Opacidad en el impuesto predial

Marcos Méndez Lara
El reciente incremento al impuesto predial en el municipio de Chilpancingo provocó una amplia reacción de la ciudadanía, que tuvo distintas expresiones como cierre de calles, plantones en las puertas del Ayuntamiento, denuncias en medios de comunicación, huelga de pagos, entre otras, al considerar injustos y desproporcionados los cobros del Ayuntamiento. En los últimos meses y todavía hoy, los medios de comunicación continúan publicando los testimonios de los numerosos casos de vecinos que denuncian incrementos en el impuesto de sus casas o terrenos en tasas de hasta mil por ciento en algunos casos.
Ante estos reclamos, no hay desde el Ayuntamiento suficientes respuestas. La información institucional sobre el incremento ha sido poca, ambigua y además ha fluido a cuentagotas, todavía a esta fecha no se publicitan todos los datos necesarios para entender el marco general, la mecánica del incremento, en qué se gastarán los recursos adicionales y cuánto recibirá la empresa contratada, entre muchas dudas que los ciudadanos quisieran resolver.
En efecto, la constante en toda la puesta en marcha de este proyecto de incremento al impuesto predial ha sido la falta de información; las declaraciones de funcionarios o las explicaciones a medias que se dan a pequeños grupos de ciudadanos nada tienen que ver con una campaña informativa bien articulada y un proceso de sensibilización previo que hubiesen sido necesarios para disminuir las inconformidades.
A la fecha, no hay en el portal electrónico ni en la Plataforma Nacional de Transparencia información que permita entender el porqué del incremento y mucho menos el cómo lo están aplicando, lo cual da pie a las especulaciones, como la comisión de actos de corrupción en el Ayuntamiento o que fue contratada una empresa privada de la que es socio o dueño un conocido político en campaña.
Aunque los propósitos del Ayuntamiento sean legítimos, como aumentar la recaudación para obtener más recursos propios y con esto recibir también más recursos federalizados; y desterrar los manejos irregulares dentro del Ayuntamiento en el departamento responsable del manejo de este impuesto, también es cierto que la estrategia implementada o su inexistencia dejaron mucho qué desear.
Ante la falta de información de una dependencia pública para explicar y justificar sus decisiones, el trabajo de investigación de los reporteros se convierte en una tarea importante para desentrañar lo que buscan ocultar a la opinión pública. En el tema del incremento al impuesto predial en Chilpancingo fueron muy pertinentes las notas de Zacarías Cervantes, reportero experimentado de esta casa editorial, para armar el rompecabezas de una decisión que tomó el Ayuntamiento de Chilpancingo respecto de este tema, que ha estado vigente en la opinión pública capitalina en los últimos meses.
Los trabajos de este reportero publicados el 15 y 16 de enero informan acerca de aspectos importantes de este problema, por lo que en este espacio abordaremos otras vertientes del asunto: el marco general de la decisión y el alto grado de opacidad en los objetivos, operación y resultados de este proyecto del gobierno capitalino.
Por más ingresos propios
La decisión de modificar los términos en el cobro del impuesto predial parece responder a la necesidad de los ayuntamientos de captar más recursos ante las nuevas reglas de austeridad que ha impuesto el actual gobierno de la República y las no tan halagüeñas perspectivas en los niveles de recaudación en el ámbito federal. Tan sólo en las participaciones federales (Ramo 28) –recursos que pueden ser ejercidos de manera libre por los estados y municipios al formar parte del gasto no programable–, tendrán una reducción de 0.9 por ciento en 2020, según el presupuesto de egresos de la federación.
La intención de captar más dinero está presente en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Chilpancingo, publicada en el Periódico Oficial del estado el 24 de diciembre pasado, en donde la administración de Antonio Gaspar Beltrán fundamentó el incremento del impuesto predial en la Ley de Coordinación Fiscal, que desde 2013 establece que en la distribución de participaciones federales también se tomará en consideración como una variable el monto de los ingresos propios de cada municipio. Por ello, indica, “la presente iniciativa de Ley (de Ingresos) tiene como finalidad lograr una mayor captación de ingresos propios, que nos permitan obtener más recursos federales, para fortalecer nuestra hacienda pública y estar en condiciones de atender las necesidades y exigencias de los gobernados (…)”.
