios, la cual corresponde a la aportación en especie por parte del Gobierno del Estado, sustituyendo el recurso económico propio por casi 222 millones de pesos que entregaban los productores para poder tener acceso al fertilizante”.
Es decir, la Sefina ya realizó el proceso de adquisición del fertilizante y entonces ocultó la información. Además, en su respuesta, la Sefina falta a la verdad, porque recomienda que estos datos sean solicitados a la Sagadegro, a sabiendas de que no tiene facultades en materia de adquisiciones, ya que la Ley orgánica de la administración pública del estado de Guerrero, en el artículo 22, fracción XXXIII, dice que a la Sefina le corresponde “Llevar a cabo las adquisiciones de bienes y contratación de servicios que requiera el Poder Ejecutivo para su adecuado funcionamiento”, y ninguna otra dependencia las tiene.
Las reglas de operación del programa de fertilizante establecen que la Sefina deberá convocar a una “licitación pública abierta” y el plazo que definen es febrero-marzo de 2016. Es decir, se refuerza la hipótesis de que la Secretaría de Finanzas ya realizó la licitación, pero ocultó la información.
A propósito de las adquisiciones gubernamentales, el gobernador Astudillo Flores hizo un compromiso el día que presentó su programa de ética, transparencia y combate a la corrupción, ante los titulares de las principales dependencias y organismos nacionales de transparencia y rendición de cuentas. En ese acto, a través del titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, presentó cinco ejes rectores del programa, uno de los cuales es “transparentar las adquisiciones y la obra pública”.
Hay varias preguntas: ¿cuándo, cómo y dónde publicarán datos de las adquisiciones gubernamentales?, y en el caso específico del programa de fertilizante, ¿de qué manera harán transparente el proceso de licitación y sus resultados? ¿Por qué están ocultando información?
Nuevas reglas de operación
El 26 de febrero de 2016 se publicó el periódico oficial el Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de fertilizante y transferencia de tecnología, para el ciclo primavera-verano 2016.
Las nuevas reglas de operación establecen entre sus novedades una fórmula financiera del programa donde el gobierno del estado incrementa su aportación, y establece las condiciones de entrega (las cuales, desde el primer año, el gobierno no está cumpliendo).
Asimismo, plantean la elaboración y validación de convenios estado-municipio en los meses de enero y febrero; la mecánica operativa del programa establece que los convenios son la base para el inicio de transferencia a los Municipios de los recursos financieros que históricamente el Estado ha venido aportando y el equivalente en insumo a lo correspondiente de la aportación que los productores venían realizando”.
En este punto, se solicitó el 13 de marzo a la Sagadegro mediante la solicitud 00052516 copia de dichos convenios, y a la fecha aún no responde, por lo que se presentó recurso de revisión ante el Itaig.
Por otra parte, con el número de solicitud 00052616 se requirió a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional los expedientes técnicos del programa de fertilizante de los 81 municipios. En su respuesta, la dependencia argumenta “que no es de su competencia… por lo cual me permito orientar a usted a que dirija su solicitud a la Secretaría de Desarrollo Rural [sic]”. Sin embargo, en las reglas de operación se estable que tanto la Sagadegro como la Seplader son responsables en este asunto.
Asimismo, entre las novedades de las reglas de operación de la presente administración está la creación de un comité técnico estatal de validación y seguimiento, supuestamente “para dar transparencia a la operación del Programa”. El comité está integrado por representantes de la Sefina, Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la Auditoría General del Estado y la Sagadegro”, y se ratifica de nueva cuenta que en las tareas de vigilancia no estará presente la participación ciudadana. Sin duda, el trabajo de ese comité siempre estará en duda ante la percepción de la ciudadanía por este simple hecho.
Las reglas agregan que el comité llevará “un control real sobre los avances del Programa, así como de corregir posibles retrasos o desvíos en la operación”, para lo cual realizará visitas periódicas a los ayuntamientos para revisar la recepción y aplicación de recursos financieros aportados por el gobierno del estado y municipios, los “volúmenes recepcionados” y entregados a los productores, las actas de los comités locales y el padrón de beneficiarios.
