Marcos
Méndez Lara
Hay numerosos asuntos pendientes en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, pero en esta ocasión reseñamos los que podrían abordarse y resolverse este mismo año, es decir, aquellos temas que consideramos urgentes como transparencia, gobierno abierto, la legislación de la ley estatal de archivos, así como órganos de control interno, el sistema estatal anticorrupción y la contraloría social.
Transparencia
Desde hace ya varios años, el cumplimiento cabal de las obligaciones de transparencia por parte de las dependencias públicas es todavía hoy un tema que está en la agenda. Los monitoreos y revisiones que se efectuaban en años anteriores y los que realiza actualmente el órgano garante de manera periódica, evidencian los pobres resultados que tenemos en Guerrero, y desafortunadamente hasta hoy, estos incumplimientos no tienen consecuencias.
Tan sólo en el último monitoreo realizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Itaigro) se obtuvieron resultados poco alentadores. En la verificación 2018 –la más reciente– se revisaron 190 dependencias públicas, de las cuales 61 (32.1 por ciento) obtuvieron puntuaciones que van de 0 a 25 por ciento; otras 25 registraron calificaciones que van de 26 a 60. En tanto que 104 dependencias (55 por ciento del total) alcanzaron entre 61 y 100 por ciento de puntuación.
En este campo hay muchas actividades por realizar. Los monitoreos del Itaigro, por ejemplo, deben ser más frecuentes –el de 2019 se presentará hasta febrero de este año– para tener un mejor pulso de la situación y poder tomar las medidas que se requieran (capacitación, asesoría, exhortos, etc.).
Pero también se debe atender la otra cara de la moneda, es decir, sí se debe contribuir y apoyar a que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones, pero también sancionar a quienes no lo hagan. Desde hace varios años tenemos en Guerrero el problema de la falta de cobro de multas a quienes incumplen no sólo con sus obligaciones de transparencia, sino en general a los que cometen infracciones a la Ley 207 de Transparencia, no entregar la información después de una resolución del Itaigro, por ejemplo.
Es un problema que hemos tratado abundantemente en este espacio, pero hasta hoy sin resultados. A la fecha, seguimos con un récord negativo, pues en Guerrero nunca se ha cobrado una sola multa por concepto de sanciones a los sujetos obligados incumplidos o que cometen infracciones a la ley, lo que propicia impunidad y en general falta de confianza a las instituciones.
Otro tema relevante para abordarse este año es la instalación y funcionamiento de las unidades y comités de transparencia, especialmente en los ayuntamientos. En las dos ediciones anteriores de Monitor de Guerrero presentamos un diagnóstico general sobre estos importantes componentes para lograr que las prácticas de transparencia y acceso a la información se institucionalicen en los gobiernos municipales, como es uno de los propósitos de quienes concibieron y diseñaron la ley general.
Derivado de ese diagnóstico en el presente año puede iniciarse ya una discusión seria sobre la factibilidad de certificar y profesionalizar al personal que coordina las unidades de transparencia, pues si continuamos con la misma dinámica, se corre el riesgo de que cada tres años se repitan las prácticas discrecionales de los alcaldes para designar en las unidades de transparencia a personas inexpertas, sin capacitación y sin perfil para ocupar los puestos. La curva de aprendizaje y la capacitación de los titulares es muy costosa para la transparencia en el estado.
En el caso de los comités de transparencia de los ayuntamientos se debe procurar que su composición sea plural y se incluya la participación de ediles que provengan de partidos diferentes al del presidente municipal. Es necesario también buscar fórmulas que garanticen la inclusión de ciudadanos que tengan realmente interés y conocimiento sobre sus funciones en dichos comités, a efecto de que se conviertan en verdaderos contrapesos y vigilen la fluidez de la información.
El funcionamiento de los comités de transparencia en los gobiernos municipales debe ser plena, sesionar con regularidad y cumplir con las atribuciones que le establece la ley, pues hasta hoy, si bien se ha ganado en el número de comités instalados en relación con el trienio anterior, todavía falta mucho para hacerlos funcionales y que realmente cumplan con un papel destacado en la política de transparencia a nivel local.
Otro de los pendientes en materia de transparencia es el consejo consultivo del Itaigro, que a la fecha no está funcionando. Será muy saludable para la vida pública del estado que los ciudadanos integrados en este consejo emitan opiniones y en su caso recomendaciones para complementar y enriquecer el trabajo que se realiza en el órgano garante. Como se recuerda, el consejo consultivo opina sobre el programa de trabajo y sobre el proyecto de presupuesto del Instituto, además de que conoce el informe del Instituto sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes, entre otras funciones.
