El Sur de Acapulco
La contraloría ciudadana para la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos y la calidad de los servicios gubernamentales es todavía una aspiración en Guerrero. Aun cuando existen mecanismos institucionales, establecidos en diferentes normas (leyes de planeación, coordinación fiscal, general de desarrollo social), éstos simplemente no funcionan cuando las y los ciudadanos quieren vigilar y dar seguimiento a las acciones de gobierno.
Esto sucede en gran parte porque las estructuras gubernamentales no están preparadas ni los funcionarios dispuestos a que detrás de sus actividades y decisiones esté la observación ciudadana.
En el caso específico del estado, la gestión gubernamental no es dinámica ni se transforma para resolver las gigantescas necesidades de la población del estado, y quienes están al frente de las administraciones siguen pensando que el voto o el nombramiento para desempeñar un cargo los hace omnipotentes, y no necesitan de la intervención de los diferentes sectores de ciudadanos –salvo, de manera obligada, de los grupos de presión o de los poderes fácticos– para diseñar y ejecutar las políticas de sus gobiernos.
En los últimos 15 años, las leyes de transparencia y el establecimiento de procedimientos para el acceso a la información abrieron nuevas oportunidades para ejercer la contraloría ciudadana. Los casos más conocidos han sido investigaciones periodísticas documentadas en gran parte a partir de la presentación de solicitudes de información, como el de la Casa Blanca, que puso al descubierto el conflicto de interés del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa en la adquisición de un inmueble, y el cual fue decisivo para el desplome en las encuestas de popularidad del Presidente.
Sin embargo, la contraloría ciudadana no es una práctica muy frecuente, y no sólo por el desinterés y la apatía de las y los ciudadanos, sino sobre todo porque aún se encuentran resistencias muy fuertes en el sector público tanto para responder las solicitudes de información, como para activar los mecanismos de denuncia ciudadana, que regularmente no funcionan.
Esto sucede en gran parte porque las estructuras gubernamentales no están preparadas ni los funcionarios dispuestos a que detrás de sus actividades y decisiones esté la observación ciudadana.
En el caso específico del estado, la gestión gubernamental no es dinámica ni se transforma para resolver las gigantescas necesidades de la población del estado, y quienes están al frente de las administraciones siguen pensando que el voto o el nombramiento para desempeñar un cargo los hace omnipotentes, y no necesitan de la intervención de los diferentes sectores de ciudadanos –salvo, de manera obligada, de los grupos de presión o de los poderes fácticos– para diseñar y ejecutar las políticas de sus gobiernos.
En los últimos 15 años, las leyes de transparencia y el establecimiento de procedimientos para el acceso a la información abrieron nuevas oportunidades para ejercer la contraloría ciudadana. Los casos más conocidos han sido investigaciones periodísticas documentadas en gran parte a partir de la presentación de solicitudes de información, como el de la Casa Blanca, que puso al descubierto el conflicto de interés del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa en la adquisición de un inmueble, y el cual fue decisivo para el desplome en las encuestas de popularidad del Presidente.
Sin embargo, la contraloría ciudadana no es una práctica muy frecuente, y no sólo por el desinterés y la apatía de las y los ciudadanos, sino sobre todo porque aún se encuentran resistencias muy fuertes en el sector público tanto para responder las solicitudes de información, como para activar los mecanismos de denuncia ciudadana, que regularmente no funcionan.
Ejercicio de contraloría en Guerrero
En Guerrero el ejercicio de la contraloría ciudadana o social es todavía más infrecuente. Aunque es un problema nacional, en Guerrero se percibe más que en otras entidades, y en esta carencia se conjugan dos factores plenamente vigentes en el estado, a saber, la falta o debilidad de una ciudadanía que no se involucra en la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos y de la calidad de los servicios que debe proporcionar el gobierno; y una gestión pública que no está respondiendo a las necesidades de los guerrerenses y cuyos titulares además no están dispuestos a informar, explicar, justificar y a someter al escrutinio público sus actos, que es el propósito último de la rendición de cuentas.
