“La corrupción es un delito, pero en Guerrero es un crimen”: Aguirre Rivero

El Sur de Acapulco

La detención de familiares y colaboradores del gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero, para los guerrerenses no fue sorpresiva: todos en el estado sabían de la corrupción que operaba el llamado “hermano incómodo” de Ángel Aguirre Rivero, y nunca nadie hizo nada.
Y es que en Guerrero no existen contrapesos para contener el enorme poder que adquieren los gobernadores en turno, pues quienes tienen el deber de hacerlo, de acuerdo con las leyes –el poder Judicial y el Congreso del estado–, simplemente dejan hacer con la mayor impunidad. Y en cambio, se gestan numerosas alianzas con sindicatos, poderes fácticos, medios de comunicación y periodistas, empresarios, etcétera, uno de cuyos resultados es el saqueo de las arcas públicas y el retraso del desarrollo del estado.

¿Sólo 287 millones?

Hace unos días, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que fueron triangulados poco más de 287 millones de pesos por familiares y amigos de Ángel Aguirre. De acuerdo con la versión de la dependencia, los recursos provenían de dependencias locales y federales como la Comisión Federal de Electricidad, Banobras, la Tesorería de la Federación, la Comisión Estatal del Agua, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero (Cicaeg). Esos recursos iban hacia las empresas que, a su vez, los canalizaron a cuentas personales de ex funcionarios de Guerrero.
De acuerdo con la PGR, familiares de los ex servidores públicos, relacionados con estas operaciones ilícitas, son representantes legales, apoderados y autorizados en las cuentas bancarias en las diversas empresas, a través de las cuales se operaba el desvío de recursos. Los recursos fueron triangulados a través de las empresas Constructora Trabesa SA de CV, Comercializadora 2003 SA de CV y Comercializadora Topacio SA de CV.
Pero el negocio es más amplio, aunque difícilmente comprobable. Todo mexicano medianamente informado sabe que una buena parte de la “rentabilidad” de llegar a puestos clave del gobierno está en la construcción de obra pública y en el control de las adquisiciones, que dejan “ganancias” de entre 10 y 30 por ciento por concepto de “comisiones”.
Para dar una idea de la cantidad de recursos que pueden estar en los bolsillos de éstas y otras personas cercanas al ex mandatario, tomaremos en cuenta el presupuesto de egresos del estado de Guerrero, ya que las cuentas públicas del Ejecutivo estatal están desaparecidas, no se publican en ningún lugar y son manejadas como top secret.
En 2012, por ejemplo, el presupuesto de egresos del estado propuso un monto de 38 mil 186.1 millones de pesos, de los cuales 3 mil 812.1 millones se destinarían a la inversión pública. De este gasto de inversión, 2 mil 96.8 millones fueron para infraestructura, mil 335.2 millones para desarrollo social y 380 millones a servicios.
Esto rubros son los que están a merced de los funcionarios y con los que pueden negociar el famoso diezmo con los constructores y proveedores en general.
Siendo muy conservadores y aceptando que sólo cobraron comisiones de 10 por ciento, los encargados del negocio gubernamental, encabezados por el hermano de Aguirre Rivero, se llevaron sólo en 2012 la cantidad de 381.2 millones de pesos, directos a sus cuentas y sin pagar ningún tipo de impuestos ni tener problema alguno con la fiscalización.
Para el ejercicio 2013, el presupuesto de egresos del estado señalaba en el artículo 53, que “la Inversión Pública en el Estado asciende a la cantidad de 5 mil 651 millones 186 mil 390 pesos”. En congruencia con el ejercicio que realizamos, los operadores financieros de Ángel Aguirre llevaron a sus cuentas, por concepto de comisión del 10 por ciento, del orden de 565 millones de pesos, en el escenario más conservador.
Si se observa por dependencia, destaca la Cicaeg con mil 6.1 millones de pesos. Hay que recordar que es precisamente esta dependencia una de las involucradas en la triangulación de recursos investigada por la PGR.
Le siguen en importancia por su monto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que según el presupuesto de egresos 2013 ejerció 782.8 millones de pesos; y luego la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento con 655 millones, y más atrás, la Secretaría de Educación de Guerrero con 641.1 millones de pesos.
Finalmente, para el ejercicio 2014, último en el que directamente pudieron hacer negocios con contratistas y proveedores, el artículo 52 del presupuesto de egresos del estado de Guerrero señala que “la Inversión Pública en el Estado asciende a la cantidad de 6 mil 265 millones 831 mil 682 pesos”. Esto significa que en 2014 fue factible que ingresaran a las cuentas de los funcionarios, del orden de 626.8 millones de pesos correspondientes a la comisión no formal conocida como diezmo.
En 2014, la dependencia que recibió más recursos para inversión fue la Seduop con mil 254.4 millones de pesos, le sigue la Cicaeg con 961.4 millones de pesos y la Capaseg, que invirtió 625.3 millones de pesos.
Más atrás están el DIF estatal, manejado directamente por la esposa de Aguirre Rivero, que recibió 553 millones de pesos, el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa con 498.2 millones de pesos y, sorpresivamente, la Secretaría de Fomento Turístico con 315.5 millones de pesos.
El cálculo anterior da como resultado que, en tres años el monto de los recursos cobrados por los personeros gubernamentales por comisiones o diezmo, fue de por lo menos mil 573 millones de pesos.
Esto es independiente de las comisiones cobradas en el nivel municipal.

