El Sur de Acapulco
El gobierno del estado de Guerrero destina únicamente 5 por ciento de su gasto total a la contratación de bienes, servicios y obra pública, con lo que se ubica en el último lugar entre las entidades del país, no obstante que son funciones esenciales para la eficacia y la viabilidad de cualquier gobierno.
En el ámbito nacional se calcula que este tipo de gasto representó en 2009 entre 30 y 40 por ciento del gasto total del sector público, y en el caso de los estados, el promedio fue de 15.6 por ciento de sus egresos totales.
El gobierno de Tamaulipas, por ejemplo, dedicó en 2009 aproximadamente 30 por ciento de sus egresos a la adquisición de bienes, servicios y obra pública, mientras que Guerrero destinó apenas 5 por ciento.
Estos datos ratifican la marcada orientación que se le da al dinero en Guerrero, en donde predomina por mucho el pago de gasto corriente y de manera particular la abultada nómina del gobierno del estado, en detrimento de los servicios y obras públicas que tanto requieren miles de guerrerenses en condiciones de pobreza.
De acuerdo con el estudio Análisis de la normatividad y las prácticas de compras públicas a nivel estatal: Guerrero, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y de donde se obtuvieron los datos, las compras públicas de bienes y servicios en 2009 fueron por 874 millones de pesos (2.3% por ciento del gasto total), mientras que la contratación de obra pública fue por 909 millones (2.4 por ciento de los egresos) del sector público en el estado.
Principales hallazgos
El estudio del Imco, realizado a finales de 2011 y principios de 2012, destacó entre sus conclusiones que si bien la Contraloría General del Estado es el órgano “encargado de controlar la legalidad de los actos de la administración estatal, entre ellos la compra y arrendamiento de bienes y servicios”, esto no sucede en la práctica.
Ejemplificó que la Contraloría participa en el comité de adquisiciones que coordina la Secretaría de Finanzas y Administración, teniendo como funciones el control preventivo de la legalidad del método de adquisición y de las bases de los concursos mediante licitación pública o invitación restringida, como también de los contratos respectivos”.
Sin embargo, sus dictámenes u observaciones sobre los procesos de compra no son acatados por la Secretaría de Finanzas.
El Imco también encontró una descoordinación entre la Subcontraloría de Normatividad y la Subcontraloría de Auditoría, ambas dependientes de la Contraloría General del Estado.
La Subcontraloría de Auditoría, destaca el estudio, no emite observaciones sobre las compras que hacen por su cuenta algunas dependencias del gobierno del estado, contrario a lo que establece la Ley de Administración y Recursos Materiales y la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Guerrero.
Asimismo, no se realiza ningún monitoreo ni registro de aquellos proveedores que provocan algún daño al estado derivado de los procesos de compras públicas; tampoco hay seguimiento sobre las inhabilitaciones ni sanciones a los mismos.
El Imco destacó que en el estado de Guerrero no hay alguna autoridad encargada de sancionar o inhabilitar a los proveedores que violan la ley. La Contraloría General del Estado no tiene esta facultad. Tampoco se genera un listado de los proveedores que incurren en incumplimiento u otras faltas a la legislación, por lo que pueden seguir siendo proveedores.
Como parte de las recomendaciones, el Instituto sugirió que el gobierno del estado fomente la presencia de las figuras de testigos sociales, es decir, “miembros de la sociedad civil que participan durante los procesos de adjudicación como observadores externos” y menciona que el objetivo es inhibir posibles actos de corrupción u otras violaciones a la ley.
Debido a que en Guerrero no hay vigilancia de observadores externos ciudadanos, el Imco recomendó que el gobierno del estado solicite a la Secretaría de la Función Pública que los testigos sociales del programa federal participen como observadores en aquellos concursos que se consideren relevantes por el monto de recursos involucrado o por la naturaleza de la compra, por ejemplo, si se vincula a temas sensibles como la salud o la seguridad.
Por otra parte, el Imco encontró un “débil nivel de control” de parte de la Contraloría General del Estado sobre el cumplimiento de los proveedores a los que se les compran bienes y servicios.
Entre las consecuencias de esta falta de vigilancia se encontraron la modificación de las condiciones del contrato –como plazos más largos o precios más altos–, la sustitución de productos por unos más baratos o de menor calidad que los estipulados en el contrato, el robo de activos o bienes, y servicios ficticios.
Asimismo, el instituto recomendó que “la Contraloría tenga la posibilidad de sancionar a los proveedores que lleven a cabo prácticas irregulares, ya que de otra manera, las faltas quedan impunes y aumenta la probabilidad de que la proveeduría vuelva a incurrir en las mismas,” y agregó que debe crearse un padrón que registre a dichos proveedores incumplidos.
Se sugirió además llevar a cabo actividades de monitoreo de la cantidad, calidad y/o tiempo de entrega o realización del bien o servicio contratado, a efecto de estar en posibilidades de aplicar sanciones y multas como un mecanismo para que los proveedores no incurran en actos de corrupción, colusión u otros delitos.
Deficiencias en las compras
La investigación del Imco destacó que aunque el gobierno del estado de Guerrero tiene un sistema de compra centralizado en el que la Sefina coordina y gestiona las adquisiciones, arrendamientos o servicios solicitados por las dependencias y entidades, se identificó que hay criterios variables para que algunas dependencias compren directamente por su cuenta.
Otra de las deficiencias encontradas es que no se aprovechan las ventajas de este sistema centralizado, es decir, no se llevan a cabo compras consolidadas de uso generalizado por el gobierno del estado ni tampoco se han instrumentado contratos marco y no existe un área de análisis y manejo de información que permita planear mejores estrategias de compras a nivel central, por lo que se gastan más recursos que pueden aprovecharse en otros rubros.
El gobierno del estado también adolece de una plataforma electrónica propia para las adquisiciones y por lo tanto utiliza el sistema informático federal de compras públicas CompraNet.
En este punto, la investigación descubrió que de este sistema federal no son visibles al público en general todas las actas relativas a los procesos de adquisición del estado de Guerrero.
En otro renglón, se observó una comunicación deficiente entre la Sefina y la Contraloría que repercute en que no haya criterios homogéneos entre ambas dependencias para llevar a cabo procesos de adquisición, principalmente en lo que corresponde a la aplicación de la normatividad.
El Imco también dio cuenta de problemas de contabilidad estatal, ya que la administración de Ángel Aguirre no cuenta con un registro fiable de las compras estatales anteriores y por otro lado, las áreas encargadas de las compras no siempre tienen claro qué normatividad (federal o estatal) deben aplicar para ejercer los recursos de los diferentes ramos, lo cual repercute en la falta de control y vigilancia sobre el destino de dichos recursos.
Licitaciones públicas
Para la compra de bienes y contratación de servicios y obra pública, el estudio del Imco explicó que la licitación pública es el mecanismo de adquisición que fomenta la transparencia y la competencia. Agrega que en el ámbito federal, la licitación pública “es la columna vertebral de los métodos de adquisición y a partir de ahí se determinan sus excepciones, a nivel estatal no son claras las modalidades regla y las modalidades excepción”.
Al revisar el caso del estado de Guerrero, el Imco señaló que aunque la ley no es clara en términos de que la licitación pública debe ser el método principal, en la práctica, según los funcionarios de compras, el método generalizado de adjudicación es la licitación pública.
Sin embargo, más de la mitad de las compras (56 por ciento) que realiza el Ejecutivo del estado se llevan a cabo a través de un método distinto a una licitación.
Joyas de la opacidad y de la rendición de cuentas
El festival anticorrupción organizado por el gobierno del estado a través de la Contraloría General del Estado, se quedó en buenas intenciones. Sin un marco conceptual que permitiera encuadrar las actividades realizadas el pasado 28 de noviembre, varias dependencias del Ejecutivo montaron sus mesas de exhibición para presentar ante el público información sobre los programas y acciones que tienen a su cargo. Pero brillaron por su ausencia las propuestas o acciones que cada dependencia o el gobierno del estado en general está realizando para prevenir y combatir la corrupción.
Fue entonces un festival muy colorido con mucha información sobre el quehacer de las dependencias –que se agradece, después de todo– pero totalmente ajeno en la práctica al tema que se anunció…
En el último foro de consulta del ayuntamiento de Chilpancingo el 30 de noviembre, con el tema de Mejores Prácticas Municipales, hubo varias propuestas en torno a la constitución de contralorías ciudadanas para la vigilancia del ejercicio de los recursos. Destacaron las que presentaron los compañeros de Ciudadanos y Ciudadanas por el Mejoramiento de la Gestión Pública, para observar y dar seguimiento a la obra pública del municipio de Chilpancingo. El punto fino es que todas las propuestas realmente se consideren, pues sólo así se propiciarán condiciones de credibilidad y confianza en el ayuntamiento capitalino. Hasta donde sabemos, es el único gobierno municipal que ha puesto a funcionar mecanismos de participación ciudadana para la elaboración de su Plan Municipal de Desarrollo…
El 5 de diciembre pasado, varios organismos sociales y civiles, encabezados por el grupo Cuicalli, presentaron ante el secretario de Salud una petición formal para hacer un ejercicio de vigilancia ciudadana a los recursos de esa dependencia. Un representante de la Contraloría General del estado que estuvo presente, desaprobó la iniciativa argumentando que las auditorías ciudadanas no están previstas en la ley y esa función corresponde a los órganos fiscalizadores institucionales. Sorprende que desde el gobierno del estado se bloquee públicamente este interés por la vigilancia de los recursos públicos, ya que si hay iniciativas provenientes de la ciudadanía (la del Cuicalli no es la única) es porque no hay confianza en el control y fiscalización que hacen las instituciones. La opinión del funcionario de la Contraloría incluso se contrapone a la del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien en el Plan Estatal de Desarrollo menciona con cierta amplitud el tema de la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos…
En algún momento iba a explotar. La falta de transparencia y de vigilancia institucional y ciudadana sobre los recursos invertidos para atender a la población afectada por los sismos de marzo de 2012, tiene ya sus primeras expresiones públicas de descontento, ya que en días pasados, pobladores de Ometepec reclamaron a la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga irregularidades en la construcción de las viviendas.
En este espacio denunciamos la inconsistencia de las cifras que dieron las dependencias estales y federales involucradas en la atención de los damnificados, y la debilidad en la vigilancia de los recursos.
El gobierno del estado anunció en aquella ocasión la integración de comités ciudadanos en cada una de las comunidades afectadas “para garantizar que los apoyos que se están entregando sean de manera transparente y directa a las familias que salieron perjudicadas”. Pero ya se vio que fueron comités decorativos, pues nadie vigila cómo se gastan los recursos ni tampoco ninguna dependencia estatal o federal rinde cuentas de ese dinero.
martes, 11 de diciembre de 2012
martes, 27 de noviembre de 2012
Los consejos ciudadanos de Aguirre Rivero
El Sur de Acapulco
A casi dos años de que asumió la actual administración, aún no comienza a operar el consejo ciudadano para la vigilancia de las adquisiciones y la obra pública, organismo que fue una de las propuestas fuertes para prevenir y combatir la corrupción gubernamental durante la campaña del entonces candidato a la gubernatura del estado, Ángel Aguirre Rivero.
Es la segunda ocasión que el gobernador propone estos mecanismos ciudadanos para la observación y la vigilancia del gobierno, pues hace 15 años, cuando fue gobernador interino, promovió un organismo similar, aunque no hay información certera del funcionamiento y resultados de este primer consejo ciudadano.
En su administración actual, el gobernador del estado lleva 20 meses ejerciendo el cargo y el consejo ciudadano para la vigilancia de las adquisiciones y la obra pública todavía está en trámite, por lo que el control y la vigilancia de un gran porcentaje del presupuesto que gasta el gobierno estatal ha recaído sólo en los órganos de control y fiscalización institucionales, como la contraloría general del estado y las auditorías superior de la federación y general del estado.
Pero de la intervención ciudadana, todavía nada.
Un compromiso de campaña
Durante su campaña a la gubernatura, el candidato Ángel Aguirre se comprometió a promover y constituir un consejo ciudadano para la observación y vigilancia de los recursos destinados a adquisiciones gubernamentales y obra pública, como una medida para prevenir y combatir la corrupción en el gobierno.
Concretamente durante el primer debate entre candidatos a la gubernatura en la historia de Guerrero, realizado el 18 de enero de 2011, el hoy jefe del ejecutivo estatal aseguró que crearía un Consejo Ciudadano para la Vigilancia de las Adquisiciones y la Obra Pública.
Una vez que asumió el cargo, en su plan estatal de gobierno 2011-2015 el mandatario estatal estableció que “la falta de transparencia en la rendición de cuentas provoca desconfianza en el ejercicio de la función pública y falta de credibilidad de la sociedad en la operación institucional” y agregó que “se requiere establecer mecanismos reales de control gubernamental, así como fomentar la participación social para que la actividad de los poderes públicos estatales y municipales sean transparentes y los ciudadanos sepan en qué y cómo se invierten sus contribuciones, y de qué manera operan las obras y servicios públicos”.
De hecho, uno de los objetivos del plan estatal de desarrollo se refiere a “incorporar plenamente a la ciudadanía en la vigilancia y seguimiento del uso de los recursos públicos, así como del desempeño de los servidores públicos”.
Pero estos propósitos destacados en el principal documento rector del gobierno actual no se destacan en los hechos.
Fue hasta finales de octubre de 2011 cuando el gobernador Ángel Aguirre Rivero envió la iniciativa de decreto al Congreso del estado para su análisis y aprobación.
Los diputados locales aprobaron el decreto hasta el 7 de febrero de 2012, y su publicación se realizó el 17 de febrero del mismo año.
El consejo, sin operar
Aunque ya existe el decreto de creación del consejo ciudadano, el organismo no ha entrado en funciones porque el gobernador estatal no había enviado la terna al Congreso del estado para elegir a los integrantes, no obstante que el artículo segundo transitorio de ese documento jurídico ordena que “El Consejo deberá instalarse dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este Decreto”.
Mediante una solicitud de información presentada ante el Congreso del estado, se preguntó a los diputados locales por los integrantes de dicho consejo y su fecha de instalación, pues ya habían pasado cinco meses de la fecha límite establecida en los transitorios para su entrada en funciones.
La respuesta de la unidad de transparencia del Congreso fue que “con fundamento en el Decreto Número 1008 por el que se crea el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones en el Estado de Guerrero (…) los miembros del Consejo serán nombrados por el Congreso del Estado, a propuesta del Gobernador, quien recogerá para este efecto la opinión de los colegios de profesionistas, organizaciones y sectores sociales, y durarán en su encargo tres años”.
Y agregó el Congreso en su respuesta que “este Honorable Congreso del Estado, no ha recibido las propuestas por parte del Titular del Ejecutivo, para poder dar cumplimento a lo establecido en el artículo en mención, por lo tanto estamos en espera de las mismas para que sean nombrados por este Poder Legislativo”.
Ante esta respuesta, se solicitó al Ejecutivo del estado los nombres y perfiles de los integrantes del consejo ciudadano. La respuesta del despacho del gobernador fue que aun no contaban con la propuesta de nombres.
“En atención a su solicitud de información dirigida a este sujeto obligado, me permito hacer de su conocimiento que a la fecha el Ejecutivo Estatal no ha enviado una propuesta oficial de terna para la integración del Consejo Ciudadano de vigilancia de la Obra Pública y las adquisiciones en el Estado”.
El primer consejo de 1997
El primer periodo como gobernador de Ángel Aguirre Rivero se inició en marzo de 1996; 23 meses después, en diciembre de 1997, envió y el Congreso del Estado aprobó el decreto número 128 por el que se creaba el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones, el cual entró en funciones cuatro meses después, una vez que los diputados ratificaron a los consejeros propuestos por el mandatario estatal.
Entre los considerandos del decreto se mencionaba que “el Plan Trienal de Desarrollo del Estado de Guerrero 1996-1999, contempla entre sus estrategias la constitución de consejos estatales y municipales de consulta y participación ciudadana en las funciones gubernamentales, así como la promoción de la participación social en la formulación, ejecución y evaluación de los programas de acciones y proyectos de obras.”
