viernes, 18 de marzo de 2011

Por fin, Infomex

El Sur de Acapulco
1. Infomex Guerrero. Por fin fue inaugurado el sistema electrónico Infomex en el estado. Esto es una buena noticia, aun cuando haya llegado con muchísimo retraso, porque las y los ciudadanos ya podrán solicitar información pública al gobierno del estado y recibir respuesta por vía electrónica, desde el lugar en que se encuentren, incluso fuera del estado.
Pero también hay una mala, y es que durante cinco años, nadie hizo nada para promover el ejercicio del derecho de acceso a la información, ni el Congreso del Estado ni el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información ni el propio gobierno estatal. Una consecuencia de esta carencia es que la potencialidad de este sistema –que ha resultado de mucha utilidad en el nivel federal y en algunos estados–, no será aprovechada, ya que las solicitudes de información que presenten los ciudadanos ante las dependencias del gobierno estatal serán pocas, entre 200 y 300 peticiones anuales. Un verdadero desperdicio.
Hay una segunda noticia mala, y es que este sistema se inaugura a pocos días de que tome posesión una nueva administración. El sentido común indica que el siguiente gobierno deberá hacer suyo este sistema, pero quién sabe, siempre hay un margen de incertidumbre, considerando que nos encontramos en un estado donde la institucionalidad está prendida con alfileres.
2. Innovadores en opacidad. Parece una mala broma, pero el gobierno del estado entró a la carrera por la ejecución de los mecanismos más innovadores para negar u ocultar información pública. En otros estados o incluso en la federación hemos escuchado casos muy ingeniosos.
En Guerrero, hace pocos días, un incendio que fue provocado, redujo a cenizas información correspondiente a la Secretaría de Salud, nadie sabe si estratégica o no. Este hecho ocurrió precisamente en los días en que se han dado a conocer irregularidades en el ejercicio de los recursos de esta Secretaría (compra de helicóptero, leche no entregada y los que se develen esta semana).
Hasta hoy no ha habido, más allá de declaraciones que minimizan lo ocurrido, una explicación contundente de que el objetivo del atentado no era la destrucción o el ocultamiento de información. Mientras no haya esa explicación, los ciudadanos tenemos derecho a hacer cualquier especulación, pues transparencia es que el gobierno del estado dé una explicación suficientemente convincente, soportada con la documentación necesaria, sobre lo ocurrido con la información incinerada.
3. Lo sabido hay que hacerlo evidente. El documental Presunto culpable es una suerte de ojo ciudadano vigilante. La aportación de quienes lo produjeron es simple pero enormemente significativa: haber grabado lo que, de una manera u otra, todos sabemos que sucede en el sistema de procuración e impartición de justicia en México. Pero no es lo mismo saberlo cada quien en su fuero interno, que hacerlo evidente ante colectividades (cine, internet, reuniones, noticias). En pocos días ha propiciado un gran revuelo, que ojalá se traduzca en cambios relevantes en el sistema.
En Guerrero, el asunto debe estar también como tema del día, incluso con una mayor fuerza que en otros estados, porque los atropellos e irregularidades de nuestro deficiente sistema de justicia hay que pensarlos en términos más crudos. Los testimonios de quienes lo han padecido son elocuentes y describen situaciones verdaderamente dramáticas. La lista de casos es larga, y en los hechos sólo conocemos las experiencias que han tenido resonancia pública porque detrás hay personas u organizaciones estatales y nacionales, que precisamente luchan y buscan por diferentes medios –la denuncia pública entre ellos– evidenciar irregularidades y enderezar la grosera parcialidad con que se actúa.
Apenas hoy tenemos vigente el caso de los activistas de Género Cruz Apóstol, Silverio Matías Domínguez y David Valtierra Arango, quienes fueron acusados de privación de la libertad de manera injusta. Su causa está siendo revisada y se espera una justa reconsideración del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En Guerrero se podrían filmar muchos documentales como el de Presunto culpable.

