Ayuntamientos incumplen la Ley de Coordinación Fiscal

El Sur de Acapulco

Hasta el segundo trimestre de 2014, había un déficit importante de información sobre las obras públicas municipales, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social federal, dependencia que lleva el registro del ejercicio de los recursos del ahora llamado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fismdf), el recurso financiero más importantes que reciben cada año los municipios.
Los municipios guerrerenses continúan siendo omisos de informar a la dependencia normativa, ya que en el segundo trimestre de 2014, sólo 24 demarcaciones cumplieron con esta obligación. Es decir, los ayuntamientos de Guerrero no sólo son opacos con la ciudadanía, sino también dejan de cumplir sus obligaciones de informar a las instituciones normativas y de cumplir con la ley.
De acuerdo con el periódico oficial del estado de Guerrero, en 2013 se asignaron al Fismdf 4 mil 97.4 millones de pesos, y en 2014 la asignación fue de 4 mil 409.5 millones, para un incremento de apenas 312.1 millones de pesos que representan 7.6 por ciento. En 2011 la asignación fue de 3 mil 149.2 millones de pesos y en 2012, se incrementó a 3 mil 865.2 millones.
El incremento de 2014 es insignificante considerando que el estado requiere numerosas obras de infraestructura básica, luego de las afectaciones de los fenómenos metereológicos de septiembre de 2013.
Los ayuntamientos que recibirán en 2014 más recursos en números absolutos son Acapulco (30.7 millones más que en 2013), Chilapa (16.2 millones adicionales), Tlapa (11.2 millones), Chilpancingo (10.6), Ometepec (8.9), Acatepec (6.3), San Marcos (6.2) y Taxco (6.1 millones de pesos).
Mientras que los gobiernos municipales que recibirán menos incrementos son Alpoyeca, con 587 mil pesos de aumento, Buenavista con 691 mil 141, Xochihuehuetlán tendrá 760 mil 807, Pilcaya 749 mil, Juchitán 805 mil 126 y Atenango del Río, que recibirá 861 mil 132 pesos de incremento a sus recursos Fismdf.
Pero además de ser omisos, los ayuntamientos han ejercido los recursos con irregularidades, lo que sin duda les valdrá observaciones de los órganos fiscalizadores, como es el caso de la adquisición de fertilizante y la rehabilitación y conservación de caminos en porcentajes mayores a lo que les permite la normatividad del Fismdf.

Los reportes de los ayuntamientos

Al municipio de Acapulco se le asignaron por concepto del Fismdf, 492.3 millones de pesos para construir mil 101 obras en el municipio. Al concluir el segundo trimestre no se tenía ningún avance en 525 obras, aunque el avance financiero fue de 89.1 por ciento, según informó el ayuntamiento a la Sedesol.
En Chilpancingo, con un monto asignado de 151.7 millones de pesos, se programaron apenas 52 obras, 19 de las cuales tenían avances menores a 50 por ciento y 29 se reportaron como totalmente concluidas.
De las obras del ayuntamiento de Chilpancingo destacan como las más numerosas la pavimentación de calles y la rehabilitación de puentes. Entre los montos más altos pagados con recursos del Fismdf, sobresalen las aportaciones al programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (Apazu) de la Comisión Nacional del Agua, para obras de alcantarillado y drenaje que en total sumaron 32.5 millones de pesos.
También destacan las aportaciones a la adquisición y suministro de fertilizantes, que alcanzó los 10 millones de pesos, y una aportación al convenio entre la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del estado por 10 millones
También sobresale que el ayuntamiento de Chilpancingo destinó 1.7 millones de pesos en becas como estímulo a la educación básica, y adquisición de software y hardware y habilitación de estaciones tecnológicas por 1.1 millones. También adquirió un predio para el relleno sanitario por 3.7 millones, y hay un rubro del que sólo informa que es aportación, pero no especifica a qué, por casi 10 millones.
Coyuca de Benítez sólo reporta dos obras por 6.2 millones de pesos, en tanto que la asignación federal es por 86.7 millones, lo que equivale apenas a 7.3 por ciento. En el primer trimestre reportó un registro de 154 obras sin ningún avance.
