El estado con los peores indicadores

El Sur de Acapulco

La Auditoría Superior de la Federación publicó un interesante documento titulado Perfil de México a través de Indicadores Clave 2016, que es una compilación de estudios e investigaciones de opinión difundidos por organismos nacionales e internacionales especializados en medir el desempeño de las naciones. Algunos de los indicadores están desglosados a nivel subnacional, por lo que en este especio comentaremos algunos que se refieren al estado de Guerrero.
El documento incluye 130 indicadores, agrupados en cuatro materias: transparencia gubernamental, buen gobierno, economía, finanzas y competitividad, y desarrollo humano.
El Índice de Transparencia de la Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas, 2015, estudio realizado por Aregional, es un instrumento estadístico que mide la disponibilidad y calidad de la información fiscal que emiten los gobiernos estatales en sus páginas electrónicas.
Con datos de 2015, el documento señala que en un nivel de transparencia alto se ubicaron 19 entidades, encabezando la lista el Estado de México, Puebla, Jalisco y Nayarit; mientras que Guerrero, Sonora y Tlaxcala presentaron un nivel de transparencia bajo de menos de 70 puntos. El ITDIF 2015 obtuvo un promedio nacional de 81.21 puntos.
Asimismo, el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara y el Instituto Mexicano para la Competitividad efectuaron un estudio sobre las Auditorías Superiores Locales en México, específicamente para evaluar su normativa, prácticas y transparencia.
La investigación realizada en 2013, señala que Colima, Quintana Roo y Guerrero presentaron la mayor calificación, en tanto que Tamaulipas, Baja California Sur y el Distrito Federal, la menor. Cabe destacar que de acuerdo con los indicadores, la Auditoría General del Estado de Guerrero obtuvo baja calificación en el rubro de autonomía del órgano fiscalizador.
El Índice de Información Presupuestal Estatal 2015 fue calculado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco); con éste evalúa la calidad de la información presupuestal de los estados sobre la base de un catálogo de buenas prácticas y las normas de contabilidad gubernamental. Guerrero se encuentra entre los últimos lugares, sólo arriba del Distrito Federal, Zacatecas, Michoacán y Quintana Roo.
Por cierto, este es el conjunto de indicadores al que se refirió el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental cuando informó que Guerrero pasó del lugar 28 al 20 (segundo estado que tuvo más avances); sin embargo, como lo señala el Imco, su transparencia en este rubro continúa clasificada como baja, por lo que cualquier presunción debe ser todavía muy moderada y cuidadosa.
Por su parte, el Índice Global de Impunidad México 2016, elaborado por el Centro de Estudios sobre la Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla, es un indicador que se refiere al análisis cuantitativo de los datos oficiales que reportan las instituciones de seguridad y justicia de las entidades federativas al INEGI.
Guerrero se encuentra entre el grupo de 13 entidades que tienen un muy alto grado de impunidad. De hecho, se encuentra en el lugar número seis entre los estados de mayor impunidad en México, según la universidad poblana, para quien la impunidad significa “la incapacidad del estado de cumplir con las medidas mínimas que garanticen la sanción de las violaciones a la ley”.

Indicadores de corrupción

Otro de los indicadores que publica el Auditoría Superior de la Federación es el de Percepción de la Corrupción en el Sector Público de México, 2013, obtenida de la Segunda Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, del Inegi. Esta encuesta presenta datos referentes a la satisfacción de los servicios públicos, así como la percepción de la población acerca de la corrupción en pagos de servicios públicos, trámites, solicitudes de servicio y contacto con autoridades.
En el ámbito nacional, 88.3 por ciento de la población considera como frecuente o muy frecuente las prácticas corruptas, y señala que los principales sectores donde se producen este tipo de conductas son policías, partidos políticos, ministerio público y gobiernos estatales.
El Estado de México, Distrito Federal y Nuevo León registraron la mayor porcentaje en percepción de corrupción; Baja California, Zacatecas e Hidalgo, la menor. Guerrero ocupó la posición número 16 en este rubro.

Indicadores de Gobernabilidad y Simplificación Administrativa

El Índice Delictivo 2015, elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC) presenta el impacto que provoca cada delito en la percepción de la inseguridad por parte de los ciudadanos. Además, considera que es una forma de medir el crimen a partir de la información que el individuo percibió en la entidad federativa donde reside, sobre la victimización personal y familiar, y los crímenes con violencia y sin ella.
Se estima de gran importancia la percepción que tiene la población sobre la inseguridad, ya que toma en cuenta la información sobre crímenes pasados y genera una expectativa de riesgo que modifica sus decisiones en el presente y en el futuro. La persona evalúa el impacto de un delito futuro en su vida y lo pondera respecto a otros delitos. Tlaxcala, Querétaro y Aguascalientes fueron los tres estados con el menor índice delictivo; Guerrero, Morelos y Sinaloa, los que tuvieron el mayor índice. Veinte entidades y el Distrito Federal se ubicaron por encima del promedio.
El CIDAC consideró los 33 tipos de delitos del catálogo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y bajo su metodología se construyó el índice, que identificó 8 delitos como los de mayor impacto en la percepción de la inseguridad.
Guerrero presenta los peores índices del país en los siguientes delitos: homicidio doloso, secuestro, lesión dolosa con arma blanca, extorsión, robo con violencia de vehículo y robo sin violencia de vehículo.

Ramos 28 y 33

Uno de los indicadores importantes para Guerrero es el que mide el desempeño de la gestión de los recursos federales que llegan al estado. Éstos representan la mayor parte del ingreso estatal, y especialmente los que corresponden al Ramo 33 se destinan a combatir los grados de marginación del estado; de ahí su importancia estratégica.
La Auditoría Superior de la Federación elabora cada año un informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. Del ejercicio 2014, la ASF calculó el Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado (IDGGF), que es una evaluación de la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y permite apreciar la calidad de gestión de las entidades federativas. El IDGGF se limita a medir el desempeño con base en las auditorías realizadas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2014. La medición del desempeño del gasto federalizado consideró variables derivadas de los resultados de las auditorías realizadas por la ASF a los Fondos FAEB, FASSA, FISE, FAM, FAETA, FASP, FAFEF, y el Seguro Popular.
Durango, Puebla y Yucatán ocuparon las primeras posiciones en el IDGGF 2014; Veracruz, Michoacán y Baja California Sur, las últimas. El promedio nacional fue de 76.2 puntos, 10.8 puntos por arriba de lo reportado en 2013.
Guerrero ocupa el lugar 27 dentro de este índice, con 71.7 por ciento, es decir, por debajo del promedio nacional. Los fondos que observaron más bajo desempeño de gestión en el estado son Seguro Popular, con 38.2 por ciento; el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con 49.6 por ciento; el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, con 66.9 por ciento; y el Fondo de Aportaciones Múltiples, con 68.5 por ciento. El resto de los fondos del Ramo 33 están por arriba del 70 por ciento.
Estos bajos porcentajes son particularmente graves considerando que dichos fondos, que en Guerrero representaron en 2015 la cantidad de 30,279.8 millones de pesos y que están etiquetados para erradicar rezagos sociales, en Guerrero no se están ejerciendo con eficiencia y eficacia.

Dependencia del gasto federal

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, AC (CIEP) presentó un estudio para analizar la situación financiera de las entidades federativas 2015, esto con el propósito de conocer el impacto de una posible caída de sus ingresos en razón de los menores ingresos petroleros.
El organismo señala que las principales fuentes de ingresos de las entidades federativas son las participaciones (ramo 28) y las aportaciones federales (ramo 33); las primeras son los recursos que los estados pueden gastar libremente, en tanto que las segundas tienen un destino específico, es decir, están etiquetadas para el cumplimiento de objetivos y para atender demandas en materia de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social e infraestructura educativa.
El Estado de México y el Distrito Federal son las entidades que reciben el mayor porcentaje de los recursos totales de los Ramos 28 y 33, con 11.4 y 10.8 por ciento, respectivamente. Guerrero se ubica en el lugar 12, ya que recibe 3.1 por ciento de los recursos totales de ambos ramos.
El centro de investigación concluye que aunque las participaciones y aportaciones federales de las 32 entidades federativas se incrementaron en los últimos años, éstas enfrentarán un gran reto financiero en un contexto de menores transferencias federales, debido al desplome de los precios del petróleo y a una menor producción. El presupuesto de egresos del estado de Guerrero del ejercicio 2017 recién aprobado por el Congreso del estado corrobora lo que concluye el CIEP.
El Índice de Desarrollo Institucional Municipal, 2013, también fue elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, para tener una visión general las capacidades institucionales de los municipios. Los aspectos que mide la ASF son capacidad financiera, cobertura en la prestación de servicios públicos, desarrollo administrativo y transparencia y rendición de cuentas.
Los resultados para el estado de Guerrero indican que cuenta únicamente con un municipio con un grado de desarrollo municipal muy alto, nueve con medio-alto, 22 con un grado de desarrollo medio, 34 con grado bajo, y 15 con muy bajo.

Competitividad

El documento publica también dos indicadores relacionados con la competitividad en las entidades federativas. El primero de ellos se refiere a la competitividad sistémica y fue elaborado por Aregional con información de 2013.
Ese organismo define la competitividad sistémica como el desarrollo industrial exitoso, el cual no depende sólo de los factores productivos o de condiciones macroeconómicas estables, sino de medidas específicas del gobierno y del sector privado, orientados a fortalecer la competitividad de las empresas. Agregan que temas como la falta de seguridad, orden público, baja calidad del marco regulatorio y de una política fiscal impiden el avance hacia niveles de competitividad más altos.
El Distrito Federal, Nuevo León y Coahuila reportaron la mayor competitividad sistémica en 2013; Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la menor. La competitividad promedio fue de 43.34 puntos. De hecho, el estado de Guerrero ocupa la última posición en este índice con apenas 20 puntos.
El otro indicador es el de competitividad económica 2015, también elaborado por Aregional.
Los estados que encabezan la lista son Distrito Federal, Nuevo León y Sonora, ya que obtuvieron puntuaciones de 73.7, 72.7 y 62.8 puntos, respectivamente. El estado de Guerrero ocupa el último lugar con sólo 27.5 puntos.
Si se observa por subindicadores, en acceso tecnológico e innovación Guerrero sólo tiene ocho puntos, en emprendimiento e impulso empresarial, 16.2 puntos; en financiamiento empresarial y sectorial, 22.6; en calidad del empleo 25.2; y en impulso a la educación superior, 26.9 puntos.
Este tipo de información coloca al estado en su real dimensión, más objetiva; aunque ésta se decore con discursos floridos, siempre habrá este tipo de datos para desmentirlos. Por lo pronto, este documento puede descargarse en http://www.asf.gob.mx/uploads/61_Publicaciones_tecnicas/Perfil_de_Mexico_a_traves_de_Indicadores_Clave_2016.pdf
Felices fiestas para todos y todas; ojalá que 2017 sea un año más transparente, justo y seguro para los guerrerenses.