Por la importancia que puede adquirir este comité, se solicitó a la Sagadegro, con el folio 00052716, información sobre los “Integrantes del Comité Técnico Estatal de Validación y Seguimiento del programa de fertilizante, y copia de las minutas y acuerdos de reuniones realizadas”. A la fecha, la Secretaría de Agricultura no ha respondido esta solicitud del 13 de marzo, por lo que se presentó un recurso de revisión ante el Itaig.
El mismo requerimiento se hizo llegar a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental mediante el folio 00052816, y ésta respondió “que hasta este momento (la dependencia) no ha sido convocada… en la integración del comité técnico estatal de validación y seguimiento del programa de fertilizante. Y agrega que “conforme a las Reglas de Operación del Programa de Fertilizante y Transferencia de Tecnología 2016 (Más Maíz), no establece fecha para la conformación del comité en mención”. Y concluye que para solicitar más información hay que dirigirse a la Sagadegro, precisamente la dependencia que no responde las solicitudes de información.
La Sefina por su parte contestó a la solicitud 00052916 “que los datos de los integrantes de dicho comité no obran en los expedientes de la Dirección General de Adquisiciones”, y también nos remitieron a la Sagadegro.
No hay comité de vigilancia, las dependencias se “echan la bolita” y el programa sigue sin transparencia, como antes.

martes, 12 de abril de 2016

El programa de transparencia de HAF: del relumbrón a la duda

El Sur de Acapulco
En un acto que logró reunir a personajes como la presidenta consejera del INAI, el auditor superior de la federación y el secretario de la Función Pública del gobierno de la república, el gobernador Héctor Astudillo presentó su programa de ética, transparencia y combate a la corrupción, la semana anterior. Después de posponerlo hasta en dos ocasiones -seguramente por hacer coincidir las agendas de los funcionarios-, el evento sin duda tuvo el lustre esperado y su difusión fue con grandes titulares, pero una vez que pasó el revuelo, es momento de colocarlo en una más justa dimensión.
Los pros
Después de cinco meses, finalmente se conocen las líneas generales de la política que implementará el gobierno de Héctor Astudillo en materia de transparencia, ética y combate a la corrupción. Efectivamente, se delinea una política con más componentes que en gobiernos anteriores y que augura importantes cambios, por lo menos en el ámbito legislativo; habrá que esperar para saber si el mandatario es capaz de convocar y provocar los cambios correspondientes también en la práctica, a efecto de que las leyes que vienen se legislen a tiempo y no sean letra muerta.
El origen de esta política estatal no es el Ejecutivo del estado, sino que es más propio decir que se deriva de la inercia de un proceso que está avanzando en el plano nacional, ya que en los meses pasados hubo modificaciones constitucionales en los temas de transparencia y el combate a la corrupción y será obligatorio para todas las entidades del país generar su propio sistema estatal anticorrupción e incorporarse al sistema nacional de transparencia.
Tal vez el mérito es que Guerrero las anunció antes que otros estados; de hecho, eso fue lo que ponderaron los visitantes de dependencias federales y nacionales. Pero anunciarlas ha provocado un gran compromiso del Ejecutivo que muy probablemente no alcance a concretarse en el corto plazo y que además presentará todo tipo de resistencias.
La tarea es grande, pues en puerta están no sólo la armonización de las leyes de transparencia, de fiscalización, de los servidores públicos y todas aquellas relacionadas con la creación de los sistemas estatal de combate a la corrupción y nacional de transparencia, sino también una gran cantidad de cambios en procedimientos y reglamentos administrativos, la creación de nuevas áreas especializadas, capacitación de personal, etc., que hagan posibles las reformas.
En este inter, lo realmente preocupante será doblegar las actitudes de opacidad, patrimonialistas, abusivas, oportunistas y de corrupción que en gran escala o a nivel “hormiga” subsisten por todo el gobierno, lo mismo a nivel de base  que de quienes toman las decisiones en el estado; ese es el gran reto a vencer.
En el acto de presentación del programa todo fue reconocimientos y discursos políticamente correctos, pero para “aterrizar” todo lo que contiene su programa tal vez ni los seis años del gobierno de Héctor Astudillo serán suficientes, considerando que la clase política que tiene las riendas en el estado es dura de roer y de que se trata de un problema estructural y de cultura política.
