martes, 26 de mayo de 2015

Fertilizante gratuito, un desastre para Guerrero

El Sur de Acapulco
El programa de fertilizante subsidiado es todavía un eficaz gancho para conseguir votos, como lo ha sido a lo largo de 21 años, cuando con propósitos electoreros y para obtener ganancias económicas, fue creado por el ex gobernador priista Rubén Figueroa Alcocer.
En ésta y la siguiente edición se describirá la irresponsabilidad y la ambición de sufragios de los candidatos (as) que fomentan este programa, y asimismo se revisará cómo las dependencias responsables de vigilar la operación del programa en el estado (Secretaría de Desarrollo Rural y Contraloría General del estado), ante las evidentes irregularidades, simplemente dicen que no pasa nada.
En la actual contienda electoral, son ya varios los candidatos (as) a gobernador que se refieren al programa en los mismos términos que en el pasado. No sirvió de nada la experiencia de dos décadas de operar un programa que degradó el suelo y contaminó el agua de Guerrero, que modificó negativamente las prácticas de producción campesina, y del que se han enriquecido cientos de funcionarios estatales y presidentes municipales, amén del uso político y la “inversión” anual de cuantiosos recursos sin incrementar significativamente la producción.
Ningún candidato (a) quiso sonar “políticamente incorrecto” y prefirieron obtener un puñado de votos que enderezar un programa pernicioso que hace daño al estado y a los propios campesinos que consumen el producto. Hoy sigue siendo bandera y nadie propone romper y sustituir la adquisición de fertilizante químico por otros sistemas de fertilización menos dañinos para el ambiente, más baratos, y que no consuman los recursos financieros de la obra pública municipal, como se ha venido haciendo.
Héctor Astudillo Flores, candidato a gobernador por los partidos PRI-PVEM, ya prometió que el fertilizante será gratuito en su gobierno, y el costo lo cubrirán el municipio y el gobierno del estado, para que el productor no ponga un peso. “Quiero pedirles a todos y a todas los que tienen que ver con el campo que digan en toda la Tierra Caliente que el fertilizante será gratuito, vamos a modernizar el campo”, dijo un Astudillo, ufano, quien ratificó este compromiso durante el debate entre candidatos del 20 de mayo pasado.
La candidata de la coalición Mejoremos Guerrero, conformada por PRD y PT, Beatriz Mojica Morga, también comentó al respecto. Según la Jornada Guerrero, “en su recorrido que comenzó en Coyuca de Catalán, explicó que se etiquetarán mil millones adicionales al presupuesto de Guerrero para adquirir el abono, que se entregará sin costo al campesinado”. En el debate comentó que entregará fertilizante acompañado de semilla mejorada.
Por su parte, Luis Walton, aspirante al mismo cargo por Movimiento Ciudadano, también se comprometió con los productores a continuar entregando fertilizante, pero más barato. “Les seguiremos dando fertilizante, y será fertilizante barato, porque no nos vamos a llevar comisión”, dijo el candidato, quien en el debate no abordó el asunto.
El candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, Pablo Amílcar Sandoval, y el dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador, dieron a conocer y firmaron los “25 Compromisos con el pueblo de Guerrero”. Entre éstos, el número cuatro se refiere a que “Tendrán los campesinos fertilizantes gratuitos para producir maíz, frijol y otros cultivos básicos”. No hubo mención al respecto durante el debate.
La candidata Godeleva Rodríguez Salmerón, del partido de los Pobres de Guerrero –quien ya declinó a favor de Mojica Morga-, prometió durante el debate fertilizante gratuito, mientras que Raymundo Nogueda Analco, del Partido Encuentro Social, fue el único que se refirió al abono orgánico, aunque sin ningún detalle.
Sólo el candidato Alberto López Rosas, del Partido Humanista, cuestionó a los candidatos (as) que prometieron la distribución gratuita de fertilizante, pues planteó que es necesario primero tener claridad de dónde se obtendrán los ingresos para su adquisición.