La LXI Legislatura del Congreso del estado designó, el 17 de agosto de 2018, a dos ciudadanos y una ciudadana para que integraran dicho consejo consultivo. A diecisiete meses de nombrado, ya es necesario que comience a funcionar.
Varios de los temas anteriores requieren reformas a las normas. Desde el Comité de Participación Ciudadana, que presidí en 2019, promovimos con la Comisión de Transparencia del Congreso del estado la realización de foros u otros mecanismos de participación a través de los cuales se capten propuestas de especialistas y en general de la ciudadanía para mejorar la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información del estado. Sin duda, este 2020 hay condiciones para convocar y organizar tales eventos y dejar avanzados muchos de los temas pendientes.
Gobierno abierto y ley de archivos
Hace unos días me llegó una invitación del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) para que propusiera alguna práctica realizada en el estado que mereciera participar en la convocatoria Reconocimiento de Prácticas Exitosas de Gobierno Abierto 2020. Desde luego, no propondré ninguna porque en Guerrero no ha habido hasta la fecha ninguna iniciativa al respecto.
Sólo como recordatorio, el estado se incorporó en 2016, por iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, a una invitación del INAI para promover e impulsar este tipo de prácticas de gobierno abierto, y específicamente se convocó al Ejecutivo del estado y al ayuntamiento de Acapulco del trienio 2015-2018, cuyos titulares firmaron una carta de intención. En el caso del municipio porteño, el ejercicio nunca se concretó, y con la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, entidad a la que se delegó esta misión, tampoco ha sido posible hasta ahora.
La mayoría de los estados ya han ensayado por lo menos uno de estos ejercicios locales de gobierno abierto, y en Guerrero continúa siendo uno de los grandes pendientes. Según el INAI, gobierno abierto es un modelo de gestión que se basa en los principios de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas y tecnologías de la información para formular políticas públicas que promuevan el diálogo, la colaboración y la co creación entre autoridades y ciudadanos. Los componentes clave son la construcción de espacios y mecanismos de diálogo y colaboración entre ciudadanía y gobierno para la resolución de problemas públicos; y especialmente la procuración de un ambiente propicio para generar la confianza y la legitimidad que requiere esa colaboración.
Otro pendiente para 2020 es la legislación de una ley estatal de archivos. El 15 de junio de 2019 entró en vigor la Ley General de Archivos, que establece un plazo de un año para que las legislaturas estatales diseñen y aprueben su propia ley, basada en el ordenamiento general. Es decir, restan escasos seis meses a la actual Legislatura para trabajar y aprobar una ley estatal, so pena de saltarse el ordenamiento general. La opinión pública nacional tendrá puesta la lupa en los estados, especialmente en los congresos locales, para observar los avances del último de los pilares normativos que dieron origen a los sistemas nacionales de transparencia, fiscalización y anticorrupción.
SEA y órganos de control
A finales de septiembre de 2018 entraron en vigor las modificaciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre relativas a la integración de órganos de control interno en los municipios, una reforma de primer orden que buscaba crear e institucionalizar un mecanismo efectivo para alcanzar los objetivos y las metas de este orden de gobierno, mejorar el desempeño y cuidar el cumplimiento de las normas aplicables a los municipios.
La fecha límite que tenían los ayuntamientos para la integración de estos órganos fue el 29 de diciembre de 2018, y a más de un año del plazo, son realmente pocos los gobiernos que los han constituido conforme a las bases que establece la ley.
Algo está fallando en la implementación de esta norma –indispensable para establecer este importante mecanismo orientado entre otras funciones a disminuir la corrupción en los ayuntamientos– no obstante que se les ha brindado capacitación y asesoría a los gobiernos municipales por parte de los órganos fiscalizador y de control estatales.
Es muy urgente entonces el diseño de acciones que permitan remover los obstáculos a la implementación de esta reforma, pero antes deberán realizarse en el corto plazo los diagnósticos y análisis necesarios sobre el estado en que se encuentran dichos OIC, tarea que podría ser coordinada y concretada desde el sistema estatal anticorrupción.
Y es precisamente este sistema el que, además de efectuar los trabajos que aún se requieren para consolidar su funcionamiento interno, debe comenzar a plantearse proyectos de mayor aliento.
En el primer caso, se avanzará mucho en el momento en que todas las dependencias involucradas planeen y actúen como sistema, es decir, con proyectos coordinados, más allá de sus funciones regulares que les toca realizar de manera individual.
