El Sur de Acapulco
Una escaramuza entre el gobierno del estado y la Secretaría de Desarrollo Social federal provocó que se hiciera un cálculo equivocado en la distribución de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal que se entregaron a los ayuntamientos en 2012.
La equivocación, observada por la Auditoría Superior de la Federación, fue de 586 millones de pesos y afectó el presupuesto de obra pública de 51 de los 81 municipios del estado.
De acuerdo con los resultados de la auditoría financiera y cumplimiento aplicada por la ASF a los recursos del FISM, el gobierno de Guerrero no aplicó la fórmula que establece la Ley de Coordinación Fiscal tendiendo como resultado que la población de 51 municipios no recibió obra pública por un monto muy elevado de recursos.
De acuerdo con el documento de la ASF, el municipio que resultó más afectado fue Ayutla de los Libres, que en 2012 dejó de recibir recursos por 54.9 millones de pesos. El municipio de Atlixtac es el segundo de la lista, pues no recibió 33.8 millones; Cochoapa el Grande se vio afectado con 30.4 millones menos; mientras que Tecoanapa dejó de recibir 30 millones de pesos.
También se encuentran en la lista de municipios perjudicados Ometepec, con 29.6 millones de pesos, Metlatónoc, con 28.7 millones, San Luis Acatlán, con 26.1 millones; Atoyac de Álvarez, con 23.4 millones y Quechultenango, con 23 millones de pesos.
El conflicto
De acuerdo con los resultados de la auditoría practicada a los recursos del FISM, la ASF consideró que en términos generales, el gobierno del estado de Guerrero no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, “donde destaca el incumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal respecto de la distribución municipal de los recursos FISM correspondiente al ejercicio fiscal 2012, lo que generó que 51 municipios recibieran menos recursos que los que les correspondían por un total de 586,027.7 miles de pesos.”
También agregó que el gobierno estatal no firmó el Convenio para acordar la metodología, fuentes de información y mecanismo de distribución del FISM (…), lo que restó transparencia y certeza en el proceso de la distribución de los recursos”.
Por su parte, el gobierno del estado respondió a estas observaciones que si bien la ley de coordinación fiscal establece los criterios de distribución, también subrayó que “Con objeto de apoyar a las entidades en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar en los primeros diez días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal”.
De acuerdo con la versión del Ejecutivo del estado, la Sedesol federal no publicó “las variables y fuentes de información” sino hasta el 17 de febrero de 2012; y alegó que la propia ley de coordinación fiscal exige que la distribución de los recursos del FISM a los municipios se publique en el periódico oficial antes del 31 de enero.
De esta manera, el gobierno del estado denunció que la Sedesol no publicó las variables y fuentes para determinar la distribución del FISM “en la fecha obligada, incumpliendo con ello la ley y afectando la base técnica y jurídica” que se requería para dar cumplimiento a la ley de coordinación fiscal, “por lo que se vio obligado a determinar las variables y fórmulas para la determinación de la distribución del fondo, sin contar con los lineamientos,” concluyó el argumento del gobierno del estado.
El análisis del gobierno del estado
De acuerdo con el análisis que realizó el Ejecutivo estatal, si se hubiesen aplicado los lineamientos de la Sedesol en 2012 y comparado con los montos que recibieron los ayuntamientos en 2011, se tendrían diferencias significativas, y “esta situación no hubiese sido viable, dado el impacto social y económico de afectación a todos los municipios”.
Al revisar el análisis del Ejecutivo del estado, se observa que efectivamente se hubieren afectado muchos municipios, 47 en total, pero no hace un balance entre las dos propuestas para determinar si realmente se afectaría más a los que tienen grados de marginación más altos.
Lo cierto es que hay hechos consumados y con la decisión que tomó el gobierno de estado en el ejercicio 2012 se afectaron 51 ayuntamientos, con un importe de 586 millones de pesos.
Fondo de Infraestructura Social Estatal
La Auditoría General del Estado de Guerrero revisó los recursos del Fondo de Infraestructura Social del Estado (FISE), que son recursos provenientes de la federación destinados a obra pública pero administrados directamente por el gobierno del estado.
De manera particular revisó a dos dependencias, a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capaseg), cuyas obras, si se suman los montos invertidos, dan un monto del orden de 82.3 millones de pesos (17.3 por ciento del presupuesto total del FISE); y a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria (Cicaeg), que ejerció 386.2 millones, es decir, 72.5 por ciento de los recursos totales del FISE).
Uno de los resultados que la AGE expuso en su informe final fue que “el control interno para la gestión del fondo en el estado es deficiente, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de su objetivo, la observancia de la normativa y la transparencia en la operación del fondo”.
El órgano fiscalizador del estado emitió un dictamen negativo al gobierno del estado, porque “no cumplió las disposiciones normativas aplicables” y entre los resultados que destaca están 35.5 millones de pesos por falta de documentación comprobatoria, 21 mil 200 pesos pagados por una obra de mala calidad, y se determinaron errores y omisiones de la información financiera por 256 mil pesos.
Asimismo, la AGE concluyó que el Ejecutivo estatal “no cumplió de manera adecuada con los objetivos del fondo, debido a que no efectuó obras de mayor alcance que beneficien a la población en rezago social ni tuvo una adecuada transparencia en la gestión de los recursos del fondo”.
