Atraco a los adultos mayores

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco

Graves irregularidades se descubrieron en el programa Pensión Guerrero del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, un programa social cuyos recursos son destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, el de los ancianos, y de ahí que provoque mayor indignación.

La Contraloría General del Estado, en una revisión del padrón de beneficiarios encontró, dicen las notas periodísticas, cuatro mil datos irregulares (equivalente a 11 por ciento del padrón revisado y a siete por ciento del número total de beneficiarios) entre ellos, huellas dactilares o firmas plasmadas en los recibos de pago que no coinciden con la identificación personal, pago a personas fallecidas, personas que no cumplen con la edad mínima de 65 años de edad para recibir la ayuda, y personas que reciben pensiones de otras instituciones como el IMSS e ISSSTE.

De acuerdo con esta información, la mayor parte del dinero que supuestamente cobraron esas cuatro mil personas registradas de manera fraudulenta en Pensión Guerrero, fue a parar a los bolsillos de alguien, seguramente aprovechándose de las limitaciones de que adolecen la mayoría de nuestros ancianos (limitada movilidad, analfabetismo funcional, debilidades auditiva y visual, etc.).

El monto de las pensiones que reciben los adultos mayores es de 800 pesos cada dos meses. Esto significa que alguien se embolsó 3.2 millones de pesos bimensuales durante quizás los seis años que duró el gobierno de Zeferino Torreblanca (aunque el programa comenzó a funcionar desde 2003).

1. En las reglas de operación se establece –hoy suena cínico- que “El principio de transparencia será un eje rector, entre otros, de la operación del programa” y se describen acciones para la transparencia del programa, en donde el comité técnico del Igatipam de manera cuatrimestral y al final de cada ejercicio, tenía la obligación de publicar el resultado de las acciones de control y vigilancia del programa, y de verificación y aprobación del padrón de beneficiarios.

Por cierto, el Comité Técnico del organismo es el encargado de aprobar “la correcta integración del padrón de beneficiarios”, según las reglas de operación, y entre las personas que integran dicho comité están: el secretario de Desarrollo Social, el coordinador Estatal de Programas Sociales, los secretarios General de Gobierno, de Finanzas y Administración, de Salud, y el Contralor General del Estado, entre otros; lo que significa que no sólo debe investigarse a servidores públicos del Igatipam, sino también a los funcionarios de esas secretarías que estaban en funciones en el momento de cometidas las irregularidades, ya que eran responsables directos del control y vigilancia del padrón.

2. De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el Igatipam cuenta con un Comisario Público, designado por la Contraloría General del Estado, y que actúa como órgano de vigilancia. ¿Quién o quiénes fueron las o los comisarios durante los últimos seis años, y qué cuentas presentaron? ¿Por qué dejaron pasar todas las irregularidades que hoy se denuncian?

3. Como una forma de contraloría social, la ley también establece que el Igatipam contará con un Consejo Ciudadano de Adultos Mayores “que tendrá por objeto conocer el seguimiento dado a los programas y opinar sobre los mismos”, entre otras funciones.

Sin embargo, parece que el consejo nunca se integró o solamente fue decorativo (además de que la normatividad no le da las facultades necesarias para hacer un trabajo más efectivo de control y vigilancia), ya que no se sabe que tampoco haya denunciado nada.

4. Claramente se observa que los controles para la vigilancia del programa Pensión Guerrero no fueron suficientes ni eficaces, por lo que la Contraloría General del Estado y el propio Igatipam deberán diseñar mecanismos que permitan el efectivo control de lo que se hace en el organismo y darlos a conocer públicamente.

5. Ya es tiempo de pensar en incorporar formas de participación ciudadana para la contraloría social en los programas sociales estatales y municipales, ya que hasta hoy, sólo los programas federales (aunque muy limitadas) las tienen.