Es urgente también el fortalecimiento del Comité de Participación Ciudadana, la Comisión Ejecutiva y de la Secretaría Ejecutiva, pues son los órganos que generan los insumos necesarios –el CPC mediante su interacción con grupos de la sociedad civil, y la Secretaría Ejecutiva con la realización de investigaciones, diagnósticos y en general cualquier estudio técnico; la burocratización o anquilosamiento de cualquiera de estos órganos inevitablemente disminuirá su potencial y retrasará el desarrollo de proyectos.
Contraloría social
En Guerrero, los sucesivos gobiernos estatales nunca diseñaron ni implementaron una política propia de participación ciudadana para la vigilancia del quehacer gubernamental local que realmente haya funcionado.
Lo que se ha hecho hasta hoy es seguir los lineamientos que dicta la Secretaría de la Función Pública para crear comités de contraloría social en los programas sociales federales. Sin embargo, dicha política tenía serias limitaciones, la propia secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros anunció que “se tienen nuevos lineamientos que la desburocratizan y aumentan su efectividad, convirtiéndola en un espacio participativo ‘donde la ciudadanía vigile lo público y el gobierno se comprometa a dar seguimiento a los hallazgos de la sociedad, mejorar la gestión pública y sancionar si es necesario’”, pues antes los comités de contraloría social eran “estructuras utilizadas para trámites o para simular”.
Pero para los programas estatales poco o nada se ha hecho. Si bien las reglas de operación de los programas sociales estipulan la creación de comité de contraloría social por los beneficiarios, lo cierto es que no se han constituido porque no existen lineamientos para su integración y además no tienen ningún tipo de aliciente o promoción desde la esfera gubernamental, tan necesario en un contexto donde hay poca confianza en las instituciones.
Este año, pues, desde le gobierno del estado se puede concebir una buena política de participación ciudadana, que además es congruente con algunas líneas de acción que se proponen en el plan estatal de desarrollo, como es la promoción y la creación de observatorios ciudadanos, y la “creación de comités técnicos ciudadanos de transparencia y rendición de cuentas.
Estos son algunos apuntes que pueden ser útiles en la integración de una agenda estatal 2020 para mejorar las prácticas de transparencia y de rendición de cuentas. Ninguna de éstas es imposible de cumplir en el corto plazo y sin duda redundarán en una mayor y mejor interacción entre gobierno y ciudadanía y permitirán avanzar en los mecanismos de rendición de cuentas gubernamental.
Hay numerosos asuntos pendientes en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, pero en esta ocasión reseñamos los que podrían abordarse y resolverse este mismo año, es decir, aquellos temas que consideramos urgentes como transparencia, gobierno abierto, la legislación de la ley estatal de archivos, así como órganos de control interno, el sistema estatal anticorrupción y la contraloría social.
Transparencia
Desde hace ya varios años, el cumplimiento cabal de las obligaciones de transparencia por parte de las dependencias públicas es todavía hoy un tema que está en la agenda. Los monitoreos y revisiones que se efectuaban en años anteriores y los que realiza actualmente el órgano garante de manera periódica, evidencian los pobres resultados que tenemos en Guerrero, y desafortunadamente hasta hoy, estos incumplimientos no tienen consecuencias.
Tan sólo en el último monitoreo realizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Itaigro) se obtuvieron resultados poco alentadores. En la verificación 2018 –la más reciente– se revisaron 190 dependencias públicas, de las cuales 61 (32.1 por ciento) obtuvieron puntuaciones que van de 0 a 25 por ciento; otras 25 registraron calificaciones que van de 26 a 60. En tanto que 104 dependencias (55 por ciento del total) alcanzaron entre 61 y 100 por ciento de puntuación.
En este campo hay muchas actividades por realizar. Los monitoreos del Itaigro, por ejemplo, deben ser más frecuentes –el de 2019 se presentará hasta febrero de este año– para tener un mejor pulso de la situación y poder tomar las medidas que se requieran (capacitación, asesoría, exhortos, etc.).
Pero también se debe atender la otra cara de la moneda, es decir, sí se debe contribuir y apoyar a que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones, pero también sancionar a quienes no lo hagan. Desde hace varios años tenemos en Guerrero el problema de la falta de cobro de multas a quienes incumplen no sólo con sus obligaciones de transparencia, sino en general a los que cometen infracciones a la Ley 207 de Transparencia, no entregar la información después de una resolución del Itaigro, por ejemplo.
Es un problema que hemos tratado abundantemente en este espacio, pero hasta hoy sin resultados. A la fecha, seguimos con un récord negativo, pues en Guerrero nunca se ha cobrado una sola multa por concepto de sanciones a los sujetos obligados incumplidos o que cometen infracciones a la ley, lo que propicia impunidad y en general falta de confianza a las instituciones.