Iguala es otro municipio que lleva un avance de obras muy pobre. De acuerdo con la información de la Sedesol federal, se le asignaron 80.9 millones de pesos, pero al concluir el segundo trimestre apenas llevaba un 12.6 de avance en el ejercicio de los recursos. Este dinero se destinó a siete obras, todas ellas rehabilitaciones de concreto hidráulico en el centro de la cabecera municipal; en las comunidades rurales no se había construido nada, lo que contraviene la normatividad del Fismdf.
Otro de los municipios que registra poco avance financiero de las obras es Ometepec, cuya asignación del Fismdf es por 108.8 millones de pesos, pero su avance es de apenas 17.5 por ciento. Destaca en este municipio que se gastaron 474 mil 665 pesos en materiales y útiles de oficina, así como 240 mil pesos en promoción y difusión de las acciones de gobierno municipal y un rubro denominado “servicios relacionados con certificación de procesos”, con un costo de 304 mil 581 pesos.
El ayuntamiento de José Joaquín de Herrera gastó recursos del Fismdf en mantenimiento y conservación de vehículos terrestres (150 mil pesos), y en materiales y útiles de oficina, 74 mil 800, las cuales no son acciones para directamente combatir la pobreza. El monto total asignado a este municipio es de 42.3 millones y lleva un avance financiero de 44.1 por ciento.
El municipio de Cutzamala destaca no por sus obra sino porque destina más de 25 por ciento de sus recursos Fismdf para la compra de fertilizante. La federación le asignó este año 34 millones de pesos, y el ayuntamiento destinó 25.4 millones a la compra del insumo, lo que equivale a 74.4 por ciento.
Ayutla, con uno de los presupuestos más abultados del Fismdf (144.4 millones de pesos) incluyó en su informe muchas obras de rehabilitación y conservación de caminos (28 de 37 obras que tiene registradas), lo cual será observado por las dependencias normativas.
En este municipio de la Costa Chica se gastaron recursos en rubros como materiales y útiles de oficina, por un millón de pesos, refacciones y mantenimiento de transporte por 1.1 millones y asesoría para la elaboración de la cuenta pública por 771 mil 487 pesos.
Azoyú también destaca por su alto número de obras de conservación y rehabilitación de caminos (57 de 68). En este pequeño municipio se asignaron 23.5 millones de pesos y llevan un 35.7 por ciento de avance financiero.
El municipio de Chilapa gastó en materiales útiles para el procesamiento de equipos informáticos casi 771 mil pesos, en refacciones y equipo de transporte 250 mil pesos, en materiales y útiles de impresión y reproducción 70 mil, y en combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos 900 mil pesos.
El municipio de La Unión tuvo gastos de viáticos, combustible y material de oficina por 856 mil 394 pesos, que representan el 2.5 por ciento del presupuesto total.

Nuevas reglas

De acuerdo con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), que regula la distribución y ejercicio de los recursos del Fismdf, en 2014 los ayuntamientos no podrán adquirir insumos agrícolas (léase fertilizante químico), y la realización de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de carretera y caminos rurales sólo será posible en coinversión con los otros órdenes de gobierno y sin rebasar el 15 por ciento de los recursos Fismdf correspondientes al municipio.
El artículo 33 de esa ley menciona los rubros en que se puede invertir el Fismdf: “agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura”.
Este universo de obras se restringe aún más en un documento normativo secundario llamado Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, emitido por la Sedesol federal.
Dicen los lineamientos que “los municipios deben utilizar estos recursos para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en el Informe Anual de Rezago Social de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval” y únicamente para aplicarlo a los proyectos previstos en el catálogo que incluye este documento.
Lo anterior es mucho más prohibitivo que la misma LCF. Esta situación detonó en Guerrero el descontento de los presidentes municipales de todos los partidos, pues gran parte de los recursos del Fismdf los empleaban en la compra de fertilizante y la construcción y rehabilitación de caminos rurales.
Precisamente por este descontento, para el estado de Guerrero se establecieron concesiones especiales en el rubro de fertilizante, como lo declararon en abril pasado varios funcionarios federales de la Sedesol, incluida la titular de esa dependencia, Rosario Robles Berlanga, quien afirmó que “dadas las condiciones de pobreza y marginación en que se encuentra inmerso Guerrero, se analizarán alternativas para que los alcaldes puedan cumplir con la entrega del insumo agrícola, siempre y cuando el fertilizante sea de calidad, se realice una compra consolidada y haya transparencia en el padrón de beneficiarios”.