No se cuenta con información pública sobre el funcionamiento y los resultados de aquel consejo ciudadano que comenzó a operar el 2 de abril de 1998, cuando los integrantes del mismo rindieron protesta.
De lo que sí se tiene noticia es que uno de los consejeros, Margarito Miranda Miranda, fue “destituido” del organismo y éste presentó su inconformidad ante diferentes dependencias.
En una carta enviada al Congreso del estado en noviembre de 2000, Miranda Miranda describió la manera en que funcionaba el consejo ciudadano.
Al respecto comentó en su carta que cuando fue consejero solicitó “información que considero necesaria para el desempeño de mis funciones, siendo el caso que desde la creación del consejo a esta fecha no ha sido posible el acceso a la mínima información en la Contraloría del Estado, y en otras dependencias se ha obtenido en forma limitada y extemporánea”.
El consejero inconforme aludió a que en uno de los artículos del decreto que creó a aquel consejos ciudadano de 1998, se refería a que “La Contraloría General del Estado establecerá un sistema de información sobre los concursos de obra pública y adquisiciones, al cual tendrá acceso a los consejeros”.
Miranda Miranda atribuyó su salida del Consejo Ciudadano a las solicitudes de información que hizo ante la Contraloría, y recriminó a la presidenta de ese organismo, María Guadalupe Gorostieta y Cadena, ser la responsable de la “suspensión en mis derechos y atribuciones como consejero”.
Finalmente, el quejoso solicitó a los diputados “una valoración del funcionamiento de este organismo” refiriéndose a que no estaba cumpliendo con el propósito para el que fue creado.
Finiquitan al consejo de Aguirre
Con la llegada de René Juárez Cisneros a la gubernatura, concluyó también la efímera vida del Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones, creado en el gobierno de Ángel Aguirre.
En marzo de 2001, Juárez Cisneros envió una iniciativa de decreto para dar por concluidos los trabajos del consejo ciudadano, pero lo realmente destacable de la iniciativa son los motivos que esgrimió el gobierno renejuarista para finiquitar al organismo, que son una verdadera joya de opacidad.
Argumentó el Ejecutivo estatal que el trabajo de supervisión y vigilancia de las obras y adquisiciones que tenía asignado el consejo ciudadano “son facultades que corresponden a la Contraloría General del Estado” y por lo tanto había una duplicidad de funciones entre éstos.
Asimismo, destacó en su iniciativa que “las únicas dos instancias para realizar auditorías y en consecuencia fiscalizar, controlar y evaluar oficialmente las obras y las adquisiciones del gobierno del estado y los ayuntamientos son, indiscutiblemente, la Contraloría General del gobierno del estado y la Contaduría Mayor de Hacienda del Honorable Congreso local” (hoy Auditoría General del Estado), y por lo tanto el consejo ciudadano estaba fuera de la ley.
En conclusión, la iniciativa del ex gobernador René Juárez alegó que debe impulsarse la legalidad en el quehacer público y es “imperativo y exigible” que las dependencias ejerciten con claridad y eficiencia sus facultades, “razón por la que procede la abrogación del decreto que crea el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones”.
Qué necesita un consejo ciudadano
La creación del consejo ciudadano con funciones de contraloría social, para que sea eficaz, necesita tener ciertas características.
La primera, es su autonomía, es decir, tener la capacidad para tomar sus propias decisiones; sin esta cualidad, el consejo ciudadano difícilmente podrá ejercer funciones de vigilancia en las adquisiciones o la obra pública gubernamentales, o sobre cualquier otra materia, pues la autonomía forma parte de la especificidad de un real control social.
Otra característica que debe tener este organismo es su facultad para incidir en las decisiones, es decir, debe contar con suficientes recursos de poder para que su actuación tenga consecuencias en el poder público; coloquialmente, dotar de “dientes” a esta figura; si no es así, terminará siendo un consejo decorativo, débil, con facultades sólo para presentar denuncias, y como sabemos, eso sirve de muy poco.
Finalmente, el consejo ciudadano debe conocer sobre los diferentes procesos de la administración pública, no sólo en la evaluación y vigilancia del quehacer gubernamental. Así, tendrá que dotársele de facultades para ser consultado, pero también para tomar decisiones en los procesos de planeación de las acciones y la orientación del presupuesto.
El Consejo ciudadano de vigilancia de las adquisiciones y la obra pública, que todavía no nace pero cuyo decreto ya fue aprobado, tiene alcances más bien limitados, y en nada difieren de otros organismos consultivos similares, ya que el decreto sólo lo faculta para “actuar como órgano de opinión y recomendación”, pero sin efectos vinculantes. Es decir, un organismo sin “dientes” o que nace sin facultades para modificar o corregir irregularidades, estará seriamente limitado para realizar una verdadera vigilancia ciudadana.
Otro de los inconvenientes del organismo es que los miembros del Consejo serán nombrados por el Congreso del Estado, a propuesta del Gobernador, y aunque éste “recogerá para este efecto la opinión de los colegios de profesionistas, organizaciones y sectores sociales”, la intervención del mandatario estatal sin duda le restará autonomía e independencia a este órgano ciudadano.
Como está planteado el decreto, no se abren grandes expectativas para el trabajo y resultados del Consejo ciudadano de vigilancia de la obra pública y las adquisiciones.
A casi dos años de que asumió la actual administración, aún no comienza a operar el consejo ciudadano para la vigilancia de las adquisiciones y la obra pública, organismo que fue una de las propuestas fuertes para prevenir y combatir la corrupción gubernamental durante la campaña del entonces candidato a la gubernatura del estado, Ángel Aguirre Rivero.
Es la segunda ocasión que el gobernador propone estos mecanismos ciudadanos para la observación y la vigilancia del gobierno, pues hace 15 años, cuando fue gobernador interino, promovió un organismo similar, aunque no hay información certera del funcionamiento y resultados de este primer consejo ciudadano.
En su administración actual, el gobernador del estado lleva 20 meses ejerciendo el cargo y el consejo ciudadano para la vigilancia de las adquisiciones y la obra pública todavía está en trámite, por lo que el control y la vigilancia de un gran porcentaje del presupuesto que gasta el gobierno estatal ha recaído sólo en los órganos de control y fiscalización institucionales, como la contraloría general del estado y las auditorías superior de la federación y general del estado.
Pero de la intervención ciudadana, todavía nada.
Un compromiso de campaña
Durante su campaña a la gubernatura, el candidato Ángel Aguirre se comprometió a promover y constituir un consejo ciudadano para la observación y vigilancia de los recursos destinados a adquisiciones gubernamentales y obra pública, como una medida para prevenir y combatir la corrupción en el gobierno.
Concretamente durante el primer debate entre candidatos a la gubernatura en la historia de Guerrero, realizado el 18 de enero de 2011, el hoy jefe del ejecutivo estatal aseguró que crearía un Consejo Ciudadano para la Vigilancia de las Adquisiciones y la Obra Pública.
Una vez que asumió el cargo, en su plan estatal de gobierno 2011-2015 el mandatario estatal estableció que “la falta de transparencia en la rendición de cuentas provoca desconfianza en el ejercicio de la función pública y falta de credibilidad de la sociedad en la operación institucional” y agregó que “se requiere establecer mecanismos reales de control gubernamental, así como fomentar la participación social para que la actividad de los poderes públicos estatales y municipales sean transparentes y los ciudadanos sepan en qué y cómo se invierten sus contribuciones, y de qué manera operan las obras y servicios públicos”.
De hecho, uno de los objetivos del plan estatal de desarrollo se refiere a “incorporar plenamente a la ciudadanía en la vigilancia y seguimiento del uso de los recursos públicos, así como del desempeño de los servidores públicos”.
Pero estos propósitos destacados en el principal documento rector del gobierno actual no se destacan en los hechos.
Fue hasta finales de octubre de 2011 cuando el gobernador Ángel Aguirre Rivero envió la iniciativa de decreto al Congreso del estado para su análisis y aprobación.
Los diputados locales aprobaron el decreto hasta el 7 de febrero de 2012, y su publicación se realizó el 17 de febrero del mismo año.
El consejo, sin operar
Aunque ya existe el decreto de creación del consejo ciudadano, el organismo no ha entrado en funciones porque el gobernador estatal no había enviado la terna al Congreso del estado para elegir a los integrantes, no obstante que el artículo segundo transitorio de ese documento jurídico ordena que “El Consejo deberá instalarse dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este Decreto”.
Mediante una solicitud de información presentada ante el Congreso del estado, se preguntó a los diputados locales por los integrantes de dicho consejo y su fecha de instalación, pues ya habían pasado cinco meses de la fecha límite establecida en los transitorios para su entrada en funciones.
La respuesta de la unidad de transparencia del Congreso fue que “con fundamento en el Decreto Número 1008 por el que se crea el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones en el Estado de Guerrero (…) los miembros del Consejo serán nombrados por el Congreso del Estado, a propuesta del Gobernador, quien recogerá para este efecto la opinión de los colegios de profesionistas, organizaciones y sectores sociales, y durarán en su encargo tres años”.
Y agregó el Congreso en su respuesta que “este Honorable Congreso del Estado, no ha recibido las propuestas por parte del Titular del Ejecutivo, para poder dar cumplimento a lo establecido en el artículo en mención, por lo tanto estamos en espera de las mismas para que sean nombrados por este Poder Legislativo”.
Ante esta respuesta, se solicitó al Ejecutivo del estado los nombres y perfiles de los integrantes del consejo ciudadano. La respuesta del despacho del gobernador fue que aun no contaban con la propuesta de nombres.
“En atención a su solicitud de información dirigida a este sujeto obligado, me permito hacer de su conocimiento que a la fecha el Ejecutivo Estatal no ha enviado una propuesta oficial de terna para la integración del Consejo Ciudadano de vigilancia de la Obra Pública y las adquisiciones en el Estado”.
El primer consejo de 1997
El primer periodo como gobernador de Ángel Aguirre Rivero se inició en marzo de 1996; 23 meses después, en diciembre de 1997, envió y el Congreso del Estado aprobó el decreto número 128 por el que se creaba el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones, el cual entró en funciones cuatro meses después, una vez que los diputados ratificaron a los consejeros propuestos por el mandatario estatal.
Entre los considerandos del decreto se mencionaba que “el Plan Trienal de Desarrollo del Estado de Guerrero 1996-1999, contempla entre sus estrategias la constitución de consejos estatales y municipales de consulta y participación ciudadana en las funciones gubernamentales, así como la promoción de la participación social en la formulación, ejecución y evaluación de los programas de acciones y proyectos de obras.”
No se cuenta con información pública sobre el funcionamiento y los resultados de aquel consejo ciudadano que comenzó a operar el 2 de abril de 1998, cuando los integrantes del mismo rindieron protesta.
De lo que sí se tiene noticia es que uno de los consejeros, Margarito Miranda Miranda, fue “destituido” del organismo y éste presentó su inconformidad ante diferentes dependencias.
En una carta enviada al Congreso del estado en noviembre de 2000, Miranda Miranda describió la manera en que funcionaba el consejo ciudadano.
Al respecto comentó en su carta que cuando fue consejero solicitó “información que considero necesaria para el desempeño de mis funciones, siendo el caso que desde la creación del consejo a esta fecha no ha sido posible el acceso a la mínima información en la Contraloría del Estado, y en otras dependencias se ha obtenido en forma limitada y extemporánea”.
El consejero inconforme aludió a que en uno de los artículos del decreto que creó a aquel consejos ciudadano de 1998, se refería a que “La Contraloría General del Estado establecerá un sistema de información sobre los concursos de obra pública y adquisiciones, al cual tendrá acceso a los consejeros”.
Miranda Miranda atribuyó su salida del Consejo Ciudadano a las solicitudes de información que hizo ante la Contraloría, y recriminó a la presidenta de ese organismo, María Guadalupe Gorostieta y Cadena, ser la responsable de la “suspensión en mis derechos y atribuciones como consejero”.
Finalmente, el quejoso solicitó a los diputados “una valoración del funcionamiento de este organismo” refiriéndose a que no estaba cumpliendo con el propósito para el que fue creado.
Finiquitan al consejo de Aguirre
Con la llegada de René Juárez Cisneros a la gubernatura, concluyó también la efímera vida del Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones, creado en el gobierno de Ángel Aguirre.
En marzo de 2001, Juárez Cisneros envió una iniciativa de decreto para dar por concluidos los trabajos del consejo ciudadano, pero lo realmente destacable de la iniciativa son los motivos que esgrimió el gobierno renejuarista para finiquitar al organismo, que son una verdadera joya de opacidad.
Argumentó el Ejecutivo estatal que el trabajo de supervisión y vigilancia de las obras y adquisiciones que tenía asignado el consejo ciudadano “son facultades que corresponden a la Contraloría General del Estado” y por lo tanto había una duplicidad de funciones entre éstos.
Asimismo, destacó en su iniciativa que “las únicas dos instancias para realizar auditorías y en consecuencia fiscalizar, controlar y evaluar oficialmente las obras y las adquisiciones del gobierno del estado y los ayuntamientos son, indiscutiblemente, la Contraloría General del gobierno del estado y la Contaduría Mayor de Hacienda del Honorable Congreso local” (hoy Auditoría General del Estado), y por lo tanto el consejo ciudadano estaba fuera de la ley.
En conclusión, la iniciativa del ex gobernador René Juárez alegó que debe impulsarse la legalidad en el quehacer público y es “imperativo y exigible” que las dependencias ejerciten con claridad y eficiencia sus facultades, “razón por la que procede la abrogación del decreto que crea el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones”.
Qué necesita un consejo ciudadano
La creación del consejo ciudadano con funciones de contraloría social, para que sea eficaz, necesita tener ciertas características.
La primera, es su autonomía, es decir, tener la capacidad para tomar sus propias decisiones; sin esta cualidad, el consejo ciudadano difícilmente podrá ejercer funciones de vigilancia en las adquisiciones o la obra pública gubernamentales, o sobre cualquier otra materia, pues la autonomía forma parte de la especificidad de un real control social.
Otra característica que debe tener este organismo es su facultad para incidir en las decisiones, es decir, debe contar con suficientes recursos de poder para que su actuación tenga consecuencias en el poder público; coloquialmente, dotar de “dientes” a esta figura; si no es así, terminará siendo un consejo decorativo, débil, con facultades sólo para presentar denuncias, y como sabemos, eso sirve de muy poco.
Finalmente, el consejo ciudadano debe conocer sobre los diferentes procesos de la administración pública, no sólo en la evaluación y vigilancia del quehacer gubernamental. Así, tendrá que dotársele de facultades para ser consultado, pero también para tomar decisiones en los procesos de planeación de las acciones y la orientación del presupuesto.
El Consejo ciudadano de vigilancia de las adquisiciones y la obra pública, que todavía no nace pero cuyo decreto ya fue aprobado, tiene alcances más bien limitados, y en nada difieren de otros organismos consultivos similares, ya que el decreto sólo lo faculta para “actuar como órgano de opinión y recomendación”, pero sin efectos vinculantes. Es decir, un organismo sin “dientes” o que nace sin facultades para modificar o corregir irregularidades, estará seriamente limitado para realizar una verdadera vigilancia ciudadana.
Otro de los inconvenientes del organismo es que los miembros del Consejo serán nombrados por el Congreso del Estado, a propuesta del Gobernador, y aunque éste “recogerá para este efecto la opinión de los colegios de profesionistas, organizaciones y sectores sociales”, la intervención del mandatario estatal sin duda le restará autonomía e independencia a este órgano ciudadano.
Como está planteado el decreto, no se abren grandes expectativas para el trabajo y resultados del Consejo ciudadano de vigilancia de la obra pública y las adquisiciones.
martes, 13 de noviembre de 2012
Las auditorías públicas, expedientes inaccesibles
El Sur de Acapulco
En Guerrero hay una completa opacidad respecto a las auditorías practicadas a las dependencias y entidades gubernamentales, por lo que la ciudadanía tiene vedado conocer sus resultados, no obstante que la legislación establece la obligación de que algunos aspectos de estas auditorías, incluso cuando todavía están en proceso, deben hacerse públicos.