Persisten dudas en transparencia en el primer año de Astudillo

El Sur de Acapulco

Un descuido y varios pendientes dejó el gobernador Héctor Astudillo Flores, a propósito de su primer informe de gobierno. El descuido es que en ningún sitio de la página electrónica del gobierno del estado aparece el documento que da cuenta de su primer año de actividades –no su mensaje político, pues ése sí se difunde–. Para conseguirlo, fue necesario presentar la solicitud de información No. 00338816 ante la “Secretaría Particular del C. Gobernador”, el 30 de octubre de 2016, requiriendo precisamente el “Primer informe de gobierno de Héctor Astudillo Flores, completo, incluyendo anexos”.
No es un buen mensaje para los guerrerenses saber que el informe de actividades del gobernador se debe conseguir por medio de una solicitud de información; es un documento que debe ser profusamente difundido porque se trata de un acto de rendición de cuentas a la ciudadanía. Entre más detallada y accesible sea la información –especialmente la relativa al ejercicio de los recursos financieros–, de mayor calidad serán los actos de rendición de cuentas.
Pero también dejó varios pendientes, entre ellos, que las actividades presentadas en el primer informe no pueden ser cuantificadas ni comparadas contra metas establecidas, y esto es así porque no hay indicadores. Los informes de gobierno son un mecanismo para mostrar los resultados alcanzados por una administración gubernamental, y el referente ineludible, cuando se habla de una buena y ordenada gestión, es la planeación; es el espejo para medir los logros.
El 18 de noviembre de 2015, al comenzar el proceso de consulta para elaborar el plan estatal de gobierno, el gobernador expresó que es urgente la necesidad “de que el estado de Guerrero salga del conflicto para pasar a la planeación transparente, para atender y resolver las demandas y encaminar al estado por la ruta del desarrollo en beneficio de la población.”
En el mismo acto, el secretario de planeación y desarrollo regional, “por instrucciones del gobernador”, dijo que “por primera vez se incluirán indicadores para medir la eficacia de las acciones” del documento en proceso denominado plan estatal de desarrollo.
A casi un año, no se conocen los indicadores –que en efecto, es la única forma de medir objetivamente el logro de resultados– ni se sabe si se están elaborado; tampoco se sabe si las actividades presentadas en el informe se apegaron a la planeación largamente anunciada.
Sin información, es muy legítimo tener dudas y suspicacias. Sólo esperamos que la intención de apegarse a un plan de gobierno y estar sujeto a una evaluación por medio de indicadores sean realmente compromisos que se cumplirán en el corto plazo, pues no sirve de mucho tener las herramientas para evaluar un gobierno cuando ya esté de salida; si no lo hace, en nada se diferenciará de gobiernos anteriores.
Qué nos dio en el informe

En materia de transparencia y rendición de cuentas, hay que recordar que el Ejecutivo estableció en el plan estatal de desarrollo 2015-2021 un eje temático específico denominado Guerrero con gobierno abierto y transparente.
En la introducción, el gobernador hace un par de definiciones: “La transparencia en el ejercicio del poder es la piedra angular para dotar de credibilidad al Gobierno y generar confianza en las Instituciones políticas. La transparencia será bandera de la presente Administración. No habrá cabida para la opacidad. El primer paso será instalar apertura y transparencia en el Gobierno del Estado”.
Más adelante agrega que “En la presente Administración, el combate a la corrupción será prioridad del Gobierno. La crisis financiera pública que hoy se padece es producto de la irresponsabilidad y el mal manejo de gobiernos anteriores. En este no habrá cabida para actos de corrupción, desvío de fondos, enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias”.
Para ello propone una serie de objetivos y estrategias, entre las que destacan: Promover la transparencia gubernamental con la creación de mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer el ejercicio y el desempeño público de los funcionarios. Y la segunda: Generar un marco de legalidad e institucionalidad para el combate frontal a la corrupción.
En su informe de gobierno, Astudillo dedica mucho espacio a describir la situación de las finanzas públicas en el momento en que toma posesión. Explica que “gran parte de los esfuerzos se orientaron a ordenar y sanear las finanzas públicas, por el desorden financiero de la administración anterior, lo que puso en riesgo al gobierno del Estado por la situación de insolvencia económica para hacer frente a compromisos laborales con los trabajadores en diciembre de 2015”, ya que las arcas del gobierno estaban vacías.
Asimismo, Héctor Astudillo se refirió a dos estrategias en particular destacando como uno de sus avances el anuncio del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción. Al respecto, informó que se presentó un nuevo código de ética “al que deberán sujetarse los servidores de la administración pública estatal” y se elaboró el dictamen para que el Congreso del estado aprobara la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. También se refirió a la entrega de la cuenta pública, a la transferencia del sistema Info Guerrero al Itaigro y a la realización de cursos y talleres de capacitación para servidores públicos estatales y municipales.
En su mensaje político, dijo el mandatario que “recuperar al gobierno ha significado librar una lucha frontal contra la corrupción. En abril pasado, presentamos el Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción. Este Programa nos convirtió en la primera Entidad Federativa que inicia una agenda integral, colectiva y responsable de combate a la corrupción. Queremos que Guerrero sea punta de lanza en la promoción de gobiernos íntegros y honestos”.
Para colocar en su justa dimensión el anuncio del mandatario es preciso decir que el programa estatal de ética se deriva de dos políticas nacionales que las entidades federativas sin distinción deberán acatar y promover en sus jurisdicciones: los sistemas nacionales de transparencia y de combate a la corrupción, ambos derivados de reformas constitucionales y de la legislación de leyes generales.
Lo anterior significa que con o sin programa de ética, el estado de Guerrero deberá ser parte integrante de esos sistemas nacionales en plazos perentorios, por lo que está obligado constitucionalmente a realizar las acciones legislativas y administrativas necesarias para adecuarse a las nuevas disposiciones.
No se trata entonces, de propuestas audaces concebidas por la actual gestión gubernamental, sino de una inercia derivada de las obligaciones que provienen del texto constitucional federal y que todos los estados deberán cumplir.
Otra de las vertientes del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción es precisamente la creación del sistema estatal anticorrupción. Quizás lo más importante de este componente, lo dijo el gobernador en su mensaje político: “hace dos semanas mi gobierno publicó el decreto para la creación de una Comisión Interinstitucional para la Armonización de las Leyes Estatales en materia de promoción en contra de la corrupción y en favor de la transparencia”.
Explicó que la comisión tendrá la responsabilidad de armonizar las leyes locales con las reformas nacionales de combate a la corrupción y rendición de cuentas; el primer paso, dijo, será la conformación de mesas de trabajo en las que participen los poderes públicos, órganos autónomos y organismos con autonomía técnica en el Estado, para diseñar la legislación anticorrupción local. Se comprometió a que en próximos meses, presentará ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.
Algo muy cierto que dijo el gobernador fue que se requiere: “ahora tenemos el enorme reto de recuperar la confianza de la ciudadanía. Confianza que debe estar basada en la transparencia, la rendición de cuentas, la presencia del gobierno y también la disposición permanente para el diálogo”.

Lo que hace falta del PED

El Plan Estatal de Desarrollo establece muchas líneas de acción de las que se desconocen sus avances. Por ejemplo, el mandatario no mencionó en su informe lo que ha hecho para “mejorar los mecanismos de transparencia en los procesos de licitación para la contratación de obra pública y adquisición de bienes y servicios” o para “mejorar el portal de transparencia y actualizar de manera permanente la información gubernamental y traducirla a las diferentes lenguas maternas del Estado, garantizando así que la comunidad indígena pueda también estar informada”.
Tampoco se informó nada sobre las acciones que ha realizado el gobierno del estado para “garantizar el acceso efectivo a la información” ni lo que harán para dotar al Itaigro de mayores facultades en materia de transparencia y acceso a la información pública.
En materia de participación ciudadana, el gobernador no informó ni se conocen acciones para dar cumplimiento a las propuestas del plan estatal como “promover la creación de observatorios ciudadanos en los que la denuncia sea la principal herramienta para identificar violaciones a la ley y, en su caso, se sancione a quienes tengan responsabilidad legal” o como “promover la creación de Comités Técnicos Ciudadanos de Transparencia y Rendición de Cuentas, integrados por destacados y honorables ciudadanos”.
Son algunos de los pendientes que requieren de una respuesta, simplemente porque el propio Ejecutivo los incluyó en su plan estatal de desarrollo.