Uno de los resultados de este anuncio fue que los ayuntamientos podrían utilizar hasta 20 por ciento de los recursos del Fismdf para la compra de fertilizante –por primera vez en la historia del programa de fertilizante se “legalizó” la adquisición del insumo con recursos federalizados provenientes del Fismdf–. Y para el tema de caminos rurales no hubo concesiones: 15 por ciento del total recibido por los ayuntamientos.
Por medio de una solicitud de información, se requirió a la dependencia federal el “fundamento legal por el que la dependencia autorizó que los ayuntamientos de Guerrero utilicen 20 por ciento de los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ramo 33 a la adquisición de fertilizante,” ya que ni en la LCF ni en los lineamientos se establece el fertilizante como un rubro permisible.
Como respuesta, la dependencia federal se deslindó de esta concesión para el estado de Guerrero, pues afirmó escuetamente que “de la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos físicos y electrónicos de esta Dependencia, me permito informarle que esta Secretaría de Desarrollo Social no tiene facultad de autorizar ni validar ningún tipo de gasto por parte de los ayuntamientos municipales”, y nos remite a la LCF sobre los rubros en que se puede aplicar el recurso Fismdf.
Pero nada informa de dónde salió que los ayuntamientos pueden invertir 20 por ciento en la compra de fertilizante.
De acuerdo con datos de la Sedesol federal respecto de los avances registrados en el segundo trimestre de 2014, varios ayuntamientos reportan compras de fertilizante, y algunos rebasan la “concesión” establecida para el estado de Guerrero.
De los ayuntamientos que más recursos invierten en fertilizante está Chilapa, con 34.7 millones de pesos, que representan 15.4 por ciento de su asignación Fismdf. Taxco gastó 20 millones en el mismo concepto, y esto significa 19.9 por ciento de sus recursos del Fismdf; y Chilpancingo adquirió fertilizante por 10 millones que se traducen en 6.6 por ciento de los recursos de este fondo.
Hay otros municipios que rebasan por mucho el 20 por ciento, como es el caso de Cutzamala, que informó que gasta 25.3 millones de pesos en fertilizante y equivale a 74.4 por ciento de sus recursos Fismdf; o como Quechultenango, con 29.7 millones y 50.5 por ciento; o Tecoanapa, con 26.5 millones y 33.5 por ciento; y Tixtla, con 12.4 millones de pesos invertidos en el insumo agrícola que representan el 25 por ciento de los recursos Fismdf.
Estos ayuntamientos sin duda tendrán observaciones de parte de los órganos fiscalizadores.
Hay pues, falta de cumplimiento de los ayuntamientos de Guerrero para informar a la Sedesol sobre los avances físicos y financieros del Fismdf, y muchas irregularidades en su ejercicio, y no se conocen hasta hoy sanciones por este incumplimiento de la ley.

Opacidad y dispendio en el sector educativo

El Sur de Acapulco
El sistema educativo es uno de los sectores más opacos de Guerrero. La información que al respecto debe publicar el gobierno del estado, obligado por las diferentes leyes (de transparencia, de contabilidad gubernamental, decreto del presupuesto de egresos), es parcial, insuficiente y desarticulada, por lo que es difícil tener un panorama certero de lo que sucede en este sector, que en el caso de Guerrero, absorbe un porcentaje importante del presupuesto anual del estado.
Los ciudadanos que buscan conocer lo que sucede en el sector educativo guerrerense, deben invertir muchas horas en buscar información, atar cabos y armar rompecabezas con la información que a cuenta gotas se publica, sobre todo en los portales electrónicos. Y aún así, la radiografía elaborada queda incompleta.
Sin duda detrás del ocultamiento de información está el dispendio financiero expresado en la falta de planeación, un gran desorden administrativo y financiero, y especialmente el uso político y clientelar de los recursos de parte del gobierno del estado y el sindicato magisterial, que se tradujo en la creación y repartición de plazas de trabajo que no se requerían y que además no contaban con un respaldo presupuestal.
El resultado de esta política educativa errática aplicada por lo menos durante las cuatro últimas administraciones estatales es que todavía se gastan grandes cantidades de recursos, que deberían invertirse en erradicar la pobreza, en el sostenimiento de un aparato educativo obeso, que además no ha servido para superar los rezagos en la materia.