Otro tema relevante para abordarse este año es la instalación y funcionamiento de las unidades y comités de transparencia, especialmente en los ayuntamientos. En las dos ediciones anteriores de Monitor de Guerrero presentamos un diagnóstico general sobre estos importantes componentes para lograr que las prácticas de transparencia y acceso a la información se institucionalicen en los gobiernos municipales, como es uno de los propósitos de quienes concibieron y diseñaron la ley general.
Derivado de ese diagnóstico en el presente año puede iniciarse ya una discusión seria sobre la factibilidad de certificar y profesionalizar al personal que coordina las unidades de transparencia, pues si continuamos con la misma dinámica, se corre el riesgo de que cada tres años se repitan las prácticas discrecionales de los alcaldes para designar en las unidades de transparencia a personas inexpertas, sin capacitación y sin perfil para ocupar los puestos. La curva de aprendizaje y la capacitación de los titulares es muy costosa para la transparencia en el estado.
En el caso de los comités de transparencia de los ayuntamientos se debe procurar que su composición sea plural y se incluya la participación de ediles que provengan de partidos diferentes al del presidente municipal. Es necesario también buscar fórmulas que garanticen la inclusión de ciudadanos que tengan realmente interés y conocimiento sobre sus funciones en dichos comités, a efecto de que se conviertan en verdaderos contrapesos y vigilen la fluidez de la información.
El funcionamiento de los comités de transparencia en los gobiernos municipales debe ser plena, sesionar con regularidad y cumplir con las atribuciones que le establece la ley, pues hasta hoy, si bien se ha ganado en el número de comités instalados en relación con el trienio anterior, todavía falta mucho para hacerlos funcionales y que realmente cumplan con un papel destacado en la política de transparencia a nivel local.
Otro de los pendientes en materia de transparencia es el consejo consultivo del Itaigro, que a la fecha no está funcionando. Será muy saludable para la vida pública del estado que los ciudadanos integrados en este consejo emitan opiniones y en su caso recomendaciones para complementar y enriquecer el trabajo que se realiza en el órgano garante. Como se recuerda, el consejo consultivo opina sobre el programa de trabajo y sobre el proyecto de presupuesto del Instituto, además de que conoce el informe del Instituto sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes, entre otras funciones.
La LXI Legislatura del Congreso del estado designó, el 17 de agosto de 2018, a dos ciudadanos y una ciudadana para que integraran dicho consejo consultivo. A diecisiete meses de nombrado, ya es necesario que comience a funcionar.
Varios de los temas anteriores requieren reformas a las normas. Desde el Comité de Participación Ciudadana, que presidí en 2019, promovimos con la Comisión de Transparencia del Congreso del estado la realización de foros u otros mecanismos de participación a través de los cuales se capten propuestas de especialistas y en general de la ciudadanía para mejorar la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información del estado. Sin duda, este 2020 hay condiciones para convocar y organizar tales eventos y dejar avanzados muchos de los temas pendientes.
Gobierno abierto y ley de archivos
Hace unos días me llegó una invitación del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) para que propusiera alguna práctica realizada en el estado que mereciera participar en la convocatoria Reconocimiento de Prácticas Exitosas de Gobierno Abierto 2020. Desde luego, no propondré ninguna porque en Guerrero no ha habido hasta la fecha ninguna iniciativa al respecto.
Sólo como recordatorio, el estado se incorporó en 2016, por iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, a una invitación del INAI para promover e impulsar este tipo de prácticas de gobierno abierto, y específicamente se convocó al Ejecutivo del estado y al ayuntamiento de Acapulco del trienio 2015-2018, cuyos titulares firmaron una carta de intención. En el caso del municipio porteño, el ejercicio nunca se concretó, y con la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, entidad a la que se delegó esta misión, tampoco ha sido posible hasta ahora.
La mayoría de los estados ya han ensayado por lo menos uno de estos ejercicios locales de gobierno abierto, y en Guerrero continúa siendo uno de los grandes pendientes. Según el INAI, gobierno abierto es un modelo de gestión que se basa en los principios de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas y tecnologías de la información para formular políticas públicas que promuevan el diálogo, la colaboración y la co creación entre autoridades y ciudadanos. Los componentes clave son la construcción de espacios y mecanismos de diálogo y colaboración entre ciudadanía y gobierno para la resolución de problemas públicos; y especialmente la procuración de un ambiente propicio para generar la confianza y la legitimidad que requiere esa colaboración.
