martes, 19 de enero de 2016

La agenda de ética, transparencia y anticorrupción de Astudillo

El Sur de Acapulco
En estos días, el gobierno del estado de Guerrero que encabeza Héctor Astudillo Flores presentará su agenda de ética, transparencia y combate a la corrupción. No se esperan grandes anuncios ni cambios espectaculares, sino más bien modificaciones de forma o cosméticas que en muy poco recompondrán los graves problemas de falta de rendición de cuentas y corrupción que gangrenan toda la estructura gubernamental en el estado. Todo indica que será un acto más para la foto.
Es probable que en el marco de esta actividad, el gobernador anuncie medidas que prometió en su campaña electoral, las que, por cierto, ni todas juntas configuran una política bien pensada y sólida sobre el tema. Se espera que se pronuncie sobre la obligatoriedad de que todos los funcionarios del Ejecutivo presenten sus tres declaraciones (fiscal, patrimonial y de intereses); asimismo, la creación de un sistema estatal anticorrupción, un exhorto para que todos los funcionarios públicos ajusten su conducta a un código de ética –que es como un llamado a misa-, y probablemente la elaboración y presentación de una propuesta de ley de transparencia, a efecto de armonizarla con la ley general de transparencia.
Esas serán probablemente las medidas de mayor peso, pero entre ellas no se observa una sola propuesta que modifique de raíz el actual sistema de la rendición de cuentas en el estado. Esperemos el contenido de su agenda de ética, transparencia y combate a la corrupción.
Tres de tres
Trascendió que una de las medidas que anunciará en los próximos días el gobernador es la obligación de que sus colaboradores y funcionarios de primer nivel presenten sus tres declaraciones (fiscal, patrimonial y de intereses), como una forma de transparentar sus bienes. Sin duda, es una medida saludable, pero insuficiente y parcial para la rendición de cuentas de los servidores públicos.
Cabe recordar que este recurso fue propuesto en las recientes elecciones de junio de 2015 y se le denominó 3 de 3. Al respecto, hubo dos campañas ciudadanas que se difundieron más o menos ampliamente sobre la transparencia de los candidatos. A una de ellas se le denominó Candidato Transparente, y fue convocada por las organizaciones Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano de Competitividad.
En el estado de Guerrero, esta campaña no tuvo buenos resultados, pues los aspirantes a puestos de elección dejaron ver un enorme desprecio por la ciudadanía: en el caso de los candidatos (as) a gobernador, sólo hicieron públicas sus declaraciones tres de los nueve aspirantes: Beatriz Mojica Morga, Héctor Astudillo Flores y Jorge Camacho Peñaloza. Nadie más.
Por cierto, a partir de la información que publicó el ex candidato Astudillo Flores, éste recibió muchas críticas sobre el monto de su salario, y especialmente por el extraño hallazgo de que él no contara con ninguna propiedad, y su esposa sí tuviera hasta 12 bienes inmuebles ubicados en Guerrero y el Distrito Federal. En esa ocasión, el aspirante a gobernador reportó ingresos anuales por 885 mil pesos por su labor como diputado del Congreso del estado. Sin embargo, su cónyuge, según los documentos que presentó, percibió 3 millones 521,244 pesos al año.
No está de más comentar que ese es uno de los efectos que se busca conseguir con la presentación de 3 de 3, es decir, el escrutinio público que es propio de una sociedad democrática, y por eso se requiere de la transparencia de los datos y la información gubernamental y de quienes ejercen ese gobierno, a efecto de que puedan ser valorados, criticados por la ciudadanía.
Ley general de transparencia
Otra de las acciones que tal vez proponga el gobernador es la homologación de la ley de transparencia local a la Ley general de transparencia. Como se sabe, en febrero de 2014 se reformó el sexto constitucional y en mayo de 2015 se aprobó la ley general de transparencia dándose un año para que las legislaturas de los estados armonicen sus leyes con la ley general.