Qué dijeron los diputados

No sorprende la posición que asumieron los diputados locales en la presentación del informe de actividades de Héctor Astudillo. Jugaron un papel no de contrapeso, sino de comparsas. Como si fuera un dictado, los representantes populares sólo se refirieron al programa de ética, transparencia y combate a la corrupción; nunca preguntaron ni mucho menos cuestionaron por qué no ha habido acciones en otros ámbitos de la transparencia y la rendición de cuentas.
El diputado Jesús Martínez Martínez, del Partido del Trabajo, dijo por ejemplo, que “hay acciones en su Gobierno [de Astudillo] que debemos reconocer: (…) La constitución del Comité Rector del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción. Hacemos votos, para que su trabajo recupere la confianza de la sociedad hacia el gobierno”.
La legisladora Carmen Iliana Castillo Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, fue más allá y hasta cree que la corrupción y la opacidad ya no existen en el estado: “Algo que lastimaba y laceraba la credibilidad de un Gobierno, era las falta de transparencia y de rendición de cuentas, y a iniciativa suya [de Astudillo], hoy Guerrero cuenta con una Secretaría de Transparencia y Contraloría, así como con una Ley de Transparencia en armonía con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y la implementación de la Ley Tres de Tres, que obliga a los funcionarios de la Administración Pública Estatal a presentar sus Declaraciones Patrimonial, de intereses y fiscal, de forma periódica y pública”.
Ociel Hugar García Trujillo, del Partido de la Revolución Democrática, no se refirió al tema, sólo dijo que “uno de los grandes males que se ha hecho endémico en nuestra sociedad es la corrupción y la violencia”.
El diputado priista Samuel Reséndiz Peñaloza aseguró que “a un año de su toma de posesión, notamos avances innegables en la tarea de la Administración Pública (…), los resultados más significativos en materia de justicia y seguridad son la operación del nuevo Sistema de Justicia Penal y la conformación del primer batallón de la Policía Estatal Acreditable, para recuperar la confianza de la sociedad con el gobierno se constituyó el comité rector del Programa Estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción”.
Finalmente, la diputada Magdalena Camacho Díaz, respondió el informe de Astudillo Flores en nombre de la LXI Legislatura del Congreso del Estado. Sobre el tema dijo que “la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, son principios y obligaciones que deben imperar en todo gobierno, la sociedad no acepta la opacidad y debe saber en qué se gastan los recursos públicos, en esta Legislatura le reconocemos señor Gobernador las acciones que se han tomado desde su gobierno para elevar los niveles de transparencia, para fortalecer la cultura de la legalidad en el marco del programa Estatal de Ética, Transparencia y Rendición de Cuentas”.

La transparencia en los informes de gobierno municipales

El Sur de Acapulco

En sus informes de gobierno, correspondientes a su primer año de gestión, los alcaldes de Guerrero se movieron entre dos extremos opuestos, al referirse a los asuntos de la transparencia: unos no dijeron ni media palabra sobre el asunto y otros se presentaron como los campeones de la transparencia y la rendición de cuentas.
En cualquiera de los dos casos, quienes toman las decisiones en los gobiernos municipales aún no entienden la dimensión y el significado de lo que deben hacer para modificar y ajustar la operación del ayuntamiento, a efecto de hacer transparente el quehacer gubernamental; simplemente buscan cómo evadir o “administrar” las obligaciones que les marcan las nuevas normas nacionales de transparencia, pero no cumplirlas con cabalidad.
Hoy todavía se observan solicitudes de información sin responder o que escatiman los datos, así como pobrísimas páginas electrónicas que poco sirven para dar a conocer información de los ayuntamientos; y lo más grave es que no se observa voluntad ni disposición para adoptar una política municipal, real y efectiva, de transparencia.
Pero en sus informes de gobierno dicen excelsitudes de sus gestiones, de la transparencia y de que rinden cuentas. Otra vez, el discurso vs la realidad.
En esta entrega abordamos un ejercicio que realizamos, por medio de solicitudes de información, presentadas entre el 11 y el 17 de octubre, donde les requerimos a los ayuntamientos de Guerrero sus informes de gobierno que por ley deben presentar.
Al respecto, cabe denunciar que actualmente 13 municipios restringen completamente el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, ya que no han habilitado el mecanismo correspondiente en el sistema Info Guerrero. Los ayuntamientos que continúan renuentes son Copalillo, Cuetzala, General Canuto A. Neri, General Heliodoro Castillo, José Joaquín de Herrera, Mochitlán, Petatlán, San Luis Acatlán, Tlacochistlahuaca, Tlalchapa, Zapotitlán, Zirándaro y Zitlala.
De las 68 solicitudes de información presentadas, sólo 37 ayuntamientos respondieron, en tanto que 31 gobiernos municipales no contestaron el requerimiento de información, y esto representa un alarmante 45 por ciento de los 68 que sí tienen habilitado su mecanismo de acceso a la información.

Joyas de opacidad

De los 37 que sí respondieron, hay dos casos que son verdaderas joyas de la opacidad, no tanto por negar el informe de gobierno, que de suyo es muy grave, sino por los argumentos que esgrimen para no entregar el documento.
Así, por ejemplo, al cuestionado ayuntamiento de Mártir de Cuilapa se le solicitó –como a los 68 ayuntamientos– el “Primer informe de gobierno del ayuntamiento municipal del periodo octubre de 2015 a septiembre de 2016”. La respuesta del secretario general del ayuntamiento de Mártir de Cuilapan fue: “hago de su conocimiento que no tengo claro que es lo que solicita, debido a que no sé si pregunta si ya rindió su informe, si es el periodo del informe de gobierno, o me está diciendo que ese es el periodo”.
Y sentencia: “en espera de que el solicitante (…) presente una solicitud nueva, donde haga la pregunta clara y precisa respecto a lo que solicita, para así poder darle la atención que requiere”.
Otro ayuntamiento que se ha caracterizado por su opacidad es el de Coyuca de Benítez. A la misma solicitud sobre su informe de gobierno, la secretaria general respondió que “al documento en mención se le están haciendo algunas correcciones de carácter técnico para finalmente difundirlo en nuestro portal, por lo que le solicito le informe al peticionario que un plazo perentorio pondremos a su disposición el citado documento”.

Nada sobre transparencia

Hubo varios ayuntamientos que ni siquiera tocaron el tema de la transparencia en sus informes de gobierno o lo hicieron de manera muy escueta. Son los casos de Ajuchitlán, Alpoyeca, Atenango, Atlixtac, Cochoapa, Cuajinicuilapa, Juchitán y Marquelia, que no mencionaron ni una sola palabra sobre la transparencia y la rendición de cuentas.
Ahuacuotzingo apenas se refirió a la asistencia a cuatro cursos impartidos por el Itaigro. La presidenta municipal de Azoyú afirmó en su informe que “soy una mujer que está convencida que la transparencia y el acceso a la información, juegan un papel esencial en la construcción de gobiernos más abiertos al escrutinio público, capaces de fomentar una participación creciente de la sociedad en el diseño y evaluación de las políticas públicas gubernamentales”. Pero no describió ninguna acción al respecto.
Buenavista fue otro municipio cuyo presidente dijo: “Cuando asumimos el gobierno dijimos que trabajaríamos bajo un gobierno responsable, ético y orientado al beneficio social, con una amplia transparencia que fuera de acuerdo con un comportamiento coherente al discurso, de valores, compartidos con directivos y operativos”. Tampoco mencionó ninguna acción en la materia.
Otro ayuntamiento que no presentó ningún avance fue Copanatoyac, pero eso sí, su alcalde destacó que “la sociedad demanda, cada vez con mayor vehemencia, que se brinde información precisa y comprobable de la administración pública (…), para el Ayuntamiento que encabezo, rendir cuentas claras sobre el uso de los recursos es no solo una obligación legal sino un compromiso ético y moral frente a los ciudadanos.”
Leonardo Bravo es otro municipio cuyo presidente municipal presumió: “hemos llevado a cabo un manejo transparente de los recursos públicos, utilizándolos con la mayor eficacia y eficiencia”. Pero no informó de ninguna acción. Fue también el caso del alcalde de Malinaltepec, quien expresó el compromiso “de manejar con transparencia las Finanzas Públicas Municipales, así también de ejecutar las Obras Publicas de acuerdo a las propuestas y diseños de las comunidades”.
Otro ayuntamiento que nada dice de acciones de transparencia es Metlatónoc, aun cuando su presidenta municipal dijo que el informe de gobierno “es un acto de Principio de Honestidad y Transparencia de quien aspira a gobernar de frente al pueblo. Son ustedes paisanos, los que necesitan saber de cómo recibí el Ayuntamiento, cómo estoy gobernando ahora y hacia donde llevamos el cambio que prometimos”.
Los avances del ayuntamiento de Pedro Ascencio Alquisiras son escuetos –una página electrónica- pero la presunción es mucha: “A fin de garantizar y promover la Generación y Consolidación de una Cultura de Transparencia y Rendición de cuentas (…) el municipio cuenta ya con un portal oficial de internet en el cual se estará subiendo información que permita informar sobre la tarea que se propuso al inicio de esta administración”.
Otro alcalde que no presentó ningún avance en transparencia fue Pungarabato, cuyo presidente dijo: “les refrendo mi voluntad de trabajar con madurez, sensibilidad y honestidad para impulsar una administración eficiente y productiva. En el desempeño de mis funciones me conduciré con el compromiso de servir con honradez y transparencia en la administración de los recursos, para rendir cuentas claras y precisas a la población”.

Unidades de transparencia, el “gran logro”

Algunos ayuntamientos presentaron como un gran logro la creación de sus unidades y comités de transparencia, que de acuerdo a la nueva ley deben formarse. Así fue el caso de Alcozauca, cuyo alcalde presumió que “por primera vez, la administración de este Municipio, crea un organismo que vigile el manejo honesto de los recursos.”
Lo mismo hizo el municipio de Atoyac: “la administración actual integró en su organigrama la Dirección de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, ofreciéndole así a la ciudadanía la información pública de este Honorable Ayuntamiento”.
La alcaldesa de Ayutla incluso mencionó que le destinó “una partida específica en el presupuesto para dar cumplimiento a la transparencia y rendición de cuentas, e iniciar con el proceso de digitalización de sus archivos, ingresos y egresos, para cumplir con la Ley”.
También Apaxtla se refirió al tema: “nuestra administración ha creado por primera vez la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, que es atendida por personal capacitado”. Otros ayuntamientos que informaron sobre la creación de unidades y comités de transparencia, así como el diseño y actualización de portales electrónicos fueron Arcelia, Copala, Eduardo Neri –cuyo alcalde dice que con el portal “se atiende el compromiso de brindar información fidedigna, de buena calidad, de manera clara, comprensible y al alcance de los distintos sectores de la sociedad”-.
También se cuentan en este rubro los municipios de La Unión, Olinalá, cuyo alcalde aseguró que con el informe de gobierno “atiendo mi responsabilidad en la transparencia y rendición de cuentas que todo funcionario debe practicar, respondiendo así a la confianza que ustedes, paisanos olinaltecos, han depositado en su servidor”.
Finalmente, Quechultenango también presumió que “avanzamos en la integración de una Administración municipal eficaz, honesta y abierta (…), a efecto de generar un ambiente de confianza en la sociedad, respecto a la rendición de cuentas y el desempeño de los servidores públicos”.

