Publicado en el Sur de Acapulco
El gobierno del estado y el ayuntamiento de Acapulco
no han cumplido los compromisos que hicieron sus titulares de publicar las
declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de sus respectivos gabinetes.
Tanto Héctor Astudillo como Evodio Velázquez en diferentes momentos prometieron
ser punta de lanza en transparencia y rendición de cuentas respecto de la
actuación de los funcionarios que encabezan, pero todavía hoy -salvo el
gobernador del estado en lo individual- nadie ha hecho públicas sus
declaraciones con el argumento de que publicarlas no es una obligación legal.
La publicación de las declaraciones -iniciativa
conocida como 3de3- nació como un ejercicio de escrutinio ciudadano al
patrimonio de los servidores públicos que voluntariamente quisieran dar a
conocer esos tres documentos, como una forma de acreditar un patrimonio bien
habido y que no utilizaban su posición para lucrar con el poder.
Hoy La publicación de estas tres declaraciones ya está
considerada -con muchas limitantes- por varias normas como la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 18 de julio de 2016, y en unos meses entrarán en vigor, por lo que actualmente
sigue siendo un acto voluntario de buena fe.
Los promotores
originales de esta iniciativa, el Instituto Mexicano para la Competitividad y
Transparencia Mexicana, afirman que en México, la presentación de la
declaración patrimonial es una obligación de todo funcionario público, pero es su
decisión hacerla pública. La declaración de intereses es un instrumento legal
común en diferentes democracias que en México apenas ha sido contemplado en la
ley. Y la declaración fiscal busca transparentar el cumplimiento de pago de
impuestos que, por ley, todo ciudadano tiene la obligación de realizar.
Mientras entran en vigor las leyes y comienza a
correr la obligatoriedad jurídica, estas organizaciones mantienen un portal
electrónico donde servidores públicos y candidatos a puestos de elección
popular han presentado sus tres declaraciones de manera voluntaria.
En esta página electrónica se señala que la
declaración patrimonial se refiere a la “Información sobre bienes y activos, que dé
certeza sobre el patrimonio de un funcionario y la evolución del mismo,
conforme a los ingresos percibidos durante su encargo público”. En el caso de
la declaración de intereses es “información sobre las relaciones y vínculos
económicos, profesionales, familiares y sociales de un funcionario para
prevenir que dichos intereses influyan indebidamente o afecten las decisiones
del funcionario durante su gestión”.
Finalmente, la
declaración fiscal es un “comprobante que muestra que un funcionario ha
cumplido con sus obligaciones fiscales, aportando a la bolsa de recursos
públicos que deberá administrar y gastar de forma responsable en beneficio de
todos durante su encargo”.
De acuerdo con las
cifras del Imco y Transparencia Mexicana, al 20 de marzo de 2017, un total de
923 funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno habían presentado sus
declaraciones. En el caso de gobernadores, 26 mandatarios presentaron
voluntariamente estos documentos y sólo faltan los de Baja California, Chiapas,
Coahuila, Nayarit, Tabasco y Yucatán. La tendencia cambia cuando se trata de
los gabinetes estatales, ya que sólo 10 presentaron sus declaraciones (Baja
California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Nuevo
León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas).
Respecto de los
senadores, sólo 23 de un total de 128, han presentado sus declaraciones. Ni
René Juárez Cisneros ni Sofío Ramírez Hernández ni Armando Ríos Píter,
senadores por el estado de Guerrero, publicaron información.
Igualmente, de 500
legisladores que integran la Cámara de Diputados, sólo 125 enviaron sus
declaraciones para hacerlas públicas. En el caso de los diputados federales por
Guerrero, sólo Victoriano Wences Real tiene subida su información y ocho no lo
han hecho: seis del PRI, uno del PRD y uno del PVEM. Tampoco ninguno de los 46
diputados del Congreso del estado se ha comprometido a enviar sus
declaraciones.