La anterior es una de las conclusiones de un proyecto de promoción del derecho a la información en los municipios de Acapulco y Ayutla mediante el que se buscó promover y fortalecer actividades de contraloría o vigilancia ciudadana en colonias populares y comunidades rurales de esos dos municipios.
El proyecto fue uno de los once auspiciados en la república por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a través de su Programa de Sensibilización de Derechos. La ejecución corrió a cargo de la asociación civil Comunicación para el Desarrollo Comunitario.
La anterior es una de las conclusiones de un proyecto de promoción del derecho a la información en los municipios de Acapulco y Ayutla mediante el que se buscó promover y fortalecer actividades de contraloría o vigilancia ciudadana en colonias populares y comunidades rurales de esos dos municipios.
El proyecto fue uno de los once auspiciados en la república por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a través de su Programa de Sensibilización de Derechos. La ejecución corrió a cargo de la asociación civil Comunicación para el Desarrollo Comunitario.
Acceso a la información en Ayutla
En materia de acceso a la información los resultados en cada uno de los municipios fueron diferenciados. En el Ayuntamiento de Ayutla de Los Libres se observó nuevamente una total falta de disposición para responder de manera afirmativa las solicitudes de información. Esto, no obstante que personal del ayuntamiento de Ayutla ha participado en varias ocasiones en cursos y talleres impartidos por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado, así como del INAI, en donde han recibido todo tipo de explicaciones sobre las nuevas disposiciones tanto de la Ley general de transparencia como de la ley 207 de transparencia y acceso a la información del estado, aprobada el 5 de mayo de 2016.
Por ejemplo, uno de los temas que las y los representantes de varias colonias de Ayutla eligieron para darle seguimiento es el fertilizante que distribuye el ayuntamiento de ese municipio, preocupados por la adulteración y la baja calidad del insumo que se ha generalizado casi en todos los ayuntamientos de Guerrero, sin que nadie haga nada.
Al respecto, se solicitó el contrato para la adquisición del fertilizante, así como el monto de la inversión municipal y estatal, el tipo y volumen del fertilizante entregado. Como respuesta, el ayuntamiento entregó información parcial, y especialmente no entregó el contrato con la empresa proveedora.
Igualmente, se presentaron solicitudes de información al ayuntamiento de Ayutla referentes a otros temas significativos para los colonos, como el del agua potable y becas educativas, y también las respuestas fueron parciales o no correspondieron con lo requerido. En todos los casos se presentaron recursos de revisión ante el Itaigro, que por cierto, desde el día en que se hicieron llegar los recursos al órgano garante hasta el día de hoy, ya transcurrieron más de 40 días hábiles que establece la ley 207 de transparencia para emitir la resolución correspondiente, y el Itaigro no ha hecho ninguna solicitud de prórroga ni ha emitido ninguna resolución.
En circunstancias como éstas, donde no hay respuestas afirmativas a las solicitudes de información y donde el Itaigro no garantiza que se respete la ley, es muy difícil que se haga valer el derecho de la ciudadanía a vigilar y dar seguimiento a las acciones gubernamentales. Cuando los canales institucionales están completamente cerrados como en estos casos, no es difícil explicar por qué la gente, inconforme, sale a tomar las calles.
Por ejemplo, uno de los temas que las y los representantes de varias colonias de Ayutla eligieron para darle seguimiento es el fertilizante que distribuye el ayuntamiento de ese municipio, preocupados por la adulteración y la baja calidad del insumo que se ha generalizado casi en todos los ayuntamientos de Guerrero, sin que nadie haga nada.
Al respecto, se solicitó el contrato para la adquisición del fertilizante, así como el monto de la inversión municipal y estatal, el tipo y volumen del fertilizante entregado. Como respuesta, el ayuntamiento entregó información parcial, y especialmente no entregó el contrato con la empresa proveedora.