Cero transparencia

La transparencia en el ejercicio de los recursos fue un discurso constante en la administración de Ángel Aguirre. Hay declaraciones del ex gobernador que en su momento se escuchaban falsas, pero hoy, con la presunción formal de actos de corrupción en su gobierno, suenan a cinismo.
De acuerdo con un comunicado de prensa del gobierno estatal, en un acto de Transparencia, Rendición de Cuentas y Prevención de la Corrupción, realizado en Palacio de Gobierno el 8 de julio de 2013, el gobernador con licencia “aseguró que un acto de corrupción es un delito, pero cuando se comete en una entidad como Guerrero, con tanta pobreza, es un crimen”.
También dijo: “Jamás voy a permitir que cuando ya no estemos en el gobierno se nos hagan señalamientos de los cuales todos nos sentiríamos mal”.
En el mismo acto, el titular de la dependencia encargada de prevenir y combatir el desvío de recursos públicos, Antonio Arredondo Aburto, ex contralor general del estado, aseguró que “El compromiso del Gobierno del estado encabezado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero es combatir y prevenir eficazmente la corrupción fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes”. Nunca nada de eso sucedió.
Lo extraño es que, desde fuera del gobierno también existiera la creencia de esa transparencia, como el caso de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chilpancingo, que el 5 de febrero de 2014, encabezada por su dirigente, Jaime Nava Romero, “entregaron un reconocimiento al gobernador Ángel Aguirre Rivero por haber aplicado con transparencia y eficacia los recursos públicos de acuerdo a la normatividad vigente durante el año 2013 en la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), y no mantener adeudos con el sector productivo de la capital”, según un boletín de prensa gubernamental.

Cuentas públicas desaparecidas

Para que nadie siga la pista a las finanzas públicas, una de las coartadas del gobierno del estado es desaparecer documentos clave que deberían estar publicados, según lo ordenan diferentes leyes. La intención es no dejar ningún rastro de los movimientos que se hacen con los recursos financieros.
Si se revisan las páginas electrónicas del gobierno del estado, el Congreso local y la Auditoría General el Estado, por ejemplo, no existen por ningún lado las cuentas públicas del Ejecutivo estatal. Excepto la de 2013, publicada en diciembre de 2014, no hay ningún indicio de que tales documentos se hayan hecho públicos.
Dice la fracción IX del artículo 13 de la Ley de transparencia y acceso a la información del estado que todas las dependencias públicas deben publicar sus informes de cuenta pública. Asimismo, la fracción XIV del mismo artículo indica que es una obligación publicar “Las cuentas públicas y los informes cuatrimestrales o anuales, según sea el caso, una vez que sean aprobados por el Congreso”.
Igualmente, el artículo 38 de la Ley de fiscalización superior y rendición de cuentas del estado establece que “La Auditoría General entregará al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe Anual de Resultados de la revisión de las cuentas públicas en la segunda quincena del mes de septiembre del año siguiente al que se revise, mismo que se someterá a la consideración del pleno del Congreso del Estado. Este Informe tendrá carácter público y deberá publicarse en la página de Internet de la Auditoría General en la misma fecha en que sea presentado.”
Asimismo, los sucesivos decretos del presupuesto de egresos del estado de Guerrero indican que deberán hacerse públicas diversas informaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos. Por ejemplo, en el decreto del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013, se menciona, en el artículo 62, que “El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaria [de Finanzas y Administración], publicará en su página web la información siguiente:
I. Informes sobre la ejecución del presupuesto, en el que se detalle la comparación entre lo aprobado y lo ejercido, los cuales deberán incluir la información a que se refiere este Decreto; y II. Los datos estadísticos y la información que la Secretaría tenga disponible a fin de contribuir a una mejor comprensión de la ejecución del gasto, del cumplimiento de las metas y programas autorizados”.
La ley general de contabilidad gubernamental es otro de los ordenamientos jurídicos que el gobierno de Ángel Aguirre simplemente decidió omitir. Por ejemplo, el artículo 57 de esta ley señala que “La Secretaría de Hacienda, las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios (…) establecerán, en su respectiva página de Internet, los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno, así como a los órganos o instancias de transparencia competentes. En el caso de las secretarías de finanzas o sus equivalentes, podrán incluir, previo convenio administrativo, la información financiera de los municipios de la entidad federativa o, en el caso del Distrito Federal, de sus demarcaciones territoriales”.
Asimismo, el artículo 58 menciona que “La información financiera que deba incluirse en Internet (…) deberá publicarse por lo menos trimestralmente, a excepción de los informes y documentos de naturaleza anual y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada, y difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del período que corresponda. Asimismo, deberá permanecer disponible en Internet la información correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales”.
Nada de esto cumplió la Secretaría de Finanzas y Administración a cargo de Jorge Salgado Leyva mientras estuvo en el cargo. Lo que encontramos en su portal electrónico es información que no corresponde a las cuentas públicas del Ejecutivo estatal, sólo información inservible, una burla a la inteligencia de los guerrerenses.
Por su parte, la dirección general de transparencia del gobierno del estado ni el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Itaig) nunca aplicaron medidas para obligar a las dependencias correspondientes a publicar información básica como la cuenta pública y los presupuestos de egresos de cada año.

