La transparencia 2019 en cifras

Marcos Méndez Lara
A propósito del décimo cuarto informe de labores del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro), correspondiente al ejercicio 2019, hay datos relevantes que permiten tener un panorama general sobre lo que está sucediendo en el estado en transparencia y acceso a la información. De manera global se observa un creciente interés de la ciudadanía por ejercer su derecho de acceso a la información (presentación de solicitudes) y hacerlo valer (recursos de revisión y denuncias ciudadanas), pero también se registra una tímida respuesta de los sujetos obligados o dependencias públicas a este naciente activismo de la ciudadanía.
En materia de transparencia, según el informe del Itaigro, se palpa una leve mejoría en los niveles de cumplimiento, pero no en los ayuntamientos, pues todavía persiste en este sector una gran resistencia a publicar los rubros importantes que establece la ley.
Tal vez a estas alturas sea inaceptable que haya 48 dependencias públicas, de 196 evaluadas, que no presentaron su informe anual de solicitudes de información al que están obligadas por ley; ni que 26 sujetos obligados tengan calificaciones de cero puntos o que 14 hayan obtenido menos de 10 puntos porcentuales en sus obligaciones de transparencia.
Este informe del Itaigro desnuda esa realidad del estado: crece la participación ciudadana, pero las respuestas institucionales son insuficientes.
Solicitudes de información
Hay un incremento importante de las solicitudes de información de 2018 a 2019, pues pasaron de 7 mil 264 a 8 mil 655, que equivale a 19.1 por ciento. La mayoría de estas solicitudes se presentaron mediante dispositivos electrónicos como la plataforma nacional de transparencia o el sistema Info Guerrero. Este incremento indudablemente es saludable para la vida pública del estado, ya que indica que hay en la ciudadanía un interés creciente por conocer lo que hacen las instituciones gubernamentales.
Si se observa por sectores, las 70 dependencias del Ejecutivo estatal recibieron 3 mil 76 solicitudes, mientras que a los 81 ayuntamientos llegaron 2 mil 779; entre ambos concentran el 67.6 por ciento de todas las solicitudes del estado en 2019. Le siguen los órganos públicos autónomos con mil 431 solicitudes y el poder legislativo con 360.
Si se observa por dependencias, los primeros lugares son para la Fiscalía General del Estado, con 781 solicitudes, el ayuntamiento de Acapulco, con 564; el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con 332; la Secretaría de Fianzas y Administración y la de Salud (310) y el ayuntamiento de Chilpancingo, con 305 solicitudes de información.
Y así como es positiva la cifra del incremento del número de solicitudes de información, hay otros datos que no lo son tanto, como el caso de las dependencias que no presentaron su informe anual de solicitudes de información ante el Itaigro. En 2019, las dependencias que omitieron presentar su informe alcanzan el alarmante número de 48. Es una tendencia que no se ha modificado, pues en 2018 fueron 53 las dependencias que no enviaron este informe al Itaigro. La omisión es sumamente grave porque se percibe no sólo como un desacato a la ley de transparencia, sino como una falta de interés de los titulares por hacer una gestión transparente.
De los 48 sujetos obligados que en 2019 no presentaron su informe, 19 son ayuntamientos: Alpoyeca, Arcelia, Atlixtac, Ayutla, Copalillo, Copanatoyac, Cutzamala, General Canuto A. Neri, General Heliodoro Castillo, Huamuxtitlán, Igualapa y José Joaquín de Herrera.
Tampoco presentaron su informe Leonardo Bravo, Ometepec, Pedro Ascencio Alquisiras, San Miguel Totolapan, Tecpan de Galeana, Tlapehuala y Xalpatláhuac. En tanto que los organismos operadores de agua potable de Chilpancingo, Taxco y Tixtla tampoco lo hicieron.
En la misma situación se encuentran seis sindicatos: el de servidores públicos del estado, de trabajadores académicos de la UAGro, el de técnicos, administrativos y de intendencia al servicio de la universidad, los dos del Colegio de Bachilleres, de trabajadores de la Música y el de trabajadores, empleados de Agua Potable, Alcantarillado y Conexos.