Igualmente, se presentaron solicitudes de información al ayuntamiento de Ayutla referentes a otros temas significativos para los colonos, como el del agua potable y becas educativas, y también las respuestas fueron parciales o no correspondieron con lo requerido. En todos los casos se presentaron recursos de revisión ante el Itaigro, que por cierto, desde el día en que se hicieron llegar los recursos al órgano garante hasta el día de hoy, ya transcurrieron más de 40 días hábiles que establece la ley 207 de transparencia para emitir la resolución correspondiente, y el Itaigro no ha hecho ninguna solicitud de prórroga ni ha emitido ninguna resolución.
En circunstancias como éstas, donde no hay respuestas afirmativas a las solicitudes de información y donde el Itaigro no garantiza que se respete la ley, es muy difícil que se haga valer el derecho de la ciudadanía a vigilar y dar seguimiento a las acciones gubernamentales. Cuando los canales institucionales están completamente cerrados como en estos casos, no es difícil explicar por qué la gente, inconforme, sale a tomar las calles.
Experiencia de Acapulco
En el ayuntamiento de Acapulco, las respuestas fueron diferentes. Desde la administración municipal de Luis Walton se estableció un mecanismo institucional de acceso a la información, y con tino, la actual administración de Evodio Velázquez lo continuó; esto ha permitido que la información pueda ser gestionada a través de una unidad de transparencia en los plazos que establece la ley.
Sin embargo, el problema de Acapulco no es de tiempos de respuesta a las solicitudes de información, sino de transparencia y de articulación de las diferentes áreas, pues al parecer ni el propio alcalde puede establecer orden y lograr que toda la maquinaria burocrática –por cierto, obesa en exceso– se mueva con cierta armonía para lograr determinados fines.
También desde el trienio anterior, el ayuntamiento de Acapulco ha mantenido medianos niveles de transparencia normativa, al cumplir con la mayor parte de la información que de oficio debe publicar. Sin embargo, no pasa lo mismo cuando se trata de transparentar o proporcionar información que es clave para el seguimiento de las acciones de gobierno. La experiencia que vivieron ocho localidades rurales del municipio documentan esta apreciación. Durante los meses de julio y agosto, el ayuntamiento de Acapulco presentó, como respuesta a solicitudes de información, dos versiones de la propuesta de inversión de obras y acciones con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 para el ejercicio 2016. La primera versión, fue respaldada por un acta de sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal realizada el 9 de mayo de 2016, denominada “acta que se levanta para la validación de la propuesta definitiva de obras y acciones que se ejecutarán con los recursos del Fondo de infraestructura social municipal del ejercicio fiscal 2016”. Este documento, por cierto no fue firmado por ningún comisario, delegado o representante comunitario, ni tampoco, al menos, por el presidente de consejo de comisarios municipales.
La segunda versión, muy diferente de la primera, no fue acompañada de un acta de Coplademun que avalara los cambios, lo cual sugiere que en el Ayuntamiento de Acapulco acontece exactamente lo mismo que en el resto de los municipios guerrerenses: la imposición de obras y acciones porque no hay reglas claras para la asignación a las comunidades del municipio, y en estos casos, siempre son perjudicadas las localidades que no tienen suficiente capacidad de gestión, y regularmente éstas coinciden con las que tienen los más altos índices de marginación.
El verdadero problema de opacidad en Acapulco –en el caso de obra pública– comienza cuando se solicitan las propuestas de inversión y los expedientes técnicos de las obras, ya que son documentos que cuando se entregan completos, contienen información muy significativa para las acciones de la contraloría ciudadana. Casi todos los ayuntamientos del estado son renuentes a entregar las propuestas y los expedientes técnicos de sus obras –Acapulco no es la excepción– porque no quieren ser vigilados.
Las áreas de planeación y obras públicas del ayuntamiento de Acapulco ejecutan las instrucciones de quienes deciden qué obras se construirán en el municipio; es ahí donde se modifica permanentemente y de manera discrecional la propuesta de inversión de obras y acciones del municipio, y al no haber procedimientos formales y reglas claras, lo que sucede en esas áreas se hace en la opacidad, sin ningún tipo de vigilancia ciudadana y sin que nadie rinda cuentas de nada.