¿Congreso cómplice?

La única cuenta pública del Ejecutivo de acceso público, la de 2013, fue aprobada por el Congreso del estado sin mediar crítica. Según el informe, sólo se realizaron 17 observaciones por un monto de 9.2 millones de pesos al ejercicio de los recursos, que en ese año sumaron 50 mil 358 millones de pesos.
Para los diputados de Guerrero no hubo nada anormal en la cuenta pública, ni se percataron de nada. Deben estar muy sorprendidos de las detenciones a ex funcionarios del gobierno estatal por los malos manejos.

Guerrero, a la zaga en acceso a la información

El Sur de Acapulco

Para continuar con la descripción de porqué el estado de Guerrero se ubica en los últimos lugares en transparencia y acceso a la información, retomamos el estudio Métrica de la Transparencia 2014, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y auspiciado por la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información.
La métrica examinó los procedimientos administrativos para el acceso a la información pública ante los sujetos obligados y los órganos garantes. Uno de los puntos que se revisaron fue el procedimiento de solicitud de información. El CIDE afirmó que en este rubro “se encontró que 100 por ciento de las jurisdicciones analizadas cuentan con claridad sobre los medios y las formas previstas para la presentación de las solicitudes de acceso a la información, y poseen la posibilidad de hacerlo a través de medios electrónicos”.
Esta afirmación, en el caso de Guerrero es relativamente cierta, ya que existe el problema no resuelto de que sólo un puñado de ayuntamientos cuenta con mecanismos electrónicos especiales para presentar solicitudes de información, es decir, alrededor de 75 gobiernos municipales, de un total de 155 sujetos obligados que existen en el estado, no cuentan o no tienen al servicio de la ciudadanía mecanismos electrónicos para el acceso a la información.
Es una deficiencia grave en Guerrero que la Métrica de la Transparencia no evaluó con profundidad, pues su análisis se centró en los tres municipios más poblados de cada estado, y en el caso de Guerrero no son representativos de lo que sucede en el estado en esta materia.
En la métrica 2010, en este punto de las solicitudes de información se identificó una gran heterogeneidad en el ejercicio del derecho en cuanto al proceso (los mecanismos de acceso no eran los mismos o no funcionaban con la misma efectividad), los tiempos de respuesta y, sobre todo, la calidad de la respuesta.
En 2014, “la mayoría de las entidades adoptaron el sistema Infomex como plataforma principal para la gestión de solicitudes de información, con lo que se estandarizó en buena parte del país, el mecanismo inmediato de acceso; y en la mayoría de las entidades se han creado principios de gestión de solicitudes de información al interior de los sujetos obligados (…) pero la evidencia también sugiere que se ha avanzado poco sobre la calidad de la información proporcionada por las instituciones públicas”.
Para hacer la revisión, utilizaron la estrategia del usuario simulado, que incluyó el monitoreo de los mecanismos para solicitar, la gestión de la solicitud y el tiempo de respuesta; y segundo, se incluyó una valoración de la completitud y ciertos aspectos de la calidad de la respuesta, como por ejemplo, la correspondencia entre la información recibida y la solicitada y la idoneidad de la forma en que se elabora la respuesta.