Recursos de revisión
En 2019 hubo un incremento sustancial en el número de recursos de revisión: en 2018 se presentaron 379 y esa cifra se incrementó a 617 en 2019, es decir, 62.7 por ciento más. Una primera interpretación es que al aumentar las solicitudes de información crece el número de recursos. En principio es cierto, pero desde hace algunos años hemos sostenido que los solicitantes, aunque sientan afectado su derecho a la información por alguna de las causales que establece la ley, no siempre presentan los respectivos recursos por diversos motivos, generándose una cifra negra en este rubro. Es muy probable entonces que haya un mayor interés de la ciudadanía en dar seguimiento a sus requerimientos de información no satisfechos y por lo tanto un ejercicio más pleno de este derecho.
El incremento de los recursos de revisión también evidencia que las dependencias públicas no están cumpliendo con el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, tal vez sea una tendencia que viene arrastrándose desde hace varios años, pero por lo menos ya hay un mayor interés por inconformarse cuando ese derecho no es satisfecho.
Los sujetos obligados que tuvieron un mayor número de recursos de revisión durante 2019 fueron el ayuntamiento de Acapulco (78), la Fiscalía General del Estado y el Congreso del Estado de Guerrero (40), la Universidad Autónoma de Guerrero (27), el ayuntamiento de Coyuca de Benítez (20), la Secretaría de Finanzas y Administración  y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (18); la Secretaría de Educación Guerrero (11) la Secretaría de Salud (8) y el ayuntamiento de San Luis Acatlán (8).
De nueva cuenta, los ayuntamientos fueron el sector que más recursos recibió con 248, el Ejecutivo del estado tuvo 191, los organismos autónomos 58 y el poder Legislativo recibió 40, mientras las universidades registraron 37.
Llama la atención que hay un número grande de recursos de revisión que se desechan (143) o sobreseen (122), entre ambos equivalen a 42.9 por ciento.
Por otra parte, también hay que destacar que en 2019 se presentaron 146 denuncias ciudadanas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, lo que significa un aumento de 64 por ciento respecto a 2019. Hay que recordar que el artículo 103 de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado establece que cualquier persona puede denunciar ante el órgano garante la falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en la ley.
Independientemente del proceso que hayan seguido, los sujetos obligados que más denuncias ciudadanas recibieron fueron el ayuntamiento de Cocula con 21, Congreso del estado con 14 denuncias, el ayuntamiento de Coyuca de Benítez con 12. Le siguen Chilpancingo (5), Alcozauca (4), la Secretaría de Finanzas y Administración (4), Marquelia (3) y Taxco (3).
Verificación de obligaciones
En el informe también se presentaron los resultados de la verificación vinculatoria a las obligaciones de transparencia que cada año debe realizar el Itaigro a los sujetos obligados. Hay varios temas que pueden destacarse, quizás el más sobresaliente es que la revisión a las dependencias públicas se aplicó a los 48 temas del catálogo de obligaciones de transparencia y no a una muestra, como lo hicieron en la revisión anterior. Esto permite tener una idea más cercana sobre el cumplimiento de las obligaciones y quita cualquier asomo de duda respecto de la rigurosidad con que se realizan las muestras. También sobresale que nuevamente los resultados de la verificación se presentan con calificaciones numéricas, es decir, con esta forma la ciudadanía sabe con exactitud la calificación que obtuvieron los sujetos obligados.
Lo que sí creemos que debe modificarse son las categorías que usa el órgano garante para emitir sus acuerdos de cumplimiento, o de amonestación pública o de denuncia por responsabilidad administrativa para quienes obtuvieron, respectivamente, calificación satisfactoria (de 61 a 100 puntos), parcialmente satisfactoria (de 31 a 60 puntos) y no satisfactoria (de 0 a 30 puntos).
La ley dice claramente que un sujeto obligado cumple con sus obligaciones de transparencia si obtiene el 100 por ciento; cualquier calificación menor es incumplimiento y debe ser merecedora de alguna de las sanciones que establezca el Itaigro.