Tanto el reglamento de la ley federal como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Guerrero incluyen un apartado específico sobre la publicación de los resultados de las auditorías.
Igualmente, la recientemente aprobada Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado establece que la Auditoría General del Estado, en el primer bimestre del año, “establecerá un Programa Anual de Auditorías, el cual tendrá carácter público, señalando la totalidad de las entidades fiscalizables que serán objeto de la misma”.
En el caso de la ley de transparencia estatal, la fracción XIII del artículo 13 establece que todas las dependencias y entidades de gobierno tendrán que publicar un informe cuatrimestral de las auditorías que les practiquen, el cual deberá contener el número y tipo de auditorías realizadas y el órgano que las realizó; el número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría, así como las sanciones o medidas correctivas impuestas; y el seguimiento de los resultados de auditorías, así como el total de las aclaraciones efectuadas por las dependencias públicas.
Sin embargo, en los portales electrónicos y en cualquier otro medio de difusión de las dependencias públicas escasea este tipo de información, que con mucha frecuencia es considerada como reservada y se le niega a los ciudadanos.
La publicación de información sobre las auditorías aplicadas al aparato gubernamental –especialmente si se difunden en versiones accesibles a los ciudadanos– contribuyen a legitimar el ejercicio de gobierno y generan confianza sobre su actuación dentro del marco legal.
Cuando hay una intención de ocultar este tipo de información, hay dudas razonables sobre los objetivos de estos instrumentos de control y si realmente previenen, corrigen y sancionan las prácticas que no se apegan a la normatividad o que son abiertamente corruptas; o si la principal función es la de servir como instrumento político de presión o desprestigio de funcionarios que no son afines.
Auditorías en el Ejecutivo
Se solicitó a 13 dependencias del Ejecutivo estatal información sobre las auditorías que les han realizado en los últimos cuatro años los órganos de control (Contraloría General, Auditoría General del Estado o Auditoría Superior de la Federación, principalmente).
Los datos solicitados corresponden a la información pública de oficio que todas las dependencias deben publicar, a lo que han hecho caso omiso.
Cuatro dependencias no respondieron a la solicitud de información (Secretarías de Educación y de Desarrollo Social, el Instituto Guerrerense de Atención Integral a Personas Adultas Mayores y el Museo La Avispa), lo cual revela la poca importancia que le prestan a la transparencia, pues se trata de información de oficio.
Al respecto, se presentaron ante al Instituto de Transparencia quejas o recursos de revisión que en los próximos días serán resueltas.
Asimismo, el Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos, respondió a destiempo y de manera incompleta al requerimiento; y la Contraloría General del Estado solicitó una prórroga para entregar la información.
De las dependencias que sí respondieron en tiempo, sólo la Secretaría de Desarrollo Rural, el Invisur, el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa y la Comisión de Infraestructura y Aeroportuaria de Guerrero entregaron su información completa; además, la Coordinación de los Programas Sociales Guerrero Cumple, afirmó que no le han practicado ninguna auditoría.
A la Cicaeg le aplicaron 14 auditorías de 2008 a 2011, con un total de 652 observaciones (irregularidades en las operaciones contables, financieras, presupuestarias, programáticas, de obra pública y de control interno) de las que sólo 15 se han solventado. Asimismo, las observaciones tuvieron como consecuencias en 2008 y 2009 la inhabilitación temporal y sanción económica a funcionarios públicos de la dependencia.
En el caso del IGIFE, reportó 13 auditorías de 2008 a 2011, con un total de 111 observaciones, las cuales fueron aclaradas por la dependencia. Sobre las sanciones, el documento informó que “se están tomando las acciones pertinentes para no infringir en lo sucesivo la normatividad”.
El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense respondió con datos incompletos, ya que en sus tres auditorías no dio información sobre el número de observaciones ni las sanciones aplicadas.
En el Invisur se han practicado siete auditorías que dieron como resultado 159 observaciones; de las revisiones efectuadas destaca la de 2007, en donde se encontraron anomalías en la operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Como resultado, en ese año la “Contraloría General del Estado emitió la resolución administrativa de inhabilitación en contra de la Dirección General (de Invisur) de ese ejercicio”.
En la Seduop se realizaron de 2008 a 2011, 14 auditorías, con un total de 284 observaciones, y según la información proporcionada, no hay sanciones y todas las observaciones están solventadas o en proceso.
¿Información reservada?
La Contraloría General del Estado es una de las dependencias facultadas para realizar auditorías a otras dependencias del Ejecutivo estatal, así como a ayuntamientos y organismos autónomos, cuando en su presupuesto hay recursos estatales. Sin embargo, cualquier información relacionada con esas auditorías y sus resultados, la Contraloría la considera “reservada” y no hay acceso público a ella.
Ese fue el caso de la solicitud de información (folio Infogro 025812) que se hizo llegar a la Contraloría para que diera a conocer los “resultados de los análisis realizados a las muestras recolectadas en 2010 y 2011 a los fertilizantes distribuidos por los ayuntamientos en el estado de Guerrero”, ya que había sospechas fundadas de que el insumo entregado a los campesinos era adulterado.
La respuesta de la Contraloría fue que estos datos “se encuentran clasificados como reservados, debido a que contienen información que forma parte de un proceso de verificación y su publicación pudiera afectar la adecuada toma de decisiones para las instituciones correspondientes”.
Se insistió con otra solicitud de información pidiendo el nombre de las empresas y ayuntamientos y las sanciones que han recibido los responsables de fabricar, vender o distribuir fertilizante adulterado de casos ya concluidos.
Al respecto, la Contraloría General simplemente respondió que en sus archivos “no existe documento alguno”.
Asimismo, en otra ocasión se solicitó la “auditoría practicada al padrón del programa Pensión Guerrero, del Instituto Guerre-rense de Atención Integral de las Personas Adultas Mayores” (folio Infogro 96511), y la Contraloría General respondió que la auditoría en mención “se encuentra en proceso de solventación y la información solicitada tiene el carácter de reservada”.
Más recientemente se pidió (folio Infogro 067012), en relación a una información emitida por el gobernador del estado en su primer informe de gobierno, la “descripción de cada una de las 99 resoluciones administrativas (58 de procedimientos de responsabilidad derivados de los resultados de auditorías y 41 procedimientos de responsabilidad por doble plaza)”, ya que si las anunció el titular del Ejecutivo, es porque ya estaban concluidas.
Pero la Contraloría General respondió que “la información contenida en los expedientes de las resoluciones referidas se encuentra clasificada como reservada”.
Sin embargo, la Contraloría General del Estado no ha tenido ninguna formalidad cuando declara ante los medios de comunicación que está investigado a funcionarios de la administración anterior, incluyendo al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, y aporta nombres, cargos, cifras y hasta los supuestos delitos. En los hechos, la Contraloría está proporcionado públicamente datos de expedientes que aún “no causan estado”, mientras que a los ciudadanos les niega información equivalente cuando presentan una solicitud de información para enterarse sobre casos de corrupción.
Otras dependencias
Las dependencias del Ejecutivo del estado no son las únicas obligadas a publicar información sobre las auditorías practicadas.
El Congreso local, no obstante que es el poder encargado –a través de la Auditoría General del Estado– de la fiscalización de las entidades y dependencias públicas, en su portal electrónico no difunde ninguna información de las auditorías que se le han realizado.
Tampoco el Tribunal Superior de Justicia publica nada, y en su portal de transparencia sólo presenta un formato para solicitar información.
Asimismo, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado y el Tribunal Electoral del Estado no contienen ninguna liga electrónica para difundir información sobre las auditorías que les hayan practicado; y el Instituto Electoral difunde una auditoría completa (caso único en el estado) pero ésta se refiere sólo a “la administración de los recursos humanos” y es del periodo enero a octubre de 2009.
Las revisiones de la ASF
En contraste con los órganos de control y fiscalización del estado, que omiten publicar cualquier información sobre auditorías, la Auditoría Superior de la Federación difunde en su portal electrónico los informes detallados de las auditorías que realiza.
Para la fiscalización superior de la cuenta pública 2010, la ASF practicó mil 31 auditorías, de las cuales 558 (54.1 por ciento) los sujetos directos de la revisión fueron los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
En total, la ASF determinó 14 mil 543 observaciones, de las cuales, 5 mil 504 fueron solventadas por las entidades fiscalizadas en el transcurso de las auditorías; las restantes 9 mil 39 observaciones dieron lugar a la emisión de 10 mil 778 acciones.
Destacan las 98 denuncias de hechos que la ASF interpondrá ante el Ministerio Público federal por la presunta comisión de ilícitos. Esta cifra es mayor a las presentadas con motivo de la fiscalización superior de las cuentas públicas de 1998 a 2009.
Para el caso de las auditorías realizadas en Guerrero, se pueden ver los resultados en el rubro de gasto federalizado (recursos destinados a gobierno del estado y ayuntamientos), en donde se describen las irregularidades y observaciones encontradas en las dependencias que ejercen estos recursos, como los ocho fondos del ramo 33, el ramo 12 del seguro popular, recursos destinados a seguridad pública, programa hábitat, entre otros.
La ciudadanía en auditorías
En otros países, los gobiernos han reconocido la importancia de hacer transparentes las auditorías y sus resultados, y no sólo eso, sino también involucrar a los ciudadanos en la realización de algunas tareas relacionadas con éstas.
En Corea del Sur, por ejemplo, la Ley Anticorrupción de ese país permite a los ciudadanos solicitar al órgano de control y fiscalización la realización de auditorías a dependencias públicas sospechosas de actos de corrupción.
En Filipinas se promovió una participación ciudadana más activa en la supervisión, ya que de manera conjunta el órgano de control de ese país y organizaciones no gubernamentales realizan auditorías para determinar si un programa gubernamental alcanzó los resultados programados.
En India se realizan auditorías sociales mediante la colaboración entre el gobierno y los ciudadanos locales para vigilar la aplicación de leyes.
En México también existen experiencias de participación ciudadana en el control y vigilancia de la gestión gubernamental, como en el gobierno del Distrito Federal, donde se promueven comités ciudadanos para “evaluar eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública”.
De acuerdo con su portal electrónico, se conformó una red de contralores ciudadanos en diferentes materias como adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; agencias del Ministerio Público, en Obras y Servicios Relacionados y contralores ciudadanos comunitarios.
Sin duda hace falta mucho por hacer en Guerrero. La transparencia de los resultados de las auditorías, así como la incorporación de la ciudadanía las tareas de control y fiscalización de las dependencias y entidades públicas, son ingredientes que pueden contribuir a generar confianza entre la ciudadanía.
En Guerrero hay una completa opacidad respecto a las auditorías practicadas a las dependencias y entidades gubernamentales, por lo que la ciudadanía tiene vedado conocer sus resultados, no obstante que la legislación establece la obligación de que algunos aspectos de estas auditorías, incluso cuando todavía están en proceso, deben hacerse públicos.
Tanto el reglamento de la ley federal como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Guerrero incluyen un apartado específico sobre la publicación de los resultados de las auditorías.
Igualmente, la recientemente aprobada Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado establece que la Auditoría General del Estado, en el primer bimestre del año, “establecerá un Programa Anual de Auditorías, el cual tendrá carácter público, señalando la totalidad de las entidades fiscalizables que serán objeto de la misma”.
En el caso de la ley de transparencia estatal, la fracción XIII del artículo 13 establece que todas las dependencias y entidades de gobierno tendrán que publicar un informe cuatrimestral de las auditorías que les practiquen, el cual deberá contener el número y tipo de auditorías realizadas y el órgano que las realizó; el número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría, así como las sanciones o medidas correctivas impuestas; y el seguimiento de los resultados de auditorías, así como el total de las aclaraciones efectuadas por las dependencias públicas.
Sin embargo, en los portales electrónicos y en cualquier otro medio de difusión de las dependencias públicas escasea este tipo de información, que con mucha frecuencia es considerada como reservada y se le niega a los ciudadanos.
La publicación de información sobre las auditorías aplicadas al aparato gubernamental –especialmente si se difunden en versiones accesibles a los ciudadanos– contribuyen a legitimar el ejercicio de gobierno y generan confianza sobre su actuación dentro del marco legal.
Cuando hay una intención de ocultar este tipo de información, hay dudas razonables sobre los objetivos de estos instrumentos de control y si realmente previenen, corrigen y sancionan las prácticas que no se apegan a la normatividad o que son abiertamente corruptas; o si la principal función es la de servir como instrumento político de presión o desprestigio de funcionarios que no son afines.
Auditorías en el Ejecutivo
Se solicitó a 13 dependencias del Ejecutivo estatal información sobre las auditorías que les han realizado en los últimos cuatro años los órganos de control (Contraloría General, Auditoría General del Estado o Auditoría Superior de la Federación, principalmente).
Los datos solicitados corresponden a la información pública de oficio que todas las dependencias deben publicar, a lo que han hecho caso omiso.
Cuatro dependencias no respondieron a la solicitud de información (Secretarías de Educación y de Desarrollo Social, el Instituto Guerrerense de Atención Integral a Personas Adultas Mayores y el Museo La Avispa), lo cual revela la poca importancia que le prestan a la transparencia, pues se trata de información de oficio.
Al respecto, se presentaron ante al Instituto de Transparencia quejas o recursos de revisión que en los próximos días serán resueltas.
Asimismo, el Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos, respondió a destiempo y de manera incompleta al requerimiento; y la Contraloría General del Estado solicitó una prórroga para entregar la información.
De las dependencias que sí respondieron en tiempo, sólo la Secretaría de Desarrollo Rural, el Invisur, el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa y la Comisión de Infraestructura y Aeroportuaria de Guerrero entregaron su información completa; además, la Coordinación de los Programas Sociales Guerrero Cumple, afirmó que no le han practicado ninguna auditoría.
A la Cicaeg le aplicaron 14 auditorías de 2008 a 2011, con un total de 652 observaciones (irregularidades en las operaciones contables, financieras, presupuestarias, programáticas, de obra pública y de control interno) de las que sólo 15 se han solventado. Asimismo, las observaciones tuvieron como consecuencias en 2008 y 2009 la inhabilitación temporal y sanción económica a funcionarios públicos de la dependencia.
En el caso del IGIFE, reportó 13 auditorías de 2008 a 2011, con un total de 111 observaciones, las cuales fueron aclaradas por la dependencia. Sobre las sanciones, el documento informó que “se están tomando las acciones pertinentes para no infringir en lo sucesivo la normatividad”.
El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense respondió con datos incompletos, ya que en sus tres auditorías no dio información sobre el número de observaciones ni las sanciones aplicadas.
En el Invisur se han practicado siete auditorías que dieron como resultado 159 observaciones; de las revisiones efectuadas destaca la de 2007, en donde se encontraron anomalías en la operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Como resultado, en ese año la “Contraloría General del Estado emitió la resolución administrativa de inhabilitación en contra de la Dirección General (de Invisur) de ese ejercicio”.
En la Seduop se realizaron de 2008 a 2011, 14 auditorías, con un total de 284 observaciones, y según la información proporcionada, no hay sanciones y todas las observaciones están solventadas o en proceso.
¿Información reservada?
La Contraloría General del Estado es una de las dependencias facultadas para realizar auditorías a otras dependencias del Ejecutivo estatal, así como a ayuntamientos y organismos autónomos, cuando en su presupuesto hay recursos estatales. Sin embargo, cualquier información relacionada con esas auditorías y sus resultados, la Contraloría la considera “reservada” y no hay acceso público a ella.
Ese fue el caso de la solicitud de información (folio Infogro 025812) que se hizo llegar a la Contraloría para que diera a conocer los “resultados de los análisis realizados a las muestras recolectadas en 2010 y 2011 a los fertilizantes distribuidos por los ayuntamientos en el estado de Guerrero”, ya que había sospechas fundadas de que el insumo entregado a los campesinos era adulterado.
La respuesta de la Contraloría fue que estos datos “se encuentran clasificados como reservados, debido a que contienen información que forma parte de un proceso de verificación y su publicación pudiera afectar la adecuada toma de decisiones para las instituciones correspondientes”.
Se insistió con otra solicitud de información pidiendo el nombre de las empresas y ayuntamientos y las sanciones que han recibido los responsables de fabricar, vender o distribuir fertilizante adulterado de casos ya concluidos.