El censo
Una de las piezas del rompecabezas a la que hay que acudir para tratar de entender lo que sucede en el sector educativo es el reciente censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, realizado por el Inegi.
Sin embargo, como menciona la organización México Evalúa en su documento Censo educativo, Radiografía del dispendio presupuestal, “en pleno siglo XXI, en México aún no sabemos cuántos maestros y trabajadores administrativos laboran en las escuelas pre primarias, primarias y secundarias públicas. Esto a pesar de que el Estado mexicano decidió invertir 740 millones de pesos para levantar en 2013 un Censo educativo”.
El problema no es pues, solo de Guerrero, aunque el estado es un digno representante de este desastre en la educación.
Esta agrupación calculó que el costo anual de problemas en la nómina docente (comisionados, con licencia, plaza pese a fallecimiento, jubilación o renuncia) a nivel nacional es de 16 mil 99.5 millones de pesos, en tanto que en Guerrero ese costo suma los 726.5 millones de pesos.
Pero si a estas irregularidades se suman además el personal que labora en lugar distinto a su centro de trabajo, a quienes negaron información durante el levantamiento del censo y a los ausentes, las irregularidades en la nómina a nivel nacional suman 37 mil 681.2 millones de pesos, y en el estado de Guerrero alcanzan los mil 716.1 millones de pesos.
Asimismo, México Evalúa calculó el costo de la nómina irregular como porcentaje del presupuesto total en educación básica por entidad federativa, y Guerrero se ubicó en el lugar 11 con un porcentaje de 12.7. La media nacional en este rubro es de 9.9 por ciento.
Dentro de esta nómina irregular se encontraron variantes como las siguientes, por ejemplo, el porcentaje de la nómina en educación básica con individuos censados que no se conocen en el centro de trabajo, en este caso, Guerrero ocupó el lugar siete con 2.98 por ciento. Lo anterior significa que está lejos de erradicarse el problema de los llamados aviadores.
También la organización analizó el porcentaje de la nómina en educación básica que cobra pese a estar jubilado, pensionado, fallecido o haber renunciado, y en este rubro el estado de Guerrero ocupó el lugar 19 con 4.9 por ciento.
Adicionalmente se encontró un alto porcentaje de la nómina total que trabaja fuera, en un centro distinto al que está asignada la plaza, pues en el caso de Guerrero es de 9.4 por ciento, ocupando el cuarto lugar nacional; este rubro es indicativo del nivel de plazas que actualmente son ocupadas por aviadores.
México Evalúa hizo un comparativo entre el personal con comisión o licencia reportado por los gobiernos de los estados y el reciente censo educativo. El resultado es que la SEG reportó sólo dos empleados y el censo encontró 929.
En este rubro de personal comisionado, Guerrero sólo fue superado por Tamaulipas, que reportó dos trabajadores con comisión y el censo educativo descubrió 1,124 personas en esta situación.
Otro de los temas que se analizaron es el de las escuelas públicas en situación no óptima para fines educativos (construidas con materiales ligeros, precarios, escuelas móviles o sin construcción). Nuevamente Guerrero desataca a nivel nacional con 290 planteles en estas condiciones, sólo detrás de Chiapas. La mayoría de los estados (18) registraron menos de 50 escuelas en esta situación.
También se observó que Guerrero ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayor número de escuelas con piso de tierra, con un total de 521 planteles.
En cuanto al número de escuelas con paredes de material frágil o inadecuado, se localizaron en el estado 158, y las que tienen techo inadecuado fueron 2 mil 818 escuelas.
Un hallazgo muy grave es que Guerrero ocupó la segunda posición nacional en escuelas que carecen de agua corriente, con el 58.3 por ciento de los planteles en estas condiciones. Las escuelas que no cuentan con energía eléctrica equivalen a 13.9 por ciento del total.
En cuanto al drenaje, Guerrero también ocupó un lugar destacado, ya que el 68.7 por ciento de los planteles censados no tenía ese servicio. Adicionalmente, el 23.6 por ciento de las escuelas no tiene sanitarios.
Presupuesto
Entre los datos que sí se pueden encontrar en los portales electrónicos está el presupuesto anual que proviene del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). En 2013, el gobierno del estado de Guerrero informó que se ejercieron recursos por 13 mil 325.9 millones de pesos, la mayor parte de los cuáles (12 mil 974 millones, es decir, 97 por ciento) se destinaron al pago de salarios.
