En los últimos días, el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, se refirió en dos ocasiones a la participación de la ciudadanía en el control y vigilancia del ejercicio de gobierno. No lo había hecho desde la contienda electoral, específicamente desde que en el debate público que sostuvo con su adversario del PRI, se comprometió a crear una contraloría ciudadana para vigilar la obra pública.
La primera, el 7 de septiembre, se reunió con integrantes del Grupo Cuicalli, en la capital del estado, en donde propuso la creación de un consejo ciudadano para vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos y garantizar la asignación de las obras de acuerdo a los lineamientos que la ley establece.
La segunda fue al día siguiente, el 8 de septiembre, en un acto en el que firmaron, el gobierno del estado y la Secretaría de la Función Pública Federal, un acuerdo de coordinación para el fortalecimiento del sistema estatal de control y evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de modernización administrativa, transparencia y combate a la corrupción.
Ahí el gobernador se refirió también a la creación de una contraloría ciudadana para la vigilancia de los recursos públicos que permita la consolidación de programas, proyectos, acciones y servicios que ofrece el gobierno. La única manera de recuperar la confianza de la población, es que la propia sociedad se involucre en la tarea de gobierno, señaló el mandatario.
Luego de estos dos anuncios, es inminente que en breve se anuncie la convocatoria para integrar esta contraloría.
1. No sabemos en qué términos se emitirá, pero de lo que hay que estar pendientes es que sea un órgano ciudadano de control real de las tareas gubernamentales que le corresponderán vigilar. No deberá tener la denuncia –publica o ante los organismos de control institucionales- como única herramienta para el control y la vigilancia, sino que deberá estar provisto de “dientes” a efecto de que las observaciones que emita tengan repercusiones reales en los procesos donde se encuentren irregularidades. Si nace desdentado, el riesgo de que funcione solamente como un comité decorativo es muy grande.
2. Es plausible que el gobierno del estado abra espacios a la participación ciudadana, siempre y cuando a través de éstos realmente se incida en las diferentes etapas de las políticas públicas (diseño, implementación, evaluación).
3. Los procesos de adquisiciones y de obra pública son apenas dos aspectos del quehacer gubernamental que puede ser vigilado y controlado. En muchos otros asuntos, como los servicios de educación y salud y los programas sociales, pueden promoverse contralorías ciudadanas que mejorarían la calidad de lo que se ofrece y prevendrían casos de corrupción.
3. La institucionalización de estos espacios de intervención ciudadana son la mejor garantía contra vaivenes sexenales. En el proyecto de Constitución estatal que ya se anunció, sería muy pertinente que se incluyeran estas formas de control ciudadano, adicionales a las formas de participación ciudadana directa como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato, ya que son modalidades continuas de incidencia social sobre el poder público y su aparato administrativo.
De todo. La Coordinación de Fortalecimiento Municipal del gobierno del estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, firmaron un convenio de colaboración con el propósito de fomentar la transparencia en los municipios guerrerenses. Los mensajes de Beatriz Mojica y Marcos Ignacio Cueva fueron muy optimistas en el acto de firma, pero sin duda se enfrentarán a uno de los mayores retos que tiene el estado en materia de promoción de la transparencia y la rendición de cuentas: los ayuntamientos. Estaremos pendientes de las acciones, y sobre todo, de los resultados que logren estas dos instituciones.
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