Al respecto, la Contraloría General simplemente respondió que en sus archivos “no existe documento alguno”.
Asimismo, en otra ocasión se solicitó la “auditoría practicada al padrón del programa Pensión Guerrero, del Instituto Guerre-rense de Atención Integral de las Personas Adultas Mayores” (folio Infogro 96511), y la Contraloría General respondió que la auditoría en mención “se encuentra en proceso de solventación y la información solicitada tiene el carácter de reservada”.
Más recientemente se pidió (folio Infogro 067012), en relación a una información emitida por el gobernador del estado en su primer informe de gobierno, la “descripción de cada una de las 99 resoluciones administrativas (58 de procedimientos de responsabilidad derivados de los resultados de auditorías y 41 procedimientos de responsabilidad por doble plaza)”, ya que si las anunció el titular del Ejecutivo, es porque ya estaban concluidas.
Pero la Contraloría General respondió que “la información contenida en los expedientes de las resoluciones referidas se encuentra clasificada como reservada”.
Sin embargo, la Contraloría General del Estado no ha tenido ninguna formalidad cuando declara ante los medios de comunicación que está investigado a funcionarios de la administración anterior, incluyendo al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, y aporta nombres, cargos, cifras y hasta los supuestos delitos. En los hechos, la Contraloría está proporcionado públicamente datos de expedientes que aún “no causan estado”, mientras que a los ciudadanos les niega información equivalente cuando presentan una solicitud de información para enterarse sobre casos de corrupción.
Otras dependencias
Las dependencias del Ejecutivo del estado no son las únicas obligadas a publicar información sobre las auditorías practicadas.
El Congreso local, no obstante que es el poder encargado –a través de la Auditoría General del Estado– de la fiscalización de las entidades y dependencias públicas, en su portal electrónico no difunde ninguna información de las auditorías que se le han realizado.
Tampoco el Tribunal Superior de Justicia publica nada, y en su portal de transparencia sólo presenta un formato para solicitar información.
Asimismo, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado y el Tribunal Electoral del Estado no contienen ninguna liga electrónica para difundir información sobre las auditorías que les hayan practicado; y el Instituto Electoral difunde una auditoría completa (caso único en el estado) pero ésta se refiere sólo a “la administración de los recursos humanos” y es del periodo enero a octubre de 2009.
Las revisiones de la ASF
En contraste con los órganos de control y fiscalización del estado, que omiten publicar cualquier información sobre auditorías, la Auditoría Superior de la Federación difunde en su portal electrónico los informes detallados de las auditorías que realiza.
Para la fiscalización superior de la cuenta pública 2010, la ASF practicó mil 31 auditorías, de las cuales 558 (54.1 por ciento) los sujetos directos de la revisión fueron los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
En total, la ASF determinó 14 mil 543 observaciones, de las cuales, 5 mil 504 fueron solventadas por las entidades fiscalizadas en el transcurso de las auditorías; las restantes 9 mil 39 observaciones dieron lugar a la emisión de 10 mil 778 acciones.
Destacan las 98 denuncias de hechos que la ASF interpondrá ante el Ministerio Público federal por la presunta comisión de ilícitos. Esta cifra es mayor a las presentadas con motivo de la fiscalización superior de las cuentas públicas de 1998 a 2009.
Para el caso de las auditorías realizadas en Guerrero, se pueden ver los resultados en el rubro de gasto federalizado (recursos destinados a gobierno del estado y ayuntamientos), en donde se describen las irregularidades y observaciones encontradas en las dependencias que ejercen estos recursos, como los ocho fondos del ramo 33, el ramo 12 del seguro popular, recursos destinados a seguridad pública, programa hábitat, entre otros.
La ciudadanía en auditorías
En otros países, los gobiernos han reconocido la importancia de hacer transparentes las auditorías y sus resultados, y no sólo eso, sino también involucrar a los ciudadanos en la realización de algunas tareas relacionadas con éstas.
En Corea del Sur, por ejemplo, la Ley Anticorrupción de ese país permite a los ciudadanos solicitar al órgano de control y fiscalización la realización de auditorías a dependencias públicas sospechosas de actos de corrupción.
En Filipinas se promovió una participación ciudadana más activa en la supervisión, ya que de manera conjunta el órgano de control de ese país y organizaciones no gubernamentales realizan auditorías para determinar si un programa gubernamental alcanzó los resultados programados.
En India se realizan auditorías sociales mediante la colaboración entre el gobierno y los ciudadanos locales para vigilar la aplicación de leyes.
En México también existen experiencias de participación ciudadana en el control y vigilancia de la gestión gubernamental, como en el gobierno del Distrito Federal, donde se promueven comités ciudadanos para “evaluar eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública”.
De acuerdo con su portal electrónico, se conformó una red de contralores ciudadanos en diferentes materias como adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; agencias del Ministerio Público, en Obras y Servicios Relacionados y contralores ciudadanos comunitarios.
Sin duda hace falta mucho por hacer en Guerrero. La transparencia de los resultados de las auditorías, así como la incorporación de la ciudadanía las tareas de control y fiscalización de las dependencias y entidades públicas, son ingredientes que pueden contribuir a generar confianza entre la ciudadanía.
martes, 30 de octubre de 2012
Programa 3×1 para migrantes: una experiencia exitosa en Guerrero
El Sur de Acapulco
El programa 3×1 para migrantes en el estado de Guerrero ha tenido resultados sobresalientes incluso en el ámbito nacional. Es quizá el único programa gubernamental dentro del estado en el que la participación ciudadana –migrantes y habitantes de sus comunidades de origen– ha logrado ser parte de la toma de las decisiones estratégicas e involucrarse en la operación del programa.
El 3×1 es un programa adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social federal que promueve la aportación económica de los tres órdenes de gobierno y los migrantes guerrerenses para la construcción de obras de infraestructura básica o la puesta en marcha de proyectos productivos. En el estado, esta corresponsabilidad ha tenido impactos positivos para la eficacia del programa, para su transparencia y la rendición de cuentas, pues los migrantes –gracias al poder de negociación adquirido como consecuencia de su posición de aportantes– han logrado que un porcentaje importante de las obras se ejecuten y vigilen por los ciudadanos de las localidades de origen de los migrantes.
En los últimos años se tienen experiencias exitosas de localidades que ejecutaron la obra directamente y esto se tradujo en la ampliación de metas, ya que con esta forma de trabajo hay un uso más controlado de los recursos, y la rentabilidad económica que obtiene tradicionalmente una empresa por realizar estas obras, es invertida directamente en más beneficios para la localidad.
Pero también la ejecución directa ha permitido un manejo más transparente de los recursos, ya que a diferencia de muchos otros programas sociales, hay una verdadera rendición de cuentas a través de informar y justificar ante las asambleas comunitarias el ejercicio de los recursos; esta práctica se complementa con la obligación que tienen los comités de obra de comprobar documentalmente cada uno de los gastos ante la dependencia normativa correspondiente.
Buenos resultados, pocos recursos
No obstante los buenos resultados del programa 3×1 para migrantes en Guerrero, los recursos financieros que se invierten son escasos. De acuerdo con los antecedentes del programa en Guerrero, de 2002 a 2004 se invirtieron sólo 67.1 millones de pesos en la construcción de 120 obras sociales.
En el periodo de 2005 a 2011 el monto de la inversión fue por 262.9 millones de pesos para construir 403 obras, destacando el año de 2011 porque se invirtieron 62.2 millones, que hasta hoy se considera la mayor inversión que se ha hecho en el estado dentro del programa 3×1.
Cabe recordar que de 2002 a 2004 el programa funcionó de manera irregular en el estado por problemas con la aportación de los ayuntamientos, considerándose el peor ejercicio fiscal el de 2004 cuando el gobierno de René Juárez Cisneros dejó de aportar al programa.
Y no obstante que en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo se tuvieron las mayores inversiones, éstas no tienen comparación con otros programas como el del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que en 2011 ejerció recursos por 3,149.2 millones de pesos en el estado de Guerrero, muy por encima de los 62.2 millones que se invirtieron en el 3×1 en el mismo año.
Con la administración de Ángel Aguirre Rivero, la aportación estatal al programa disminuyó sensiblemente al pasar de 13.6 millones de pesos en 2011 a 6.4 millones en el ejercicio 2012; mientras que la aportación de la Sedesol federal será en este mismo año de 12 millones de pesos, misma cantidad que se estima también aportarán los migrantes.
La encargada del programa en la delegación estatal de la Sedesol, Amalia Esther Morales Bárcenas, lamentó la disminución de la aportación estatal porque muchas localidades se quedarán sin obra, aunque es una “situación que sale de nuestro ámbito de competencia”.
Agregó que con el gobierno del estado se firmó un convenio por 6.4 millones de pesos, pero además la Sedesol “establecerá convenios con los migrantes y con los presidentes municipales, o en su caso sólo con los migrantes porque tenemos el problema de que los presidentes municipales ya se fueron. La Sedesol no puede entrar a una obra aportando el total de recursos, por normativa tiene que haber por lo menos uno”.
Participación en la toma de decisiones
El Comité de Validación y Atención a Migrantes (Covam) es el órgano colegiado para la toma de decisiones importantes del programa 3×1 para migrantes. Participan en él representantes de cada una de las partes que aporten recursos con voz y voto. En el Covam se dictaminan los proyectos de obras que presentan los paisanos radicados en Estados Unidos, organizados en clubes de migrantes; ahí también se decide a la entidad que ejecutará la obra.
El Covam en Guerrero se ha convertido en un espacio de deliberación en el que las federaciones que agrupan a los clubes de migrantes han hecho valer su participación económica en el programa –regularmente de 25 por ciento del costo de las obras– en la toma de decisiones; una de ellas ha sido que los habitantes de las comunidades beneficiarias sean los ejecutores de las obras.
De acuerdo con el acta de la sesión extraordinaria del Covam del ejercicio fiscal 2011, de 96 obras realizadas en 2011, un total de 63 obras que representan el 65.6 por ciento, fueron realizadas o administradas por los comités de obra de las localidades. Por el número de obras realizadas bajo esta modalidad destacan Taxco con 26, Iguala 8, Cuetzala 5, Ixcateopan 3, Pilcaya 3, Cocula 1 y Huitzuco 1; en total de la región Norte, 47 obras fueron ejecutadas por los comités de obra.
Las otras regiones que ejecutaron sus obras con esta modalidad son Centro (Chilpancingo 4, Leonardo Bravo 2 y Tixtla 1); Costa Grande (Atoyac 4); Costa Chica (Cuajinicuilapa 1, Cuautepec 1, Juchitán 1); Tierra Caliente (Ajuchitlán 1, Coyuca de Catalán 1); Montaña (Huamuxtitlán 1); Acapulco 1.
La mayor parte de las obras ejecutadas por los comités se construyeron en localidades donde los migrantes están agrupados en los Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, ya que esta organización de migrantes con sede en Chicago está impulsando prácticas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana a través de una bien coordinada relación entre clubes de migrantes, los comités de obra y la población de sus comunidades de origen.
Una de las consecuencias de que los ejecutores de la obra sean los comités de obras es que se rebasan las metas originalmente programadas.
José Betancourt Villa, quien fue director de la oficina de atención a migrantes en el gobierno anterior, expresó que “cuando los comités hacen su obra, muchas veces hacen más, ellos administran mejor la lana, porque finalmente es de ellos. Muchos comités tienen la experiencia y el conocimiento para ejecutar las obras, y excedían las metas, si el expediente decía que se iban a pavimentar 10 metros lineales, ellos pavimentaban 13, eficientaban el recurso”.
Estas prácticas comunitarias están haciendo diferencia con las de otros programas sociales. Las obras del FAISM del Ramo 33, no obstante que hay una aportación de los beneficiarios, son decididas casi exclusivamente por los alcaldes, y los ayuntamientos no promueven la participación de las comunidades en la ejecución ni en la vigilancia de las obras.
Al respecto, Morales Bárcenas comentó que “la diferencia principal es la participación de la localidad, aquí los clubes espejo (comités de obra) están realmente comprometidos con lo que hacen, ya que el recurso proviene del migrante, de sus familiares en Estados Unidos, y esto hace la diferencia con otros programas”.
Un año desastroso para el 3×1
Durante el primer año del gobierno de Ángel Aguirre Rivero hubo muy poco interés de los funcionarios recién nombrados por el programa para migrantes. Incluso, el coordinador de la organización Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, Erasmo Salgado, declaró en la prensa que a 45 días de que asumió el nuevo gobierno “no haya existido el más mínimo acercamiento con la comunidad migrante en este lado de la frontera”.
En los primeros meses de la nueva administración, el entonces titular de la Sedesol estatal, David Jiménez Rumbo, fue acusado de tratar de usar políticamente el programa con la imposición de “sus” proyectos en el Covam y de confrontarse con los dirigentes de las federaciones de migrantes.
En octubre de 2011, el gobernador Ángel Aguirre anunció que el programa se separaba de la Sedesol y pasaba a la Coordinación de Fortalecimiento Municipal, pero días más tarde se publicó el decreto que creaba la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, y ahí se envió el programa 3×1.
Sin embargo, en diciembre de 2011 no había certeza de que el gobierno del estado aportaría los recursos del ejercicio 2011; incluso la Sedesol federal convocó a una sesión extraordinaria del Covam el 28 de diciembre de 2011 para dejar constancia de que la parte estatal no se depositó en la cuenta del programa.
En enero de 2012, el gobierno del estado hizo su aportación, por lo que las obras comenzaron a construirse hasta enero y febrero de 2012.
Pero 2004 y 2011 han sido los peores años del programa 3×1 para migrantes por diversas fallas de los gobiernos locales.
Las experiencias exitosas en la operación del programa reclaman un mayor compromiso y recursos de las administraciones estatales y municipales de Guerrero.
10 años de buscar la transparencia
En 2003, junto con otros compañeros y compañeras periodistas, académicos y activistas de organizaciones sociales y civiles comenzamos a promover una ley de transparencia –que no la había en Guerrero, como sí en otros estados– y desde entonces también se iniciaron los desencuentros con quienes han estado el frente de muchas de las dependencias y entidades de los tres poderes, organismos autónomos, ayuntamientos, para quienes la transparencia resulta una obligación incómoda.
Estos desencuentros se hicieron más fuertes cuando, una vez que entró en vigor la ley de acceso a la información del estado en junio de 2006, comenzamos a solicitar información a los sujetos obligados. Compañeros y compañeros sufrieron maltrato, enojo de funcionarios y hasta amenazas, simplemente por hacer valer su derecho de acceso a la información, con el que buscábamos construir esquemas de rendición de cuentas en los colectivos donde estábamos vinculados.
Esto fue una llamada de alerta; la mayoría de nosotros buscamos entonces insertarnos en redes y tener relación estrecha con organizaciones nacionales e internacionales y personalidades que también promueven la transparencia y la rendición de cuentas para que conocieran cómo está la situación en Guerrero.
Hoy, el ocultamiento de la información sigue siendo una constante en el estado; y también sabemos que las amenazas continuarán mientras exista en Guerrero una persona –aunque por fortuna, cada vez somos más– que monitoree, observe, vigile o solicite información sobre lo que realiza el gobierno.
Joyas de la opacidad. Hace unas semanas solicitamos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas información de la construcción del polideportivo de Chilpancingo; ésta respondió que era información reservada, por lo que presentamos un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, cuyo dictamen final fue que se entregara la información solicitada.
Acatando la resolución, la dependencia nos comunicó que el paquete de información contenía 350 hojas, por lo que procedimos a pagar ese número de copias en la Sefina para recibir la información, pero resulta que el costo de cada copia es de 3.20 pesos, para un total de 1,120 pesos.
El artículo 2 de la ley de transparencia es claro: el acceso a la información pública es gratuito, y sólo se deberá pagar el costo del material de las copias o reproducciones documentales, “exento de toda contribución fiscal estatal o municipal”.
Creímos que en el gobierno de Zeferino Torreblanca se había superado este asunto de la gratuidad.
