En febrero, nuevos comisionados en el Itaigro

Publicado en el periódico el Sur de Acapulco

En febrero del próximo año se inicia una nueva etapa en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero (Itaigro), ya que los diputados de la LXI Legislatura designarán a nuevos comisionados o ratificarán parcial o totalmente a los actuales.

No es una decisión menor, pues en los próximos meses se presentarán retos de mucha trascendencia para el estado en materia de transparencia y acceso a la información que requerirán de comisionados competentes para construir un órgano garante eficiente, eficaz, que haga valer su autonomía y que comience a ganarse un prestigio y una legitimidad que hoy todavía no tiene.
Recientemente el Congreso del estado emitió una convocatoria para la inscripción de candidatos, de entre quienes habrán de seleccionarse tres comisionados del Itaigro -hombres o mujeres- que comenzarán su encargo en febrero de 2014. Lo que se espera es que sea un proceso transparente, pulcro, justo, que permita una designación profesional de los mejores.
Los aspirantes
Son 23 los inscritos en la lista de candidatos a comisionados del Itaigro; no se sabe aún cuántos de éstos cumplieron con los requisitos y quiénes pasarán a la siguiente ronda, ya que los miembros de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado decidieron continuar el proceso de selección hasta enero de 2018.
Entre los aspirantes están los actuales comisionados Roberto Rodríguez Saldaña, Joaquín Morales Sánchez y Elizabeth Patrón Osorio, que buscan repetir en el cargo. Es indudable que les llevan ventaja a los demás competidores simplemente porque tienen una experiencia adquirida a lo largo de cuatro años, pero en contra tienen un desprestigio fraguado durante el primer año y medio de funciones, específicamente los dos primeros, quienes junto con el defenestrado consejero Crescencio Almazán Tolentino, protagonizaron una gresca por los recursos del instituto que todavía hoy ninguno de ellos ha justificado ni explicado.
Como se recordará, el 7 de febrero de 2014, el Congreso del estado designó a Crescencio Almazán Tolentino, Roberto Saldaña Rodríguez y Joaquín Morales Sánchez como consejeros del Itaigro para el periodo 2014-2018. Pero a sólo 36 meses de su encargo, los diarios capitalinos se regodearon con los pleitos internos entre los tres consejeros, y en gran parte esto tenía su origen en la pugna por el ingreso de sus recomendados para trabajar en el organismo.
En contra de los tres actuales comisionados también pesa que nunca funcionaron como un órgano colegiado, en gran parte como consecuencia de la modalidad de designación empleada por los diputados, a través de cuotas partidistas, y no por sus capacidades, experiencia y especialización. Esto propició que no se construyeran canales apropiados para el procesamiento de los desacuerdos, y el instituto ha funcionado de manera fragmentada, con cada uno de los consejeros “jalando” para su lado, o si acaso, con débiles acuerdos entre ellos. Las consecuencias de esta forma de operar las ha pagado la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información en el estado.
Otro grupo de aspirantes es el de los periodistas. En los tres concursos para consejeros o comisionados que ha habido en Guerrero desde 2006, se han inscrito varios trabajadores de la prensa, de hecho, las dos mujeres que han sido comisionadas (María Antonia Cárcamo Cortés, en la ex Comisión de Acceso a la Información del estado; y Elizabeth Patrón Osorio, actual consejera del Itaigro), tienen en común que trabajaron en los medios de comunicación.
Uno de los periodistas inscritos como aspirante es Alejandrino González Reyes, quien se desempeñó como titular en el área de comunicación y formó parte del equipo del ex consejero Crescencio Almazán Tolentino; y el otro es Pedro Arzeta García. Ninguno de ellos tiene experiencia ni se sabe que tengan conocimientos especializados en el tema.
Otros competidores
En la lista de aspirantes predominan las personas que han concursado en otras convocatorias para desempeñar cargos en organismos autónomos como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado (IEPC), el Tribunal Electoral del estado, el consejo consultivo de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos; o bien en dependencias como la Auditoría General del Estado, pero que en materia de transparencia y rendición de cuentas no cuentan con experiencia o especialización.
Por la repetición de sus nombres en distintas convocatorias de este tipo, parece que se ha convertido en un modus vivendi para muchos de ellos, al intentar incorporarse a estos organismos sin importar si los cargos requieren especialización en temas electorales, de transparencia y acceso a la información, de derechos humanos o en fiscalización.
Por ejemplo, Domingo Martínez Altamirano tuvo participación en convocatorias para ser magistrado del Tribunal Electoral del estado, asimismo para ser parte del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia y también para la presidencia de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos. Apenas hace algunas semanas concursó para ser presidente del IEPC.
Igualmente Marcelo Gatica Lorenzo, docente de la unidad académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, se ha desempeñado como consejero distrital propietario por el distrito electoral 2 con cabecera en Chilpancingo. Ante la renuncia de la ex presidenta del IEPC, Maricela Reyes, se inscribió hace unas semanas al concurso para sustituirla. Ha sido dirigente de la Federación Estudiantil de Universitarios Guerrerenses.
Yolanda Leticia Medina Aguilar trabaja en la UAG y ha sido consejera distrital del IEPC; hace algunos meses participó en el concurso para ocupar uno de los tres espacios para consejeros del IEPC.
Iván Delgado Peralta concursó hace tres años para desempeñarse como auditor especial en la Auditoría General del Estado, sin que lograra colocarse. Es de los aspirantes que se publicita en los medios de comunicación.
José Guadalupe Lampart Barrios ha participado en otras convocatorias para ser comisionado del Itaigro, y también para ser auditor especial de la AGE. En el tema de transparencia, se ha desempeñado como director del módulo de acceso a la información del Congreso del estado.
