Reportajes

Un sexenio sin transparencia ni rendición de cuentas

Marcos Méndez Lara

Hace seis años, un 28 de septiembre, el Congreso del Estado de Guerrero aprobó la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero; pero la pregunta inevitable es si esa norma ha contribuido a que el estado tenga mejores instituciones públicas, que informen y rindan cuentas a la ciudadanía, que ofrezcan obras y servicios de más calidad y que contribuyen al ejercicio de los derechos sociales, económicos y ciudadanos de las y los guerrerenses. La respuesta categórica es no.

Son varias las causas de esta pobreza en transparencia y rendición de cuentas, entre ellas, la inacción de las instituciones que pudieron haber jugado un papel relevante en la promoción en estos años: gobierno del estado, Congreso local y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero (ITAIG). Hoy los resultados están a la vista: sujetos obligados que incumplen la ley, “transparencia” simulada, reducido ejercicio ciudadano de estos derechos…

Las cuentas alegres

De acuerdo con las cifras del ITAIG, del 16 de junio de 2006 al 31 de diciembre de 2010 las y los ciudadanos presentaron un total de 14,027 solicitudes de información. Sin embargo, hay muchas dudas respecto de estos números, pues se ha demostrado que buena cantidad de éstas no corresponden a peticiones informativas, sino a solicitudes de obra, empleo y gestiones diversas, que los ayuntamientos incluyen en sus registros como solicitudes de información.

Este sobre registro de solicitudes solo es útil para simular una realidad que no existe en el estado. ¿Es creíble que en ayuntamientos como Azoyú, Zirándaro, Iliatenco o Tecoanapa se hayan presentado respectivamente 1719, 1321, 291 y 357 solicitudes de información a lo largo de un año, cuando el promedio de las que reciben todas las dependencias del gobierno del estado –en donde se lleva un registro más riguroso- apenas alcanza las 262 anuales?

Dar como buenas y difundir estas cifras respecto el ejercicio de acceso a la información sólo contribuye a tener un diagnóstico equivocado y a reforzar un discurso de que en el estado hay o se avanza en la transparencia.

Otros datos que no “cuadran” son el número de quejas interpuestas ante el ITAIG. Según el órgano garante guerrerense, en cinco años se presentaron solo 160 quejas, que equivalen a 1% del número de solicitudes presentadas.

Si se atienden estas cifras, parecería que los sujetos obligados de Guerrero tienen una enorme disposición para cumplir con sus obligaciones; sin embargo, la experiencia de la mayoría de quienes han tratado de hacer efectivo su derecho a la información, sabe que eso está lejos de ser verdad.

 La historia opaca de los ayuntamientos

Los ayuntamientos tanto del trienio pasado como las administraciones actuales son los sujetos obligados más reacios a entregar información o proclives a retardarla.

Hay varios indicadores que los señalan como los más opacos. Por ejemplo, de acuerdo con cifras del ITAIG, de las 165 quejas presentadas, más de la mitad (53%) correspondieron a los  ayuntamientos.

En su evaluación más reciente (marzo-abril de 2011),,  el grupo Ciudadanos por Municipios Transparentes –integrado por ONG, instituciones académicas y ciudadanos-, los municipios guerrerenses obtuvieron en promedio 2.8 de calificación, en una escala de 100, siendo el mejor evaluado Acapulco, que obtuvo apenas 23 puntos, muy lejos de municipios como Chihuahua (90), Puebla (90) o Tamazula, Jal. (79).

El colectivo Cimtra a nivel nacional evaluó en este periodo a 98 municipios de 13 estados. Entre los 30 últimos lugares, 24 correspondieron a Guerrero. 

Asimismo, en su más reciente informe de labores, el ITAIG destaca que 43 ayuntamientos (53% del total) no cumplieron su obligación de entregar un informe anual de las solicitudes de información, lo que es indicativo del poco interés y voluntad que tienen por estos asuntos.

Por su parte, la Auditoría General del Estado en su página electrónica indica que a septiembre, todavía 13 gobiernos municipales no han entregado su cuenta pública anual de 2010, mientras que 47 lo hicieron fuera de los tiempos que marca la ley. Esto supone que si no cumplen ni siquiera con la fiscalización a la que están obligados ¿qué rendición de cuentas pueden esperar las y los ciudadanos de esos municipios?

El titular de la Secretaría de la Función Pública del ayuntamiento de Chilpancingo, Roberto Álvarez Heredia, confirma que efectivamente aún falta mucho por hacer en los ayuntamientos en materia de transparencia y acceso a la información.

Reconoce que Chilpancingo, ayuntamiento sede de los poderes del estado, no cumple ni siquiera con la información pública de oficio que le ordena la ley, debido, subrayó, a que no se tiene memoria suficiente en la página web del ayuntamiento para “subir” toda la información que exige la normatividad.

Destacó también, que los procedimientos para responder a las solicitudes de información y hacer efectiva la transparencia, se entorpecen por las “luchas internas” entre las diferentes áreas del ayuntamiento.