El programa 3×1 para migrantes en el estado de Guerrero ha tenido resultados sobresalientes incluso en el ámbito nacional. Es quizá el único programa gubernamental dentro del estado en el que la participación ciudadana –migrantes y habitantes de sus comunidades de origen– ha logrado ser parte de la toma de las decisiones estratégicas e involucrarse en la operación del programa.
El 3×1 es un programa adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social federal que promueve la aportación económica de los tres órdenes de gobierno y los migrantes guerrerenses para la construcción de obras de infraestructura básica o la puesta en marcha de proyectos productivos. En el estado, esta corresponsabilidad ha tenido impactos positivos para la eficacia del programa, para su transparencia y la rendición de cuentas, pues los migrantes –gracias al poder de negociación adquirido como consecuencia de su posición de aportantes– han logrado que un porcentaje importante de las obras se ejecuten y vigilen por los ciudadanos de las localidades de origen de los migrantes.
En los últimos años se tienen experiencias exitosas de localidades que ejecutaron la obra directamente y esto se tradujo en la ampliación de metas, ya que con esta forma de trabajo hay un uso más controlado de los recursos, y la rentabilidad económica que obtiene tradicionalmente una empresa por realizar estas obras, es invertida directamente en más beneficios para la localidad.
Pero también la ejecución directa ha permitido un manejo más transparente de los recursos, ya que a diferencia de muchos otros programas sociales, hay una verdadera rendición de cuentas a través de informar y justificar ante las asambleas comunitarias el ejercicio de los recursos; esta práctica se complementa con la obligación que tienen los comités de obra de comprobar documentalmente cada uno de los gastos ante la dependencia normativa correspondiente.
Buenos resultados, pocos recursos
No obstante los buenos resultados del programa 3×1 para migrantes en Guerrero, los recursos financieros que se invierten son escasos. De acuerdo con los antecedentes del programa en Guerrero, de 2002 a 2004 se invirtieron sólo 67.1 millones de pesos en la construcción de 120 obras sociales.
En el periodo de 2005 a 2011 el monto de la inversión fue por 262.9 millones de pesos para construir 403 obras, destacando el año de 2011 porque se invirtieron 62.2 millones, que hasta hoy se considera la mayor inversión que se ha hecho en el estado dentro del programa 3×1.
Cabe recordar que de 2002 a 2004 el programa funcionó de manera irregular en el estado por problemas con la aportación de los ayuntamientos, considerándose el peor ejercicio fiscal el de 2004 cuando el gobierno de René Juárez Cisneros dejó de aportar al programa.
Y no obstante que en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo se tuvieron las mayores inversiones, éstas no tienen comparación con otros programas como el del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que en 2011 ejerció recursos por 3,149.2 millones de pesos en el estado de Guerrero, muy por encima de los 62.2 millones que se invirtieron en el 3×1 en el mismo año.
Con la administración de Ángel Aguirre Rivero, la aportación estatal al programa disminuyó sensiblemente al pasar de 13.6 millones de pesos en 2011 a 6.4 millones en el ejercicio 2012; mientras que la aportación de la Sedesol federal será en este mismo año de 12 millones de pesos, misma cantidad que se estima también aportarán los migrantes.
La encargada del programa en la delegación estatal de la Sedesol, Amalia Esther Morales Bárcenas, lamentó la disminución de la aportación estatal porque muchas localidades se quedarán sin obra, aunque es una “situación que sale de nuestro ámbito de competencia”.
Agregó que con el gobierno del estado se firmó un convenio por 6.4 millones de pesos, pero además la Sedesol “establecerá convenios con los migrantes y con los presidentes municipales, o en su caso sólo con los migrantes porque tenemos el problema de que los presidentes municipales ya se fueron. La Sedesol no puede entrar a una obra aportando el total de recursos, por normativa tiene que haber por lo menos uno”.
Participación en la toma de decisiones
El Comité de Validación y Atención a Migrantes (Covam) es el órgano colegiado para la toma de decisiones importantes del programa 3×1 para migrantes. Participan en él representantes de cada una de las partes que aporten recursos con voz y voto. En el Covam se dictaminan los proyectos de obras que presentan los paisanos radicados en Estados Unidos, organizados en clubes de migrantes; ahí también se decide a la entidad que ejecutará la obra.
El Covam en Guerrero se ha convertido en un espacio de deliberación en el que las federaciones que agrupan a los clubes de migrantes han hecho valer su participación económica en el programa –regularmente de 25 por ciento del costo de las obras– en la toma de decisiones; una de ellas ha sido que los habitantes de las comunidades beneficiarias sean los ejecutores de las obras.
De acuerdo con el acta de la sesión extraordinaria del Covam del ejercicio fiscal 2011, de 96 obras realizadas en 2011, un total de 63 obras que representan el 65.6 por ciento, fueron realizadas o administradas por los comités de obra de las localidades. Por el número de obras realizadas bajo esta modalidad destacan Taxco con 26, Iguala 8, Cuetzala 5, Ixcateopan 3, Pilcaya 3, Cocula 1 y Huitzuco 1; en total de la región Norte, 47 obras fueron ejecutadas por los comités de obra.
Las otras regiones que ejecutaron sus obras con esta modalidad son Centro (Chilpancingo 4, Leonardo Bravo 2 y Tixtla 1); Costa Grande (Atoyac 4); Costa Chica (Cuajinicuilapa 1, Cuautepec 1, Juchitán 1); Tierra Caliente (Ajuchitlán 1, Coyuca de Catalán 1); Montaña (Huamuxtitlán 1); Acapulco 1.
La mayor parte de las obras ejecutadas por los comités se construyeron en localidades donde los migrantes están agrupados en los Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, ya que esta organización de migrantes con sede en Chicago está impulsando prácticas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana a través de una bien coordinada relación entre clubes de migrantes, los comités de obra y la población de sus comunidades de origen.
Una de las consecuencias de que los ejecutores de la obra sean los comités de obras es que se rebasan las metas originalmente programadas.
José Betancourt Villa, quien fue director de la oficina de atención a migrantes en el gobierno anterior, expresó que “cuando los comités hacen su obra, muchas veces hacen más, ellos administran mejor la lana, porque finalmente es de ellos. Muchos comités tienen la experiencia y el conocimiento para ejecutar las obras, y excedían las metas, si el expediente decía que se iban a pavimentar 10 metros lineales, ellos pavimentaban 13, eficientaban el recurso”.
Estas prácticas comunitarias están haciendo diferencia con las de otros programas sociales. Las obras del FAISM del Ramo 33, no obstante que hay una aportación de los beneficiarios, son decididas casi exclusivamente por los alcaldes, y los ayuntamientos no promueven la participación de las comunidades en la ejecución ni en la vigilancia de las obras.
Al respecto, Morales Bárcenas comentó que “la diferencia principal es la participación de la localidad, aquí los clubes espejo (comités de obra) están realmente comprometidos con lo que hacen, ya que el recurso proviene del migrante, de sus familiares en Estados Unidos, y esto hace la diferencia con otros programas”.
Un año desastroso para el 3×1
Durante el primer año del gobierno de Ángel Aguirre Rivero hubo muy poco interés de los funcionarios recién nombrados por el programa para migrantes. Incluso, el coordinador de la organización Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, Erasmo Salgado, declaró en la prensa que a 45 días de que asumió el nuevo gobierno “no haya existido el más mínimo acercamiento con la comunidad migrante en este lado de la frontera”.
En los primeros meses de la nueva administración, el entonces titular de la Sedesol estatal, David Jiménez Rumbo, fue acusado de tratar de usar políticamente el programa con la imposición de “sus” proyectos en el Covam y de confrontarse con los dirigentes de las federaciones de migrantes.
En octubre de 2011, el gobernador Ángel Aguirre anunció que el programa se separaba de la Sedesol y pasaba a la Coordinación de Fortalecimiento Municipal, pero días más tarde se publicó el decreto que creaba la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, y ahí se envió el programa 3×1.
Sin embargo, en diciembre de 2011 no había certeza de que el gobierno del estado aportaría los recursos del ejercicio 2011; incluso la Sedesol federal convocó a una sesión extraordinaria del Covam el 28 de diciembre de 2011 para dejar constancia de que la parte estatal no se depositó en la cuenta del programa.
En enero de 2012, el gobierno del estado hizo su aportación, por lo que las obras comenzaron a construirse hasta enero y febrero de 2012.
Pero 2004 y 2011 han sido los peores años del programa 3×1 para migrantes por diversas fallas de los gobiernos locales.
Las experiencias exitosas en la operación del programa reclaman un mayor compromiso y recursos de las administraciones estatales y municipales de Guerrero.
10 años de buscar la transparencia
En 2003, junto con otros compañeros y compañeras periodistas, académicos y activistas de organizaciones sociales y civiles comenzamos a promover una ley de transparencia –que no la había en Guerrero, como sí en otros estados– y desde entonces también se iniciaron los desencuentros con quienes han estado el frente de muchas de las dependencias y entidades de los tres poderes, organismos autónomos, ayuntamientos, para quienes la transparencia resulta una obligación incómoda.
Estos desencuentros se hicieron más fuertes cuando, una vez que entró en vigor la ley de acceso a la información del estado en junio de 2006, comenzamos a solicitar información a los sujetos obligados. Compañeros y compañeros sufrieron maltrato, enojo de funcionarios y hasta amenazas, simplemente por hacer valer su derecho de acceso a la información, con el que buscábamos construir esquemas de rendición de cuentas en los colectivos donde estábamos vinculados.
Esto fue una llamada de alerta; la mayoría de nosotros buscamos entonces insertarnos en redes y tener relación estrecha con organizaciones nacionales e internacionales y personalidades que también promueven la transparencia y la rendición de cuentas para que conocieran cómo está la situación en Guerrero.
Hoy, el ocultamiento de la información sigue siendo una constante en el estado; y también sabemos que las amenazas continuarán mientras exista en Guerrero una persona –aunque por fortuna, cada vez somos más– que monitoree, observe, vigile o solicite información sobre lo que realiza el gobierno.
Joyas de la opacidad. Hace unas semanas solicitamos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas información de la construcción del polideportivo de Chilpancingo; ésta respondió que era información reservada, por lo que presentamos un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, cuyo dictamen final fue que se entregara la información solicitada.
Acatando la resolución, la dependencia nos comunicó que el paquete de información contenía 350 hojas, por lo que procedimos a pagar ese número de copias en la Sefina para recibir la información, pero resulta que el costo de cada copia es de 3.20 pesos, para un total de 1,120 pesos.
El artículo 2 de la ley de transparencia es claro: el acceso a la información pública es gratuito, y sólo se deberá pagar el costo del material de las copias o reproducciones documentales, “exento de toda contribución fiscal estatal o municipal”.
Creímos que en el gobierno de Zeferino Torreblanca se había superado este asunto de la gratuidad.
martes, 16 de octubre de 2012
El sistema educativo en Guerrero: mucha inversión, pésimos resultados
El Sur de Acapulco
En Guerrero, el sector educativo es ya un ente incontrolable que retrasa la posibilidad de que el estado supere sus históricos rezagos. Si bien a la educación se le considera como el motor que puede contribuir enormemente al desarrollo de un país, y en Guerrero es el sector al que se le destina la mayor parte del presupuesto del estado (más de un tercio del total en los últimos cinco años), sin embargo los resultados son pobres, ya que la cobertura y sobre todo la calidad de la educación que se brinda a los niños y jóvenes guerrerenses se ubica en los últimos lugares del país.
En las entrañas del sistema educativo nadie se responsabiliza del desastre, ni las autoridades educativas ni los maestros y trabajadores agrupados en dos organizaciones sindicales, que todos los días son noticia por los permanentes conflictos y luchas por ganar espacios en la disputa por los recursos.
Ante este panorama, los únicos que pierden son los miles de educandos que concluyen su educación del nivel básico con graves deficiencias de aprendizaje, y que los colocan en gran desventaja en los mercados de trabajo o en su intención de ingresar a la educación media superior y superior.
Pero también pierde la población en situación de pobreza, que le apuesta a la educación de sus hijos como el único factor de movilidad social, amén de los crecientes recursos que absorbe el sistema educativo de Guerrero en detrimento de amplios sectores de campesinos e indígenas guerrerenses que durante años no han recibido recursos de inversión en sus pueblos y comunidades.
“La educación en Guerrero, debe ser de excelencia, más comprometida, participativa, eficiente y de mejor calidad para enfrentar los rezagos existentes en la prestación del servicio y satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad”, reza el manual de organización que publica la Secretaría de Educación de Guerrero en su portal electrónico, pero nada más lejos de lo que hoy sucede en Guerrero.
La SEG, un barril sin fondo
La Secretaría de Educación de Guerrero es la dependencia que recibe el mayor porcentaje de recursos en el estado. En los últimos cinco años, se le han asignado entre 37.2 y 42 por ciento del presupuesto total para el estado de Guerrero. En 2008, por ejemplo, según el presupuesto de egresos del estado, se le transfirieron 11,918.3 millones de pesos de un presupuesto global estatal que alcanzó en ese año 28, 429 millones de pesos. También en 2008, las dependencias del Ejecutivo estatal tuvieron un presupuesto de 18,030.5 millones de pesos, es decir, la SEG por sí sola se llevó 66.1% de los recursos totales destinados a todas las dependencias del gobierno del estado.
En los años siguientes la proporción de recursos asignados a la SEG se mantuvo constante. Para 2012, el presupuesto total del estado es por 38,985.8 millones de pesos, de los cuales al ejecutivo se le asignaron 23,932. 9. A la SEG se le destinaron 15,100.3 millones de pesos en este mismo año, lo que significa 38.7 por ciento del presupuesto global del estado y 63 por ciento del que se asignó al Ejecutivo.
Todos estos recursos financieros que cada año se gastan en la educación no han contribuido sin embargo a mejorar la calidad de este servicio tan indispensable para los guerrerenses, pues los principales indicadores de educación colocan a Guerrero entre los últimos lugares del país.
Algunos indicadores
De acuerdo con los resultados de la Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares (Enlace) correspondientes a 2011, la mayor parte de los alumnos de primaria (62 por ciento) de las escuelas guerrerenses en promedio tuvieron un nivel “insuficiente y elemental” en la materia de matemáticas, acentuándose los pobres resultados en la modalidad indígena y de Conafe, ya que en ese nivel se encontraron 75.4 y 89.3 por ciento, respectivamente.
En el caso de la materia de español, 63.3 por ciento de los estudiantes de primaria estuvieron dentro del nivel insuficiente y elemental, repitiéndose los peores resultados en las modalidades indígena y de Conafe, con 79.5 y 91.5 por ciento de alumnos con nivel insuficiente y elemental.
Respecto de los alumnos de secundaria, el porcentaje de jóvenes que obtuvieron niveles de insuficiente y elemental en matemáticas fue de 82.2 por ciento; pero en el caso de la materia de español, fue de 86 por ciento el porcentaje de alumnos que alcanzaron el nivel de insuficiente y elemental.
Estos porcentajes de 2011 son mejores de los que se obtenían hace algunos años en la prueba Enlace; pero no dejan de revelar el nivel de la educación en el estado.
En 2012, los resultados de la prueba Enlace en Guerrero serán inconsistentes porque una parte del magisterio impidió la aplicación de la prueba en muchas escuelas del estado. “Es una imposición del gobierno federal, que no toma en cuenta ni las condiciones en que viven los pueblos pobres ni la diversidad cultural” del estado, argumentaron.
Todos los recursos, a pago de salarios
La mayor parte de los recursos destinados al sector educativo –que por cierto, provienen de la federación a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) del ramo 33– son para el pago de salarios de la nómina de la SEG.
En los últimos seis años, a este concepto se destinaron en promedio 96.2 por ciento de los recursos del FAEB, mientras que a la operación de la Secretaría se le asignaron solo 3.2 por ciento del total.
La distribución de los recursos es totalmente desproporcionada, ya que al concepto de inversión (construcción, mantenimiento, rehabilitación de planteles escolares) se le destinó menos del uno por ciento del FAEB, y seguramente por esta razón las escuelas no tienen agua corriente ni drenaje, ni áreas deportivas ni el equipamiento mínimo necesario, y para el mantenimiento de los planteles, los padres de familia deben subsidiar esta obligación del Estado mediante el pago de “cuotas de cooperación” que no siempre se aplican con transparencia.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, del nivel preescolar al superior hay en Guerrero cerca de 65 mil docentes, aunque la SEG informó a mediados de agosto que en esta dependencia laboran 81 mil trabajadores, sin precisar el número de maestros, administrativos, técnicos, etc.