Cabe mencionar que 58.6 millones de pesos fueron para cubrir las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al Fondo del ejercicio 2012.
Del total de recursos, 49.1 por ciento se destinaron a educación primaria, 26.1 por ciento a secundaria y 15.3 por ciento a educación preescolar. No se define en qué se ocupó el nueve por ciento restante.
Lo interesante es conocer qué se ha conseguido con estos recursos, y para ello el gobierno del estado publicó algunos indicadores. Por ejemplo, el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron una calificación de logro académico de al menos elemental en la prueba Enlace de español fue en promedio de 71.8 por ciento. En el caso de matemáticas en la misma prueba, se tiene un registro de 73.2 por ciento de alumnos que lograron esa calificación.
Asimismo, en 2013 se tuvo una eficiencia terminal en primaria y secundaria en escuelas apoyadas por el FAEB de 89.7 por ciento, mientras que el índice de cobertura en los mismos niveles escolares fue de 73.2 por ciento.
Cabe mencionar que el gobierno del estado a la fecha no ha publicado el decreto del presupuesto de egresos del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2014, por lo que no se tiene el dato preciso de los recursos que ingresarán al estado por concepto del FAEB.
En el acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2014, emitido por la SHCP, se programaron para Guerrero por concepto del FAEB del orden de 13 mil 197.2 millones de pesos.
Informes trimestrales
Obligado por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el gobierno del estado de Guerrero publica cierta información cada trimestre sobre la nómina docente local del FAEB.
En total, el gobierno del estado informa que el personal federalizado es de 74 mil 266 personas con un total de 105 mil 266 plazas. Respecto del personal contratado por honorarios, el reporte trimestral indica que son 667 personas.
En su informe de personal comisionado correspondiente al segundo trimestre de 2014, el gobierno estatal informa que “no aplica”, es decir, que no hay comisionados.
Sin embargo, el censo realizado este mismo año encontró 929 personas comisionadas, en tanto que en su portal FAEB electrónico, como parte de su información de oficio, la SEG publica una “relación de personal comisionado al SNTE” de 2013 con 102 personas comisionadas. Es uno de los temas que provocan mayor confusión dentro de la secretaría de educación, ya que nunca hay claridad ni coinciden los datos, por lo que se presume un contubernio entre el gobierno del estado y el sindicato en el manejo del personal comisionado pagado con recursos públicos.
Respecto a los registro de personas que solicitaron licencia, hay un total de 12 personas en el periodo, aunque una de ellas aparece con tres plazas.
Respecto al rubro “trabajadores jubilados”, llama la atención que sólo se registren en el periodo tres personas, pero que se contabilicen 11 plazas, es decir, una de esas personas aparece con seis plazas, otra con tres y la última con dos plazas. No hay ninguna explicación al respecto.
Se publica también el formato “Trabajadores con doble asignación salarial en municipios no colindantes geográficamente”, en el que aparecen casos realmente destacados. Por ejemplo, la mayor parte de las personas que aparecen en este formato tiene dos plazas, y por las distancias, es imposible que puedan cubrir ambas.
Es el caso de un profesor que tiene una plaza en la comunidad de El Naranjo, del municipio de Heliodoro Castillo, y otra plaza en la localidad de Zoquiapa, en Tixtla. También está el caso de un docente que tiene plaza en la cabecera municipal de Coyuca de Benítez y otra en Tierra Colorada.
Hay casos muy sobresalientes dentro de este formato que publica el gobierno del estado, como el de una trabajadora de la educación que cuenta con cinco plazas en Chilpancingo y una en la localidad de San Juan Totolcintla, en el municipio de Mártir de Cuilapan; seis en total. Evidentemente, es imposible cubrir por lo menos las de la capital del estado.
Con seis plazas está registrado un profesor que tiene empleos en Cuautenango, municipio de Chilapa de Álvarez (cuatro), y dos en la cabecera municipal de Zapotitlán Tablas.
Un trabajador aparece con tres plazas en Ciudad Altamirano, municipio de Pungarabato, y cuatro en El Escondido, municipio de Arcelia. En total siete registros.
También destaca el caso de un profesor que cuenta con ocho plazas distribuidas de la siguiente manera: tres en Tlachimaltepec y tres en Ixcatla, municipio de José Joaquín de Herrera; y dos en Topiltepec, municipio de Zitlala.