Al respecto, señaló que el gobierno del estado “cumplió parcialmente” los objetivos y metas del fondo, ya que el 26.1 por ciento de las obras revisadas se encuentra en proceso, las cuales aún están en ejecución; el 11.8 por ciento de las obras terminadas no operan adecuadamente, y el 5.8 por ciento no operan; adicionalmente, el 14.4 por ciento de las obras realizadas no beneficiaron a la población en rezago social y pobreza extrema.
De manera particular, la AGE observó que la Cicaeg no presentó la documentación comprobatoria que justifique el gasto por 24.5 millones de pesos; asimismo, esta dependencia tuvo rendimientos generados por 91 mil pesos, los cuales no fueron aplicados.
Por otra parte, la Secretaría de Finanzas y Administración transfirió a la Cicaeg recursos por casi 11 millones de pesos correspondientes a reintegros del ejercicio fiscal 2012, de los cuales se desconoce su aplicación y destino, debido a que no se presentó la documentación comprobatoria que aclarare esta situación.
Revisiones del FISM en la zona Centro
Como parte del paquete de auditorías del ejercicio 2012, la ASF revisó el ejercicio de los recursos del FISM en tres municipios guerrerenses de la región centro del estado: Chilapa, José Joaquín de Herrera y Quechultenango.
Entre otros hallazgos, el órgano fiscalizador observó que los tres municipios no difunden entre la población, a través de su página electrónica de internet, ni en los medios oficiales de difusión, el avance físico de las obras.
Adicionalmente, los municipios no dieron a conocer a sus habitantes, al inicio del ejercicio, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio publicó el cierre del ejercicio 2012, para dar a conocer a sus habitantes los resultados alcanzados, como lo establece la ley de coordinación fiscal.
Cabe mencionar que la ASF consideró que los municipios revisados tienen un órgano de participación activo y funcional. Dice en el rubro de participación social que “se comprobó que se constituyó y operó en el municipio el órgano de planeación participativa denominado Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual priorizó y aprobó las obras del fondo; asimismo, promovió la participación de los habitantes durante todas las etapas del gasto”.
Al respecto, y a reserva de conocer los indicadores que maneja la ASF, lo cierto es que este tipo de órganos de participación son muy cuestionables porque con mucha frecuencia no cumplen su función de planeación y programación de obras de manera democrática. Es cierto, sí se realizan las reuniones de Coplademun, pero éstas funcionan para validar decisiones tomadas de manera unipersonal por los alcaldes.
De manera particular, la ASF determinó en el caso del municipio de Chilapa que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por un monto de seis millones de pesos por el pago, con los recursos del FISM, de rubros no autorizados”.
En el caso del José Joaquín de Herrera, la ASF consideró que en términos generales y respecto de la muestra auditada, cumplió las disposiciones normativas aplicables, excepto por observaciones que se refieren principalmente al pago de una obra fuera de los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal por 81 mil pesos y 171 mil pesos aplicados en conceptos de gastos que no corresponden a la naturaleza de gastos indirectos y desarrollo institucional; asimismo, no se favoreció la transparencia, ni la rendición de cuentas; se privilegiaron obras de urbanización en contraste con las obras de infraestructura básica aun cuando el municipio presenta déficits importantes en estos rubros, lo que limitó su contribución al objetivo de la política pública.
Finalmente, del municipio de Quechultenango, el órgano fiscalizador indicó que tiene una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública, a pesar de las insuficiencias para atender de manera puntual la transparencia y rendición de cuentas de los recursos aportados por la federación y que se canalizó una parte de las aportaciones recibidas vía FISM a obras de infraestructura urbana a las cuales destinó el 16.3 por ciento del total ejercido, en el cual dicha inversión benefició a localidades que presentan las mayores carencias sociales.
¿Y los 30 mil millones de pesos del Plan Nuevo Guerrero?
No hay nada claro en los recursos prometidos por el presidente Enrique Peña Nieto para la reconstrucción de Guerrero. Una vez que se apaciguaron figurada y realmente las aguas en la entidad, nadie sabe sí se invertirá ese dinero y en qué.
Tan opaca es la Presidencia de la República como el gobierno del estado, pues no hay información siquiera aproximada sobre estos recursos en ningún sitio público, las fuentes informales –con el riesgo que eso implica– son la única opción.
Se sabe por ejemplo, que el presupuesto de egresos del estado de Guerrero –el gobierno del estado sigue sin publicarlo– apenas tuvo un incremento de 1.3 por ciento, es decir, del orden de mil 288 millones de pesos para llegar a casi 41 mil 500 millones de pesos.
El incremento de recursos para 2014 es prácticamente insignificante frente a las enormes carencias que dejaron las lluvias de septiembre.
También se conoce que el gasto federal en el estado será de unos 14 mil 500 millones de pesos, que comparados con los 6 mil 726 millones de 2013, habrá un incremento de 7 mil 774 millones de pesos. Pero resulta que de estos recursos, 7 mil millones provienen del Fondo de Desastres Naturales, por lo que, en todo caso, son los únicos recursos adicionales fuera de lo que ya se invertía en el estado en años anteriores.
¿Dónde están los 30 mil millones que anunció Peña Nieto? Si las autoridades esconden la información, habrá que preguntar al Consejo Estatal de Restauración de Guerrero, una de cuyas funciones es precisamente la transparencia de las acciones del Plan Guerrero.