Ser maestro se ha convertido en una profesión muy “atractiva” para los jóvenes guerrerenses –aun para aquellos sin vocación para el magisterio–, pues se trata de uno de los pocos empleos que asegura cierta estabilidad económica y hasta alguna rentabilidad al tener la posibilidad de heredar o vender “su plaza”.
Pero para tener acceso a un lugar ya no es suficiente demostrar aptitudes y competencias, sino involucrarse o pertenecer a los grupos de presión que actualmente se disputan las plazas para sus agremiados o conocidos (SNTE, CETEG, Escuela Normal de Ayotzinapa, funcionarios), lo cual también repercute negativamente en la calidad de la educación.
El déficit millonario
Aunque haya planeación educativa, ésta no es importante en el funcionamiento del sector en Guerrero; prevalecen sobre cualquier otro factor, los criterios políticos para el ejercicio del gasto y especialmente para la asignación y administración de plazas docentes, arena de las disputas más frecuentes entre las autoridades, las organizaciones sindicales y egresados de diferentes normales.
Las feroces pugnas por las plazas en la SEG han presionado cada año la creación de nuevos puestos –que bajo la óptica de una verdadera planeación no se necesitan– pero que se han creado incluso sin tener los recursos para financiarlas por decisiones políticas de los diferentes gobernantes.
Entre la escasa información útil que presenta la SEG en su portal electrónico, la dependencia publica el seguimiento al gasto del FAEB del segundo y tercer trimestres de 2011. En el primer caso, en el apartado de observaciones se reconoce un déficit de 874 millones de pesos “el cual se origina de diez mil plazas sin techo presupuestal, incluyendo sus prestaciones sociales”. Para el tercer trimestre de 2011, el déficit se había incrementado a mil 359 millones de pesos.
¿De qué partida se pagan estas 10 mil plazas que no tienen techo presupuestal y cuyo déficit, según algunos funcionarios, es hoy de entre 8 mil y 10 mil millones de pesos? ¿Qué programas sociales o estratégicos ven disminuido su presupuesto para cubrir el déficit de la SEG?
En la opacidad, el gasto en educación
El sector educativo es el que más recursos públicos ejerce, pero también es uno de los que más opacidad presenta, ya que la información relevante sobre el ejercicio de los recursos no se localiza en ningún sitio para ser consultada por los ciudadanos.
Tanto la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado como los Decretos de Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero de cada ejercicio establecen obligaciones a todas las dependencias para transparentar la información estratégica que permita a los ciudadanos conocer cómo se ejercen los recursos. Pero la SEG no cumple ninguno de estas normas.
En el portal electrónico de la dependencia se publica de manera dispersa e incompleta la información de oficio a la que está obligada; no se observa una línea articulada para presentar los datos, y sólo hay acumulación de información que no es útil.
Por ejemplo, respecto de las funciones más relevantes de la dependencia y los indicadores de gestión para evaluar el desempeño, la SEG no publica las primeras, y sólo presenta tres indicadores: índice de cobertura de educación básica, tasa de terminación de educación básica e índice de variación del logro educativo, pero incluso éstos corresponden a 2010.
Sobre la remuneración mensual por puesto, presentan una tabla que corresponde al sector central del Ejecutivo, pero nada publican sobre los sueldos a docentes y sus diferentes categorías; tampoco publican su programa sectorial con indicadores y metas, para conocer el avance físico y financiero de éstas.
Tampoco se publica el presupuesto asignado a la SEG en lo general y por programa ni los informes cuatrimestrales sobre su ejecución; no hay ningún informe sobre auditorías ni sobre la cuenta pública de la dependencia.
Y sobre la relación de servidores públicos comisionados, la liga electrónica está convenientemente rota en el portal para no proporcionar esta información.
En general, se observa una intención de no presentar información relevante sobre el funcionamiento de la SEG, opacidad que es congruente con las decisiones que se toman en el interior de la dependencia (influenciadas por los grupos de presión) y que no necesariamente se apegan a las diferentes normas del sector.
El estado de Guerrero no logrará superar sus rezagos si no resuelve este dilema en la educación: muchos recursos y mala educación.
Joyas de la opacidad
En la prensa apareció una nota sobre el alcalde de Chilapa, Francisco Javier García, que repartió cargos públicos como recompensa a quienes lo apoyaron en su campaña política, creando incluso nuevas carteras. Esto no es nuevo ni extraño, pero es el primer paso para que los ayuntamientos tengan nóminas abultadas y al final de cada año se endeuden para cubrir sueldos y prestaciones. Y al final de los trienios son ya tradicionales las numerosos demandas laborales de estos empleados amigos de los alcaldes, con lo que se deterioran las de ya por sí endebles finanzas de los ayuntamientos.
Relacionado con esto, el nuevo alcalde de Atoyac, Edilberto Tabares Cisneros revisará las 24 “basificaciones” otorgadas a otros tantos empleados del gobierno anterior, ya que encontraron irregularidades en su otorgamiento. De seguir así la tendencia, los gobiernos municipales serán agencias de colocación de empleos y no entidades de servicio a la ciudadanía.
El hoy diputado local Héctor Astudillo exhortó al actual alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno, para que denunciara ante los órganos de fiscalización las irregularidades encontradas en la administración capitalina, en vez de denunciarlas en la prensa. En los hechos, el llamado de Astudillo fue como una invitación a ser opaco como él y su sucesor Tulio Samuel Pérez Calvo.
martes, 2 de octubre de 2012
Nada que celebrar en el Día Internacional del Derecho a Saber
Marcos Méndez Lara
El Sur de Acapulco
A unos días de que se conmemoró el Día Internacional del Derecho a Saber (28 de septiembre), el balance de la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental en Guerrero es muy desalentador, pues los ayuntamientos municipales, que fueron relevados hace dos días, dejan una secuela oprobiosa de opacidad y crisis financiera, mientras en el gobierno del estado poco se ha avanzado en la materia, y los diputados integrantes de la LIX Legislatura del Congreso del Estado nunca promovieron la transparencia ni siquiera dentro de su propio recinto, a pesar de que ellos aprobaron la ley de transparencia y acceso a la información del estado, pero no la cumplieron.
Sin contar las declaraciones pagadas para ensalzar su “proclividad” a la transparencia, la ciudadanía de Guerrero nunca contó en los hechos con mecanismos que le permitieran conocer lo que hacían sus gobiernos municipales, excepto por la utilización de mecanismos tradicionales, pero muy limitados.
Según el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, 48 ayuntamientos de los salientes contaron con portales electrónicos; sin embargo, la mayoría de éstos no fueron útiles para informar, pues fueron promovidos por la administración estatal anterior, pero los formatos que les proporcionaron nunca fueron llenados de contenido por los ayuntamientos.
Algunos gobiernos municipales como el de Acapulco, Taxco, Chilpancingo, Tlapa, si bien tuvieron su página propia, nunca cumplieron a cabalidad con las obligaciones de transparencia. Las páginas electrónicas, pues, no fueron una herramienta útil a la transparencia de los municipios.
Los informes de gobierno que cada año deben presentar los alcaldes no fueron prácticas efectivas para la rendición de cuentas, pues los actos en que se presentaban tenían un formato que no permitía el diálogo con los ciudadanos, y por lo general sólo se invitaba a simpatizantes del presidente municipal. El contenido de los informes de los gobiernos municipales sólo fue conocido por un reducido grupo de ciudadanos, por lo que tampoco se considera como un mecanismo de transparencia o rendición de cuentas.
Las gacetas, periódicos murales y otros medios utilizados por los ayuntamientos también fueron muy limitados porque la información que presentaban era muy parcial y además sólo llegaban a un grupo muy reducido de ciudadanos.
Detrás de este control de la información y la opacidad de los ayuntamientos existen actos de corrupción y desvío de recursos, malas administraciones, incumplimiento de derechos sociales de la población y la eternización de la pobreza. No es una práctica exclusiva de los más recientes ayuntamientos, pero sí acrecentada en los últimos trienios.
De continuar esta tendencia, se consolidará una forma de gobierno –y ya no importa el partido del que provenga- cuyos rasgos serán la inversión de cuantiosos recursos para la compra de votos, el pago de esa inversión a costa de los recursos públicos, la desatención de las necesidades sociales, y más recientemente, el endeudamiento y el saqueo de las oficinas públicas al final de los trienios.
A 17 meses de que asumió la administración de Ángel Aguirre Rivero, ni siquiera se ha superado lo que hizo en la materia el gobierno estatal anterior, pues, por ejemplo, las páginas electrónicas se observan con escasa información o la que publican está desactualizada o no es útil para el monitoreo y seguimiento ciudadano de las acciones gubernamentales.
Todavía hay dependencias que no cuentan con información de oficio, como la Secretaría de Educación de Guerrero –que por cierto, es la dependencia de Guerrero que más recursos recibe-, la Procuraduría de Defensa de los Campesinos y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Algunas, como el Instituto del Deporte de Guerrero, en el apartado de información “relativa a sus funciones más relevantes que deberá incluir los indicadores de gestión utilizados para evaluar su desempeño”, abiertamente reconoce que esta obligación “no aplica porque no se cuenta con un sistema o un programa de evaluación de gestión”. Sin embargo, nadie les ha comentado que la evaluación de la función pública es una obligación establecida incluso en la Constitución y en diferentes leyes y no depende de si cuentan o no con un sistema de evaluación.
En general, el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia es desigual entre las diferentes dependencias del gobierno del estado, destacando que hay temas importantes para hacer posible el seguimiento ciudadano (indicadores de gestión, presupuesto y ejecución cuatrimestral por dependencia, auditorías realizadas, entre otros) que simplemente no se están publicando o la información corresponde a ejercicios de la administración anterior.
El Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa, por ejemplo, registró como reservados documentos como el programa de ejecución de obras, un diagnóstico de infraestructura física educativa, los convenios de colaboración con los ayuntamientos o los avances de las obras, información que evidentemente es pública. La reserva es por seis años y el Igife argumenta que “se aplica debido a que [dar esta información] puede causar perjuicio al cumplimiento de leyes y menoscabe seriamente el patrimonio de una entidad pública”.
Igualmente la Coordinación General de Programas Sociales Guerrero Cumple tiene clasificados como reservados por un periodo indefinido de tiempo los “Expedientes de beneficiarios de los programas sociales” con el argumento de hacer “la guarda y custodia de los documentos personales de los beneficiarios”. Sin embargo, todas las leyes federales y de los estados establecen que los padrones de beneficiarios deben ser públicos. Incluso la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado establece que las dependencias públicas deberán difundir “el nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas a quienes, por cualquier motivo, se les entreguen recursos públicos federales, estatales o municipales. En su caso, así como el monto correspondiente”; por lo que no hay ninguna justificación para reservar esa información.
Caso extremos es el de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande, que tiene clasificados “los proyectos de investigación”, aunque no mencionan por cuanto tiempo, porque alegan que dar este tipo de información “se pone en riesgo la seguridad de las personas”.
Por su parte, Radio y Televisión de Guerrero tienen entre sus documentos reservados el acta de la primera sesión del Consejo de Administración del RTG, Boletines, Barra programática del canal 7 y convenios con empresas privadas y ayuntamientos, según argumentan, “para un control estricto de la información y constancia de hechos”. La reserva que hace de estos expedientes es hasta por 12 años
Por su parte, el Instituto Tecnológico de la Montaña clasifica como reservados (aunque no señala periodo ni motivación) documentos como las actas y acuerdos de la junta directiva, la distribución de carga horaria para el personal docente, los horarios de grupos y de docentes, las minutas de comité académico subdirección académica, documentos que deberían estar a disposición del público.
Y con esta poca autoridad moral, tampoco intervinieron en contra de autoridades municipales que antes de concluir sus periodos era evidente que desviaban recursos.
El Sur de Acapulco
A unos días de que se conmemoró el Día Internacional del Derecho a Saber (28 de septiembre), el balance de la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental en Guerrero es muy desalentador, pues los ayuntamientos municipales, que fueron relevados hace dos días, dejan una secuela oprobiosa de opacidad y crisis financiera, mientras en el gobierno del estado poco se ha avanzado en la materia, y los diputados integrantes de la LIX Legislatura del Congreso del Estado nunca promovieron la transparencia ni siquiera dentro de su propio recinto, a pesar de que ellos aprobaron la ley de transparencia y acceso a la información del estado, pero no la cumplieron.
Tres años y medio de opacidad
La opacidad en los ayuntamientos
es una práctica congénita de la corrupción. Las autoridades municipales, si
acaso en el discurso, nunca tuvieron la intención de transparentar su quehacer,
pues sus administraciones hicieron uso de los recursos públicos muy alejados
del logro de los objetivos sociales a que estaban destinados.Sin contar las declaraciones pagadas para ensalzar su “proclividad” a la transparencia, la ciudadanía de Guerrero nunca contó en los hechos con mecanismos que le permitieran conocer lo que hacían sus gobiernos municipales, excepto por la utilización de mecanismos tradicionales, pero muy limitados.
Según el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, 48 ayuntamientos de los salientes contaron con portales electrónicos; sin embargo, la mayoría de éstos no fueron útiles para informar, pues fueron promovidos por la administración estatal anterior, pero los formatos que les proporcionaron nunca fueron llenados de contenido por los ayuntamientos.
Algunos gobiernos municipales como el de Acapulco, Taxco, Chilpancingo, Tlapa, si bien tuvieron su página propia, nunca cumplieron a cabalidad con las obligaciones de transparencia. Las páginas electrónicas, pues, no fueron una herramienta útil a la transparencia de los municipios.
Los informes de gobierno que cada año deben presentar los alcaldes no fueron prácticas efectivas para la rendición de cuentas, pues los actos en que se presentaban tenían un formato que no permitía el diálogo con los ciudadanos, y por lo general sólo se invitaba a simpatizantes del presidente municipal. El contenido de los informes de los gobiernos municipales sólo fue conocido por un reducido grupo de ciudadanos, por lo que tampoco se considera como un mecanismo de transparencia o rendición de cuentas.
Las gacetas, periódicos murales y otros medios utilizados por los ayuntamientos también fueron muy limitados porque la información que presentaban era muy parcial y además sólo llegaban a un grupo muy reducido de ciudadanos.
Detrás de este control de la información y la opacidad de los ayuntamientos existen actos de corrupción y desvío de recursos, malas administraciones, incumplimiento de derechos sociales de la población y la eternización de la pobreza. No es una práctica exclusiva de los más recientes ayuntamientos, pero sí acrecentada en los últimos trienios.
De continuar esta tendencia, se consolidará una forma de gobierno –y ya no importa el partido del que provenga- cuyos rasgos serán la inversión de cuantiosos recursos para la compra de votos, el pago de esa inversión a costa de los recursos públicos, la desatención de las necesidades sociales, y más recientemente, el endeudamiento y el saqueo de las oficinas públicas al final de los trienios.
Año y medio sin avances
El 28 de septiembre tampoco fue
para celebrarse en el gobierno del estado. Su política de transparencia y
acceso a la información no es clara y el cumplimiento de sus obligaciones de
transparencia de las diferentes dependencias es a cuenta gotas.A 17 meses de que asumió la administración de Ángel Aguirre Rivero, ni siquiera se ha superado lo que hizo en la materia el gobierno estatal anterior, pues, por ejemplo, las páginas electrónicas se observan con escasa información o la que publican está desactualizada o no es útil para el monitoreo y seguimiento ciudadano de las acciones gubernamentales.
Todavía hay dependencias que no cuentan con información de oficio, como la Secretaría de Educación de Guerrero –que por cierto, es la dependencia de Guerrero que más recursos recibe-, la Procuraduría de Defensa de los Campesinos y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Algunas, como el Instituto del Deporte de Guerrero, en el apartado de información “relativa a sus funciones más relevantes que deberá incluir los indicadores de gestión utilizados para evaluar su desempeño”, abiertamente reconoce que esta obligación “no aplica porque no se cuenta con un sistema o un programa de evaluación de gestión”. Sin embargo, nadie les ha comentado que la evaluación de la función pública es una obligación establecida incluso en la Constitución y en diferentes leyes y no depende de si cuentan o no con un sistema de evaluación.