De acuerdo con la verificación, 26 sujetos obligados tuvieron cero de calificación, es decir, 13.2 por ciento de los 196 evaluados. De éstos, 13 fueron ayuntamientos (San Luis Acatlán, Pedro Ascencio Alquisiras, Copalillo, General Canuto A. Neri, Juan R. Escudero, Tlapehuala, San Miguel Totolapan, Alpoyeca, Igualapa, Leonardo Bravo, Xalpatlahuac, Cutzamala y Arcelia).
Otros sujetos obligados que obtuvieron cero son el organismo operador de agua potable del municipio de Tixtla, el partido Movimiento de Regeneración Nacional, y en el caso del Ejecutivo, la Escuela de Parteras Profesionales, la Casa Guerrerense en el DF, el Consejo de Políticas Públicas, la Universidad Intercultural del estado, el Consejo Estatal del Cocotero y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública; y cinco juntas de conciliación y arbitraje.
Si se compara con el ejercicio 2018, fueron 25 los sujetos obligados con calificación cero, es decir, prácticamente el mismo número que en 2019.
Hay un bloque de siete ayuntamientos que no alcanzan ni diez por ciento en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia (Zapotitlán, Chilapa, Coyuca de Benítez, Tlalixtaquilla, Atlixtac, José Joaquín de Herrera y Huamuxtitlán); y también seis del Ejecutivo que tampoco alcanzaron las 10 unidades (Acabús, Instituto del Deporte, Fideicomiso Guerrero Industrial, Agroindustria del Sur, Comisión Estatal de Arbitraje Médico, y el Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo); y una junta de conciliación y arbitraje.
En total, el Itaigro registra 40 dependencias públicas que no obtuvieron ni siquiera 10 por ciento de calificación. En números relativos equivalen al 20.4 por ciento de los sujetos obligados evaluados. Este escenario muestra que no hay avances sustanciales en los niveles de cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el estado.
Los que sí
De acuerdo con el Itaigro, la calificación más alta en el caso de los ayuntamientos fue para Eduardo Neri, que obtuvo 94.9 por ciento; y otros tres ayuntamientos alcanzaron puntajes por arriba de 90 (Pungarabato, Cuetzala y Tetipac). Hay 16 ayuntamientos que obtuvieron entre 70 y 89 por ciento, y 41 municipios, poco más de la mitad, alcanzaron entre 11 y 69 por ciento. Es decir, sólo cuatro ayuntamientos destacan del conjunto por su nivel alto de cumplimiento y 16 se quedan en la medianía; pero el resto, 61 ayuntamientos, tienen prácticas de transparencia insuficientes, muy bajas dentro del ranking, y esto ya lleva varios años sin ningún cambio.
En el caso de los partidos políticos, indica el instituto de transparencia, excepto el Partido Revolucionario Institucional, que tiene 90.3 por ciento, y Movimiento Ciudadano con 81.8, el resto de los partidos no alcanza ni 60 por ciento de cumplimiento.
Los organismos operadores de agua potable del estado también presentan bajas calificaciones en promedio. La Comisión de Agua Potable de Acapulco tiene un puntaje de 90.2 por ciento, y el segundo sitio en este renglón es el organismo operador de Iguala, con 50.8 por ciento, y el de Zihuatanejo con 50.7; el resto no llega ni a 50 puntos.
Siguiendo las cifras del Itaigro, hay cuatro organismos autónomos con más de 90 puntos: el propio instituto de transparencia (96.8), el Tribunal Electoral del Estado (93.5), el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (93.5), y la Universidad Autónoma de Guerrero (90.1). Dentro de este sector, sólo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado tiene una bajísima calificación con 1.6 por ciento.
Dentro del Ejecutivo, hay nueve dependencias que obtuvieron 90 o más por ciento de calificación; otras 10 oscilaron entre 81 y 89 puntos; 14 tienen entre 71 y 80 por ciento de cumplimiento, y 21 dependencias están entre 50 y 79 de calificación. En tanto que 28 oficinas del Ejecutivo no obtuvieron ni siquiera 50 por ciento.