Evelyn del Carmen Puente Flores ha sido directora administrativa del Colegio de Bachilleres y fue aspirante apenas en octubre pasado para ocupar la presidencia del IEPC. La experiencia que tiene en el tema de transparencia se deriva de su cargo como coordinadora de la unidad de transparencia y acceso a la información del Tribunal Electoral del estado hace algunos años.
Alejandra Ortega Guzmán ha sido asesora del Congreso del estado y consejera distrital del IEPC y trabajó en el área de comunicación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Por su parte, Nancy Bravo Gómez ha sido integrante del consejo consultivo de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos.
Salustio García Dorantes fue regidor del ayuntamiento de Chilpancingo y asesor jurídico del ayuntamiento de Eduardo Neri y de la Secretaría de Planeación. Actualmente es secretario técnico de la comisión de Derechos Humanos del Congreso del estado; concursó recientemente para ser consejero electoral del IEPC.
Con experiencia
Otro grupo de aspirantes se caracteriza porque han desarrollado actividades en la materia, especialmente de gestión de información, al trabajar en las unidades de transparencia de algunas dependencias públicas. Aunque esto no garantiza que sean aptos para ser comisionados, sí hay un sustento que les permite tener un acercamiento con el tema y que no lleguen totalmente en blanco al proceso de selección.
Así, por ejemplo, Josefina Morales Carreón ha sido titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia; mientras que Horacio Díaz Quiñonez actualmente es el titular de la Unidad de Transparencia del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de Guerrero; antes también fungió como coordinador jurídico del Itaigro.
Aleshka Pintos Lazcano aparece como actual titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa (antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo) del estado de Guerrero; mientras que Roberto Nava Castro es actual director de Promoción y Capacitación del Itaigro; anteriormente trabajó en la subdirección jurídica de la Secretaría de Salud.
Alfonso Lara Muñiz es enlace de la Unidad de Calidad, Inscripción, Acreditación y Certificación del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos; fue integrante del Consejo General del IEPC, y aplicó hace unas semanas para la presidencia de ese instituto. También trabajó como titular de la unidad de transparencia en la AGE.
Mariana Contreras Soto fue directora general de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno y actualmente se desempeña como asesora para asuntos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción de esa dependencia. Independientemente de su experiencia en la materia, su cercanía con el actual mandatario, a través del secretario general de gobierno, pesará mucho en la decisión de los diputados y es una de las fuertes candidatas a ocupar un lugar en el Itaigro.
Finalmente, uno de los pocos aspirantes que ha trabajado de manera permanente en el tema es Domingo Francisco Neri Célis, pues fue director general de contraloría social y subcontralor de Modernización Administrativa de la ex Contraloría General del Estado, desde donde verificaba el trabajo de la dirección general de transparencia y de la coordinación de acceso a la información de esa dependencia. Actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Transparencia de la AGE.
Hay dos nombres de los que no se tienen antecedentes en la esfera pública, no por lo menos en el tema de transparencia y rendición de cuentas. Se trata de Miguel Ángel Rudecindo Sánchez y Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez.
Qué se necesita
Cada uno de los participantes que continúen en la siguiente ronda serán entrevistados de manera pública por los legisladores y expondrán en esa sesión su plan de trabajo. Independientemente de lo que propongan, consideramos que el Itaigro debe incluir por lo menos los siguientes puntos.
El 1 de enero de 2018 se termina la prórroga que fijó el INAI para que las dependencias públicas del país publiquen su información de oficio en la Plataforma Nacional de Transparencia. Derivado de la conclusión de este plazo, se multiplicarán los recursos de revisión, las denuncias ciudadanas y será obligatorio que el Itaigro haga verificaciones a la información de oficio de los sujetos obligados.
Esto se traducirá en grandes cargas de trabajo que el instituto deberá solventar de manera expedita, por lo que se requerirá urgentemente que los comisionados designados establezcan compromisos serios y profesionales para funcionar de manera colegiada. Ésa será la base para iniciar un trabajo organizado, eficiente y eficaz, sin el cual difícilmente saldrán adelante y persistirán las inconsistencias y los rezagos actuales.
Una apropiada articulación dentro del instituto será esencial para ordenar y coordinar las actividades, ya que desafortunadamente el Congreso del Estado asignó un bajísimo presupuesto para la operación del organismo en 2018, no obstante la dimensión del trabajo que hay por delante.
Así, el próximo año el Itaigro tendrá un presupuesto de 13 millones 361 mil pesos, mientras que el año anterior fue de 12 millones 487 mil, es decir, un incremento de apenas 7 por ciento.
El pacto para mejorar la gestión del instituto incluye que los comisionados incorporen a sus áreas de trabajo a personal con el perfil profesional necesario y por ningún motivo mantengan en la nómina a “aviadores”.
A principio de febrero de 2018 sabremos si uno o todos los consejeros actuales serán ratificados, y en caso de que no, los órganos de control y fiscalización deben poner atención en caso de que hagan uso del gasto corriente para autopagarse sus “liquidaciones”, como lo hicieron dos de los tres consejeros anteriores y que dejaron prácticamente en bancarrota al instituto en 2014.
Como órgano garante de la ley de transparencia, el Itaigro deberá velar por que todas las sanciones aplicadas a los sujetos obligados realmente se ejecuten. Todavía hay total impunidad en esta materia, y francamente si no funciona la coerción que establece la ley, todo el trabajo que realice el Itaigro, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados en promover la transparencia será en vano.