En general, el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia es desigual entre las diferentes dependencias del gobierno del estado, destacando que hay temas importantes para hacer posible el seguimiento ciudadano (indicadores de gestión, presupuesto y ejecución cuatrimestral por dependencia, auditorías realizadas, entre otros) que simplemente no se están publicando o la información corresponde a ejercicios de la administración anterior.
De la información reservada
Hace unos años, entre las
dependencias federales se hizo frecuente responder a los solicitantes de
información que los datos que requerían estaban reservados o eran inexistentes.
En Guerrero, estas respuestas se dieron en los primeros meses después de que
entró en vigor la ley de acceso a la información de 2006. Hoy resurgen estos
recursos, sobre todo en las páginas electrónicas, donde las dependencias
clasifican como reservados documentos que evidentemente son públicos. El Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa, por ejemplo, registró como reservados documentos como el programa de ejecución de obras, un diagnóstico de infraestructura física educativa, los convenios de colaboración con los ayuntamientos o los avances de las obras, información que evidentemente es pública. La reserva es por seis años y el Igife argumenta que “se aplica debido a que [dar esta información] puede causar perjuicio al cumplimiento de leyes y menoscabe seriamente el patrimonio de una entidad pública”.
Igualmente la Coordinación General de Programas Sociales Guerrero Cumple tiene clasificados como reservados por un periodo indefinido de tiempo los “Expedientes de beneficiarios de los programas sociales” con el argumento de hacer “la guarda y custodia de los documentos personales de los beneficiarios”. Sin embargo, todas las leyes federales y de los estados establecen que los padrones de beneficiarios deben ser públicos. Incluso la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado establece que las dependencias públicas deberán difundir “el nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas a quienes, por cualquier motivo, se les entreguen recursos públicos federales, estatales o municipales. En su caso, así como el monto correspondiente”; por lo que no hay ninguna justificación para reservar esa información.
Caso extremos es el de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande, que tiene clasificados “los proyectos de investigación”, aunque no mencionan por cuanto tiempo, porque alegan que dar este tipo de información “se pone en riesgo la seguridad de las personas”.
Por su parte, Radio y Televisión de Guerrero tienen entre sus documentos reservados el acta de la primera sesión del Consejo de Administración del RTG, Boletines, Barra programática del canal 7 y convenios con empresas privadas y ayuntamientos, según argumentan, “para un control estricto de la información y constancia de hechos”. La reserva que hace de estos expedientes es hasta por 12 años
Por su parte, el Instituto Tecnológico de la Montaña clasifica como reservados (aunque no señala periodo ni motivación) documentos como las actas y acuerdos de la junta directiva, la distribución de carga horaria para el personal docente, los horarios de grupos y de docentes, las minutas de comité académico subdirección académica, documentos que deberían estar a disposición del público.
El congreso
Otro de los terrenos
privilegiados de la opacidad en Guerrero es el Congreso del estado. Mientras
estuvieron en el cargo, la opacidad con que se condujeron los diputados de la
LIX Legislatura solo fue comparable con la de los municipios de Guerrero, ya
que nunca dieron a conocer información estratégica sobre el presupuesto, el
ejercicio de los recursos, comisiones, gastos de gestión y representación,
entre otras.Y con esta poca autoridad moral, tampoco intervinieron en contra de autoridades municipales que antes de concluir sus periodos era evidente que desviaban recursos.
martes, 18 de septiembre de 2012
Contraloría social en Guerrero
Marcos Méndez Lara
El Sur de Acapulco
Es urgente pues una intervención más directa y decidida de la sociedad en los asuntos públicos (en la vigilancia de los recursos y en la exigencia del cumplimiento de derechos), pero mientras persista un aparato gubernamental que obstaculice o permita a cuentagotas la participación de diversos actores en la vigilancia y el control del quehacer gubernamental y la definición de prioridades públicas, todo continuará igual.
En el ámbito federal, hoy se cuenta con un marco legal que reconoce la relevancia de la participación de la ciudadanía en asuntos públicos y que garantiza el derecho ciudadano a la transparencia y la rendición de cuentas. Tal es el caso entre otras, de la Ley General de Desarrollo Social (2004), que reconoce la contraloría social de los beneficiarios en la vigilancia de los programas sociales; las leyes de transparencia federal y estatales, que permiten el monitoreo y observación de las y los ciudadanos del quehacer gubernamental, y especialmente los Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social (2008).
En Guerrero, con base en acuerdos entre la Contraloría General del Estado y la Secretaría de la Función Pública, el gobierno del estado a través de la Dirección General de Contraloría Social ha apoyado y se ha encargado de integrar grupos de ciudadanos para la observación de 17 programas, entre los que destacan Oportunidades, Comunidades Saludables, Fondo Regional Indígena, 70 y más, Hábitat y Organización Productiva para las Mujeres Indígenas.
Según datos de la Contraloría General del estado, obtenidos por medio de una solicitud de información, se han distribuido 2,823 folletos de información, y 3,189 personas fueron capacitadas en acciones de contraloría social. Asimismo, se integraron 48 comités de contraloría social y a través de su sistema de atención a quejas y denuncias, se captaron 503 irregularidades denunciadas por ciudadanos.
Sin embargo, se desconocen los resultados de todo este trabajo, ya que la oficina encargada de promover la contraloría social en Guerrero no cuenta con indicadores para cuantificar en qué medida se ha avanzado en esta materia.
El director general de contraloría social del gobierno del estado, Domingo Neri Celis, reconoce que las acciones de contraloría social se habían enfocado sólo en los programas estatales, pero aseguró que en este año se han promovido que la observación ciudadana esté también en los programas estatales y municipales.
Poco se ha promovido en esta materia desde entonces y en contraparte son constantes las noticias sobre irregularidades en sectores clave como salud y educación, a los que se les destina una buena parte del presupuesto del estado, pero cuyos resultados son de baja o nula eficacia para la mayoría de la población.
En el plan estatal de desarrollo de la actual administración se menciona en varias ocasiones la palabra contraloría social refiriéndose a la intervención ciudadana en sectores como seguridad pública, educación, en el Programa de Infraestructura Básica Indígena, en la “evaluación de políticas públicas” y en la “evaluación de las acciones de buen gobierno”, entre otros.
Y no obstante que la contraloría social forma parte del lenguaje del principal documento rector del gobierno del estado, a la fecha son imperceptibles los avances debido al poco interés mostrado por impulsar una política de gobierno que le apueste a la participación ciudadana como mecanismo de control y vigilancia.
Por ejemplo, no cuentan con mecanismos de vigilancia de los beneficiarios o la ciudadanía el Fondo de apoyo a periodistas, el programa de becas escolares Prosigue, el programa pensión Guerrero destinado a adultos mayores y el programa de fertilizante subsidiado, entre otros.
Sin embargo, de manera particular los programas que opera la Coordinación General de Programas Sociales Guerrero Cumple (madres solteras, uniformes y útiles escolares gratuitos, apoyo a discapacitados, alfabetización), ya establecen en sus reglas de operación de 2012 acciones de contraloría social para que los beneficiarios de los programas se integren en “consejos de participación ciudadana para el seguimiento, supervisión y vigilancia en el cumplimiento de las metas” de los programas.
Estos consejos, dicen las reglas de operación, podrán integrarse por “ciudadanos de reconocida trayectoria moral y de reconocidas instituciones de educación superior que fungirán como observadores y evaluadores del desempeño del programa”.
Al respecto, Domingo Neri destacó que la oficina de contraloría social del gobierno del estado elaboró el documento “Estructura y especificaciones mínimas que deberán contener los programas de reglas de operación de programas sociales estatales”, pues en la mayoría de las dependencias “había un desconocimiento de cómo debían estructurarse las reglas de operación”. Dentro de este documento también se incluyeron recomendaciones para la formación de contralorías sociales.
Sin embargo, reconoció Neri Celis, ya se incluyen acciones de contraloría social en algunos de los programas estatales, pero ahora falta que se integren los comités y funcionen. “No es fácil, es un proceso que llevará tiempo, pues ni los servidores públicos ni los propios ciudadanos están acostumbrados a este tipo de prácticas de vigilancia ciudadana, que estuvieron ausentes de los gobiernos durante mucho tiempo”.
Y efectivamente, aun cuando los programas sociales de Guerrero Cumple ya deberían contar con contralorías sociales integradas, según sus reglas de operación vigentes, éstas aún están sólo en el papel.
Sólo para dar una idea de lo que se debe vigilar, el presupuesto global de los programas que maneja la Coordinación de Programas Sociales Guerrero Cumple es del orden de 295.4 millones de pesos, que hoy, no tienen vigilancia ciudadana.
Pero los gobiernos municipales no son los únicos que no promueven la participación ciudadana; tampoco lo hacen el Congreso del Estado ni el poder Judicial del estado.
En el caso del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre sus facultades se encuentra “Implementar mecanismos de observación y contraloría ciudadana que permita a la población utilizar la transparencia para vigilar y evaluar el desempeño de los sujetos obligados”. Pero tampoco ha hecho nada al respecto.
En Guerrero, por ejemplo, la contraloría social y los mecanismos de denuncia ciudadana en el gobierno anterior fueron actos de simulación más que de acciones efectivas. En varias ocasiones, organizaciones de la sociedad civil que promovían la contraloría ciudadana presentaron ante la Contraloría General del Estado las quejas y denuncias de comunidades rurales debido a obras inconclusas, de mala calidad o con diferentes irregularidades, derivadas de la vigilancia ciudadana.
La Contraloría sólo recibió las denuncias pero nada se corrigió, no obstante que hubo un compromiso público de los funcionarios de aquel gobierno.
El Sur de Acapulco
En Guerrero,
la participación ciudadana en el monitoreo y vigilancia de las acciones y
programas gubernamentales es incipiente. Ni el gobierno del estado ni mucho
menos los ayuntamientos han promovido de manera vigorosa la contraloría social
para contribuir a la disminución de los altos niveles de impunidad, corrupción
e ineficiencias gubernamentales.
Los
escándalos en los sectores de salud y educación relacionados con el ejercicio
del presupuesto y los bochornosos casos de corrupción de una buena parte de los
gobiernos municipales que están por concluir su administración, simplemente
reflejan que los distintos mecanismos dentro del aparato estatal para
fiscalizar que las acciones que realiza el gobierno se lleven a cabo
adecuadamente, no funcionan o son muy limitadas.Es urgente pues una intervención más directa y decidida de la sociedad en los asuntos públicos (en la vigilancia de los recursos y en la exigencia del cumplimiento de derechos), pero mientras persista un aparato gubernamental que obstaculice o permita a cuentagotas la participación de diversos actores en la vigilancia y el control del quehacer gubernamental y la definición de prioridades públicas, todo continuará igual.
Vigilancia
de programas federales
En Guerrero,
la promoción de la contraloría social se ha orientado hacia los programas
sociales federales y casi no se ha incursionado en la vigilancia ciudadana de
los recursos y acciones locales. En el ámbito federal, hoy se cuenta con un marco legal que reconoce la relevancia de la participación de la ciudadanía en asuntos públicos y que garantiza el derecho ciudadano a la transparencia y la rendición de cuentas. Tal es el caso entre otras, de la Ley General de Desarrollo Social (2004), que reconoce la contraloría social de los beneficiarios en la vigilancia de los programas sociales; las leyes de transparencia federal y estatales, que permiten el monitoreo y observación de las y los ciudadanos del quehacer gubernamental, y especialmente los Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social (2008).
En Guerrero, con base en acuerdos entre la Contraloría General del Estado y la Secretaría de la Función Pública, el gobierno del estado a través de la Dirección General de Contraloría Social ha apoyado y se ha encargado de integrar grupos de ciudadanos para la observación de 17 programas, entre los que destacan Oportunidades, Comunidades Saludables, Fondo Regional Indígena, 70 y más, Hábitat y Organización Productiva para las Mujeres Indígenas.
Según datos de la Contraloría General del estado, obtenidos por medio de una solicitud de información, se han distribuido 2,823 folletos de información, y 3,189 personas fueron capacitadas en acciones de contraloría social. Asimismo, se integraron 48 comités de contraloría social y a través de su sistema de atención a quejas y denuncias, se captaron 503 irregularidades denunciadas por ciudadanos.
Sin embargo, se desconocen los resultados de todo este trabajo, ya que la oficina encargada de promover la contraloría social en Guerrero no cuenta con indicadores para cuantificar en qué medida se ha avanzado en esta materia.
El director general de contraloría social del gobierno del estado, Domingo Neri Celis, reconoce que las acciones de contraloría social se habían enfocado sólo en los programas estatales, pero aseguró que en este año se han promovido que la observación ciudadana esté también en los programas estatales y municipales.
Contraloría
social en el estado
En Guerrero, no hay antecedentes de administraciones
estatales o ayuntamientos hayan operado algún programa ambicioso para promover la
participación ciudadana en el control y la vigilancia de los recursos y las
acciones gubernamentales, no obstante que desde 1999, en la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado, ya se reconocía la importancia y se le facultaba a la “Contraloría General del Estado para
promover la contraloría social a través de la ciudadanía”.Poco se ha promovido en esta materia desde entonces y en contraparte son constantes las noticias sobre irregularidades en sectores clave como salud y educación, a los que se les destina una buena parte del presupuesto del estado, pero cuyos resultados son de baja o nula eficacia para la mayoría de la población.
En el plan estatal de desarrollo de la actual administración se menciona en varias ocasiones la palabra contraloría social refiriéndose a la intervención ciudadana en sectores como seguridad pública, educación, en el Programa de Infraestructura Básica Indígena, en la “evaluación de políticas públicas” y en la “evaluación de las acciones de buen gobierno”, entre otros.
Y no obstante que la contraloría social forma parte del lenguaje del principal documento rector del gobierno del estado, a la fecha son imperceptibles los avances debido al poco interés mostrado por impulsar una política de gobierno que le apueste a la participación ciudadana como mecanismo de control y vigilancia.
Contraloría, sólo en papel
Hasta 2011,
casi ninguno de los programas sociales estatales, que son los más susceptibles
de ser manipulados electoral o políticamente, incluían en sus reglas de
operación la posibilidad de que las o los beneficiarios tuvieran atribuciones formales
para la vigilancia de los programas.Por ejemplo, no cuentan con mecanismos de vigilancia de los beneficiarios o la ciudadanía el Fondo de apoyo a periodistas, el programa de becas escolares Prosigue, el programa pensión Guerrero destinado a adultos mayores y el programa de fertilizante subsidiado, entre otros.
Sin embargo, de manera particular los programas que opera la Coordinación General de Programas Sociales Guerrero Cumple (madres solteras, uniformes y útiles escolares gratuitos, apoyo a discapacitados, alfabetización), ya establecen en sus reglas de operación de 2012 acciones de contraloría social para que los beneficiarios de los programas se integren en “consejos de participación ciudadana para el seguimiento, supervisión y vigilancia en el cumplimiento de las metas” de los programas.
Estos consejos, dicen las reglas de operación, podrán integrarse por “ciudadanos de reconocida trayectoria moral y de reconocidas instituciones de educación superior que fungirán como observadores y evaluadores del desempeño del programa”.
Al respecto, Domingo Neri destacó que la oficina de contraloría social del gobierno del estado elaboró el documento “Estructura y especificaciones mínimas que deberán contener los programas de reglas de operación de programas sociales estatales”, pues en la mayoría de las dependencias “había un desconocimiento de cómo debían estructurarse las reglas de operación”. Dentro de este documento también se incluyeron recomendaciones para la formación de contralorías sociales.
Sin embargo, reconoció Neri Celis, ya se incluyen acciones de contraloría social en algunos de los programas estatales, pero ahora falta que se integren los comités y funcionen. “No es fácil, es un proceso que llevará tiempo, pues ni los servidores públicos ni los propios ciudadanos están acostumbrados a este tipo de prácticas de vigilancia ciudadana, que estuvieron ausentes de los gobiernos durante mucho tiempo”.