Los municipios más poblados

El ayuntamiento de Acapulco es de los pocos que pueden presumir algunos avances. Así lo destacó el alcalde en su informe de gobierno donde pondera su primer lugar en transparencia entre los municipios del estado, de acuerdo con las mediciones del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, así como la creación de la unidad de transparencia. Sin embargo, quedan pendientes compromisos como la publicación de las declaraciones patrimonial, de intereses y su declaración de todos sus funcionarios –“iniciativa 3 de 3– y la transparencia en los procedimientos de construcción de obra pública y de programas de desarrollo social.
Por su parte, el ayuntamiento de Chilpancingo consideró que “el tema de la transparencia y acceso a la información es de alta responsabilidad”. En su informe de gobierno, el alcalde enumeró sus avances (firma de convenios entre el municipio y el Itaigro y con la “Contraloría General del Gobierno del Estado de Guerrero” (sic), además de la firma de los principios de ética y transparencia de los servidores públicos). Destacó también la creación de la Secretaría de Transparencia y Acceso a la Información; y mencionó que “hemos dado pasos importantes hacia la integración de nuestra información financiera al Portal de Transparencia”.
En el municipio de Taxco, los avances que presentó el alcalde fueron más bien de rutina y corresponden con lo que exige la ley: la firma de un convenio con el Itaigro y la toma de protesta a los integrantes de su unidad y comité de transparencia, además de la participación en diferentes cursos relativos al tema. Destaca que lo novedoso sea la realización de “una mampara, la cual tuvo por objeto dar a conocer las obras realizadas en lo que va de este periodo de gobierno del H. Ayuntamiento de Taxco de Alarcón”.
El informe de gobierno de Tlapa tampoco contiene avances destacados, salvo la aprobación de un reglamento de transparencia municipal, pues sus acciones se reducen a la publicación de un portal electrónico y un sitio en Facebook.
En el municipio de Zihuatanejo destacaron especialmente las posiciones que el ayuntamiento ocupa en el ranking de dos monitoreos. En el caso de una revisión realizada por el Itaigro, Zihuatanejo se encuentra “posicionado en el lugar número 2 de los 81 municipios del Estado, en materia de cumplimiento a la Ley de Transparencia”. Lo que no dice el ayuntamiento es que esa medición corresponde a la administración anterior, porque el Itaigro no ha monitoreado a los actuales gobiernos municipales.
También se refieren a la evaluación de Cimtra y afirman que Zihuatanejo “se encuentra en el lugar 18 a nivel nacional de un total de 2545 municipios que integran nuestro país”. Sólo hay que aclarar que Cimtra nunca ha evaluado a todos los municipios del país, por lo que lo dicho por el alcalde es muy relativo: si se revisa la clasificación a esta fecha, Zihuatanejo ocupa el lugar 26, de 73 municipios evaluados en 2016. Además, su calificación es sumamente baja: apenas 15.3 por ciento en transparencia, algo que no se puede presumir.
Como se observa, para la mayoría de los alcaldes y alcaldesas de Guerrero el discurso es muy útil para simular propósitos y realidades que no existen. Hablar de transparencia y rendición de cuentas es una de sus mejores coartadas para legitimar sus gobiernos, mientras la ciudadanía no tiene la información más básica sobre el quehacer gubernamental municipal.

¿Freno a la transparencia?

El Sur de Acapulco

El 5 de noviembre de 2016 era un día clave para la transparencia en México; se cumplía en esa fecha el plazo programado para que las casi 8 mil dependencias gubernamentales registradas en el país subieran su información pública obligatoria a la plataforma nacional de transparencia y/o a sus portales electrónicos, obligación que también incluía su incorporación a un sistema diseñado para facilitar la gestión de solicitudes de información.
El plazo se indicaba en el segundo artículo transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Pero el plazo fue ampliado, y hay explicaciones formales y trascendidos para esta decisión, entre los segundos, que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no tuvo habilitada la plataforma nacional, de hecho, no la ha tenido lista desde el 5 de mayo de 2016, fecha en que normativamente debió entrar en funcionamiento.
Entre los formales, mediante un comunicado de prensa emitido el 26 de octubre, el INAI dio a conocer la ampliación del plazo para la publicación de la información de oficio a la que están obligados todas las dependencias y organismos públicos del país. La decisión se tomó en el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, integrado por los órganos garantes de las entidades federativas, el INAI, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Explica el boletín que el consejo nacional “aprobó, por unanimidad, ampliar el plazo, hasta el 4 de mayo de 2017, para que los Sujetos Obligados de los ámbitos federal, estatal y municipal incorporen a sus portales de internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la información que por disposición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, están obligados a difundir”.
De acuerdo con la consejera presidenta del consejo nacional y del INAI, la decisión se tomó considerando diferentes factores como el aumento en la cantidad y calidad de las obligaciones a publicar; la elaboración y verificación de tablas de aplicabilidad; la organización de los archivos de los Sujetos Obligados; la información dispersa en diversas áreas; los sujetos concentradores de información; la entrega y configuración de gran cantidad de claves para la carga de información; la capacitación para esta nueva realidad normativa; así como los cambios de gobierno, que son constantes en diversas entidades federativas, según el boletín del INAI.
El Instituto de Transparencia y Acceso a la información del estado de Guerrero (Itaigro), que forma parte del consejo nacional, votó a favor de que se ampliara el plazo. Esta posición que manifestaron ante el consejo nacional por vía de su presidente consejero, fue decidida previamente por los consejeros guerrerenses en una sesión previa interna, realizada el 25 de octubre, en donde emitieron el acuerdo número 013/2016 para la extensión del plazo.
Pero advierten en dicho acuerdo que las dependencias públicas del estado “conservarán la información difundida en sus portales de internet actualizada, es decir la que tenían disponible antes de entrar en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero”.
Sin embargo, una rápida revisión a las páginas electrónicas de los sujetos obligados permitiría constatar que no hay una actualización de la información ni el cumplimiento cabal de la publicación de información de oficio a la que se refieren los consejeros en su acuerdo. Y tampoco hay ningún tipo de amonestación por este incumplimiento.
Las secuelas por la ampliación de la fecha son varias. La principal es un retraso inducido en la aplicación de la política nacional de transparencia, pues es previsible que no habrá con esta extensión un incremento significativo del nivel de cumplimiento de la ley general de transparencia, en su apartado de la información de oficio. Si los sujetos obligados no iban a estar listos para cumplir con la ley el 5 de noviembre, tampoco lo estarán el 4 de mayo de 2017, pues como lo describe José Woldenberg, en el más reciente Cuaderno de la Transparencia (No. 23): “Las rutinas burocráticas también tienden de manera ‘natural’ a desplegarse en una cierta opacidad, no está en su naturaleza la transparencia”. http://inicio.inai.org.mx/Publicaciones/Cuadernillo%2023%20Web.pdf
En el caso de Guerrero, la ampliación del plazo representa oxígeno puro para los 218 sujetos obligados del estado, ya que les proporciona seis meses adicionales para no publicar información relevante sobre el ejercicio de sus gobiernos, especialmente a los 81 ayuntamientos y a la LXI Legislatura del Congreso del Estado, a quienes el nuevo plazo otorgado por el consejo nacional los tomará prácticamente en el último año de sus administraciones, y con ello tendrán la posibilidad de “administrar los asuntos de la transparencia” sin muchas presiones.
Para la ciudadanía, la medida es un retroceso ya que en principio no podrá ser beneficiaria de la información que obligatoriamente deben publicar las dependencias públicas, pero tampoco podrá presentar –desde hoy podría hacerlo– las denuncias en contra de quienes incumplan con esta disposición; tendrá que esperar hasta el 4 de mayo de 2017.

La plataforma, ¿inservible?

Las fallas detectadas en la plataforma nacional de transparencia tienen mucho que ver con el retraso de su funcionamiento. En Guerrero, después del 5 de mayo de 2016 muchos ciudadanos intentamos estrenar el nuevo sistema de acceso a la información, pero nos encontramos que no era posible presentar solicitudes por este medio.
La prensa de la Ciudad de México cuestionó fuertemente la inoperancia de la plataforma. Por ejemplo, El Universal publicó un reportaje titulado “Inservible, la plataforma de transparencia del INAI” el 12 de septiembre. “A cuatro meses de su arranque, el llamado modelo central del Sistema Nacional de Transparencia, cuyo desarrollo ha costado alrededor de 19.6 millones de pesos, es ‘inservible’, según analistas de transparencia consultados”.
Agregan Misael Zavala y Alberto Morales, autores del reportaje, que en un documento interno del INAI se detallan “más de 40 incidencias en el sistema de solicitudes de información, en el de gestión de medios de impugnación, en el de portales de obligaciones de transparencia y en el de comunicación de organismos garantes y sujetos obligados”.
Edna Jaime, directora de México Evalúa, citada en el reportaje, exigió que el INAI responda por los recursos y los principales problemas hallados en el proyecto. El organismo garante nacional, dice la activista, debe ser transparente y explicar cuándo estará lista la plataforma, los costos y las incidencias detalladas. El comisionado Óscar Guerrera Ford, agrega Edna Jaime, como responsable del proyecto tiene que dar una explicación de qué fue lo que falló y cómo se responsabilizarán a las empresas que no estuvieron a la altura del desarrollo de la plataforma.
El sitio de noticias digital Animal Político publica también un texto de Nayeli Rodán, sobre el asunto. Con el título de “10 errores de la nueva Plataforma Nacional de Transparencia”, se menciona que “de acuerdo con el análisis realizado por 19 organizaciones y especialistas dedicadas al desarrollo de tecnologías, análisis de datos y gobierno abierto, la Plataforma tiene errores desde el diseño, hasta programación informática “alarmantes” que le resta efectividad”.
El texto recoge el testimonio de Luis Godoy, integrante de OPI Inteligencia Participativa, quien asegura que “si la Plataforma está mal hecha, se va a implementar mal”, lo que permitiría a los funcionarios evadir su obligación de transparencia. “Quienes están más felices de que no funcione la plataforma son los Javier Duarte y los funcionarios que no quieren transparencia”.
Finalmente, para Juan Manuel Casanueva, director de Social Tic México y también entrevistado por Rodán, “el tema de accesibilidad es fundamental y hay que reformularlo. Si ese portal no es intuitivo y sencillo para un usuario común, no hay acceso de información”.