Los artículos transitorios de esta ley establecen algunas líneas generales para alcanzar esa meta. Así, por ejemplo, el artículo décimo primero dice que el Ayuntamiento “deberá generar las condiciones necesarias para la promoción de acciones tendientes a elevar la recaudación municipal por concepto de impuesto predial. La Proyección de ampliación de la recaudación no podrá ser menor del 20 por ciento respecto al año anterior, para lo cual deberán ampliar la base de contribuyentes con adeudo e incentivarlos mediante estímulos o requerimientos administrativos de Ejecución Fiscal, para alcanzar la meta recaudatoria”.
En número globales y de acuerdo con esta ley, el Ayuntamiento de Chilpancingo percibirá en el ejercicio 2020 un presupuesto de ingresos por mil 27.3 millones de pesos. La mayor cantidad de estos recursos provendrán de las aportaciones federales (408.4 millones) y participaciones federales (258 millones). Le siguen los ingresos captados por la Comisión de Agua Potable (137.6 millones), el cobro de derechos (103.1 millones) y la prestación de diversos servicios (70.4 millones).
Por concepto de impuestos, la ley de ingresos capitalina calcula que se obtendrán 83.4 millones de pesos, y es el impuesto predial el que tiene el mayor peso en este renglón con 44 millones de pesos. Como referente, en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento del ejercicio 2019 se presupuestaron ingresos por este concepto por 32 millones, es decir, 12 millones menos que en 2020.
El convenio
Además de captar más recursos con el incremento y regularización del cobro del impuesto predial, el proyecto del Ayuntamiento también incluye la firma de un convenio con el gobierno del estado. La ley de Coordinación Fiscal (artículo 2-A) propone incentivos de mayores recursos para los estados que comprueben la existencia de una coordinación fiscal en el impuesto predial, para lo cual “se deberá haber celebrado un convenio con el municipio correspondiente y publicado en el medio de difusión oficial estatal, en el entendido de que la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que se deje de ser elegible para la distribución de esta porción del Fondo de Fomento Municipal”.
En la sesión de Cabildo del 1 de marzo de 2019 del Ayuntamiento de Chilpancingo se aprobó un punto de acuerdo para autorizar al presidente municipal firmar el Convenio Marco de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria entre el gobierno del estado y el Ayuntamiento.
El anexo 1 de este convenio está dirigido a la “administración del impuesto predial”. El objeto del documento es que el gobierno del estado “sea el responsable de la administración del impuesto predial, por cuenta y orden del municipio, así como corroborar la existencia de la coordinación fiscal (…) para acceder al 30 por ciento del excedente del Fondo de Fomento Municipal”. Asimismo, para que el gobierno del estado lleve al municipio un programa “que permita armonizar y optimizar el catastro y sus funciones propias en el ámbito fiscal, a través de la investigación, análisis y diseño para proponer un modelo de catastro que permita incrementar la recaudación del impuesto predial”.
Ambos documentos, el convenio y el anexo 1, se encuentran publicados en el Periódico Oficial del estado del 9 de abril de 2019. De hecho, hay otros 17 ayuntamientos que también firmaron un convenio de esta naturaleza con el gobierno del estado.
Poca o nula información
Hasta aquí, parecen ser legítimos los propósitos del Ayuntamiento de obtener más recursos propios y con esto recibir también más recursos federalizados; también, el de establecer controles y sistematizar la operación de lo relativo al impuesto predial. Sin embargo, la falta de información en varios campos hace que este proyecto sea percibido como negativo: no hay actas de cabildo, ni el contrato de la empresa, ni tutoriales o guías que expliquen la aplicación de esta política en materia de impuesto predial.