Y efectivamente, aun cuando los programas sociales de Guerrero Cumple ya deberían contar con contralorías sociales integradas, según sus reglas de operación vigentes, éstas aún están sólo en el papel.
Sólo para dar una idea de lo que se debe vigilar, el presupuesto global de los programas que maneja la Coordinación de Programas Sociales Guerrero Cumple es del orden de 295.4 millones de pesos, que hoy, no tienen vigilancia ciudadana.
Otros sujetos obligados
En el caso
de los ayuntamientos de Guerrero, no se tiene ningún antecedente de algún gobierno
municipal que haya promovido la vigilancia ciudadana de los recursos, no
obstante que existen diferentes normas que obligan a este orden de gobierno como
la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Planeación, entre otras.Pero los gobiernos municipales no son los únicos que no promueven la participación ciudadana; tampoco lo hacen el Congreso del Estado ni el poder Judicial del estado.
En el caso del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre sus facultades se encuentra “Implementar mecanismos de observación y contraloría ciudadana que permita a la población utilizar la transparencia para vigilar y evaluar el desempeño de los sujetos obligados”. Pero tampoco ha hecho nada al respecto.
Sin efectos vinculantes
Una
de las limitantes clave de la normatividad en materia de contraloría social
–federal y estatal- es que los resultados de la vigilancia ciudadana no tienen
efectos vinculantes, es decir, las irregularidades encontradas por las y los
beneficiarios van a parar a los buzones de sugerencias o de denuncias, y no
necesariamente son corregidas por las dependencias correspondientes.En Guerrero, por ejemplo, la contraloría social y los mecanismos de denuncia ciudadana en el gobierno anterior fueron actos de simulación más que de acciones efectivas. En varias ocasiones, organizaciones de la sociedad civil que promovían la contraloría ciudadana presentaron ante la Contraloría General del Estado las quejas y denuncias de comunidades rurales debido a obras inconclusas, de mala calidad o con diferentes irregularidades, derivadas de la vigilancia ciudadana.
La Contraloría sólo recibió las denuncias pero nada se corrigió, no obstante que hubo un compromiso público de los funcionarios de aquel gobierno.
martes, 4 de septiembre de 2012
Opacidad y bancarrota, herencia de los ayuntamientos salientes
Marcos Méndez Lara
El Sur de Acapulco
Una de ellas -la más consistente y sistemática en Guerrero-, es la que aplica el grupo Ciudadanos por Municipios Transparentes, Cimtra, en su capítulo Guerrero, que durante dos años y medio ha realizado cinco evaluaciones a 42 municipios del estado.
Estas evaluaciones confirmaron que a los gobiernos municipales 2009-2012 lo que menos les importó fue rendir cuentas a la ciudadanía, aun cuando, como alegan muchos alcaldes, hayan presentado sus cuentas públicas “en tiempo y forma” ante los órganos de control y fiscalización. Sin embargo, ese procedimiento legal ya no es suficiente y cada vez resulta menos creíble para la ciudadanía.
Pero en la más reciente aplicación de Cimtra –cuando los gobiernos municipales están por salir y recién terminó una jornada electoral- los resultados fueron peores, pues, por ejemplo, el municipio mejor posicionado en el estado de Guerrero no alcanzó ni siquiera 20 de calificación, y éste fue Chilpancingo, con 18.5 puntos, que si bien se ubicó en el primer lugar en el estado, en el conjunto obtuvo el lugar 26, de un total de 83 municipios evaluados en todo el país.
Después de la capital, le siguieron Zihuatanejo con 12.1 puntos, Taxco con 11.2 y Tlacoachistlahuaca con 10.6; los restantes 38 municipios evaluados obtuvieron calificaciones por debajo de los 10 puntos, incluyendo a Acapulco, que tuvo 9.6 puntos y el lugar 40 en la medición nacional.
Municipios como Alcozauca, Alpoyeca, Benito Juárez, Copalillo, Cualac, Huamuxtitlán, Juan R. Escudero, Olinalá, Ometepec, Tlapa y Xalpatlahuac tuvieron calificaciones menores a uno. Mientras que Atlamajalcingo del Monte, Cochoapa, y Metlatónoc fueron municipios calificados con cero.
El promedio de calificación de los 83 municipios evaluados en siete estados del país fue de 17.5 puntos, es decir, el ayuntamiento guerrerense que más puntos obtuvo (Chilpancingo, con 18.5 puntos), apenas rebasó el promedio nacional.
Por estados, Chihuahua tuvo un promedio de 63 puntos, Jalisco 42, Guanajuato 34, Colima alcanzó los 31 puntos, Puebla 16, estado de México 13 y Guerrero 3.7 puntos.
En la primavera de 2010, se realizó en Guerrero la primera evaluación a los municipios del estado. En esa primera edición se observaron cinco municipios, y en el otoño de ese mismo año fueron 15; en 2011 se aplicaron dos evaluaciones a 28 y 30 municipios, respectivamente; y en la más reciente evaluación en 2012, se evaluaron 42 ayuntamientos.
En estricto, no ha habido cambios relevantes en materia de transparencia en el estado, de acuerdo con los resultados de las cinco evaluaciones de Cimtra. Las modificaciones que se observaron oscilaron entre 10 y 15 puntos, lo que comparado con el parámetro de cero a 100, no es significativo para la transparencia.
Lo que sí resalta es que en dos años, aun cuando se les informó a los ayuntamientos sobre sus calificaciones y además se difundieron en sendas conferencias de prensa, casi ningún gobierno tuvo disposición de mejorar su calificación, y los cambios que se presentaron, generalmente circunstanciales, fueron para indicar que los ayuntamientos empeoraban su nivel de transparencia.
El ayuntamiento de Chilpancingo, por ejemplo, inició la primera evaluación con 25 puntos, y en las siguientes llegó a tener 30.8, pero en la última aplicación descendió a 18.5 puntos. Zihuatanejo tuvo un comportamiento errático, ya que en una de las evaluaciones alcanzó los 28.1 puntos, pero en otras bajó a 2.6 y en la última se calificó con 12.1 puntos.
Taxco es otro municipio que en la primera evaluación alcanzó 27.6 puntos, pero llegó a descender a 3.7 y en la última alcanzó apenas 11.2 puntos. Iguala siempre se mantuvo con bajas calificaciones, ya que nunca pasó de 11 puntos, hoy tiene 7.6.
El caso de Acapulco es singular, pues tuvo en la primera evaluación la mejor calificación que ha obtenido un ayuntamiento guerrerenses (35.2 puntos), pero fue cayendo en las siguientes y hoy tiene un puntaje alarmantemente bajo para un municipio con los recursos y el número de población que tiene el puerto: 9.6 puntos.
Estos resultados en el ámbito estatal son irrisorios si se comparan con los que obtienen los municipios ubicados en los primeros lugares a nivel nacional, por ejemplo, Tlajomulco, Jalisco, con una calificación de 92.1 puntos, Guadalajara con 85.4 puntos o Ciudad Juárez con 83.8 puntos.
Para palpar las diferencias, sólo hay que entrar a los sitios de estos municipios (www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-39 o http://portal.guadalajara.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental) y compararlos con la información que presenta los poquísimos ayuntamientos guerrerenses que cuentan con página electrónica.
El segundo paso es lograr que la ciudadanía use esa información para vigilar y denunciar cuando sea el caso, irregularidades, desvíos de recursos o programas, o incumplimiento de objetivos gubernamentales.
Hay un tercer paso que es el de la ciudadanía organizada, que usa como herramienta la información pública para exigir el cumplimiento de sus derechos sociales, económicos, ambientales, culturales.
La transparencia por sí misma no tiene trascendencia si no es usada por la ciudadanía para exigir mejores gobiernos y para logar el ejercicio pleno de sus derechos.
Igualmente, la presentación de las cuentas públicas ante los órganos fiscalizadores no es transparencia ni tampoco rendición de cuentas, como lo aseguran algunos alcaldes; en todo caso, es una rendición de cuentas muy limitada destinada a informar a la Auditoría General del Estado, pero no a la ciudadanía, que es la que debería importar.
Estos son algunos de los grandes retos que el colectivo Cimtra en Guerrero debe incluir en su agenda de corto y mediano plazos.
El Sur de Acapulco
A unos días de concluir su
encargo, las administraciones de la mayoría de los ayuntamientos de Guerrero
dejaron como saldo un desastre financiero que se manifiesta en escasa obra
pública, servicios de pésima calidad, entrega de fertilizante adulterado y de
manera parcial, deuda pública y nulo combate a la pobreza. Esta herencia que dejan
los gobiernos municipales actuales reducirá el espacio de maniobra a los
ayuntamientos entrantes, pues las arcas públicas estarán vacías o con
insuficientes recursos para la operación regular de los ayuntamientos.
Más allá del tamaño del desastre
que dejarán en cada municipio, hay un punto en el que todos los gobiernos
municipales de Guerrero del periodo 2009-2012 coincidieron: su falta de transparencia,
su nula práctica de rendición de cuentas, y esto no sólo es la percepción de la
gente, sino que hay mediciones objetivas que respaldan estas calificaciones.Una de ellas -la más consistente y sistemática en Guerrero-, es la que aplica el grupo Ciudadanos por Municipios Transparentes, Cimtra, en su capítulo Guerrero, que durante dos años y medio ha realizado cinco evaluaciones a 42 municipios del estado.
Estas evaluaciones confirmaron que a los gobiernos municipales 2009-2012 lo que menos les importó fue rendir cuentas a la ciudadanía, aun cuando, como alegan muchos alcaldes, hayan presentado sus cuentas públicas “en tiempo y forma” ante los órganos de control y fiscalización. Sin embargo, ese procedimiento legal ya no es suficiente y cada vez resulta menos creíble para la ciudadanía.
Quinta evaluación Cimtra
Entre mayo y junio se aplicó la
última evaluación correspondiente a las actuales administraciones municipales,
y los resultados fueron consistentes con lo que se observó a lo largo de casi
tres años: los municipios de Guerrero se encuentran entre los últimos lugares a
nivel nacional, los ayuntamientos que cuentan con recursos financieros y
técnicos (Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Zihuatanejo) no se diferencian
mucho en los índices de transparencia de los municipios de la Montaña; ningún
municipio guerrerense ha rebasado en dos años y medio la calificación de 36 en
una escala de cero a 100.Pero en la más reciente aplicación de Cimtra –cuando los gobiernos municipales están por salir y recién terminó una jornada electoral- los resultados fueron peores, pues, por ejemplo, el municipio mejor posicionado en el estado de Guerrero no alcanzó ni siquiera 20 de calificación, y éste fue Chilpancingo, con 18.5 puntos, que si bien se ubicó en el primer lugar en el estado, en el conjunto obtuvo el lugar 26, de un total de 83 municipios evaluados en todo el país.
Después de la capital, le siguieron Zihuatanejo con 12.1 puntos, Taxco con 11.2 y Tlacoachistlahuaca con 10.6; los restantes 38 municipios evaluados obtuvieron calificaciones por debajo de los 10 puntos, incluyendo a Acapulco, que tuvo 9.6 puntos y el lugar 40 en la medición nacional.
Municipios como Alcozauca, Alpoyeca, Benito Juárez, Copalillo, Cualac, Huamuxtitlán, Juan R. Escudero, Olinalá, Ometepec, Tlapa y Xalpatlahuac tuvieron calificaciones menores a uno. Mientras que Atlamajalcingo del Monte, Cochoapa, y Metlatónoc fueron municipios calificados con cero.
El promedio de calificación de los 83 municipios evaluados en siete estados del país fue de 17.5 puntos, es decir, el ayuntamiento guerrerense que más puntos obtuvo (Chilpancingo, con 18.5 puntos), apenas rebasó el promedio nacional.
Por estados, Chihuahua tuvo un promedio de 63 puntos, Jalisco 42, Guanajuato 34, Colima alcanzó los 31 puntos, Puebla 16, estado de México 13 y Guerrero 3.7 puntos.
El histórico
Ciudadanos por Municipios
Transparentes es un grupo de organizaciones y ciudadanos que se integran en
alianzas voluntarias en varios estados del país. Desde 2002, se han evaluado
2005 municipios en 19 entidades mediante la aplicación y procesamiento de
herramientas de medición, evaluación y seguimiento.En la primavera de 2010, se realizó en Guerrero la primera evaluación a los municipios del estado. En esa primera edición se observaron cinco municipios, y en el otoño de ese mismo año fueron 15; en 2011 se aplicaron dos evaluaciones a 28 y 30 municipios, respectivamente; y en la más reciente evaluación en 2012, se evaluaron 42 ayuntamientos.
En estricto, no ha habido cambios relevantes en materia de transparencia en el estado, de acuerdo con los resultados de las cinco evaluaciones de Cimtra. Las modificaciones que se observaron oscilaron entre 10 y 15 puntos, lo que comparado con el parámetro de cero a 100, no es significativo para la transparencia.
Lo que sí resalta es que en dos años, aun cuando se les informó a los ayuntamientos sobre sus calificaciones y además se difundieron en sendas conferencias de prensa, casi ningún gobierno tuvo disposición de mejorar su calificación, y los cambios que se presentaron, generalmente circunstanciales, fueron para indicar que los ayuntamientos empeoraban su nivel de transparencia.
El ayuntamiento de Chilpancingo, por ejemplo, inició la primera evaluación con 25 puntos, y en las siguientes llegó a tener 30.8, pero en la última aplicación descendió a 18.5 puntos. Zihuatanejo tuvo un comportamiento errático, ya que en una de las evaluaciones alcanzó los 28.1 puntos, pero en otras bajó a 2.6 y en la última se calificó con 12.1 puntos.
Taxco es otro municipio que en la primera evaluación alcanzó 27.6 puntos, pero llegó a descender a 3.7 y en la última alcanzó apenas 11.2 puntos. Iguala siempre se mantuvo con bajas calificaciones, ya que nunca pasó de 11 puntos, hoy tiene 7.6.
El caso de Acapulco es singular, pues tuvo en la primera evaluación la mejor calificación que ha obtenido un ayuntamiento guerrerenses (35.2 puntos), pero fue cayendo en las siguientes y hoy tiene un puntaje alarmantemente bajo para un municipio con los recursos y el número de población que tiene el puerto: 9.6 puntos.
Estos resultados en el ámbito estatal son irrisorios si se comparan con los que obtienen los municipios ubicados en los primeros lugares a nivel nacional, por ejemplo, Tlajomulco, Jalisco, con una calificación de 92.1 puntos, Guadalajara con 85.4 puntos o Ciudad Juárez con 83.8 puntos.
Para palpar las diferencias, sólo hay que entrar a los sitios de estos municipios (www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-39 o http://portal.guadalajara.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental) y compararlos con la información que presenta los poquísimos ayuntamientos guerrerenses que cuentan con página electrónica.
La transparencia, solo el primer paso
Lograr que los gobiernos
municipales transparenten lo que hacen (el ejercicio de los recursos,
programas, licitaciones, contratos, auditorías, entre otros datos), sólo es el
primer paso (junto con el irrestricto acceso a la información) para una
efectiva rendición de cuentas ciudadana. El segundo paso es lograr que la ciudadanía use esa información para vigilar y denunciar cuando sea el caso, irregularidades, desvíos de recursos o programas, o incumplimiento de objetivos gubernamentales.
Hay un tercer paso que es el de la ciudadanía organizada, que usa como herramienta la información pública para exigir el cumplimiento de sus derechos sociales, económicos, ambientales, culturales.
La transparencia por sí misma no tiene trascendencia si no es usada por la ciudadanía para exigir mejores gobiernos y para logar el ejercicio pleno de sus derechos.
Igualmente, la presentación de las cuentas públicas ante los órganos fiscalizadores no es transparencia ni tampoco rendición de cuentas, como lo aseguran algunos alcaldes; en todo caso, es una rendición de cuentas muy limitada destinada a informar a la Auditoría General del Estado, pero no a la ciudadanía, que es la que debería importar.
Estos son algunos de los grandes retos que el colectivo Cimtra en Guerrero debe incluir en su agenda de corto y mediano plazos.
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