Asimismo, destaca
que ningún alcalde del estado de Guerrero haya presentado su 3 de 3, siendo los
estados con más municipios comprometidos con esta iniciativa, los siguientes:
Zacatecas con 11 municipios, Ciudad de México con ocho delegaciones, Jalisco
con seis municipios, Quintana Roo (5), Querétaro y Sinaloa (4) y Michoacán y
Estado de México (3).
Sólo ocho gabinetes
municipales presentaron sus documentos: Corregidora y Querétaro, Qro.,
Guadalajara y Zapopan, Jal., Nuevo Laredo, Tamps., Tuxtla Gutiérrez, Chis., y
las delegaciones Coyoacán y Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.
Finalmente, en el
caso de los regidores guerrerenses, sólo la regidora Gloria María Sierra López,
del ayuntamiento de Acapulco, presentó sus declaraciones.
Como se observa, el
escenario es muy lamentable para el estado de Guerrero. Son contados los casos
de servidores públicos que decidieron, por voluntad propia, presentar sus tres
declaraciones, lo que habla del poco compromiso de los funcionarios del estado
con la transparencia y la rendición de cuentas. Esta era una buena oportunidad
de demostrar con hechos lo que presumen don dichos, y no lo hicieron.
Acapulco, promesa aún no cumplida
El 29 de julio de 2016, el alcalde de Acapulco se
comprometió públicamente a presentar él y su gabinete sus declaraciones
patrimonial, de intereses y fiscal. En un comunicado de prensa describieron
este compromiso: “Ante la presencia de representantes de cámaras empresariales,
legisladores locales y federales, el presidente municipal Evodio Velázquez y su
gabinete, firmaron la carta de autorización de la iniciativa 3 de 3, que
implica hacer públicas sus declaraciones de situación patrimonial, conflicto de
intereses y de impuestos, poniendo a la vanguardia a Acapulco en materia de
transparencia ya que será el primer gabinete municipal en Guerrero y el sexto
en el país que participa en estas acciones”.
El alcalde destacó que “la declaración 3 de 3 es un paso
importante en la política anticorrupción que debe existir en el país y que la
transparencia es un eje de gobierno y no un discurso hueco ni falso”.
Luego instruyó a su contralor general para iniciar los
protocolos de las organizaciones que promueven este ejercicio ciudadana (Transparencia
Mexicana e Instituto Mexicano para la Competitividad) para que las
declaraciones de 3 de 3, tanto de él como de los funcionarios del gabinete
municipal se publicaran en la plataforma nacional.
En su turno, el contralor general explicó que “el
gabinete municipal de primer nivel se compromete con su presidente en la firma
de la carta de autorización para la publicación de la ley 3 de 3 que implica
hacer pública las declaraciones de situación patrimonial de conflicto de
intereses y de impuestos, poniendo a la vanguardia al municipio de Acapulco en
materia de transparencia”.
Sin embargo, a ocho meses de aquella promesa, ningún
funcionario municipal, incluyendo al alcalde, ha publicado nada, es decir, el
ayuntamiento de Acapulco organizó un acto mediático para presumir una acción
que todavía hoy no ha sido cumplida.
Precisamente para saber en qué trámite se encontraban, se
presentó la solicitud de información No. 00012517 ante el ayuntamiento de
Acapulco para requerirle “Copia del documento donde el alcalde firma el
compromiso de publicar las tres declaraciones del gabinete municipal. Copia de
oficios de las gestiones realizadas para publicar las declaraciones. Nombre y
cargo de los funcionarios contemplados en esta iniciativa. Sitio y liga donde están
publicadas. Si es el caso, por qué no están publicadas”.
El 7 de febrero de 2017, el ayuntamiento de Acapulco respondió
que el presidente municipal “manifestó su voluntad de presentar su declaración
patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal (…) sin que se firmara
documento alguno que establezca un plazo para hacer públicos tales documentos,
debo decirle que esto obedece a una decisión voluntaria, puesto que no existe
un ordenamiento legal que le imponga la obligación de realizar tal acto”.
Asimismo, indicaron “que se cumplirá con su publicación una
vez reunidas las condiciones que para el efecto se han establecido”.