En general, no es cuestionable la entrega de un insumo agrícola de manera gratuita, lo grave es lo que sucede en las entrañas del programa y las numerosas irregularidades que se cometen por la falta de controles férreos y de una entidad que imponga su autoridad: producto adulterado, sacos con menor peso, padrón de beneficiarios sin control, uso de recursos federales no autorizados para la adquisición de fertilizante, así como una total impunidad al no sancionarse las numerosos irregularidades que se comenten, sobre todo en los ayuntamientos.
Es triste el panorama que ofrecen los candidatos (as) al promover un programa que se ha enquistado en el campo y que lastima al territorio y a su gente.
Promoviendo el insumo
Los compromisos de los candidatos (as) son por lo menos irresponsables. Entregar fertilizante químico gratuito provocará un boquete en las finanzas públicas del gobierno del estado y/o de los ayuntamientos.
De acuerdo con datos de la Seder, se calcula que anualmente hay un gasto de 845 millones de pesos para la compra de fertilizante, aportados por el gobierno del estado (20 por ciento), ayuntamientos (59 por ciento) y productores (21 por ciento). De absorberse la parte de los productores, el gobierno estatal y ayuntamientos deberán aportar del orden de 177 millones de pesos adicionales cada año.
Aunque la prensa no los registra, sin duda los candidatos (as) a presidentes municipales también están prometiendo la entrega de fertilizante a menor precio o de plano, de manera gratuita. Desde los tiempos de René Juárez, la operación del programa fue descentralizada a los municipios, ya que el gobierno del estado buscaba quitarse la presión de las movilizaciones de productores –al haberles creado artificialmente la necesidad del insumo- y trasladar la problemática a los municipios.
Pero los ayuntamientos encontraron en el programa de fertilizante una palanca efectiva para el clientelismo y para la obtención de recursos de manera irregular. Fue en los ayuntamientos donde se afinaron las prácticas más desaseadas del programa, y que van desde la manipulación del padrón de productores, hasta licitaciones dudosas y el contubernio con empresas para adulterar el producto e inflar los costos. Esto con el concurso o la omisión de las dependencias que de acuerdo con las reglas de operación deben vigilar la ejecución del programa.
La operación directa del programa fue muy útil y eso explica por qué la aportación de los ayuntamientos comenzó a ser creciente. En 2001, los productores aportaban 58 por ciento del costo total del insumo, en 2002 ese porcentaje disminuyó a 46 por ciento y para 2003 fue de 41 por ciento. En los siguientes años continuó su descenso hasta llegar a 17 por ciento en 2007. Durante el periodo 2008-2012 el promedio de la aportación de los productores fue de 25 por ciento.
Los ayuntamientos emplearon en su momento la misma lógica clientelar que hoy utilizan los candidatos (as) a la gubernatura: disminuir el porcentaje de aportación de los campesinos, incluso hasta cero, para poder influir sobre sus preferencias electorales.
“Observados”, los ayuntamientos desde 2001
Desde 2001, cuando se descentralizó el programa y los ayuntamientos comenzaron a hacer su aportación financiera, ésta ha sido obtenida de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 (FAISM), es decir, del dinero que proviene de la Federación y que está etiquetado para el financiamiento de obra pública y acciones sociales básicas.
Desde entonces, los órganos de fiscalización estatal y federal han señalado esta irregularidad, ya que la Ley de Coordinación Fiscal, incluso en su reciente modificación que entró en vigor en 2014, no considera la compra de insumos agrícolas entre las acciones que se pueden financiar con estos recursos.
En 2014, alcaldes, diputados, dirigentes de partidos y funcionarios del gobierno del estado de Guerrero adoptaron una actitud beligerante ante la Federación por las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal y los lineamientos del FAISM de la Sedesol de 2014, que endurecieron la prohibición.