La evaluación se realizó con base en los siguientes indicadores: primero, el cumplimiento del plazo legal, se consideró también la “celeridad”, es decir, la rapidez con la cual fue entregada la respuesta al ciudadano, independientemente de la calidad de la información recibida; el tercer indicador se refiere a la presentación de la respuesta en lenguaje claro; y el cuarto, al mecanismo de respuesta utilizado por la dependencia pública.
Los resultados indican que de los tres medios utilizados en la presentación de solicitudes, la plataforma Infomex y los sistemas desarrollados por las dependencias concentran la gran mayoría de las solicitudes presentadas (93.2 por ciento).
De las 2 mil 950 solicitudes presentadas por los usuarios simulados, 8.2 por ciento no fueron respondidas; 3.6 tuvieron prevención como primera respuesta, y en 8.3 por ciento de los casos, la dependencia pública solicitó prórroga.
En relación con las respuestas recibidas en este ejercicio, se recibieron 2,707 respuestas, es decir, 91.7 por ciento de las solicitudes recibió algún tipo de contestación por parte de las dependencias.
Respecto de la celeridad, en promedio, en México un usuario debe esperar 9.5 días hábiles para recibir información. En este punto, Guerrero está por debajo del promedio nacional con 0.28; en este campo, los estados que ocupan los primeros lugares son Sonora (0.62), Oaxaca (0.48) y Coahuila (0.47).
Uno de los puntos en común evaluados en todas las preguntas realizadas fue el lenguaje claro. La variable es relevante en tanto determina la accesibilidad del ciudadano a los datos proporcionados por la dependencia púbica. En este rubro, 43.6 por ciento de las solicitudes tuvieron un valor igual o superior a 0.75, lo cual significa que casi la mitad de las solicitudes presentadas entregaron información en un lenguaje accesible.
Al promediar todas las calificaciones de los indicadores de la dimensión usuario simulado para evaluar los mecanismos de acceso a la información, las dependencias de Guerrero obtuvieron los siguientes lugares: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, DIF estatal, Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Secretarías de Finanzas y Administración, de Gobierno, de Seguridad Pública, ayuntamiento de Acapulco.
Detrás de los anteriores están la Secretaría particular del gobernador, las secretarías de Salud, de Desarrollo Social, Congreso del estado, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Poder Judicial, ayuntamiento de Chilpancingo, la Secretaría de Educación, el ayuntamiento de Iguala, la Auditoría General del Estado.
El CIDE destacó entre sus conclusiones que si bien el uso del Infomex es un paso adelante en la institucionalización de la transparencia, también debe considerarse que este acceso está condicionado por el acceso ciudadano a tecnologías de la información.
Otro resultado de este ejercicio de usuario indica que las dependencias públicas hacen uso intensivo del plazo legal y, aunque emplean un promedio de 9.55 días hábiles en responder, la calidad de la respuesta no se corresponde. En otras palabras, ocupar más días en responder, no fue correspondido con mejor calidad de la respuesta.