Si la anuncia el gobernador, ésta será una medida significativa solo si cumple por lo menos con dos criterios: que el Ejecutivo elabore y envíe al Congreso del estado una propuesta de ley realmente de avanzada, que coloque a la de Guerrero, por vez primera, entre las mejores del país. Y el otro criterio es que el gobierno del estado junto con el Congreso local organicen una consulta amplia e incluyente para que esa ley nazca con amplio consenso social. Sin embargo, ambas condiciones será difícil que se cumplan.
Si Astudillo Flores sólo se pronuncia por enviar la iniciativa para que la discuta el Legislativo, no puede considerarse una medida significativa, pues de hecho es un mandato que deberá cumplirse tarde o temprano porque así lo ordena la constitución.  
¿Un sistema estatal anticorrupción?
Durante los debates entre los aspirantes a la gubernatura del estado, el ex candidato Astudillo Flores se comprometió a crear el sistema estatal anticorrupción, “que contará con los controles necesarios para minimizar los actos de corrupción y castigar hasta sus últimas consecuencias a los corruptos”.
Sin duda, ese compromiso es tan grande y complejo que si lo anuncia y además genera los mecanismos para disminuir los niveles de corrupción en el estado, Astudillo pasará a la historia como uno de los mejores mandatarios de la entidad. Pero nadie espera que vaya a fondo, se auguran más bien medidas más mediáticas que efectivas, y esta omisión será uno de los fantasmas que lo perseguirán todo su gobierno.
La corrupción no es un asunto menor, se encuentra metida hasta en los resquicios más escondidos de las estructuras gubernamentales. Ya el anterior contralor general del estado, Eduardo Loría Casanova, ratificaba que de acuerdo con un estudio, Guerrero reprobaba en materia de corrupción y ocupaba los primeros lugares. “Los índices de corrupción son altos en Guerrero, Transparencia Internacional indica que se encuentra en el número 30 de los 32 existentes. De 1 a 10 estamos en 3.5, estamos reprobados”, reconoció el ex contralor (Enfoque Informativo).
Otra fuente gubernamental afirmó que “Guerrero ocupa, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el primer lugar en corrupción en manejo de recursos, servicios públicos y trámites, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental”, realizada por el organismo público en 2013 (El Universal).  
De cualquier forma, si el gobernador de Guerrero no se compromete a nada, en el plano nacional ya se tienen avances importantes en la creación del sistema nacional anticorrupción –al que inevitablemente tendrá que incorporarse el estado-, ya que el 27 de mayo de 2015 se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.
Esto fue posible en gran medida a la importante participación de las organizaciones de la sociedad civil y especialistas expertos en materia de transparencia, fiscalización y responsabilidad de servidores públicos, que colaboraron en todo el proceso de seguimiento y aprobación de la reforma constitucional anticorrupción. Su colaboración y empuje sin duda fue determinante para que el documento alcanzara óptimos niveles de calidad y fuese aprobado pese a las resistencias políticas que se encontraron en el Congreso.
Max Kaiser, especialista del ITAM, opinó que si bien la creación del sistema nacional anticorrupción es un momento histórico, también es cierto que es la “parte fácil”, porque se aprobaron solo las bases constitucionales, los grandes rasgos, los principios del sistema. Advirtió que ahora viene la parte compleja y es confeccionar las leyes secundarias, que son las que le darán forma, cuerpo, estructura, funciones, misión, herramientas, capacidades al sistema.
El investigador del ITAM agregó que se deben crear por lo menos tres leyes generales: una que establezca las funciones básicas del sistema; una ley anticorrupción o de responsabilidades graves, que establecerá las grandes hipótesis sobre actos de corrupción que serán sancionados; y una ley de fiscalización del estado mexicano, que establecerá cómo funcionarán los distintos órganos en torno a la debida utilización de los recursos públicos y la consecución de metas y objetivos de todo el sistema.
Por su parte, Mauricio Merino, investigador del CIDE y coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, explicó que la llave maestra para combatir la corrupción en los próximos años estará en la ley general de responsabilidades que legislará el Congreso de la Unión antes de mayo de 2016. Abundó que se trata de una más de las piezas legislativas que se derivan del sistema nacional anticorrupción pero, a diferencia de las demás, la de responsabilidades está llamada a rediseñar la sanción jurídica al abuso del poder en todo el país.