En total, el formato del segundo trimestre de 2014 suma 124 trabajadores de la educación con doble asignación salarial en municipios no colindantes y un total de 348 plazas, para un promedio de 2.8 plazas por persona. Esta información sólo se refiere a personal que tiene por lo menos dos plazas en diferentes municipios, no incluye a las que tienen múltiples plazas en el mismo municipio o en municipios colindantes.
Otro de los rubros que se publican es el de “trabajadores ocupando plazas que superan el número de horas de compatibilidad autorizadas”, y de acuerdo con los registros del gobierno del estado, hay 140 empleados en este caso, con un total de 355 plazas.
Hay muchos casos donde los empleados de la educación rebasan el número de “horas de compatibilidad de la categoría”. Los casos extremos son de aquellos docentes cuyas horas de compatibilidad corresponden a 10, y en realidad cuentan con 50 horas. Incluso hay un caso en que un empleado tiene una hora de compatibilidad y en su contrato aparecen 46 horas.
Ésta es sólo una parte de la información publicada que puede analizarse para ubicar las irregularidades en el sector educativo guerrerense. Se encuentra en: http://www.seg.gob.mx/transparencia-informe-trimestral-02-2014/
Asimismo, se pueden consultar datos sobre el censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial http://www.censo.sep.gob.mx/index.php/tabulados-del-censo.

Tres condiciones para la transparencia

El Sur de Acapulco
Aunque en el discurso todas las entidades gubernamentales se dicen transparentes y facilitadoras del acceso a la información de los ciudadanos, en la práctica el ejercicio de estos derechos ha sido muy restringido entre los guerrerenses.
Son diferentes los motivos que obstaculizan la transparencia y el acceso a la información, los principales: la ausencia de políticas públicas en la materia, la falta de disposición y voluntad de los titulares (gobernador, presidentes municipales, diputados) y en menor medida la carencia de cuadros especializados y capacitados.
También destaca el poco conocimiento de la ley por los ciudadanos, las conductas de los servidores públicos obstaculizan la recepción y respuesta de solicitudes de información, y en general, las prácticas burocráticas que entorpecen el acceso a la información en el interior de las oficinas públicas.
Los ex responsables de las unidades de transparencia de los ayuntamientos más importantes de Guerrero, Acapulco y Chilpancingo, comentaron su experiencia y sobre todo, explicaron las dificultades que encontraron en el interior de las instituciones para realizar su trabajo.
Chilpancingo, con bajos índices
Roberto Álvarez Heredia trabajó en el trienio 2009-2012 en el ayuntamiento de Chilpancingo, con el ex presidente municipal Héctor Astudillo y luego con Tulio Pérez Calvo. Fue coordinador de asesores durante el primer año, y luego secretario de la función pública, desde donde atendió los asuntos de transparencia y las solicitudes de información.
“Encontré la oficina responsable de la transparencia y acceso a la información en condiciones muy limitadas. La atención a las solicitudes de información estaba en manos de una secretaria, por lo que se hacía una actividad meramente administrativa: recibía la solicitud, elaboraba un oficio dirigido al área correspondiente del ayuntamiento y, si el área le respondía, ella daba respuesta al ciudadano. Si el área no le daba información, la secretaria simplemente no podía hacer nada y el ciudadano presentaba su queja”.
Al tomar posesión como secretario de la función pública, Álvarez Heredia se hizo cargo también de la oficina de transparencia y acceso a la información; la secretaria se convirtió en un apoyo administrativo y él se encargaba de gestionar directamente con los secretarios de despacho tanto la información que se publicaría en la página web como la información solicitada por los ciudadanos.
Reconoció que la transparencia del ayuntamiento y las facilidades para entregar información pública no fueron parte de una política pública del ayuntamiento encabezado por Astudillo Flores, sino que el trabajo realizado fue por iniciativa y convicción personales.
Recalcó sin embargo, que “platiqué con el alcalde y él estaba en la mejor disposición de que se respondieran todas las solicitudes de información que llegaran. Lo que siento es que el presidente municipal estaba más atento a la problemática cotidiana del ayuntamiento, a la demanda de la gente, falta de agua potable, la construcción de obras, y las solicitudes de información era como algo secundario; pero nunca hubo una limitación para que no pudiera proporcionar información a los ciudadanos”.
