Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco
Recientemente el gobierno del estado y la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal firmaron un convenio que busca “fortalecer los sistemas de control y evaluación de la gestión pública estatal y municipales, con el fin de lograr un uso eficiente, oportuno, transparente y honesto de los recursos que las dependencias y entidades de la administración pública federal les asignan”. (http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/06/31-Acuerdo-SFP-EdoGro-22sep11.pdf)
Las noticias que nos han llegado respecto a cómo se ejerció el dinero en la administración anterior, en rubros específicos como salud y educación, son argumento suficiente para dar un seguimiento puntual a este acuerdo, pues si de algo debe servir esa experiencia, es para cuidar que no vuelva a repetirse.
1. Este acuerdo puede convertirse en la carta de presentación del gobierno de Ángel Aguirre en materia de rendición de cuentas; dependerá de los mecanismos que se establezcan para concretarlo, y desde luego, de la eficacia de éstos, el adjetivo con el que se recordará a la administración actual. El peor escenario es que el acuerdo solo sirva como pantalla para simular que hay transparencia y rendición de cuentas.
2. Una acción relevante, y que no está incluida dentro del acuerdo, es que se establezca un mecanismo abierto de información con la ciudadanía sobre las acciones y avances que se tengan. Sería absurdo que se ocultara este tipo de información que generan dos dependencias (SPF y Contraloría General del Estado) dedicadas precisamente a que los recursos públicos se ejerzan con transparencia.
3. El acuerdo firmado por la SFP y el gobierno del estado, tiene limitantes, una de las más importantes es que los recursos federales provenientes del Ramo general 33 “Aportaciones federales para entidades federativas y municipios”, así como las aportaciones para el sistema de protección social en salud, no son objeto de las acciones conjuntas a que se refiere el instrumento que comentamos.
Esto significa, traducido a pesos, que sólo en el caso del Ramo 33, del orden de 21,415 millones de pesos quedarán fuera de las acciones que se establezcan como resultado de este acuerdo, es decir, alrededor de 58 por ciento de los recursos federales que se ejercerán en Guerrero en 2011 no están considerados para el control y evaluación que se indica en este convenio.
En contraparte, alrededor de 13,276 millones de pesos, provenientes del gobierno federal, son los que estarían sujetos al control y evaluación dentro del marco del acuerdo, según cálculo hecho a partir del decreto 640 de Presupuesto de Egresos del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2011.
4. El acuerdo incluye un compromiso que asume el gobierno del estado para “promover la incorporación de la figura del testigo social en la normatividad local en materia de contrataciones públicas”. La inclusión de esta figura de control ciudadano por sí misma es relevante, aunque hay que esperar el peso específico y los “dientes” que les dará el gobierno del estado para realizar su trabajo.
La figura no es nueva en México; se ha promovido en la administración pública federal, incluso existe un acuerdo emitido por la SPF para regular su funcionamiento y describir sus alcances (http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/comunes/testigo.htm)
Los testigos sociales pueden participar con derecho a voz durante las contrataciones de las dependencias a solicitud de éstas o a petición de los propios testigos; y las dependencias deben proporcionar todas las facilidades y documentación que soliciten, salvo la considerada como reservada o confidencial en términos de la ley, para emitir recomendaciones.
5. El acuerdo incluye el compromiso de la SFP y del gobierno del estado de promover y dar seguimiento a las acciones de contraloría social que promueve la SFP, tanto a nivel estatal como en los municipios.
En este punto será interesante conocer los alcances que le dará el gobierno del estado a esta importante vertiente del acuerdo, que es la promoción de contralorías sociales. A la fecha, sabemos que no han tenido una participación destacada, y más bien han funcionado como organismos decorativos, por lo que este acuerdo puede ser el punto de partida para dar un impulso real a estas figuras de participación ciudadana.
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