Expuso que la confección de esta ley no será sencilla, pues entre los especialistas “está vigente una fuerte corriente conservadora que sigue concibiendo el combate a la corrupción como un asunto de servidores públicos corrompidos a quienes debe perseguirse y sancionarse individualmente y que se resiste, en consecuencia, a comprender que el fenómeno ocurre generalmente en redes y que en éstas no solamente actúan funcionarios sino personas físicas y morales”.
Merino advirtió que una ley general de responsabilidades que se limite a describir conductas sancionables de servidores públicos, individualmente planteadas, acabaría castigando sólo a los operadores más débiles de la cadena de corrupción o produciendo chivos expiatorios tras cada escándalo; es decir, acabaría reproduciendo las mismas prácticas que ya tenemos en México.
¿Qué va a proponer el licenciado Astudillo? ¿Será sólo un pacto y un llamado a la buena voluntad de los actores públicos locales?  ¿O esperará hasta que llegue la inercia del sistema nacional anticorrupción?
Lo que anuncie no tendrá ninguna credibilidad si no denuncia ante quien corresponda los atracos que hubo en los gobiernos de Ángel Aguirre y Rogelio Ortega a los responsables de todas las irregularidades financieras que han encontrado hasta la fecha, incluyendo Acabús, déficit financiero por 18 mil millones de pesos, obras no realizadas, depredación de aguinaldos, etc.
Qué se necesita en Guerrero
Lo que requiere el estado en materia de transparencia y acceso a la información es simple: que se cumpla la ley. Hasta hoy, las dos normas de transparencia que se han legislado en el estado (septiembre de 2005 y mayo de 2010) no han sido cumplidas ni por el gobierno del estado, ni los ayuntamientos, ni el Congreso; tampoco por la Suprema Corte de Justicia, ni los organismos autónomos. Nadie lo ha hecho cabalmente.
El diagnóstico es apabullante: las 160 dependencias públicas del estado registradas como sujetos obligados de la ley de transparencia tienen un irrisorio 27.8 por ciento de cumplimiento de su información de oficio, en promedio. Y no solo eso: las dependencias continúan reticentes a entregar la información que solicitan los ciudadanos.
El gobernador puede comenzar con acciones simples. Para lograr que haya un aceptable cumplimiento en la publicación de la información de oficio y mejorar los mecanismos de acceso a la información que exige ya la Ley General de Transparencia, sólo requiere dictar e instrumentar una política clara y vigorosa de transparencia hacia las dependencias del Ejecutivo. Si no lo hace, cualquier declaración de que su gobierno es transparente será una simulación.   
También puede exhortar a los otros poderes a hacer lo mismo. En el diagnóstico de la transparencia, el Congreso del estado y el poder judicial del estado tienen puntuaciones de cumplimiento muy bajas. El Legislativo, además, por mandato constitucional debe armonizar la ley local a la Ley General de Transparencia, y tiene de plazo hasta mayo de 2016.
En breve, Guerrero deberá adherirse obligatoriamente al Sistema Nacional de Transparencia, y eso requiere de recursos financieros para la operación de una plataforma electrónica similar al Info Guerrero y para la publicación de la información de oficio de las dependencias del estado. El gobernador puede anunciar ya medidas y no esperar hasta que se armonice la ley local.
Los ayuntamientos de Guerrero son de los más opacos del país, y escudándose en una autonomía que manejan a conveniencia, los alcaldes desafían abiertamente la normatividad en transparencia.  Algo se debe hacer, pues ahí se localizan los casos de mayor impunidad. El gobierno del estado y el Congreso pueden proponer y establecer controles para que los ayuntamientos ya no vivan en la impunidad en el ejercicio del gasto.
Todo lo anterior no requiere de actos espectaculares ni de grandes inversiones, simplemente disposición y voluntad de los actores políticos.