En Guerrero

En el retraso para la aplicación de la política nacional de transparencia no sólo se cuentan los errores en la operación de la plataforma, que por cierto, propiciaron que el INAI solicitara a las entidades federativas la habilitación de los sistemas de Infomex o sus plataformas locales; también, en el caso de Guerrero, se observa un grave rezago en los procedimientos de las dependencias gubernamentales para el cumplimiento de sus obligaciones tanto de la ley general de transparencia como de la ley 207 de transparencia en el estado de Guerrero.
Por ejemplo, en el estado se puso en operación de nueva cuenta el Info Guerrero y actualmente se han incorporado sólo 162 sujetos obligados del estado, de los 218 registrados por el Itaigro al 5 de septiembre, es decir, una cuarta parte no están dentro del sistema Info Guerrero, y con esto se dificulta enormemente el ejercicio del derecho de acceso a la información en estas dependencias.
Adicionalmente, según datos obtenidos del Itaigro por medio de solicitudes de información, apenas la mitad de los sujetos obligados (106) integraron su unidad de transparencia y nombraron a un titular en el tiempo que establece la ley 207 de transparencia; 38 dependencias lo hicieron de manera extemporánea y 74 no habían designado a nadie al 5 de septiembre de 2016.
Entre los omisos –que el Itaigro debió sancionar sin reservas- están 38 ayuntamientos que no habían integrado sus unidades de transparencia más 13 que lo hicieron extemporáneamente. También del Ejecutivo del estado destacan 57 dependencias que no habían designado a sus titulares de transparencia o los nombraron fuera de los tiempos de ley, pese al reiterado discurso de compromiso gubernamental con la transparencia.
Cabe señalar que las unidades de transparencia son claves para la gestión de solicitudes de acceso a la información, y debieron ser designados por cada uno de los sujetos obligados a más tardar 60 días después de que entró en vigor la ley 207 de transparencia, es decir, el 6 de julio de 2016.
La ley señala que las dependencias públicas integrarán un comité de transparencia para que, entre otras funciones, tenga acceso a la información reservada para confirmar, modificar o revocar su clasificación conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o la salvaguarda de la información (artículo 56).
Sin embargo, el registro de comités formados que proporcionó el Itaigro es desalentador. Sólo 105 comités de transparencia constituidos en tiempo y forma, mientras que los omisos de esta obligación al 5 de septiembre eran 66 y los que formaron de manera extemporánea sus comités fueron 39, según datos del órgano garante local.
Nuevamente los ayuntamientos destacan como los que menos cumplen, ya que 36 gobiernos municipales no habían integrado su comité de transparencia; mientras que en el caso del gobierno del estado, hasta el 5 de septiembre, 26 dependencias no habían designado a sus respectivos comités de transparencia.
Las cifras son representativas del gran rezago que se observa en Guerrero en la aplicación de las leyes general y local de transparencia, punta de lanza de una política nacional que se inició con las reformas constitucionales de febrero de 2014. La situación es grave considerando que la integración de las unidades y comités de transparencia, así como la designación de sus titulares e integrantes, no son procedimientos que requieran de recursos financieros o que distraigan el trabajo de gestión de otros rubros también importantes en el interior de las administraciones gubernamentales; pero ni así se han concretado, no obstante que han recibido cursos y talleres y toda la información que requieren para ponerlas en funcionamiento.
La integración de unidades y comités de transparencia de hecho es el primero y el más sencillo de los pasos que deben seguir las administraciones gubernamentales. Lo que viene es más difícil y complicado, ya que implica modificar áreas importantes de las estructuras gubernamentales para adecuarlas a las necesidades de la transparencia, la gestión de la información y la rendición de cuentas.
Es cuestionable que la ampliación del plazo sea para fortalecer la transparencia, como argumenta el Consejo Nacional del SNT; parece más bien un respiro que se da el propio INAI para “sanear” la plataforma y una concesión a los morosos de la transparencia.

Incipiente, la contraloría ciudadana en Guerrero

El Sur de Acapulco

La contraloría ciudadana para la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos y la calidad de los servicios gubernamentales es todavía una aspiración en Guerrero. Aun cuando existen mecanismos institucionales, establecidos en diferentes normas (leyes de planeación, coordinación fiscal, general de desarrollo social), éstos simplemente no funcionan cuando las y los ciudadanos quieren vigilar y dar seguimiento a las acciones de gobierno.
Esto sucede en gran parte porque las estructuras gubernamentales no están preparadas ni los funcionarios dispuestos a que detrás de sus actividades y decisiones esté la observación ciudadana.
En el caso específico del estado, la gestión gubernamental no es dinámica ni se transforma para resolver las gigantescas necesidades de la población del estado, y quienes están al frente de las administraciones siguen pensando que el voto o el nombramiento para desempeñar un cargo los hace omnipotentes, y no necesitan de la intervención de los diferentes sectores de ciudadanos –salvo, de manera obligada, de los grupos de presión o de los poderes fácticos– para diseñar y ejecutar las políticas de sus gobiernos.
En los últimos 15 años, las leyes de transparencia y el establecimiento de procedimientos para el acceso a la información abrieron nuevas oportunidades para ejercer la contraloría ciudadana. Los casos más conocidos han sido investigaciones periodísticas documentadas en gran parte a partir de la presentación de solicitudes de información, como el de la Casa Blanca, que puso al descubierto el conflicto de interés del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa en la adquisición de un inmueble, y el cual fue decisivo para el desplome en las encuestas de popularidad del Presidente.
Sin embargo, la contraloría ciudadana no es una práctica muy frecuente, y no sólo por el desinterés y la apatía de las y los ciudadanos, sino sobre todo porque aún se encuentran resistencias muy fuertes en el sector público tanto para responder las solicitudes de información, como para activar los mecanismos de denuncia ciudadana, que regularmente no funcionan.

Ejercicio de contraloría en Guerrero

En Guerrero el ejercicio de la contraloría ciudadana o social es todavía más infrecuente. Aunque es un problema nacional, en Guerrero se percibe más que en otras entidades, y en esta carencia se conjugan dos factores plenamente vigentes en el estado, a saber, la falta o debilidad de una ciudadanía que no se involucra en la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos y de la calidad de los servicios que debe proporcionar el gobierno; y una gestión pública que no está respondiendo a las necesidades de los guerrerenses y cuyos titulares además no están dispuestos a informar, explicar, justificar y a someter al escrutinio público sus actos, que es el propósito último de la rendición de cuentas.
La anterior es una de las conclusiones de un proyecto de promoción del derecho a la información en los municipios de Acapulco y Ayutla mediante el que se buscó promover y fortalecer actividades de contraloría o vigilancia ciudadana en colonias populares y comunidades rurales de esos dos municipios.
El proyecto fue uno de los once auspiciados en la república por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a través de su Programa de Sensibilización de Derechos. La ejecución corrió a cargo de la asociación civil Comunicación para el Desarrollo Comunitario.

Acceso a la información en Ayutla

En materia de acceso a la información los resultados en cada uno de los municipios fueron diferenciados. En el Ayuntamiento de Ayutla de Los Libres se observó nuevamente una total falta de disposición para responder de manera afirmativa las solicitudes de información. Esto, no obstante que personal del ayuntamiento de Ayutla ha participado en varias ocasiones en cursos y talleres impartidos por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado, así como del INAI, en donde han recibido todo tipo de explicaciones sobre las nuevas disposiciones tanto de la Ley general de transparencia como de la ley 207 de transparencia y acceso a la información del estado, aprobada el 5 de mayo de 2016.
Por ejemplo, uno de los temas que las y los representantes de varias colonias de Ayutla eligieron para darle seguimiento es el fertilizante que distribuye el ayuntamiento de ese municipio, preocupados por la adulteración y la baja calidad del insumo que se ha generalizado casi en todos los ayuntamientos de Guerrero, sin que nadie haga nada.
Al respecto, se solicitó el contrato para la adquisición del fertilizante, así como el monto de la inversión municipal y estatal, el tipo y volumen del fertilizante entregado. Como respuesta, el ayuntamiento entregó información parcial, y especialmente no entregó el contrato con la empresa proveedora.
Igualmente, se presentaron solicitudes de información al ayuntamiento de Ayutla referentes a otros temas significativos para los colonos, como el del agua potable y becas educativas, y también las respuestas fueron parciales o no correspondieron con lo requerido. En todos los casos se presentaron recursos de revisión ante el Itaigro, que por cierto, desde el día en que se hicieron llegar los recursos al órgano garante hasta el día de hoy, ya transcurrieron más de 40 días hábiles que establece la ley 207 de transparencia para emitir la resolución correspondiente, y el Itaigro no ha hecho ninguna solicitud de prórroga ni ha emitido ninguna resolución.
En circunstancias como éstas, donde no hay respuestas afirmativas a las solicitudes de información y donde el Itaigro no garantiza que se respete la ley, es muy difícil que se haga valer el derecho de la ciudadanía a vigilar y dar seguimiento a las acciones gubernamentales. Cuando los canales institucionales están completamente cerrados como en estos casos, no es difícil explicar por qué la gente, inconforme, sale a tomar las calles.