De acuerdo con su testimonio, al no haber una política pública, tampoco había en el ayuntamiento de Chilpancingo procedimientos ni estructura específica para la recepción y respuesta sistematizada a las solicitudes de información. Es decir, fue a partir de su amistad y cercanía con los funcionarios titulares de las secretarías del ayuntamiento que logró que proporcionaran la información pública que generaban sus respectivas áreas, pero no como un procedimiento institucional.
“Había solicitudes muy recurrentes sobre información de obra pública. Mi relación con el secretario de obras públicas era muy personal, era mi amigo, y como tal, no tenía ningún reparo en proporcionarme la información. La secretaría de planeación, que manejaba todos los recursos del ramo 33, también me la entregaba; todo lo que se refería a la obra pública, nunca tuve ningún problema”.
Roberto Álvarez comentó que si bien hay un problema grande de actitud de muchos funcionarios que no proveen información pública porque la consideran de su propiedad, en la sociedad también hay problemas graves porque a muchos ciudadanos no les interesa conocer qué es lo que hace una dependencia pública, tal vez porque no conocen el derecho que tienen de solicitar información, enfatizó.
Reconoció que uno de los déficits del ayuntamiento del periodo 2009-2012 fue la promoción del derecho de acceso a la información a los ciudadanos, pues lo realizaron de manera muy marginal. Agregó que él, como secretario de la función pública abordaba este asunto en entrevistas de prensa “pero sentía que esto debía empezar desde la cabeza, que el presidente municipal estuviera permanentemente promoviendo, sí la promovió, pero no permanentemente”.
El ex secretario de la función pública también recordó que diseñaron un portal electrónico para la publicación de información, aunque advirtió que la página era limitada en cuanto a la difusión de la información de oficio.
Asimismo comentó que “más allá de la cuestión legal, que compromete y obliga a las instituciones, siento que todavía hay una reticencia cultural muy arraigada de los funcionarios, sobre todo en los ámbitos municipal y estatal, porque tienen la idea de que la información que se genera en los gobiernos no es pública, sino que pertenece a los gobiernos que están en ese momento en el poder”.
Cabe recordar que el municipio de Chilpancingo ha tenido calificaciones muy bajas en materia de transparencia, de acuerdo con las evaluaciones del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra).
En promedio, en las siete evaluaciones aplicadas desde 2010, Chilpancingo tiene una calificación de 21 puntos, en una escala de 100. Durante el gobierno de Héctor Astudillo, el municipio tuvo calificaciones de 25, 30.8, 10.8, 17.6 y 18.5 puntos porcentuales.
Asimismo, de acuerdo con datos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado, el ayuntamiento de Chilpancingo encabeza la lista de los sujetos obligados que han recibido mayor número de sanciones por no atender solicitudes de información, con el 7.9 por ciento del total estatal.
Acapulco a la alza
Carlos Juárez Cruz fue el responsable de la unidad de transparencia del ayuntamiento de Acapulco de abril de 2013 a julio de 2014, en el gobierno de Luis Walton Aburto. Este periodo destaca porque el ayuntamiento se convirtió en la dependencia pública guerrerense que subió una gran cantidad de la información de oficio que indica el artículo 13 de la ley de transparencia y con esto se convirtió en el más transparente en el estado.
Juárez Cruz recuerda que cuando se encargó de la unidad de transparencia “había mucho descuido del área, no era un área que estuviera funcionando, no había estructura ni procesos claros en el interior del ayuntamiento”.
El resultado de la falta de atención fue una muy baja calificación en materia de transparencia y falta de estructura para organizar un sistema eficaz de recepción y respuesta a las solicitudes de información ciudadana.
“Cuando Luis Walton llegó al ayuntamiento, claramente tenía en su agenda el combate a la corrupción, y la transparencia como parte de sus temas principales. Entonces, creo que sí hay una política pública de transparencia y acceso a la información en el ayuntamiento, pues además de su convicción y la consecuente traducción en acciones, en el plan municipal de desarrollo sí está formulada esa política de transparencia y rendición de cuentas”.
Juárez Cruz también recordó que en septiembre de 2012, desde el colectivo Cimtra se invitó a los 81 presidentes municipales a firmar un acuerdo por la transparencia. En esa ocasión, asistieron los alcaldes de Acapulco, Chilpancingo y Atoyac, además del síndico de Iguala.