Sin embargo, la Sedesol flexibilizó su postura, según lo consignaron los diarios en abril de 2014. De acuerdo con estas fuentes, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, ofreció a los alcaldes de Guerrero que podrían destinar 20 por ciento del dinero del FAISM en la adquisición del insumo, y hasta les dijo, según los periódicos, que lo podrían comprobar bajo el concepto de “proyecto productivo alimentario” (El Sur, 15 de abril de 2014).
También mencionó que el gobierno federal daría “trato especial” a 12 municipios que requerían más del 20 por ciento, ya que como se sabe, hay ayuntamientos que gastan un porcentaje mayor de su FASIM que a veces rebasa el 50 por ciento.
Esta concesión a los municipios de Guerrero está fuera de norma y es ilegal. Los diarios la registraron en sus páginas a partir de una reunión a puertas cerradas entre la titular de la Sedesol federal, el ex gobernador Ángel Aguirre y alcaldes del estado.
Por medio de una solicitud de información, le requerimos a la Sedesol el “fundamento legal por el que la dependencia autorizó que los ayuntamientos de Guerrero utilicen 20 por ciento de los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ramo 33 en la adquisición de fertilizante.”
En su respuesta, la Sedesol se desentendió de lo que había acordado su titular con los ayuntamientos del estado en abril de 2014 y respondió que “esta Secretaría de Desarrollo Social no tiene facultad de autorizar ni validar ningún tipo de gasto por parte de los ayuntamientos municipales”.
Argumentó que la Ley de Coordinación Fiscal  en su artículo 49 establece que “[…] Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que las reciban, conforme a sus propias leyes (…). En todos los casos deberán registrarlas como ingresos propios que deberán destinarse específicamente a los fines establecidos”. 
La Sedesol describió los rubros de gasto a los que se deben destinar los recursos del FAISM: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.”
Es decir, el acuerdo entre la Sedesol, el gobierno del estado y los ayuntamientos que permite pagar el 20 por ciento del costo del fertilizante con recursos del FAISM, no se sustenta en ningún documento institucional y más bien es un acuerdo informal que jurídicamente pende de un hilo.
Las observaciones de la ASF
En los más recientes informes de cuenta pública a los ayuntamientos de Guerrero, difundidos por la Auditoría Superior de la Federación, este órgano fiscalizador observó esta irregularidad e hizo las recomendaciones respectivas a las contralorías internas de los municipios para que investiguen y apliquen las sanciones que correspondan.
Las sugerencias de la ASF difícilmente tendrán consecuencias, pues las contralorías municipales están supeditadas a los alcaldes y no cuentan con autonomía, por lo cual no se esperan ninguna investigación ni sanción a los ayuntamientos, y el fertilizante continuará distribuyéndose de manera irregular y con observaciones permanentes por parte de la ASF.
Para dar una idea de lo que sucede en este rubro, el organismo fiscalizador federal revisó en 2013 una muestra de municipios guerrerenses. De los seleccionados, Cutzamala gastó el 78.4 por ciento de sus recursos FAISM en la adquisición de fertilizante; Arecelia, 66.1 por ciento, Zirándaro 59.5 por ciento y Quechultenango 55 por ciento.
Los demás municipios revisados en 2013 fueron Zitlala, que gastó 42.7 por ciento de su FASIM en fertilizante, Huitzuco (26.7), Olinalá (26.7), Tixtla (26.2), Eduardo Neri (24.8), Tepecoacuilco (18.9), José Joaquín Herrera (17.3), Atoyac (13.9), Acatepec (12.6), Petatlán (7.5) y Juchitán (3.8 por ciento del FAISM).
Todos los municipios resultaron con observaciones de la ASF, incluso los que gastaron menos del 20 por ciento de su FAISM. Pero como muchas cosas en Guerrero, no sucederá nada

martes, 12 de mayo de 2015

La participación ciudadana del Plan Nuevo Guerrero, una simulación

El Sur de Acapulco
Hasta hoy, el Plan Nuevo Guerrero, anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto para mitigar los efectos de la tormenta tropical Manuel de septiembre de 2013, no tiene forma y tampoco existe un documento rector que lo sustente y en el que se establezcan objetivos, metas, indicadores que permitan su seguimiento.
