Marcos Méndez Lara, Elo Sur de Acapulco
En días pasados, el director del Instituto Guerrerense de Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, Alejandro Arcos Catalán, informó que del orden de 6,585 beneficiarios del programa Pensión Guerrero (13.1% del padrón) fueron dados de baja por diferentes irregularidades detectadas, entre ellas, por cobrar al mismo tiempo en otros programas federales y municipales, porque no cumplían con la edad mínima para ser beneficiario o porque presentaron documentación falsa.
Coincidentemente, hace cuatro años y ocho meses, el primer director del Igatipam del gobierno anterior, Apolinar Ramos García, daba la noticia, también en una conferencia de prensa, sobre la baja de 3,000 adultos mayores porque se descubrió que tenían solvencia económica y éstos fueron incluidos en el padrón por “influencia de funcionarios de la administración pasada (la del gobierno de René Juárez Cisneros).”
Es decir, nos encontramos ante la misma historia: personas que están cobrando irregularmente con el apoyo, anuencia, complicidad u omisión de funcionarios del gobierno; y la denuncia de las autoridades vigentes en contra de sus predecesoras.
¿Qué debe hacerse para que el director del instituto de la próxima administración estatal no convoque a una conferencia de prensa para anunciar la baja de miles de adultos debido a la corrupción, en su caso, de funcionarios del actual gobierno?
No sabemos si se están implantando controles efectivos para evitarlo –y además si se sancionará a los servidores públicos involucrados de todos los niveles-, pero mi experiencia personal es que hasta hoy, no existe la disposición de hacer transparente la información, que es una forma de que las y los ciudadanos por lo menos observaríamos lo que sucede ahí adentro.
Con base en la Ley de transparencia y Acceso a la Información, solicité a principios de octubre los libros blancos de los programas que opera el Igatipam correspondientes a la administración del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo; así como los informes de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo del Igatipam, de 2005 a la fecha.
De estas peticiones no obtuve respuesta en el tiempo que marca la ley, por lo que presenté un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, que actualmente está en proceso de trámite.
A la Contraloría General del Estado le solicité los informes del comisario público de esta dependencia adscrito al Igatipam, pero me respondieron que de “2005 a 2008 no se designó comisario a ese organismo, sino hasta el 2009, siendo a partir de este año que contamos con información, asimismo le hago de conocimiento que dicha documentación no puede ser proporcionada, debido a que el expediente de los informes está clasificado como reservado”.
Esta información es clave para comenzar a desentrañar las irregularidades de Igatipam, ya que dos de las funciones que deben realizar los comisarios públicos, según el reglamento interior de la Contraloría, son “vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable de los las entidades paraestatales, órganos administrativos desconcentrados, organismos públicos de participación social y demás órganos afines, donde se encuentren adscritos (…)” y “evaluar los sistemas de control interno de la entidad de su adscripción, a efectos de detectar con oportunidad posibles fallas de control y proponer las acciones correctivas que correspondan, así como impulsar una gestión de calidad e innovación que favorezca la optimización de recursos, la simplificación administrativa y la transparencia, a fin de prevenir actos de corrupción”.
Por otro lado, si se revisa la página electrónica de la institución, se observará que tampoco existe la información pública obligatoria que establece la Ley de Transparencia estatal.
Todos estos elementos me permiten suponer que el Igatipam sigue siendo una institución opaca, pues hasta hoy, no es posible tener acceso a la información de lo que ahí sucede, y de seguir así, cada sexenio presenciaremos una conferencia de prensa donde se denuncia el desvío de recursos públicos, en detrimento de miles de personas adultas mayores que urgentemente necesitan el apoyo.
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