Un caso específico fue la solicitud del expediente técnico de la obra de rehabilitación de un pozo artesiano, en la localidad de San José, que estaba incluida en la primera versión de la propuesta de inversión del municipio. La respuesta del director de Obras Públicas del Ayuntamiento fue: “Le hago de su conocimiento que se revisó la propuesta del ejercicio 2016, no se encontraron las obras mencionadas (entre ellas la de San José), por lo que le solicito de la manera más atenta nos proporcione mayor información”.
Sin embargo, en la segunda versión de la propuesta de inversión aún seguía programada dicha obra, y al consultar a una funcionaria de la Dirección de Obras Públicas, confirmó que la obra efectivamente se realizaría. Esto significó que la misma solicitud de expediente técnico de rehabilitación de pozo artesiano se presentara de nueva cuenta.
La misma experiencia se tuvo con la construcción de un comedor escolar en la telesecundaria Juan Aldama, de la localidad de Las Marías, en donde inicialmente se negó el expediente y después se confirmó que sí se construiría.
Pero no todas las comunidades tuvieron esa suerte. A la misma comunidad de Las Marías le “rasuraron” ocho obras o acciones que tenía programadas en la propuesta inicial; tres a Lomas del Aire, y una a la localidad de El Zapote, cuyas autoridades se organizaron en cuanto se enteraron y buscaron hacer valer la inversión que les habían programado, sin que nadie en el Ayuntamiento les hiciera caso.
Hay que decir también que a las comunidades de Las Cruces, Cacahuatepec, y a Kilómetro 39, que solicitaron expedientes de sus obras, el Ayuntamiento sí les entregó los documentos, y éstos de inmediato se hicieron llegar a las autoridades y a los comités de obra de esas localidades para realizar la vigilancia ciudadana.
Si encuentran irregularidades en la construcción de las obras pondrán a prueba la efectividad de los mecanismos de denuncia ciudadana del ayuntamiento y su atención correspondiente, lo cual en esta administración municipal nadie ha probado.
Sin embargo, el problema de Acapulco no es de tiempos de respuesta a las solicitudes de información, sino de transparencia y de articulación de las diferentes áreas, pues al parecer ni el propio alcalde puede establecer orden y lograr que toda la maquinaria burocrática –por cierto, obesa en exceso– se mueva con cierta armonía para lograr determinados fines.
También desde el trienio anterior, el ayuntamiento de Acapulco ha mantenido medianos niveles de transparencia normativa, al cumplir con la mayor parte de la información que de oficio debe publicar. Sin embargo, no pasa lo mismo cuando se trata de transparentar o proporcionar información que es clave para el seguimiento de las acciones de gobierno. La experiencia que vivieron ocho localidades rurales del municipio documentan esta apreciación. Durante los meses de julio y agosto, el ayuntamiento de Acapulco presentó, como respuesta a solicitudes de información, dos versiones de la propuesta de inversión de obras y acciones con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 para el ejercicio 2016. La primera versión, fue respaldada por un acta de sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal realizada el 9 de mayo de 2016, denominada “acta que se levanta para la validación de la propuesta definitiva de obras y acciones que se ejecutarán con los recursos del Fondo de infraestructura social municipal del ejercicio fiscal 2016”. Este documento, por cierto no fue firmado por ningún comisario, delegado o representante comunitario, ni tampoco, al menos, por el presidente de consejo de comisarios municipales.
La segunda versión, muy diferente de la primera, no fue acompañada de un acta de Coplademun que avalara los cambios, lo cual sugiere que en el Ayuntamiento de Acapulco acontece exactamente lo mismo que en el resto de los municipios guerrerenses: la imposición de obras y acciones porque no hay reglas claras para la asignación a las comunidades del municipio, y en estos casos, siempre son perjudicadas las localidades que no tienen suficiente capacidad de gestión, y regularmente éstas coinciden con las que tienen los más altos índices de marginación.