Experiencia de Acapulco

En el ayuntamiento de Acapulco, las respuestas fueron diferentes. Desde la administración municipal de Luis Walton se estableció un mecanismo institucional de acceso a la información, y con tino, la actual administración de Evodio Velázquez lo continuó; esto ha permitido que la información pueda ser gestionada a través de una unidad de transparencia en los plazos que establece la ley.
Sin embargo, el problema de Acapulco no es de tiempos de respuesta a las solicitudes de información, sino de transparencia y de articulación de las diferentes áreas, pues al parecer ni el propio alcalde puede establecer orden y lograr que toda la maquinaria burocrática –por cierto, obesa en exceso– se mueva con cierta armonía para lograr determinados fines.
También desde el trienio anterior, el ayuntamiento de Acapulco ha mantenido medianos niveles de transparencia normativa, al cumplir con la mayor parte de la información que de oficio debe publicar. Sin embargo, no pasa lo mismo cuando se trata de transparentar o proporcionar información que es clave para el seguimiento de las acciones de gobierno. La experiencia que vivieron ocho localidades rurales del municipio documentan esta apreciación. Durante los meses de julio y agosto, el ayuntamiento de Acapulco presentó, como respuesta a solicitudes de información, dos versiones de la propuesta de inversión de obras y acciones con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 para el ejercicio 2016. La primera versión, fue respaldada por un acta de sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal realizada el 9 de mayo de 2016, denominada “acta que se levanta para la validación de la propuesta definitiva de obras y acciones que se ejecutarán con los recursos del Fondo de infraestructura social municipal del ejercicio fiscal 2016”. Este documento, por cierto no fue firmado por ningún comisario, delegado o representante comunitario, ni tampoco, al menos, por el presidente de consejo de comisarios municipales.
La segunda versión, muy diferente de la primera, no fue acompañada de un acta de Coplademun que avalara los cambios, lo cual sugiere que en el Ayuntamiento de Acapulco acontece exactamente lo mismo que en el resto de los municipios guerrerenses: la imposición de obras y acciones porque no hay reglas claras para la asignación a las comunidades del municipio, y en estos casos, siempre son perjudicadas las localidades que no tienen suficiente capacidad de gestión, y regularmente éstas coinciden con las que tienen los más altos índices de marginación.
El verdadero problema de opacidad en Acapulco –en el caso de obra pública– comienza cuando se solicitan las propuestas de inversión y los expedientes técnicos de las obras, ya que son documentos que cuando se entregan completos, contienen información muy significativa para las acciones de la contraloría ciudadana. Casi todos los ayuntamientos del estado son renuentes a entregar las propuestas y los expedientes técnicos de sus obras –Acapulco no es la excepción– porque no quieren ser vigilados.
Las áreas de planeación y obras públicas del ayuntamiento de Acapulco ejecutan las instrucciones de quienes deciden qué obras se construirán en el municipio; es ahí donde se modifica permanentemente y de manera discrecional la propuesta de inversión de obras y acciones del municipio, y al no haber procedimientos formales y reglas claras, lo que sucede en esas áreas se hace en la opacidad, sin ningún tipo de vigilancia ciudadana y sin que nadie rinda cuentas de nada.
Un caso específico fue la solicitud del expediente técnico de la obra de rehabilitación de un pozo artesiano, en la localidad de San José, que estaba incluida en la primera versión de la propuesta de inversión del municipio. La respuesta del director de Obras Públicas del Ayuntamiento fue: “Le hago de su conocimiento que se revisó la propuesta del ejercicio 2016, no se encontraron las obras mencionadas (entre ellas la de San José), por lo que le solicito de la manera más atenta nos proporcione mayor información”.
Sin embargo, en la segunda versión de la propuesta de inversión aún seguía programada dicha obra, y al consultar a una funcionaria de la Dirección de Obras Públicas, confirmó que la obra efectivamente se realizaría. Esto significó que la misma solicitud de expediente técnico de rehabilitación de pozo artesiano se presentara de nueva cuenta.
La misma experiencia se tuvo con la construcción de un comedor escolar en la telesecundaria Juan Aldama, de la localidad de Las Marías, en donde inicialmente se negó el expediente y después se confirmó que sí se construiría.
Pero no todas las comunidades tuvieron esa suerte. A la misma comunidad de Las Marías le “rasuraron” ocho obras o acciones que tenía programadas en la propuesta inicial; tres a Lomas del Aire, y una a la localidad de El Zapote, cuyas autoridades se organizaron en cuanto se enteraron y buscaron hacer valer la inversión que les habían programado, sin que nadie en el Ayuntamiento les hiciera caso.
Hay que decir también que a las comunidades de Las Cruces, Cacahuatepec, y a Kilómetro 39, que solicitaron expedientes de sus obras, el Ayuntamiento sí les entregó los documentos, y éstos de inmediato se hicieron llegar a las autoridades y a los comités de obra de esas localidades para realizar la vigilancia ciudadana.
Si encuentran irregularidades en la construcción de las obras pondrán a prueba la efectividad de los mecanismos de denuncia ciudadana del ayuntamiento y su atención correspondiente, lo cual en esta administración municipal nadie ha probado.

Sector salud

Una preocupación común de las 10 localidades del proyecto, tanto de Ayutla como de Acapulco, es la calidad de los servicios de salud. Si bien, la Secretaría de Salud del gobierno del estado respondió en tiempo a todas las solicitudes de información, la cuestión es saber de qué manera o a quién acudir para exigir que los médicos cumplan sus horarios y atiendan la cantidad de pacientes que sugiere la dependencia, para que haya abasto de medicamentos y el material básico sin que la gente tenga que desembolsar su dinero; para que no les cobren el servicio de ambulancias, para que haya anestesiólogos…
En el sector salud no existen mecanismos efectivos para canalizar la inconformidad, los señalamientos y las propuestas de la ciudadanía, que percibe que el sistema de salud está en crisis, no sólo por la carencia de recursos, sino por las decisiones equivocadas y el desvío de recursos que hacen quienes dirigen y están a la cabeza de este sistema.

Regidores ciudadanos en municipios de Guerrero

El Sur de Acapulco

Diversas organizaciones civiles y sociales de los municipios de Tecpan, Atoyac, Coyuca de Benítez y Acapulco están difundiendo y promoviendo la iniciativa denominada Regidor Mx, un proyecto ciudadano con varios propósitos, pero el más destacado es organizar la participación de ciudadanos y ciudadanas para vigilar el ejercicio de gobierno en los ayuntamientos por medio del monitoreo y la exigencia a las autoridades municipales de que cumplan las funciones establecidas en la ley.
Guerrero es uno de los estados donde la centralización del poder y la discrecionalidad de las decisiones públicas son más robustas; las entidades gubernamentales pocas veces, casi nunca, consideran las opiniones y aportaciones de la ciudadanía organizada en el diseño de políticas públicas, programas, acciones públicas y en general, en las decisiones importantes que se toman en la entidad.
Lo que sí ocurre regularmente en el ámbito gubernamental es la formulación de discursos repetidos sobre transparencia, gobierno abierto o plena rendición de cuentas con las que justifican e intentan aparentar que se gobierna con la ciudadanía.
Esta forma de gobierno se reproduce lo mismo en el Ejecutivo que en el Congreso y en los ayuntamientos del estado, que son el gobierno más cercano a la población. Especialmente en estos últimos hay una fuerte tendencia a que el presidente municipal decida absolutamente todo, sin consultar a nadie, sobre los asuntos relacionados con el gobierno municipal, dejando muy poco margen de acción y decisión al resto del cabildo (regidores y síndicos, que también son electos por el voto popular) y por supuesto, sin ninguna oportunidad a la ciudadanía.
Al respecto sostiene Sergio Meza de Anda, integrante de la organización Plan Estratégico de Juárez, que “los regidores son prácticamente desconocidos por la población, son fantasmas políticos que más que representar los intereses de la comunidad, representan los intereses de sus partidos y de los grupos económicos que los sostienen”.
Y agrega que “la ciudadanía se encuentra aislada de la toma de decisiones, de la planeación y de la presupuestación municipal. Por un lado está el sistema político dominado por los partidos que excluye intencionalmente cualquier esfuerzo ciudadano por entrar en estas dimensiones, y por otro lado, existe un gran analfabetismo político, que sumado al esfuerzo por sobrevivir y del miedo, deja poco margen para la participación en los asuntos públicos”.
Este esquema, que se reproduce en la práctica en los municipios de Guerrero, propicia gobiernos sin contrapesos al poder del presidente municipal y deja sin efecto el principio democrático que sustenta la conformación de los cabildos, y al final se traduce en pésimas gestiones municipales que desvían recursos, no construyen obra pública y no resuelven los problemas que presenta la población que gobiernan.
La descentralización de funciones y recursos financieros de la federación a los estados y municipios, desde la segunda mitad de la década de los noventa, parece ser el resorte que propició esta forma unipersonal del ejercicio de gobierno en los municipios, ya que desde entonces, por vía de aportaciones y participaciones federales, los ayuntamientos reciben cuantiosos recursos, y todavía hoy no existen las normas jurídicas que obliguen de manera efectiva a que rindan cuentas por el ejercicio de esos recursos.
El proyecto Regidor MX busca propiciar una reflexión colectiva sobre estos temas y al mismo tiempo promover el involucramiento de las y los ciudadanos para que se interesen por los asuntos públicos de su municipio y para que exijan que su gobierno más cercano cumpla con las diversas disposiciones de la ley.
Sin duda, un trabajo titánico, pero más que nunca necesario ante la crisis de representación que vivimos y los numerosos problemas que enfrenta la población del estado.