Hay que matizar, pues los estruendos del 4 de abril.
Qué anunciaron
El programa de ética, transparencia y combate a la corrupción tiene cinco ejes: instaurar el sistema estatal anticorrupción, instrumentar las reformas necesarias en materia de transparencia, reordenar la administración de las finanzas públicas, fortalecer el control interno, y transparentar las adquisiciones y la obra pública.
Para el establecimiento del sistema estatal anticorrupción hay por delante una titánica tarea legislativa, pues es necesario homologar la legislación local con la federal en los temas de rendición de cuentas y responsabilidad de los servidores públicos. Cabe recordar que en febrero de 2015 se reformaron los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la denominación del Título Cuarto de la ley fundamental a “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con faltas administrativas graves o hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado”. Las leyes de Guerrero deberán estar acordes con estas reformas y en el Congreso del estado no hay visos de que trabajen en esto.
Respecto de la instrumentación de “las reformas necesarias en materia de transparencia”, el gobernador firmó una iniciativa de ley de transparencia y acceso a la información del estado, que suponemos contiene los temas necesarios para estar a tono con la ley general de transparencia. Es contradictorio que una iniciativa como ésta no se dé a conocer públicamente y se maneje en secreto, es un documento que debería circular profusamente para que la gente lo conozca y opine.
Para concretar todas estas reformas se requiere un Congreso muy activo. Parto de que en Guerrero no lo tenemos porque los diputados locales apenas se están alistando para homologar 40 leyes estatales con las disposiciones de la reformada constitución del estado, y según el artículo tercero, transitorio, tienen como plazo el 11 de junio de 2016. Aun cuando los diputados ya decretaron ampliarse el plazo hasta el 15 de marzo de 2017, todo este trabajo se junta ahora con la armonización que deben hacer de las leyes locales para crear el sistema estatal anticorrupción y la incorporación al sistema nacional de transparencia. El trabajo legislativo será un importante cuello de botella en donde seguramente se atorarán las reformas. Por lo pronto, tienen hasta el 4 de mayo para revisar, discutir y aprobar la ley de transparencia del estado.
Otros de los temas que corresponde operar al Ejecutivo del estado son el “reordenamiento de la administración de las finanzas públicas”, el fortalecimiento del control interno y la transparencia de las adquisiciones y la obra pública.
Efectivamente, son puntos nodales de la gestión pública que requieren intervención inmediata. Pero lo más importante es que el gobierno de Héctor Astudillo explique públicamente de qué manera se operarán estos compromisos -que en el acto de presentación del programa sólo enunció-, y cuál será la intervención de la ciudadanía. Si este proceso de cambios no se abre a la ciudadanía, y en cambio, solicitan nuevamente dejarles las manos libres y confiar en el gobierno, realmente no habrá cambiado nada.
Hay dos asuntos que vale la pena destacar. El primero es la convocatoria que hizo el gobernador a “los diputados locales, los magistrados, los presidentes y funcionarios municipales y a todos los ciudadanos y ciudadanas que manejan recursos públicos” para que se sumen y pongan en práctica medidas y acciones de transparencia y rendición de cuentas.
El llamado es pertinente especialmente por la opacidad que muestran prácticamente todos las dependencias públicas del estado, pero hubiese sido muy meritorio que el gobernador encabezara una gran cruzada, con un buen programa de por medio, para abatir los rezagos que se presentan en esta materia. A la convocatoria que lanzó en su discurso, pocos se sumarán.
El segundo asunto destacable es el anuncio que hizo el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental para “garantizar la operatividad” del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción, mediante la creación de dos comités: uno, “rector”, integrado por funcionarios públicos; y otro “consultivo”, en el que participarán “representantes de la sociedad organizada, empresarios, contralorías ciudadanas y medios de comunicación”. Las funciones del comité consultivo apenas se enunciaron: supervisarán el programa y propondrán medidas innovadoras para fortalecerlo.
La definición de las funciones que realizará el comité consultivo, las personas que lo integrarán y especialmente el nivel de autonomía que adquiera respecto del gobierno, serán claves para saber si el comité tendrá una función social importante y si su trabajo tendrá impactos reales en la transparencia y la rendición de cuentas. Si este comité es sólo decorativo, podemos entonces calificar todo el programa de ser una simulación.