Lo peor es que los recursos se han ejercido con desorden y sin transparencia. Cerca de 40 mil millones de pesos se han invertido hasta hoy en el estado y los indicadores de pobreza y marginación no parecen moverse. Cuantiosos recursos, mucha opacidad y pobreza persistente, son ingredientes del que parece un jugoso negocio del gobierno de la república.
Desde el principio se intentó dar al plan una cara democrática mediante una supuesta inclusión de la participación ciudadana. El cuarto principio rector del plan, que se anuncia en su portal electrónico, expone que “Se promoverá que los guerrerenses participen directamente en las acciones comprometidas, con el objeto de crear en conjunto una política que brinde mayor valor público”. Pero todo fue una simulación.
El instrumento con que el gobierno federal buscó “democratizar” el Plan Nuevo Guerrero fue el Consejo Estatal para la Restauración de Guerrero, y su diseño y ejecución se les encargó al ex gobernador Ángel Aguirre y a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.
Pero a 19 meses de su creación, el Consejo ha sido un organismo decorativo y mudo testigo de las decisiones del gobierno federal, ya que todavía no se conoce un informe público de seguimiento que evalúe y se pronuncie con seriedad y objetividad sobre las acciones del Plan Nuevo Guerrero. De la transparencia del ejercicio de los recursos tampoco ha dicho una palabra.
Por un aval ciudadano
Después de la tormenta tropical Manuel, el gobierno federal comenzó a perfilar la idea de incorporar la participación ciudadana en el seguimiento de las acciones y la vigilancia de los recursos de la reconstrucción del estado, pues desde el momento en que se conoció la dimensión de las afectaciones, también se decidió que serían cuantiosos los recursos financieros a invertir. Se requería pues de un aval que desde la ciudadanía diera fe de la transparencia en el ejercicio de los recursos, primero del Fondo Nacional de Desastres y luego del Plan Nuevo Guerrero.
Para este propósito, una de las estrategias fue invitar a la organización Transparencia Mexicana para que vigilara el proceso de reconstrucción, como lo propuso la titular de la Sedesol el 6 de octubre de 2013. Rosario Robles, dice un comunicado de la dependencia, “solicitó a Transparencia Mexicana vigilar que los recursos destinados a la reparación de daños en vivienda o reposición de la misma, sean correctamente aplicados en toda la entidad”.
Agregó la secretaria que “con la realización del censo casa por casa, estamos sacando fotos, se está firmando un recibo, pero aparte, Transparencia Mexicana va a verificar que el padrón se haya constituido correctamente, que no se le haya cobrado a la gente ningún centavo por la gestión, y que además se haya llegado verdaderamente a quien resultó afectado”, sostuvo.
Sin embargo, a la fecha no se conoce ningún informe público de Transparencia Mexicana sobre esta vigilancia, ni tampoco la Sedesol ha dado a conocer resultados del trabajo de esa organización civil.
Pero a la par, la Sedesol anunció la conformación del Consejo. Con optimismo, un comunicado del 4 de octubre de 2013 de la Sedesol informó que la sociedad civil tendría la contraloría de los recursos del (Fonden) para la reconstrucción.
Se conforma el Consejo para la Reconstrucción de Guerrero, en el que participarán el gobierno federal, estatal y municipal, y donde la sociedad civil tendrá la contraloría de los recursos que van a llegar del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para la reconstrucción”, dijo la secretaria.