El verdadero problema de opacidad en Acapulco –en el caso de obra pública– comienza cuando se solicitan las propuestas de inversión y los expedientes técnicos de las obras, ya que son documentos que cuando se entregan completos, contienen información muy significativa para las acciones de la contraloría ciudadana. Casi todos los ayuntamientos del estado son renuentes a entregar las propuestas y los expedientes técnicos de sus obras –Acapulco no es la excepción– porque no quieren ser vigilados.
Las áreas de planeación y obras públicas del ayuntamiento de Acapulco ejecutan las instrucciones de quienes deciden qué obras se construirán en el municipio; es ahí donde se modifica permanentemente y de manera discrecional la propuesta de inversión de obras y acciones del municipio, y al no haber procedimientos formales y reglas claras, lo que sucede en esas áreas se hace en la opacidad, sin ningún tipo de vigilancia ciudadana y sin que nadie rinda cuentas de nada.
Un caso específico fue la solicitud del expediente técnico de la obra de rehabilitación de un pozo artesiano, en la localidad de San José, que estaba incluida en la primera versión de la propuesta de inversión del municipio. La respuesta del director de Obras Públicas del Ayuntamiento fue: “Le hago de su conocimiento que se revisó la propuesta del ejercicio 2016, no se encontraron las obras mencionadas (entre ellas la de San José), por lo que le solicito de la manera más atenta nos proporcione mayor información”.
Sin embargo, en la segunda versión de la propuesta de inversión aún seguía programada dicha obra, y al consultar a una funcionaria de la Dirección de Obras Públicas, confirmó que la obra efectivamente se realizaría. Esto significó que la misma solicitud de expediente técnico de rehabilitación de pozo artesiano se presentara de nueva cuenta.
La misma experiencia se tuvo con la construcción de un comedor escolar en la telesecundaria Juan Aldama, de la localidad de Las Marías, en donde inicialmente se negó el expediente y después se confirmó que sí se construiría.
Pero no todas las comunidades tuvieron esa suerte. A la misma comunidad de Las Marías le “rasuraron” ocho obras o acciones que tenía programadas en la propuesta inicial; tres a Lomas del Aire, y una a la localidad de El Zapote, cuyas autoridades se organizaron en cuanto se enteraron y buscaron hacer valer la inversión que les habían programado, sin que nadie en el Ayuntamiento les hiciera caso.
Hay que decir también que a las comunidades de Las Cruces, Cacahuatepec, y a Kilómetro 39, que solicitaron expedientes de sus obras, el Ayuntamiento sí les entregó los documentos, y éstos de inmediato se hicieron llegar a las autoridades y a los comités de obra de esas localidades para realizar la vigilancia ciudadana.
Si encuentran irregularidades en la construcción de las obras pondrán a prueba la efectividad de los mecanismos de denuncia ciudadana del ayuntamiento y su atención correspondiente, lo cual en esta administración municipal nadie ha probado.
Sector salud
Una preocupación común de las 10 localidades del proyecto, tanto de Ayutla como de Acapulco, es la calidad de los servicios de salud. Si bien, la Secretaría de Salud del gobierno del estado respondió en tiempo a todas las solicitudes de información, la cuestión es saber de qué manera o a quién acudir para exigir que los médicos cumplan sus horarios y atiendan la cantidad de pacientes que sugiere la dependencia, para que haya abasto de medicamentos y el material básico sin que la gente tenga que desembolsar su dinero; para que no les cobren el servicio de ambulancias, para que haya anestesiólogos…
En el sector salud no existen mecanismos efectivos para canalizar la inconformidad, los señalamientos y las propuestas de la ciudadanía, que percibe que el sistema de salud está en crisis, no sólo por la carencia de recursos, sino por las decisiones equivocadas y el desvío de recursos que hacen quienes dirigen y están a la cabeza de este sistema.
En el sector salud no existen mecanismos efectivos para canalizar la inconformidad, los señalamientos y las propuestas de la ciudadanía, que percibe que el sistema de salud está en crisis, no sólo por la carencia de recursos, sino por las decisiones equivocadas y el desvío de recursos que hacen quienes dirigen y están a la cabeza de este sistema.
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