Cabe preguntarse, si así está Chilpancingo ¿cómo estarán los ayuntamientos de la Montaña y de Costa Chica en transparencia y rendición de cuentas?

Gobierno del estado

Durante el periodo que va de junio de 2006 a junio de 2011, se presentaron 1,310 solicitudes de información en las 52 dependencias y entidades del Ejecutivo estatal, es decir, un promedio de apenas 21.8 peticiones por mes.

Nos encontramos ante uno de los más bajos promedios a nivel nacional, pues, por ejemplo, el órgano garante morelense reporta que desde septiembre de 2004 y hasta diciembre de 2010, el ejecutivo de Morelos respondió a 4,823 peticiones para un promedio de 63 solicitudes por mes; mientras que en Oaxaca y Chiapas se registraron también para el ejecutivo local promedios de 135 y 69 solicitudes mensuales, respectivamente, en 2010.

El cumplimiento de las obligaciones de transparencia también ha sido limitado en el gobierno del estado. Así, por ejemplo, la difusión de la información pública de oficio nunca se cumplió plenamente en el anterior gobierno, faltando sobre todo aquellos temas relevantes como los indicadores de gestión, presupuestos, cuentas públicas, entre otros.

Pero el Gobierno de Ángel Aguirre tampoco está cumpliendo con este precepto, y entre las políticas implantadas por su gobierno en materia de transparencia y acceso a la información, no hay ninguna dirigida a incentivar a que la ciudadanía ejerza este derecho ni a vencer las resistencias de aquellas dependencias y entidades que no publican su información de oficio. En la práctica, no han alcanzado hasta hoy ni siquiera el nivel de publicación de información obligatoria que tuvo el gobierno de Torreblanca Galindo.

Sobre este asunto, no hubo respuesta de parte de la Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información del gobierno estatal, para conocer su versión de la situación.

En el cabús de la transparencia

El Congreso guerrerense no ha sido factor determinante en la transparencia y la rendición de cuentas en el estado. Guerrero fue uno de los últimos estados de la república en aprobar su ley de acceso a la información (en 2005 por la LVII Legislatura), y la que se aprobó entonces, fue también una de las peores del país.

La ley de transparencia que nos rige actualmente –apegada a los principios del sexto constitucional- fue aprobada en mayo de 2010, es decir, 22 meses después de cumplido el plazo establecido en la constitución federal. En la legislación de leyes en la materia, Guerrero siempre ha estado en el cabús de la transparencia.

Incluso hoy día, el Congreso local ni siquiera cumple con la información pública de oficio que debe colocar en su portal electrónico, obligación que está señalada en el artículo 13 de la ley que los propios diputados aprobaron.  Y la explicación a este incumplimiento, en voz del encargado de la Unidad de Transparencia del órgano legislativo, José Guadalupe Lapar Barrios, es que “el portal está en constante adecuación, pero antes de diciembre estará lista”, a escasos meses de que concluya sus actividades la LIX Legislatura.

Caso especial es el del poder judicial guerrerense. Sorprende que se ubique en los últimos lugares en el cumplimiento de la información pública de oficio. Comunica AC, en un estudio hecho a principios de 2011, ubicó al Tribunal Superior de Justicia en el lugar 18, de 21 sujetos obligados monitoreados, como los más opacos; mientras que en el estudio Métrica de la Transparencia 2010, también reprueba en las dimensiones de portales electrónicos y usuario simulado (http://www.metricadetransparencia.cide.edu/).

Recursos invertidos

Si se revisan los recursos destinados a la transparencia y a la rendición de cuentas de las dependencias públicas en los últimos años, se observará que éstos han sido escasos, sin duda reflejo del desinterés que existe en la clase política para promover estos derechos.

Salvo 2008, en que de acuerdo con el presupuesto de egresos  del estado ascendió a 28.1 millones de pesos, el gasto en transparencia y rendición de cuentas se ha limitado a financiar la operación de la entonces Comisión de Acceso a la Información Pública, hoy ITAG: 6.4 millones de pesos en 2009, 6.4 millones en 2010 y 9.4 millones en 2011.

Este desinterés, además de los pocos resultados obtenidos en el número de solicitudes de información y en la promoción de la transparencia, se tradujo en que no se establecieron, por lo menos en el gobierno anterior,  los controles necesarios para evitar los despilfarros que a principios de este año salieron a la luz pública respecto del gasto en educación y salud, principalmente.

Promover la cultura de la transparencia

Son numerosas las acciones que hay por hacer. Si en las dependencias públicas no hay una disposición real para hacer de la transparencia y el acceso a la información un ejercicio cotidiano, sencillo y expedito, como dice la Constitución federal, las y los ciudadanos difícilmente podrán hacer uso de esa información pública y encontrarle una utilidad social para exigir y ejercer otros derechos.

No hay que esperar otros seis años para hacerlo.