Desde entonces, el discurso de la inclusión de la participación ciudadana en las acciones de la reconstrucción se hizo frecuente. Por ejemplo, e
n una reunión de trabajo de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, el 8 de octubre de 2013, repitió que “en la reconstrucción de Guerrero, la sociedad civil y los tres niveles de gobierno deberán hacer una planeación conjunta para multiplicar esfuerzos y llegar a donde realmente se necesita, con claridad y transparencia en el manejo de los recursos”.
En ese evento anunció que en los próximos días se daría a conocer oficialmente la creación del Consejo.
También en un comunicado de prensa, Robles Berlanga señaló con el trabajo de este Consejo, integrado por los gobiernos federal, estatal y municipal, sociedad civil y expertos, “se busca que Guerrero convierta esta tragedia en una oportunidad para generar mecanismos de combate a la pobreza y a la desigualdad; propiciar un desarrollo equilibrado e incluyente, que se traduzca en mejores condiciones de vida”.
Creación del Consejo
En el periódico oficial del estado del 18 de octubre de 2013 se publicó el decreto que creó al Consejo, “con el objeto de establecer una sinergia entre los distintos órdenes de gobierno y con la sociedad civil encaminada a coordinar las acciones y esfuerzos para la planeación, restauración, reconstrucción y la reactivación económica y social de las zonas afectadas por la tormenta tropical Manuel”.
Como ha sucedido con numerosos consejos similares, el Consejo de Restauración careció de autonomía y recursos para su operación –o al menos nunca se hicieron públicos- y sus recomendaciones y propuestas no son vinculantes u obligatorias para las dependencias involucradas en la ejecución de los recursos para la reconstrucción.
Cabe mencionar algunas atribuciones que el Consejo puede realizar, como “solicitar información (…) sobre la canalización de recursos a la restauración y reconstrucción de las zonas afectadas por la tormenta tropical Manuel".
No hay datos públicos que atestigüen el ejercicio de esta facultad, y sería pertinente que los miembros el Consejo recomendaran al gobierno de la república abrir su información sobre el Plan Nuevo Guerrero a la ciudadanía, pues las diferentes dependencias que ejercieron recursos de este programa, no lo han hecho de manera transparente, y el portal de este programa tiene muchas inconsistencias y la información es parcial.
Otra de las facultades que tiene el Consejo es “informar a la comunidad sobre los avances físicos de las obras y acciones desarrolladas para la restauración y reconstrucción de las zonas afectadas”. Sin embargo, a la fecha el organismo ciudadano no ha informado a la ciudadanía con más detalle del que lo ha hecho el gobierno.
Finalmente, el Consejo también tiene el objetivo de “supervisar y, en su caso, formular recomendaciones sobre las acciones necesarias para la ejecución de los programas, proyectos y acciones relativos a la restauración y reconstrucción de las zonas afectadas".
Sobre estas facultades que le otorga la normatividad, el Consejo no ha hecho pública ninguna información.
Sesiones del consejo
El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero presidió la primera sesión ordinaria del Consejo, el 28 de noviembre, “en la que participan representantes de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil”, según un comunicado de prensa del gobierno del estado.
“Éste es un ejercicio muy importante, y queremos seguir siempre con esta mística; debo reconocer que es un proyecto y es un esquema innovador en donde la idea es que no sólo se quede en palabras huecas, sino que realmente tenga una participación activa”, dijo Aguirre Rivero de esta experiencia ciudadana, que desde el inicio ya se parecía a otras que sólo han servido para avalar y “legitimar” las decisiones gubernamentales.
En esa ocasión, les fue tomada protesta a los miembros del Consejo en cuya integración–se desconocen los criterios y mecanismos para seleccionarlos- predominaron personajes a los que no se les conocen una posición crítica hacia el gobierno, salvo contadas excepciones como la del dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez y algunos periodistas.
Además de los representantes de los gobiernos federal y del estado, el Congreso y la suprema Corte de Justicia estatales, integraron este Consejo empresarios como Miguel Alemán Velasco y Alejandro Burillo Azcárraga y Juan Pablo Castañón Castañón, presidente nacional de la Coparmex. También se incluyeron dirigentes de ese organismo empresarial de Chilpancingo y Acapulco, además de empresarios de los ramos hotelero, restaurantero y del comercio.