Órganos garantes

Hasta 2013, casi todas las constituciones o leyes estatales habían otorgado o reconocido algún tipo de autonomía operativa, de gestión y de decisión a los órganos garantes, Michoacán y Tlaxcala son las excepciones.
Y aunque existe este reconocimiento constitucional o normativo de autonomía y poder de decisión en los estados, muy importante para la imparcialidad de los órganos garantes, no es una garantía. El factor político incide en las decisiones de los organismos de transparencia, ya que desde la propia selección de quienes integran el órgano garante con criterios políticos y partidistas, queda marcado el desarrollo de los organismos.
A partir del análisis de la normatividad, se encontró que en 27 entidades y en la Federación, las decisiones del órgano garante son definitivas; pero hay cinco entidades cuyas resoluciones no son definitivas: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Yucatán.
Efectivamente, en Guerrero el artículo 146 de la Ley de Transparencia establece que las resoluciones del ITIG “podrán ser recurridas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado”.
Para el análisis de las capacidades institucionales de los órganos garantes, se observaron los componentes de dirección (experiencia de los comisionados, su remuneración y la estabilidad en el puesto); componente de organización (estructura de la organización y de las atribuciones de los órganos garantes). Y componente de operación (identificación de los factores que determinan la viabilidad del mandato del órgano garante, como disponibilidad presupuestal que condiciona el acceso a recursos materiales y humanos, y las características de la normatividad que condicionan y estructuran su margen de acción, es decir, su habilidad de sanción y su universo de atribuciones).
Para el componente de dirección, los datos indican que en 20 órganos garantes predomina la experiencia en el sector público de los consejeros y, en el resto, prevalece la experiencia en el sector académico; de acuerdo con las respuestas de los consejeros del ITAIG, en Guerrero predominó la experiencia en el sector académico.
Respecto de la estabilidad en el puesto, en el periodo 2010-2013, el país tuvo 195 comisionados a cargo de la dirección y del funcionamiento de 33 organismos garantes. De éstos, sólo ocho por ciento de los comisionados que debieron mantenerse en el cargo durante el periodo de referencia no concluyó su mandato. En Guerrero, el antecedente es que tres consejeros se mantuvieron “muy estables” en su puesto a lo largo de ocho años (2006-2014).
En cuanto a la remuneración de los comisionados, los resultados indican que, en promedio, obtuvieron 40.8 salarios mínimos, es decir, aproximadamente 73 mil 500 pesos mensuales.
Los comisionados del IFAI y los del estado de México obtuvieron salarios de más de 90 mil pesos mensuales, mientras que los que menos ganaron fueron los de Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tlaxcala que reportaron salarios de menos de 20 mil pesos mensuales. La mayor parte de los estados se ubicaron entre los 30 y 60 mil pesos.
Los consejeros de Guerrero dijeron que en 2013 obtienen 50 mil pesos mensuales, pero al revisar su portal electrónico, se observa un tabulador salarial de entre 44 mil 55 y 67 mil 949 pesos, con una compensación mensual del 10 mil pesos.
El segundo componente analizado por el CIDE es el de organización, para conocer las características de la estructura, organización y gestión interna de los órganos garantes.
Para este ejercicio, se preguntó a los organismos si cumplían con alguna de nueve atribuciones: resolver sobre recursos de revisión; capacitación; actividades de difusión; creación y seguimiento de estadísticas; gestión de sistema de revisión de solicitudes de información; gestión de sistema de revisión de recursos de revisión; centro de atención telefónica; creación, aplicación y vigilancia de lineamientos en materias de archivos y de supletoriedad de municipios en responsabilidades de transparencia.
De acuerdo con los resultados en este rubro, todos los órganos garantes del país cumplen con las primeras tres actividades; y con excepción de San Luis Potosí y Yucatán, todos tienen como actividades la creación y al seguimiento de estadísticas. En este punto, cabe aclarar que el órgano garante de Guerrero no cuenta con estadísticas sólidas ni las genera de manera sistemática, no obstante que éstas constituyen una de las fuentes más relevantes de información para hacer de la transparencia un instrumento estratégico de gestión.
Asimismo, sólo 76 por ciento de los órganos garantes tienen a su cargo la gestión de un sistema de revisión y de seguimiento de solicitudes de información o un sistema de seguimiento de recursos de revisión. Y sólo en 30 por ciento de los casos, los órganos garantes debe cumplir con funciones de supletoriedad a municipios en esta materia.
En cuanto al indicador de organización, 16 entidades respondieron que cubren todas las actividades que les ordena su ley estatal; en el caso de Guerrero, no cuenta con un sistema de revisión de solicitudes de información, cuenta con un centro de atención telefónica y genera y da seguimiento a estadísticas. Por otra parte, no tiene una dirección de capacitación, aunque si de difusión.
Resultado del estudio también se desprende que 19 entidades cuentan con manuales de procedimientos y de operación. Siete no reportaron la existencia de alguno, entre ellos Guerrero.
Finalmente, respecto del componente de operación, la Métrica de la transparencia 2014 encontró que, con excepción del IFAI, el incremento del presupuesto asignado a los órganos garantes en el periodo 2010-2013 no fue tan significativo como durante los primeros años de institucionalización de estos organismos.
Los recursos destinados a los órganos garantes de todas las entidades federativas pasó de 579.8 a 658.1 millones de pesos.
Guerrero ocupa el sexto lugar entre las entidades que reciben menor presupuesto, con 9.9 millones de pesos (aunque el presupuesto de 2015 se incrementó a casi 12 millones). El estado que recibe menores recursos es Baja California Sur con 4.7 millones de pesos y el que más, el Distrito Federal con 11.5 millones de pesos.
Al respecto, concluyó el CIDE que “el presupuesto que asignan los Congresos a los órganos garantes son un indicador del compromiso que tienen estos mismos con el fortalecimiento y la consolidación de los sistemas de transparencia”.