A grandes rasgos, este es el panorama del estado en materia de transparencia y acceso a la información, y como se observa en el diagnóstico, se perciben algunos avances, pero la constante es un estancamiento en el desarrollo de estas prácticas de la gestión pública que ya lleva varios años. Ya son necesarios cambios profundos que remuevan esa inmovilidad.

Opacidad en el impuesto predial

Marcos Méndez Lara
El reciente incremento al impuesto predial en el municipio de Chilpancingo provocó una amplia reacción de la ciudadanía, que tuvo distintas expresiones como cierre de calles, plantones en las puertas del Ayuntamiento, denuncias en medios de comunicación, huelga de pagos, entre otras, al considerar injustos y desproporcionados los cobros del Ayuntamiento. En los últimos meses y todavía hoy, los medios de comunicación continúan publicando los testimonios de los numerosos casos de vecinos que denuncian incrementos en el impuesto de sus casas o terrenos en tasas de hasta mil por ciento en algunos casos.
Ante estos reclamos, no hay desde el Ayuntamiento suficientes respuestas. La información institucional sobre el incremento ha sido poca, ambigua y además ha fluido a cuentagotas, todavía a esta fecha no se publicitan todos los datos necesarios para entender el marco general, la mecánica del incremento, en qué se gastarán los recursos adicionales y cuánto recibirá la empresa contratada, entre muchas dudas que los ciudadanos quisieran resolver.
En efecto, la constante en toda la puesta en marcha de este proyecto de incremento al impuesto predial ha sido la falta de información; las declaraciones de funcionarios o las explicaciones a medias que se dan a pequeños grupos de ciudadanos nada tienen que ver con una campaña informativa bien articulada y un proceso de sensibilización previo que hubiesen sido necesarios para disminuir las inconformidades.
A la fecha, no hay en el portal electrónico ni en la Plataforma Nacional de Transparencia información que permita entender el porqué del incremento y mucho menos el cómo lo están aplicando, lo cual da pie a las especulaciones, como la comisión de actos de corrupción en el Ayuntamiento o que fue contratada una empresa privada de la que es socio o dueño un conocido político en campaña.
Aunque los propósitos del Ayuntamiento sean legítimos, como aumentar la recaudación para obtener más recursos propios y con esto recibir también más recursos federalizados; y desterrar los manejos irregulares dentro del Ayuntamiento en el departamento responsable del manejo de este impuesto, también es cierto que la estrategia implementada o su inexistencia dejaron mucho qué desear.
Ante la falta de información de una dependencia pública para explicar y justificar sus decisiones, el trabajo de investigación de los reporteros se convierte en una tarea importante para desentrañar lo que buscan ocultar a la opinión pública. En el tema del incremento al impuesto predial en Chilpancingo fueron muy pertinentes las notas de Zacarías Cervantes, reportero experimentado de esta casa editorial, para armar el rompecabezas de una decisión que tomó el Ayuntamiento de Chilpancingo respecto de este tema, que ha estado vigente en la opinión pública capitalina en los últimos meses.
Los trabajos de este reportero publicados el 15 y 16 de enero informan acerca de aspectos importantes de este problema, por lo que en este espacio abordaremos otras vertientes del asunto: el marco general de la decisión y el alto grado de opacidad en los objetivos, operación y resultados de este proyecto del gobierno capitalino.
Por más ingresos propios
La decisión de modificar los términos en el cobro del impuesto predial parece responder a la necesidad de los ayuntamientos de captar más recursos ante las nuevas reglas de austeridad que ha impuesto el actual gobierno de la República y las no tan halagüeñas perspectivas en los niveles de recaudación en el ámbito federal. Tan sólo en las participaciones federales (Ramo 28) –recursos que pueden ser ejercidos de manera libre por los estados y municipios al formar parte del gasto no programable–, tendrán una reducción de 0.9 por ciento en 2020, según el presupuesto de egresos de la federación.