El 1 de marzo, en sesión de Cabildo se propuso en el orden del día la discusión y análisis del convenio de colaboración administrativa entre el Ayuntamiento de Chilpancingo y el gobierno del estado. Regidores, entre ellos los de Morena, fueron convocados un día antes de la sesión por el presidente municipal para que de la Secretaría de Fianzas y Administración les explicaran en qué consistía el convenio, pero los ediles argumentaron que no se les proporcionó suficiente información y solicitaron una copia del convenio, que no les fue entregada.
Aunque el acta de la sesión de Cabildo no está publicada en ninguna parte, conseguimos de manera informal parte de este documento, que da a conocer cómo se aprobó dicho convenio. La participación de una de las regidoras da cuenta de esa falta de operación: “el día de ayer se daba una exposición general sobre este convenio que se pretende que se firme entre el Gobierno del Estado y el Municipio, en el cual se acordó que se nos iba a hacer llegar ayer mismo este convenio para que lo pudiéramos analizar y para que el día de hoy ya pudiéramos traer esas observaciones. Lamento mucho decirles que mi voto va a ser en contra por desconocer ese convenio, ahorita nos los están entregando, no puedo aprobar algo que desconozco en su totalidad”.
Y aunque el convenio finalmente fue aprobado por 10 votos a favor, cuatro en contra y una abstención –estos últimos basados precisamente en la falta de información– se observa que aún hay prácticas en el Cabildo que no generan las condiciones para realizar análisis fundamentados que se traduzcan en una mejor toma de decisiones.
La opacidad
La falta de información acerca de la empresa contratada por el Ayuntamiento y la manera en que ésta realizó la actualización de la base gravable se encuentran entre los motivos del gran descontento de la ciudadanía.
Durante los últimos meses corrió el rumor de que una empresa privada había sido contratada para realizar el avalúo de los predios de la capital, la depuración de contribuyentes y el cobro del impuesto predial. Fue hasta mediados de enero de este año cuando se confirmó la especie en voz del alcalde y se supo el nombre de la empresa: Suimpac Consultora.
Según la nota de Zacarías Cervantes, el presidente Antonio Gaspar Beltrán confirmó que contrató los servicios de esa empresa “bajo el argumento de que el Ayuntamiento no cuenta con el equipo, profesionalismo ni la experiencia” y también rechazó que “sea propiedad del ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, pero tampoco quiso informar de quién es”.
También de acuerdo con la nota, contribuyentes inconformes denunciaron que fue la empresa privada la que realizó los avalúos a las propiedades y aumentó el pago del impuesto predial.
Todavía a esta fecha se desconoce se desconoce casi todo acerca de la empresa, no se ha publicado el contrato, ni se tiene información si fue por medio de un proceso de adjudicación o licitación, ni tampoco el acta de cabildo donde se informó a los ediles. Son datos que se mantienen en la opacidad.
La contratación de Suimpac Consultora –de la que por cierto, no aparece ningún antecedente en internet– pone en aprietos a un Ayuntamiento como Chilpancingo, que tiene cerca de 3 mil 200 empleados, una nómina bastante abultada en relación con la población atendida. ¿En qué se ocuparán los empleados que serán desplazados en el Departamento de Catastro?
Argumenta el alcalde: “Es triste decirlo, el (equipo) que se tenía era manipulado por toda la gente de Catastro, es decir, usted iba a Catastro y decía ‘vengo a pagar mi impuesto predial’ y le ponían la base gravable que usted quería”. En efecto, de acuerdo con algunos testimonios, el cobro del impuesto predial era totalmente discrecional, pues al no haber un sistema de control, los empleados podían establecer prácticamente la tarifa que quisieran. Prácticas evidentes de corrupción.
En efecto, impulsar un proyecto como éste iba a tener sus costos políticos, pero la operación desarticulada de la actual administración capitalina y la falta de información sobre cómo se ha implementado este programa hicieron más grande ese costo. Al parecer también está en puerta la intervención de una empresa privada en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo y va por el mismo camino. Pero ese tema lo abordaremos en otra ocasión