También forman parte del Consejo varios representantes de colegios de profesionales como el de arquitectos, de contadores públicos, de ingenieros arquitectos, y el de ingenieros de mina, metalurgistas y geólogos de México; así como del sector académico como los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma de Guerrero, y el presidente de la comunidad politécnica de Acapulco.
Otros personajes que se integraron son Guadalupe Loaeza Tovar, escritora y periodista, Carlos Garfias Merlos, arzobispo de la Arquidiócesis de Acapulco y la periodista Manu Dornbierer.
Durante las sesiones ordinarias, los miembros del Consejo se mantuvieron con un perfil bajo, de los discursos y los datos se encargaban los políticos. Por ejemplo, el 21 de diciembre de 2013, el discurso del Aguirre Rivero fue el de la voz cantante. En esa ocasión expuso que el Consejo “tiene la oportunidad de ser un ejemplo a nivel nacional en materia de transparencia y eficiencia”.
También explicó que cuatro empresas (PCW, EY, Deloitte y KMPG) se encargarían de monitorear el universo de obras de reconstrucción, verificar que los procesos llevados a cabo en las obras con recursos del Fonden se ejerzan adecuadamente, y proponer y converger a mejores prácticas –a la fecha no hay noticias de sus informes-.
En esa ocasión y de acuerdo con un comunicado del gobierno del estado, “los consejeros, encabezados por Miguel Alemán Velasco, expresaron su reconocimiento al gobernador por la capacidad de liderazgo para salir adelante de la emergencia luego de la tormenta Manuel, y reiteraron que pondrán su mejor esfuerzo para hacer eficiente el Plan Nuevo Guerrero”.
En la tercera sesión ordinaria, el 26 de marzo de 2014, nuevamente los funcionarios federales y estatales dirigieron el acto, y la prensa no rescató ningún pronunciamiento importante de alguno de los integrantes del Consejo.
En la cuarta sesión, a un año de la tormenta tropical Manuel, el presidente del Consejo Miguel Alemán Velasco, reconoció que el compromiso contraído por el presidente de atender a la población afectada por Ingrid y Manuel “se está cumpliendo”.
Recordó que el objetivo de este órgano ciudadano es vigilar que haya transparencia en el uso de los recursos públicos, lo que, dijo, se ha cumplido. “En todo momento hemos sido atendidos en la solicitud de información, se ha mantenido diálogo con el gobernador y sus colaboradores”, expresó. Pero esa información no ha fluido hacia la ciudadanía.
Finalmente, el 29 de abril de 2015, se realizó la quinta reunión del Consejo. Rogelio Ortega, que sustituyó a Aguirre, destacó “la participación y empeño del presidente ejecutivo del Consejo Estatal para la Reconstrucción de Guerrero, Miguel Alemán Velasco, quien ha estado al pendiente de todo el proceso en materia de mejoramiento, construcción y seguimiento de las obras de infraestructura en la entidad”.
En tanto que Miguel Alemán Velasco enfatizó en los esfuerzos hechos en los últimos meses y reiteró su agradecimiento a todos los que han participado para lograr que la reconstrucción de Guerrero sea posible.
Información inexistente
En la solicitud de información con número de folio 00121113 se requirió a la secretaría particular del gobernador (por ser el presidente del Consejo) los siguientes datos: “De qué manera ha cumplido con informar a la comunidad, qué ha informado y con qué mecanismos, el Consejo Estatal para la Restauración de Guerrero (frac IV del art. 4 del decreto que crea al Consejo). Plan maestro de restauración, reconstrucción y de reactivación económica y social de las zonas afectadas por la tormenta tropical Manuel (frac I del art. 8 del decreto que crea al Consejo”),

La secretaría particular decretó esta información como inexistente.