Regidor 19 en Juárez

La primera experiencia de este tipo se dio en el municipio de Juárez, Chihuahua, impulsada por Plan Estratégico Juárez AC, y se denominó Regidor 19, en alusión a la inclusión de un regidor ciudadano, ya que esa demarcación cuenta formalmente con 18 regidores. De acuerdo con los objetivos planteados por esa organización, el proyecto busca “fortalecer la administración pública municipal desde la participación ciudadana en un marco de Estado de Derecho, concentrando su labor en la evaluación y la exigencia del cumplimiento de algunos elementos contemplados en los reglamentos y leyes que regulan las comisiones de regidores, el cabildo y el Plan de Desarrollo Municipal”.
Algunos resultados del proyecto son, por ejemplo, el incremento del porcentaje de reuniones de comisiones de regidores realizadas, que en 2012 reportaban solo 20 por ciento de reuniones efectuadas y en 2015 ya era 96 por ciento. Asimismo, la apertura paulatina a la comunidad de las comisiones y de las sesiones previas de cabildo, las cuales históricamente habían sido cerradas. Para esto se tuvo que recurrir a un juicio de amparo.
Un avance ha sido la realización de consultas ciudadanas para la elaboración del plan municipal, que si bien son obligatorias, no se realizaban, y desde hace dos administraciones municipales en Juárez ya se hacen con una amplia convocatoria ciudadana. También se ha logrado que el actual Plan de Desarrollo Municipal sea el primero que cuente con responsables, indicadores, metas anuales y publicaciones trimestrales de avances, lo que permite a la ciudadanía hacer una evaluación más precisa de los avances.
El portal electrónico del proyecto (http://regidor.mx-/index.php) describe algunos de los logros alcanzados: más información pública, más visibilidad de las funciones del cuerpo de regidores y mayor apertura a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. Agregan que aunque los resultados no han logrado transformarse en un gobierno abierto, si han permitido espacios democráticos que no existían, haciendo de este esfuerzo, un modelo de contraloría social que pueda extenderse en otros lugares de la república.

Regidor MX en el país

La experiencia del municipio Juárez de Chihuahua se replicó en otros ayuntamientos del país, por sus buenos resultados. Hoy, organizaciones de varios municipios promueven esta iniciativa y han conformado una red nacional. Además de Juárez, este proyecto se promueve en el municipio de La Paz, Baja California; Atizapan de Zaragoza, Ecatepec, Naucalpan y Netzahualcoyotl, en el Estado de México.
También en Apodaca, Escobedo, García, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás, San Pedro y Santa Catarina, en el estado de Nuevo León; Ixhuacan, Tequila y Veracruz, en Veracruz. En Yucatán se promueve en los municipios de Sanahcat y Mérida.
Asimismo, el proyecto está presente en Cuautla y Tlalnepantla, en el estado de Morelos; Morelia, en Michoacán, y Puebla, Puebla. En el caso del estado de Guerrero, la iniciativa se promueve en Acapulco, Atoyac, Coyuca de Benítez y Tecpan.
Según sus documentos, la principal herramienta que emplean para hacer posible la vigilancia ciudadana es el acceso a la información con la que dan seguimiento a actas, minutas y documentos oficiales que acrediten la labor de la autoridad municipal. La principal tarea de los grupos que conforman el proyecto Regidor MX en los diferentes municipios es el análisis y seguimiento de estos documentos legales, así como el monitoreo presencial para identificar el cumplimiento y la validez de dicha documentación.
Pero también elaboran propuestas formales de mejora a los distintos ayuntamientos y se definen las facultades y obligaciones que las y los regidores deben cumplir en cada contexto. Un equipo jurídico da seguimiento al actuar del Ayuntamiento para, en su caso, acudir a recursos legales para acceder a información o asegurar el cumplimiento de la ley.

Regidor MX en Guerrero

Aunque los cuatro municipios guerrerenses donde se impulsa la iniciativa de Regidor Mx presentan condiciones distintas, el diagnóstico es muy similar, incluso para los 81 municipios del estado: no hay rendición de cuentas hacia los ciudadanos sobre el ejercicio de los recursos ni de las acciones que realiza cada gobierno; hay casi total incumplimiento a las leyes general y 207 de transparencia tanto en materia de transparencia como en el acceso a la información (salvo el caso de Acapulco). Igualmente, los mecanismos de participación ciudadana (consejos consultivos, foros de consulta, Coplademun) establecidos en diferentes leyes simplemente no funcionan, y los cabildos están lejos de la ciudadanía, no la consultan sobre sus necesidades y demandas –pocos son los ayuntamientos que organizan cabildos abiertos- ni tampoco informan por ningún medio sobre sus actividades públicas.
De acuerdo con información de la Universidad Campesina del Sur, organización que inició la promoción de esta figura de Regidor MX en el estado en abril de este año, a diferencia de las experiencias de otros municipios del país, en Guerrero la iniciativa busca dar un mayor énfasis a la construcción de ciudadanía mediante la formación de redes de organizaciones y de ciudadanos y ciudadanas que se capaciten, organicen y monitoreen el ejercicio de gobierno, especialmente al cabildo.
Durante el desarrollo del proyecto Regidor Mx, las personas que participan se capacitan en el conocimiento de las leyes que fomentan y promueven la participación ciudadana en distintas etapas del ejercicio de gobierno; en el conocimiento de sus autoridades municipales (currículos, antecedentes, propuestas), y en el tema del derecho de acceso a la información, además de los distintos programas que operan en los ayuntamientos, todo lo anterior para contar con información y conocimientos que les permitan realizar los monitoreos.
Regidor MX basa su trabajo en la formación de comisiones –equivalentes a las que por ley debe formar el cabildo- integradas por ciudadanos y ciudadanas cuya actividad más relevante es el monitoreo de las sesiones y el trabajo de los regidores que las integran y la elaboración de propuestas de solución a problemas específicos. Se busca que el regidor Mx participe como observador, vigilante y opinante en todas las sesiones de cabildo y de sus comisiones operativas. Actualmente en Atoyac, Coyuca y Acapulco ya se integraron las comisiones sobre desarrollo social, obra pública y desarrollo rural sustentable.
Uno de los objetivos es que desde este espacio de diálogo y de intercambio se evalúe la gestión del ayuntamiento, se recojan las necesidades prioritarias y estratégicas de la población, a efecto de construir propuestas de consenso para que sean analizadas y en su caso aprobadas por el cabildo.
Regidor Mx también tiene el propósito de que esta forma de participación ciudadana sea reconocida de manera institucional dentro del gobierno municipal, y para ello ya se entregó en los ayuntamientos de Atoyac, Coyuca y Acapulco, respectivamente, iniciativas de acuerdos cuyas ideas principales son que “el cabildo municipal reconozca y apruebe la iniciativa Regidor Mx, facilitando a que la representación designada por las organizaciones (…) participe con derecho a voz en todas las sesiones de cabildo y de sus comisiones”.
Asimismo, la iniciativa de acuerdo propone que “el cabildo promueva la cultura de transparencia y de gobierno abierto facilitando la información de interés público con base en el principio de máxima publicidad, promoviendo la participación social en el ejercicio de gobierno, y practicando la rendición de cuentas por todos los medios posibles”.
Finalmente, el documento entregado a regidores y funcionarios de los municipios establece que “el cabildo se abra a la ciudadanía y a la opinión pública mediante sesiones públicas de Cabildo con agendas participativas, e itinerantes en las diversas zonas geográficas del municipio”.
Las organizaciones y ciudadanos están a la espera de que sesionen los cabildos de esos municipios y que aborden y discutan las iniciativas presentadas, de tal manera que en diciembre Regidor Mx sea una figura reconocida por los ayuntamientos de esos municipios.
La Unicam Sur describió varios obstáculos que frenan esta iniciativa ciudadana, entre ellos el “analfabetismo político o ciudadano”, que es el desconocimiento de los derechos y obligaciones ciudadanos y la creencia de que el gobierno es la única entidad que puede resolver los problemas.
Pero también han encontrado la cerrazón de los gobiernos municipales, la discrecionalidad en las decisiones, el centralismo, el clientelismo y el paternalismo con que operan éstos.
Es ésta una buena oportunidad para que los ayuntamientos hagan congruente el discurso con los hechos. La ciudadanía requiere de canales de participación que realmente funcionen para vigilar que las gestiones municipales cumplan con lo que establece la ley. En un estado como Guerrero esto parece una utopía, pero algo se tiene que hacer.

Cómo gastan los ayuntamientos los recursos del FISM

El Sur de Acapulco

Ninguna autoridad pone remedio a las irregularidades de los ayuntamientos guerrerenses que utilizan indebidamente los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del DF (FISM-DF) para la compra de fertilizante químico.
El artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal es muy claro al señalar las acciones y proyectos que pueden financiarse con estos recursos. Dice: “Las aportaciones federales que con cargo al FISM reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social”. Y entre las obras que señala el inciso a) no se establece en ningún caso la adquisición de insumos agrícolas, mucho menos la compra de fertilizante químico.
Sin embargo, la mayor parte de los ayuntamientos del estado costea el insumo con recursos del FISM ante la complacencia de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Auditoría General del Estado.

