Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco
Dentro de la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero hay claroscuros sobre lo que sucede en sus dependencias en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Por un lado, la Contraloría General del Estado organizó tres talleres de capacitación con el tema “Acceso a la información pública y contraloría social”; uno de ellos, el que fue dirigido a ciudadanos integrantes de organizaciones sociales y civiles y también a personas sin ninguna filiación, fue un verdadero foro para ventilar lo que piensa la gente sobre el tema.
Lo más destacado de este encuentro fue el reconocimiento, de parte de los funcionarios presentes, de la situación que guarda la transparencia y la rendición de cuentas en el estado, que a decir de las y los que expresamos nuestra opinión, hay un diagnóstico pesimista.
Sin embargo, por sí misma, esta aceptación es hasta cierto punto un paso adelante, dada la cantaleta de meses y años anteriores, de querer aparentar que el estado se ubicaba entre los adelantados en la materia; y puede significar todavía mucho más, si esos mismos funcionarios ponen manos a la obra y proponen y empujan propuestas que permitan realmente avances en el control y vigilancia ciudadanos.
La nota opaca la dio esta semana la Secretaría de Desarrollo Rural. En días pasados, representantes de comités comunitarios de Marquelia, Copala, Ahuacotzingo, Coyuca de Benítez, Zitlala, Martir de Cuilapa, Chilapa y Ometepec, denunciaron que fueron presionados por funcionarios de esta dependencia para obligarlos a contratar a determinadas empresas para la construcción de obras.
El programa al que se refieren los quejosos es el de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) -uno de los programas de la Sagarpa en los que participa el gobierno del estado- cuyos lineamientos operativos para la aplicación de recursos, publicados en la propia página electrónica de la Seder, establecen claramente que “los apoyos que se otorgan son subsidios que se entregan directamente a los beneficiarios para que por su cuenta realicen las inversiones autorizadas”.
Es decir, los recursos del programa COUSSA deben ser recibidos por los beneficiarios y ellos tienen el derecho a decidir de qué manera los ejercen: en forma directa o por administración; por contrato con una empresa especializada; o por combinación de ambas.
Por ello es inaceptable cualquier tipo de presión que les condicione la manera en que deben gastarlos. Los denunciantes ya presentaron una queja ante la Secretaría de la Función Pública, pero sería también pertinente que la Contraloría General del Estado vigilara este proceso.
También en días pasados circuló en las redes sociales una denuncia en contra de funcionarios de la misma Seder. A mi correo personal llegó un señalamiento en contra del subsecretario Humberto Rafael Zapata Añorve, Subsecretario de Ganadería de la Seder por presuntos actos de corrupción dentro del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura; servidor público, que según el correo, es primo del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Dice el texto, que el funcionario visita a los beneficiarios de los proyectos de obras de infraestructura aprobadas y los obliga “a que contraten la ejecución de sus proyectos con la empresa constructora que dirige Jaime Alarcón, bajo el argumento de que es un hombre de mucha experiencia y de mucha confianza del C. Gobernador”.
Y en seguida enumera una lista de 60 proyectos, cuyos montos van de los 205 mil a los tres millones de pesos, pertenecientes a beneficiarios que supuestamente fueron visitados por Zapata Añorve para presionarlos sobre la empresa que deben contratar.
Si son reales o no estos señalamientos –que también involucran al Sudelegado federal de Conapesca y al Gerente de Sanidad Acuícola de la misma dependencia- corresponde a los órganos de control y vigilancia federales y estatales investigar y determinar lo conducente.
Sin embargo, sí es muy importante que la información que se genere sobre estos casos se difunda públicamente, ya que contribuirá a generar credibilidad en las instituciones y en los aparatos de control y vigilancia. Que se establezcan hoy medidas de control para no lamentarlo mañana.
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