La intención de captar más dinero está presente en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Chilpancingo, publicada en el Periódico Oficial del estado el 24 de diciembre pasado, en donde la administración de Antonio Gaspar Beltrán fundamentó el incremento del impuesto predial en la Ley de Coordinación Fiscal, que desde 2013 establece que en la distribución de participaciones federales también se tomará en consideración como una variable el monto de los ingresos propios de cada municipio. Por ello, indica, “la presente iniciativa de Ley (de Ingresos) tiene como finalidad lograr una mayor captación de ingresos propios, que nos permitan obtener más recursos federales, para fortalecer nuestra hacienda pública y estar en condiciones de atender las necesidades y exigencias de los gobernados (…)”.
Los artículos transitorios de esta ley establecen algunas líneas generales para alcanzar esa meta. Así, por ejemplo, el artículo décimo primero dice que el Ayuntamiento “deberá generar las condiciones necesarias para la promoción de acciones tendientes a elevar la recaudación municipal por concepto de impuesto predial. La Proyección de ampliación de la recaudación no podrá ser menor del 20 por ciento respecto al año anterior, para lo cual deberán ampliar la base de contribuyentes con adeudo e incentivarlos mediante estímulos o requerimientos administrativos de Ejecución Fiscal, para alcanzar la meta recaudatoria”.
En número globales y de acuerdo con esta ley, el Ayuntamiento de Chilpancingo percibirá en el ejercicio 2020 un presupuesto de ingresos por mil 27.3 millones de pesos. La mayor cantidad de estos recursos provendrán de las aportaciones federales (408.4 millones) y participaciones federales (258 millones). Le siguen los ingresos captados por la Comisión de Agua Potable (137.6 millones), el cobro de derechos (103.1 millones) y la prestación de diversos servicios (70.4 millones).
Por concepto de impuestos, la ley de ingresos capitalina calcula que se obtendrán 83.4 millones de pesos, y es el impuesto predial el que tiene el mayor peso en este renglón con 44 millones de pesos. Como referente, en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento del ejercicio 2019 se presupuestaron ingresos por este concepto por 32 millones, es decir, 12 millones menos que en 2020.
El convenio
Además de captar más recursos con el incremento y regularización del cobro del impuesto predial, el proyecto del Ayuntamiento también incluye la firma de un convenio con el gobierno del estado. La ley de Coordinación Fiscal (artículo 2-A) propone incentivos de mayores recursos para los estados que comprueben la existencia de una coordinación fiscal en el impuesto predial, para lo cual “se deberá haber celebrado un convenio con el municipio correspondiente y publicado en el medio de difusión oficial estatal, en el entendido de que la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que se deje de ser elegible para la distribución de esta porción del Fondo de Fomento Municipal”.
En la sesión de Cabildo del 1 de marzo de 2019 del Ayuntamiento de Chilpancingo se aprobó un punto de acuerdo para autorizar al presidente municipal firmar el Convenio Marco de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria entre el gobierno del estado y el Ayuntamiento.
El anexo 1 de este convenio está dirigido a la “administración del impuesto predial”. El objeto del documento es que el gobierno del estado “sea el responsable de la administración del impuesto predial, por cuenta y orden del municipio, así como corroborar la existencia de la coordinación fiscal (…) para acceder al 30 por ciento del excedente del Fondo de Fomento Municipal”. Asimismo, para que el gobierno del estado lleve al municipio un programa “que permita armonizar y optimizar el catastro y sus funciones propias en el ámbito fiscal, a través de la investigación, análisis y diseño para proponer un modelo de catastro que permita incrementar la recaudación del impuesto predial”.
Ambos documentos, el convenio y el anexo 1, se encuentran publicados en el Periódico Oficial del estado del 9 de abril de 2019. De hecho, hay otros 17 ayuntamientos que también firmaron un convenio de esta naturaleza con el gobierno del estado.
Poca o nula información
Hasta aquí, parecen ser legítimos los propósitos del Ayuntamiento de obtener más recursos propios y con esto recibir también más recursos federalizados; también, el de establecer controles y sistematizar la operación de lo relativo al impuesto predial. Sin embargo, la falta de información en varios campos hace que este proyecto sea percibido como negativo: no hay actas de cabildo, ni el contrato de la empresa, ni tutoriales o guías que expliquen la aplicación de esta política en materia de impuesto predial.