A dos años de la firma de ese compromiso, sólo el alcalde de Acapulco realizó cambios para avanzar en los niveles de transparencia y facilitar el acceso a la información; el resto de los firmantes incumplieron su compromiso.
El ex director de la unidad de transparencia comentó que a su llegada el ayuntamiento no estaba cumpliendo con la ley de transparencia respecto a la información de oficio.
“Buscamos primero que se publicara la mayor parte de la información, empezamos con la que se pudiera conseguir en el corto plazo para subirla a la página, pero era tanto lo que faltaba por publicar que comenzamos por lo más fácil y lo más rápido para comenzar a dar forma y estructura a la página de transparencia”.
Juárez Cruz también comentó que otra de sus prioridades fue modificar la forma en que se respondían las solicitudes de información de los ciudadanos.
Recordó el ex funcionario que “lo que históricamente sucedía es que si los ciudadanos querían solicitar información al ayuntamiento, tenían que enviar un escrito al área correspondiente y presentarlo personalmente –antes, tenían que investigar el área correspondiente, porque si no era así simplemente no lo recibían–; las dependencias contestaban de acuerdo a lo que sus asesores jurídicos consideraban oportuno”.
Una de las medidas fue concentrar recepción y respuesta de solicitudes de información del ayuntamiento en una sola oficina; se dieron instrucciones a todas las áreas para que las dependencias dejaran de recibir y responder solicitudes, y al mismo tiempo se diseñó un formulario de acceso a la información sencillo y eficiente que comenzó a funcionar en julio de 2013.
Carlos Juárez destacó que, no obstante la disposición del alcalde y la inclusión de la transparencia y el acceso a la información como política pública del ayuntamiento, se enfrentaron a varios problemas como la inexistencia de la información, datos que históricamente no se han generado, aunque estos deberían estar pero no se tienen.
También mencionó que hay información que por cuestiones de seguridad no se puede revelar, por ejemplo los nombres y domicilios de empresas constructoras, y algunos datos sobre seguridad pública.
“Cuando te piden una información que no se ha generado, te enfrentas no con falta de disposición y apertura sino con problemas de estructura y de institucionalización de algunas políticas del ayuntamiento. En transparencia tuvimos muchos problemas, operativos y de estructura; éramos una oficina de tres personas, y realmente con ese personal no se pueden hacer grandes operaciones, pedimos que cada área nombrara un enlace y eso facilitó mucho el proceso”.
El ex director de transparencia también opinó que en el interior del ayuntamiento no observó resistencias para la entrega de información por parte de los funcionarios, ya que el alcalde realizó varias reuniones y les dio la instrucción de que abrieran todos sus archivos e información a la unidad de transparencia.
“Con esta instrucción, era muy difícil que algún funcionario, fuera secretario o director, se resistiera o negara abiertamente la información”, acotó Juárez Cruz.
Durante varios años, el ayuntamiento de Acapulco tuvo bajas calificaciones en las evaluaciones Cimtra. En promedio, en las siete evaluaciones obtuvo una puntuación de 23.8, apenas arriba de la de Chilpancingo.
Cabe mencionar sin embargo que en la última revisión de octubre de 2013, el ayuntamiento de Acapulco alcanzó 40 puntos en la evaluación Cimtra.
Un monitoreo más reciente, realizado por Comunicación para el Desarrollo Comunitario en abril de 2014, dio un porcentaje de 93 por ciento de calificación en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, según la ley estatal en la materia.
Disposición del titular
La disposición y voluntad de los titulares de las dependencias públicas es la principal condición para que una oficina pública sea transparente y facilite el acceso a la información a los ciudadanos. Sin este ingrediente, difícilmente podrá establecerse una política y proyectos específicos para promover la transparencia.
También es necesario que en las dependencias haya una persona o, mejor, un equipo de personas capacitadas que conozcan bien el tema y reconozcan la importancia de la transparencia y el acceso a la información para mejorar la gestión pública y la aplicación eficaz y eficiente de los recursos públicos con el escrutinio ciudadano.
Y eventualmente, es necesario invertir no sólo presupuesto, sino recursos técnicos, humanos, y que los tomadores de decisiones le dediquen tiempo.
Estas tres condiciones no se cumplen en la mayoría de las dependencias que reciben dinero público y que son sujetos de la ley de transparencia. Por eso los niveles de transparencia y los índices de acceso a la información son muy bajos en Guerrero.