viernes, 4 de marzo de 2011

Los compromisos del candidato electo

El Sur de Acapulco

El todavía candidato electo a gobernador, Ángel Aguirre Rivero, durante su campaña o en el fragor del debate asumió algunos compromisos sobre la transparencia y la rendición de cuentas que tendría su gobierno. Es pertinente retomar esos compromisos y argumentar de qué manera podrían ser útiles a los guerrerenses, para que no sólo se queden en palabras o en acciones insulsas.
En general, no hubo muchas referencias precisas sobre el asunto; únicamente durante el debate, el candidato hizo dos propuestas específicas, a saber: otorgarle autonomía al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero (ITAIG); y crear un consejo ciudadano para la vigilancia de los procesos de adquisiciones y obra pública.
Evidentemente estas dos propuestas son a todas luces insuficientes para alcanzar lo que en su página electrónica de campaña proponía: “transparencia y rendición de cuentas son ejes de un gobierno con responsabilidad social”.
Sobre la propuesta de dar autonomía al ITAIG, hay que recordar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado ya le otorga esa calidad al organismo, en su artículo 79. El problema más bien se ubica en el inmovilismo del órgano garante, que no tiene una propuesta clara y consistente para impulsar la transparencia y promover el ejercicio de acceso a la información en el estado.
La ley de transparencia no se está cumpliendo, y para ello se argumentan diferentes  pretextos como  que no hay presupuesto o que está próximo el cambio de administración gubernamental. Esto pone en entredicho el papel del ITAG como organismo que debe garantizar el cumplimiento de la ley, ya que él mismo está pasando por alto algunas obligaciones (casos concretos: la publicación completa de su información de oficio; la elaboración de los lineamientos  para que las dependencias públicas “suban” su información a los portales electrónicos).
La creación del consejo ciudadano con funciones de contraloría social también fue una propuesta específica de Aguirre Rivero. Pero un organismo de esta naturaleza, para que sea eficaz, necesita tener ciertas características.
La primera, es su autonomía, es decir,  debe tener la capacidad para tomar sus propias decisiones; sin esta cualidad, el consejo ciudadano difícilmente podrá ejercer funciones de  vigilancia en las adquisiciones o la obra pública gubernamentales, o sobre cualquier otra materia, pues la autonomía forma parte de la especificidad de un real control social.
Otra característica que debe tener este organismo es su facultad para incidir en las decisiones, es decir, debe contar con suficientes recursos de poder para que su actuación tenga consecuencias en el poder público; coloquialmente, dotar de “dientes” a esta figura; si no es así, terminará siendo un consejo decorativo, débil, con facultades sólo para presentar denuncias, y como sabemos, eso sirve de muy poco.
Finalmente, el consejo ciudadano debe conocer sobre los diferentes procesos de la administración pública, no sólo en la evaluación y vigilancia del quehacer gubernamental. Así, tendrá que dotársele de facultades para ser consultado, pero también para tomar decisiones en los procesos de planeación de las acciones y la orientación del presupuesto.
Pero más allá de estos mecanismos propuestos por el candidato electo, lo que se requiere en Guerrero es una reforma profunda al actual sistema de rendición de cuentas. Los actuales mecanismos de control y vigilancia intergubernamentales más bien funcionan como canales de información sobre el uso de los recursos (y sí, de vez en cuando hay uno que otro inhabilitado), pero no sirven para vigilar que realmente se cumplan los objetivos por los que se gastaron esos recursos. Un ayuntamiento puede cumplir formalmente con su cuenta pública, requisitando toda la comprobación correspondiente, pero eso no significa que con los recursos ejercidos se haya dado cumplimiento a los objetivos establecidos en cada programa sociales y se tuvieran impactos positivos entre la población.
Con esa orientación tendría que fincarse una reforma para una efectiva rendición de cuentas.