El 1 de marzo, en sesión de Cabildo se propuso en el orden del día la discusión y análisis del convenio de colaboración administrativa entre el Ayuntamiento de Chilpancingo y el gobierno del estado. Regidores, entre ellos los de Morena, fueron convocados un día antes de la sesión por el presidente municipal para que de la Secretaría de Fianzas y Administración les explicaran en qué consistía el convenio, pero los ediles argumentaron que no se les proporcionó suficiente información y solicitaron una copia del convenio, que no les fue entregada.
Aunque el acta de la sesión de Cabildo no está publicada en ninguna parte, conseguimos de manera informal parte de este documento, que da a conocer cómo se aprobó dicho convenio. La participación de una de las regidoras da cuenta de esa falta de operación: “el día de ayer se daba una exposición general sobre este convenio que se pretende que se firme entre el Gobierno del Estado y el Municipio, en el cual se acordó que se nos iba a hacer llegar ayer mismo este convenio para que lo pudiéramos analizar y para que el día de hoy ya pudiéramos traer esas observaciones. Lamento mucho decirles que mi voto va a ser en contra por desconocer ese convenio, ahorita nos los están entregando, no puedo aprobar algo que desconozco en su totalidad”.
Y aunque el convenio finalmente fue aprobado por 10 votos a favor, cuatro en contra y una abstención –estos últimos basados precisamente en la falta de información– se observa que aún hay prácticas en el Cabildo que no generan las condiciones para realizar análisis fundamentados que se traduzcan en una mejor toma de decisiones.
La opacidad
La falta de información acerca de la empresa contratada por el Ayuntamiento y la manera en que ésta realizó la actualización de la base gravable se encuentran entre los motivos del gran descontento de la ciudadanía.
Durante los últimos meses corrió el rumor de que una empresa privada había sido contratada para realizar el avalúo de los predios de la capital, la depuración de contribuyentes y el cobro del impuesto predial. Fue hasta mediados de enero de este año cuando se confirmó la especie en voz del alcalde y se supo el nombre de la empresa: Suimpac Consultora.
Según la nota de Zacarías Cervantes, el presidente Antonio Gaspar Beltrán confirmó que contrató los servicios de esa empresa “bajo el argumento de que el Ayuntamiento no cuenta con el equipo, profesionalismo ni la experiencia” y también rechazó que “sea propiedad del ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, pero tampoco quiso informar de quién es”.
También de acuerdo con la nota, contribuyentes inconformes denunciaron que fue la empresa privada la que realizó los avalúos a las propiedades y aumentó el pago del impuesto predial.
Todavía a esta fecha se desconoce se desconoce casi todo acerca de la empresa, no se ha publicado el contrato, ni se tiene información si fue por medio de un proceso de adjudicación o licitación, ni tampoco el acta de cabildo donde se informó a los ediles. Son datos que se mantienen en la opacidad.
La contratación de Suimpac Consultora –de la que por cierto, no aparece ningún antecedente en internet– pone en aprietos a un Ayuntamiento como Chilpancingo, que tiene cerca de 3 mil 200 empleados, una nómina bastante abultada en relación con la población atendida. ¿En qué se ocuparán los empleados que serán desplazados en el Departamento de Catastro?
Argumenta el alcalde: “Es triste decirlo, el (equipo) que se tenía era manipulado por toda la gente de Catastro, es decir, usted iba a Catastro y decía ‘vengo a pagar mi impuesto predial’ y le ponían la base gravable que usted quería”. En efecto, de acuerdo con algunos testimonios, el cobro del impuesto predial era totalmente discrecional, pues al no haber un sistema de control, los empleados podían establecer prácticamente la tarifa que quisieran. Prácticas evidentes de corrupción.
En efecto, impulsar un proyecto como éste iba a tener sus costos políticos, pero la operación desarticulada de la actual administración capitalina y la falta de información sobre cómo se ha implementado este programa hicieron más grande ese costo. Al parecer también está en puerta la intervención de una empresa privada en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo y va por el mismo camino. Pero ese tema lo abordaremos en otra ocasión