Y aunque afirman que ya se establecieron los contactos con
los administradores del portal electrónico “3 de 3”, argumentan que “se han
realizado cambios de los funcionarios que integran el gabinete municipal [y]
esto ha interrumpido tal proceso”.
También pretextan que la Contraloría General, Transparencia
y Modernización Administrativa, oficina que se encarga del trámite, estuvo sin
titular durante dos meses, pero una vez que se han nombrado a los nuevos
funcionarios “se ha retomado el tema en comento y se han distribuido los
formatos faltantes para su debido llenado, los cuales se encuentran en
validación para su posterior publicación”.
El gobierno del
estado
En diversas oportunidades, primero como candidato y luego como
gobernador, Héctor Astudillo se comprometió a presentar sus tres declaraciones
y a exigir a su gabinete, en caso de ser electo, a que hiciera lo mismo. Por
ejemplo, el 20 de mayo de 2015 en el segundo debate que sostuvo con los otros
candidatos al Ejecutivo del estado, el entonces candidato priista se comprometió a que los funcionarios [de su gabinete],
“absolutamente todos”, tendrían la obligación de hacer sus tres declaraciones,
patrimonial, de impuestos y de conflicto de intereses.
Igualmente, en su plan estatal de gobierno 2015-2021,
Astudillo Flores, en el eje Guerrero con Gobierno Abierto y Transparente,
plateó la estrategia de “Garantizar la rendición de cuentas como acto de
corresponsabilidad del Gobierno de Guerrero frente a las demandas legítimas de
los ciudadanos” y como una de sus líneas de acción: “Vigilar el cumplimiento de
la obligación de los funcionarios públicos estatales de presentar tres
declaraciones: patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses”.
Pero los compromisos del gobernador se han cumplido muy
parcialmente, porque sólo él ha publicado sus documentos en la plataforma 3de3
(aunque falta que los actualice), pero los funcionarios de su gobierno no lo han
hecho.
Para saber en qué situación se encuentra el trámite, se
solicitó a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental la
siguiente información: Número de funcionarios del Ejecutivo estatal que deben
presentar sus declaraciones y los que han cumplido con el compromiso. Sitio
electrónico donde están publicadas las declaraciones. En su caso, por qué no
han sido publicados -Oficios sobre gestiones realizadas para su publicación.
La respuesta fue similar a la del ayuntamiento de Acapulco:
no existe la obligación legal de publicar las declaraciones de los funcionarios
y por lo tanto no podrán ser consultadas en ningún sitio, no obstante el
compromiso de Astudillo Flores y a pesar de que el propósito de la iniciativa
ciudadana 3de3 es que sea un acto
voluntario.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de la Contraloría,
2 mil 960 servidores públicos del gobierno del estado estaban obligados a
presentar sus declaraciones. En 2016, 2 mil 949 funcionarios presentaron sus
declaraciones patrimonial y de intereses correspondientes a 2015, y 548 su
declaración fiscal. Por cierto, estos datos no cuadran con los que se publican
en el primer informe de gobierno, donde se afirma que se recibieron 3 mil 995
declaraciones de intereses y patrimoniales, y 507 fiscales.
Sin embargo, ninguna de éstas serán publicadas porque
“todavía no se tiene la obligación de difundir a través de medios electrónicos
la versión pública de la declaración de los servidores públicos de conformidad
con lo establecido en el artículo Quinto transitorio, de la Ley número 207 de
transparencia y Acceso a la Información (…) que establece: ‘La obligación de
las entidades públicas de difundir a través de medios electrónicos la versión
pública de la declaración de los servidores públicos de conformidad con la
presente Ley, entrará en vigor hasta que haya vencido el plazo legal para
presentar las declaraciones patrimoniales del año inmediato siguiente a que
entre en vigor el presente ordenamiento’”.
La obligación legal
Tanto el gobierno del estado y como el ayuntamiento de
Acapulco perdieron la oportunidad de mostrarse como instituciones proactivas en
transparencia, en este caso respecto de la difusión de las declaraciones de sus
gabinetes. Hoy ya queda claro que los compromisos que hicieron públicamente no
se cumplirán y esperarán a que comience la obligación legal.