Otro pendiente para 2020 es la legislación de una ley estatal de archivos. El 15 de junio de 2019 entró en vigor la Ley General de Archivos, que establece un plazo de un año para que las legislaturas estatales diseñen y aprueben su propia ley, basada en el ordenamiento general. Es decir, restan escasos seis meses a la actual Legislatura para trabajar y aprobar una ley estatal, so pena de saltarse el ordenamiento general. La opinión pública nacional tendrá puesta la lupa en los estados, especialmente en los congresos locales, para observar los avances del último de los pilares normativos que dieron origen a los sistemas nacionales de transparencia, fiscalización y anticorrupción.
SEA y órganos de control
A finales de septiembre de 2018 entraron en vigor las modificaciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre relativas a la integración de órganos de control interno en los municipios, una reforma de primer orden que buscaba crear e institucionalizar un mecanismo efectivo para alcanzar los objetivos y las metas de este orden de gobierno, mejorar el desempeño y cuidar el cumplimiento de las normas aplicables a los municipios.
La fecha límite que tenían los ayuntamientos para la integración de estos órganos fue el 29 de diciembre de 2018, y a más de un año del plazo, son realmente pocos los gobiernos que los han constituido conforme a las bases que establece la ley.
Algo está fallando en la implementación de esta norma –indispensable para establecer este importante mecanismo orientado entre otras funciones a disminuir la corrupción en los ayuntamientos– no obstante que se les ha brindado capacitación y asesoría a los gobiernos municipales por parte de los órganos fiscalizador y de control estatales.
Es muy urgente entonces el diseño de acciones que permitan remover los obstáculos a la implementación de esta reforma, pero antes deberán realizarse en el corto plazo los diagnósticos y análisis necesarios sobre el estado en que se encuentran dichos OIC, tarea que podría ser coordinada y concretada desde el sistema estatal anticorrupción.
Y es precisamente este sistema el que, además de efectuar los trabajos que aún se requieren para consolidar su funcionamiento interno, debe comenzar a plantearse proyectos de mayor aliento.
En el primer caso, se avanzará mucho en el momento en que todas las dependencias involucradas planeen y actúen como sistema, es decir, con proyectos coordinados, más allá de sus funciones regulares que les toca realizar de manera individual.
Es urgente también el fortalecimiento del Comité de Participación Ciudadana, la Comisión Ejecutiva y de la Secretaría Ejecutiva, pues son los órganos que generan los insumos necesarios –el CPC mediante su interacción con grupos de la sociedad civil, y la Secretaría Ejecutiva con la realización de investigaciones, diagnósticos y en general cualquier estudio técnico; la burocratización o anquilosamiento de cualquiera de estos órganos inevitablemente disminuirá su potencial y retrasará el desarrollo de proyectos.
Contraloría social
En Guerrero, los sucesivos gobiernos estatales nunca diseñaron ni implementaron una política propia de participación ciudadana para la vigilancia del quehacer gubernamental local que realmente haya funcionado.
Lo que se ha hecho hasta hoy es seguir los lineamientos que dicta la Secretaría de la Función Pública para crear comités de contraloría social en los programas sociales federales. Sin embargo, dicha política tenía serias limitaciones, la propia secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros anunció que “se tienen nuevos lineamientos que la desburocratizan y aumentan su efectividad, convirtiéndola en un espacio participativo ‘donde la ciudadanía vigile lo público y el gobierno se comprometa a dar seguimiento a los hallazgos de la sociedad, mejorar la gestión pública y sancionar si es necesario’”, pues antes los comités de contraloría social eran “estructuras utilizadas para trámites o para simular”.
Pero para los programas estatales poco o nada se ha hecho. Si bien las reglas de operación de los programas sociales estipulan la creación de comité de contraloría social por los beneficiarios, lo cierto es que no se han constituido porque no existen lineamientos para su integración y además no tienen ningún tipo de aliciente o promoción desde la esfera gubernamental, tan necesario en un contexto donde hay poca confianza en las instituciones.
Este año, pues, desde le gobierno del estado se puede concebir una buena política de participación ciudadana, que además es congruente con algunas líneas de acción que se proponen en el plan estatal de desarrollo, como es la promoción y la creación de observatorios ciudadanos, y la “creación de comités técnicos ciudadanos de transparencia y rendición de cuentas.
Estos son algunos apuntes que pueden ser útiles en la integración de una agenda estatal 2020 para mejorar las prácticas de transparencia y de rendición de cuentas. Ninguna de éstas es imposible de cumplir en el corto plazo y sin duda redundarán en una mayor y mejor interacción entre gobierno y ciudadanía y permitirán avanzar en los mecanismos de rendición de cuentas gubernamental.
No hay comentarios:
Publicar un comentario