Código de ética
En el acto de presentación de programa de ética, transparencia y combate a la corrupción también se anunció la firma de un código de ética que deberán seguir los servidores públicos del estado. ¿Qué puede esperarse de este documento?, ¿realmente inhibirá las actos de corrupción?, ¿propiciará la confianza de la ciudadanía?
Es muy difícil y tal vez ingenuo pensar en modificar la conducta de los funcionarios públicos, si sólo se hace a través de un llamado como éste, aun cuando sea respaldado con toda la fuerza y disposición que puede tener un jefe del Ejecutivo local, pues tales “exhortos” no bajan de manera automática, ya que hay una gran cantidad de intereses en juego en los diferentes niveles de la estructura gubernamental.
Existen códigos de ética por lo menos desde el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, por ejemplo, el 2 de mayo de 2008 se publicó el acuerdo por el que se emite el código de ética profesional para los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas y Administración. En el propio gobierno de Torreblanca Galindo, el 27 de agosto de 2010 se publicó el acuerdo por el que se establece el código de ética, al que deberán sujetarse los servidores públicos del gobierno del estado de Guerrero.
En la siguiente administración, el 27 de enero de 2012, Ángel Aguirre Rivero también emitió su propio acuerdo por el que se establece el código de ética, al que deberán sujetarse los servidores públicos de la administración pública centralizada y paraestatal del estado de Guerrero; después, cada secretaría emitió su propio código de conducta basado en el acuerdo emitido por el gobernador.
Pero en ambos gobiernos, al parecer de nada sirvió la suscripción de códigos de ética y conducta, pues en la percepción ciudadana continuó el estigma de la corrupción, e incluso en el de Aguirre Rivero fueron procesados funcionarios del primer círculo del mandatario por el desvío de recursos públicos. Entonces, ¿para qué un código de ética?
El código que firmó el gobernador Astudillo Flores reconoce “que en los últimos años la entidad se ha visto afectada por actos de corrupción que han mermado la confianza de los ciudadanos en las autoridades, por lo que estoy determinado a no permitir que se cometa ningún abuso de poder, ocurran desfalcos al erario público ni existan privilegios al margen de la Ley”.
Y en seguida agrega “que la única manera de contrarrestar el efecto nocivo que provoca la desconfianza ciudadana sobre la gobernabilidad es que todos los servidores públicos se conduzcan con respeto, pulcritud, transparencia, igualdad, equidad y honestidad en el manejo de los asuntos públicos, en el entendido de que la integridad de los servidores públicos ayudará a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones”.
En realidad, no se aprecian cambios sustanciales respecto de los códigos de gobiernos anteriores. Por ejemplo, se deja la aplicación, interpretación, difusión y evaluación del cumplimiento del código a la hoy Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; y en caso de incumplimiento, se aplicará lo previsto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
No contiene temas importantes sobre cómo hacer operativo este documento, ni se formularon indicadores de cumplimiento, ni tampoco es inclusivo con la vigilancia ciudadana.
Las diferencias que sí se observan en el código de ética de Héctor Astudillo son pocas. Una de ellas es que todos los funcionarios presenten sus declaraciones fiscal y de intereses, aunque no se plantea con la fuerza con la que sí se comprometió en campaña. El artículo 10 del mencionado código propone que “el servidor público, en la medida que lo requiera su cargo y sujeto a las leyes en la materia, declarará sus intereses económicos, comerciales o financieros, o sus actividades con ánimo de lucro que puedan plantear un posible conflicto de interés”.
Mientras que el artículo 13 expresa que “en consonancia con su cargo, y conforme a la Ley correspondiente, cumplir con el requisito de declarar o revelar sus activos y pasivos personales, así como, de ser posible, los de sus cónyuges u otros familiares a cargo. De la misma manera, presentará anualmente su declaración de impuestos”.
No dice nada sobre la publicación de estas declaraciones (que desde 2015 son una demanda ciudadana a nivel nacional y que son más conocidas como 3de3); si la ciudadanía no conoce estos documentos de los funcionarios guerrerenses, el único punto atractivo que tiene este código de ética será automáticamente anulado.