Historia de subterfugios

Desde que fueron incorporados al esquema financiero del programa en 2001, la aportación que hacen los ayuntamientos al programa de fertilizante es tomada de los recursos FISM, es decir, del dinero que proviene de la Federación y está etiquetado para el financiamiento de obra pública y acciones sociales básicas.
A lo largo de estos 15 años, los gobiernos municipales han buscado justificar el desvío de estos recursos y para ello han realizado numerosas gestiones ante la Cámara de diputados y las dependencias normativas (Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Desarrollo Social) y de fiscalización (Auditoría Superior de la Federación, Auditoría General del Estado) sin resultados positivos para ellos porque es una práctica que tiene lugar sólo en Guerrero, y la Ley de Coordinación Fiscal no establece excepciones para ningún estado.
Incluso, cuando hay un señalamiento directo para que dejen esa práctica irregular, los presidentes municipales, diputados y otros funcionarios protestan airadamente y amenazan que habrá movilizaciones de campesinos, porque argumentan que retirarles el subsidio al fertilizante es propiciar la hambruna en el estado.
Con o sin la colaboración abierta o soterrada de las dependencias normativas y de fiscalización, los ayuntamientos de Guerrero desafían permanentemente las leyes que obligan al empleo de los recursos únicamente en los rubros para los que fueron autorizados. Hasta hoy, no se sabe que ningún presidente municipal o funcionario haya sido sancionado por esta irregularidad, y tampoco ninguna dependencia federal o estatal aborda y discute púbicamente los perjuicios que provoca la adquisición y consumo del fertilizante químico. Nadie quiere aparecer políticamente incorrecto, ni siquiera el gobernador Héctor Astudillo Flores, que tomó una pésima decisión para las finanzas públicas, el medio ambiente y la transparencia al anunciar la distribución gratuita de fertilizante químico a los campesinos -una medida sin duda muy conveniente en términos de popularidad- para fortalecer su asunción a la administración estatal.
Este año, alguien recomendó de manera informal a los ayuntamientos de Guerrero algunos pasos para cumplir con los requisitos de los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que no incluyen la compra de fertilizante. La sugerencia al parecer fue general porque coincidentemente todos los gobiernos municipales usaron los conceptos de construcción de huertos comunitarios, ampliación de huertos comunitarios, suministro de insumos para huertos, etc., para disfrazar la compra de fertilizante y evitar ser observados por los organismos de control y fiscalización.
Así, también, les sugirieron que registraran el gasto por la adquisición del insumo como “proyectos especiales”, que de acuerdo con los Lineamientos, consideran “acciones y obras que no estén señaladas en el Catálogo del FAIS, pero que se podrán realizar con los recursos provenientes de este Fondo ya que corresponden a los destinos a que se refiere el artículo 33 de la LCF, contribuyen a mejorar los indicadores de pobreza y rezago social que publica el Coneval y se encuentren plenamente justificados con base en las necesidades de los gobiernos locales”.
Estos procedimientos tendientes a justificar una irregularidad en el ejercicio del gasto del FISM deben ser observados y en su caso sancionados por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Auditoría General del Estado.
La Secretaría de Desarrollo Social federal también conoce esta situación porque de acuerdo con el Manual para la presentación de proyectos especiales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, dentro de esa dependencia operan el Subcomité de Revisión de Proyectos Especiales (Estatal) y el Comité de Revisión de Proyectos Especiales (Nacional), que revisan, validan y autorizan este tipo de proyectos.

Los ayuntamientos

Fueron pocos los ayuntamientos que entregaron su propuesta de inversión, después de presentar una solicitud de información requiriendo este documento que registra las obras y acciones presupuestadas con los recursos FISM del ejercicio 2016, entre ellos, el fertilizante.
Alpoyeca, por ejemplo, de acuerdo con su propuesta de inversión destina el 19.6 por ciento de su presupuesto total del FISM en la compra del insumo; mientras que Arcelia disfrazó esta adquisición con el concepto Apoyo a los huertos comunitarios, pero no entregó el monto. Sólo informa que comprará 5 mil 400 toneladas del insumo para beneficiar a 4 mil 200 productores.
Azoyú fue de los ayuntamientos que sí proporcionaron su propuesta de inversión 2016. La compra de fertilizante la registran como apoyo a huertos comunitarios, con un monto de 4 millones 224 mil 446 pesos, de los cuales, 2 millones 486 mil 723 son aportación del municipio y el resto del gobierno del estado. Esta cantidad representa 10.2 por ciento del total de recursos del FISM del municipio.
En el caso de Buenavista de Cuéllar programaron una inversión de un millón 200 mil pesos por concepto de Suministro de insumos para huertos comunitarios. Estos recursos equivalen a 11.4 por ciento de los 10.5 millones que tiene el municipio del FISM.
En Chilpancingo la inversión total en fertilizante es de poco más de 16 millones de pesos, 12 de los cuales son de aportación municipal bajo el rubro de infraestructura agrícola: huertos comunitarios. El presupuesto total del FISM en Chilpancingo es de 157.1 millones de pesos, por lo que la compra de fertilizante representó 7.6 por ciento del total.
El ayuntamiento de Coyuca de Benítez proporcionó una versión parcial de su propuesta de inversión, en donde no aparece cuánto gastó en la adquisición de fertilizante químico. De hecho, por entregar sólo una parte de la información, tiene un recurso de revisión en su contra ante el Itaigro.
Copala aparentemente no usa recursos del FISM para la compra de fertilizante, pues no están presupuestados en su propuesta de inversión. En tanto que en Florencio Villarreal, la adquisición de fertilizante se disfraza bajo el concepto de proyecto productivo agrícola, con una inversión total de 2 millones 43 mil pesos. Lo extraño es que en el desglose, se registre la aportación estatal por 579 mil pesos, la municipal por 714 mil 690 pesos, y “otros”, por 750 mil pesos. Si esta última es aportación de los productores, se supone que es irregular, ya que una de las novedades de la administración de Astudillo es que el gobierno del estado absorbe la aportación de los campesinos.
En Huitzuco no está programada la adquisición de fertilizante con recursos del FISM. El ayuntamiento de Ixcateopan sin ningún rubor registra por su nombre el gasto de fertilizante, por un monto de 2.1 millones de pesos, y hasta ponen el porcentaje con respecto al total del FISM: 27.9 por ciento. Por cierto, la inversión estatal para la compra del fertilizante es mayor que la municipal, ya que el gobierno de Astudillo aportó casi 2.7 millones de pesos.
El gobierno municipal de Juchitán presenta una programación poco usual. Primero, registra el rubro de construcción de huertos comunitarios con un monto de 792 mil 920 pesos, de los cuales 211 mil 181 son de aportación estatal, 350 mil 539 del ayuntamiento y 231 mil 200 pesos son aportaciones de los productores, que de acuerdo con la política de Astudillo, es irregular. Pero hay más. Bajo el rubro de ampliación de huertos comunitarios, el ayuntamiento programa otros 700 mil pesos aparentemente para la compra de fertilizante. Sumadas ambas cantidades, el ayuntamiento aporta poco más de un millón de pesos a la adquisición del insumo.
En la Unión se utiliza el concepto de construcción de huertos comunitarios para la infraestructura agrícola, con una inversión municipal de casi 1.6 millones de pesos. También en este caso se registra aportación de los productores por 440 mil 765, incluso por arriba de la estatal, que es de 424 mil 875 pesos.
Por su parte, el ayuntamiento de Marquelia llama a la adquisición de fertilizante Mantenimiento de infraestructura agrícola para huertos comunitarios de producción de maíz (insumos), con una costo a cargo del municipio de 900 mil pesos, de un total municipal por 8.7 millones de pesos.
En Olinalá utilizan el concepto de Mejoramiento de huertos comunitarios con un monto de casi 18.5 millones de pesos, de los cuales 14 millones corresponden a la aportación municipal y el resto al gobierno del estado. Esto equivale a 31.3 por ciento de los 44.6 millones de pesos destinados al FISM en el municipio.
En Pedro Ascencio Alquisiras se programó un monto de 9.7 millones de pesos en el concepto de infraestructura agrícola (huertos comunitarios), que significan 41.8 por ciento de su inversión FISM del ejercicio 2016.
Tepecoacuilco aportará recursos por 7.8 millones para la adquisición de fertilizante, y junto con la aportación del gobierno del estado, la suma es de poco más de 12 millones de pesos.
El ayuntamiento de Tixtla innovó un poco en el concepto y registró como Construcción de huertos comunitarios encaminados a la cruzada contra el hambre y el combate a la pobreza dentro del núcleo poblacional de la comunidad, la compra de fertilizante por 14.7 millones de pesos, de los cuales 13 millones serán aportación del gobierno municipal. Esto equivale a 36.8 por ciento del FISM de Tixtla.
Xochistlahuaca aportará 10.2 millones de pesos y el gobierno del estado 853 mil 485 pesos para la adquisición de fertilizante químico. En tanto que el ayuntamiento de Zihuatanejo no registra la adquisición de fertilizante en su propuesta de inversión.

Comedores escolares y comunitarios

El gobierno de la república endilgó a los ayuntamientos acciones de su estrategia denominada Cruzada Nacional contra el Hambre, específicamente la infraestructura de comedores comunitarios o escolares, sin aportarles más recursos.
En efecto, la construcción de comedores comunitarios se les encomendó a los ayuntamientos, quienes los realizan con recursos del FISM. El problema es que no hay reglas, ni montos específicos, y cada ayuntamiento de manera discrecional los construye a su manera. El ayuntamiento de Chilpancingo programó 3.7 millones de pesos para la construcción de cuatro comedores, a 925 mil cada uno. Florencio Villarreal construirá dos comedores en las comunidades, con un costo de 1.2 millones de pesos cada uno. El municipio de Huitzuco también programó la construcción de comedores comunitarios en Tecolotla, sin proporcionar el monto.
En Juchitán se programaron dos comedores con un costo de 650 mil pesos cada uno, mientras que en La Unión se registra la construcción y rehabilitación de varios comedores escolares con costos dispares que van de los 396 mil pesos a los 690 mil. Marquelia construirá cuatro comedores comunitarios con un costo de 700 mil pesos, lo que equivale en conjunto a 32.1 por ciento del total del presupuesto del FISM.
Olinalá programó la construcción de dos comedores comunitarios con costos de 900 mil y 650 mil pesos, respectivamente. Mientras que Pedro Ascencio Alquisiras construirá cuatro comedores con costos que van de los 300 mil pesos a los 620 mil.
Tepecoacuilco programó dos comedores, uno con un costo de 186 mil pesos, y otro con un presupuesto de 587 mil 500 pesos. Tixtla construirá dos comedores, uno en la localidad de Matlalapa, con valor de 250 mil pesos, y otro en Rancho el Coyote, con 150 mil pesos.