El Sur de Acapulco
El 5 de noviembre de 2016 era un día clave para la transparencia en México; se cumplía en esa fecha el plazo programado para que las casi 8 mil dependencias gubernamentales registradas en el país subieran su información pública obligatoria a la plataforma nacional de transparencia y/o a sus portales electrónicos, obligación que también incluía su incorporación a un sistema diseñado para facilitar la gestión de solicitudes de información.
El plazo se indicaba en el segundo artículo transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Pero el plazo fue ampliado, y hay explicaciones formales y trascendidos para esta decisión, entre los segundos, que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no tuvo habilitada la plataforma nacional, de hecho, no la ha tenido lista desde el 5 de mayo de 2016, fecha en que normativamente debió entrar en funcionamiento.
Entre los formales, mediante un comunicado de prensa emitido el 26 de octubre, el INAI dio a conocer la ampliación del plazo para la publicación de la información de oficio a la que están obligados todas las dependencias y organismos públicos del país. La decisión se tomó en el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, integrado por los órganos garantes de las entidades federativas, el INAI, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Explica el boletín que el consejo nacional “aprobó, por unanimidad, ampliar el plazo, hasta el 4 de mayo de 2017, para que los Sujetos Obligados de los ámbitos federal, estatal y municipal incorporen a sus portales de internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la información que por disposición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, están obligados a difundir”.
De acuerdo con la consejera presidenta del consejo nacional y del INAI, la decisión se tomó considerando diferentes factores como el aumento en la cantidad y calidad de las obligaciones a publicar; la elaboración y verificación de tablas de aplicabilidad; la organización de los archivos de los Sujetos Obligados; la información dispersa en diversas áreas; los sujetos concentradores de información; la entrega y configuración de gran cantidad de claves para la carga de información; la capacitación para esta nueva realidad normativa; así como los cambios de gobierno, que son constantes en diversas entidades federativas, según el boletín del INAI.
El Instituto de Transparencia y Acceso a la información del estado de Guerrero (Itaigro), que forma parte del consejo nacional, votó a favor de que se ampliara el plazo. Esta posición que manifestaron ante el consejo nacional por vía de su presidente consejero, fue decidida previamente por los consejeros guerrerenses en una sesión previa interna, realizada el 25 de octubre, en donde emitieron el acuerdo número 013/2016 para la extensión del plazo.
Pero advierten en dicho acuerdo que las dependencias públicas del estado “conservarán la información difundida en sus portales de internet actualizada, es decir la que tenían disponible antes de entrar en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero”.
Sin embargo, una rápida revisión a las páginas electrónicas de los sujetos obligados permitiría constatar que no hay una actualización de la información ni el cumplimiento cabal de la publicación de información de oficio a la que se refieren los consejeros en su acuerdo. Y tampoco hay ningún tipo de amonestación por este incumplimiento.
Las secuelas por la ampliación de la fecha son varias. La principal es un retraso inducido en la aplicación de la política nacional de transparencia, pues es previsible que no habrá con esta extensión un incremento significativo del nivel de cumplimiento de la ley general de transparencia, en su apartado de la información de oficio. Si los sujetos obligados no iban a estar listos para cumplir con la ley el 5 de noviembre, tampoco lo estarán el 4 de mayo de 2017, pues como lo describe José Woldenberg, en el más reciente Cuaderno de la Transparencia (No. 23): “Las rutinas burocráticas también tienden de manera ‘natural’ a desplegarse en una cierta opacidad, no está en su naturaleza la transparencia”. http://inicio.inai.org.mx/Publicaciones/Cuadernillo%2023%20Web.pdf
En el caso de Guerrero, la ampliación del plazo representa oxígeno puro para los 218 sujetos obligados del estado, ya que les proporciona seis meses adicionales para no publicar información relevante sobre el ejercicio de sus gobiernos, especialmente a los 81 ayuntamientos y a la LXI Legislatura del Congreso del Estado, a quienes el nuevo plazo otorgado por el consejo nacional los tomará prácticamente en el último año de sus administraciones, y con ello tendrán la posibilidad de “administrar los asuntos de la transparencia” sin muchas presiones.
Para la ciudadanía, la medida es un retroceso ya que en principio no podrá ser beneficiaria de la información que obligatoriamente deben publicar las dependencias públicas, pero tampoco podrá presentar –desde hoy podría hacerlo– las denuncias en contra de quienes incumplan con esta disposición; tendrá que esperar hasta el 4 de mayo de 2017.
El plazo se indicaba en el segundo artículo transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Pero el plazo fue ampliado, y hay explicaciones formales y trascendidos para esta decisión, entre los segundos, que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no tuvo habilitada la plataforma nacional, de hecho, no la ha tenido lista desde el 5 de mayo de 2016, fecha en que normativamente debió entrar en funcionamiento.
Entre los formales, mediante un comunicado de prensa emitido el 26 de octubre, el INAI dio a conocer la ampliación del plazo para la publicación de la información de oficio a la que están obligados todas las dependencias y organismos públicos del país. La decisión se tomó en el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, integrado por los órganos garantes de las entidades federativas, el INAI, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Explica el boletín que el consejo nacional “aprobó, por unanimidad, ampliar el plazo, hasta el 4 de mayo de 2017, para que los Sujetos Obligados de los ámbitos federal, estatal y municipal incorporen a sus portales de internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la información que por disposición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, están obligados a difundir”.
De acuerdo con la consejera presidenta del consejo nacional y del INAI, la decisión se tomó considerando diferentes factores como el aumento en la cantidad y calidad de las obligaciones a publicar; la elaboración y verificación de tablas de aplicabilidad; la organización de los archivos de los Sujetos Obligados; la información dispersa en diversas áreas; los sujetos concentradores de información; la entrega y configuración de gran cantidad de claves para la carga de información; la capacitación para esta nueva realidad normativa; así como los cambios de gobierno, que son constantes en diversas entidades federativas, según el boletín del INAI.
El Instituto de Transparencia y Acceso a la información del estado de Guerrero (Itaigro), que forma parte del consejo nacional, votó a favor de que se ampliara el plazo. Esta posición que manifestaron ante el consejo nacional por vía de su presidente consejero, fue decidida previamente por los consejeros guerrerenses en una sesión previa interna, realizada el 25 de octubre, en donde emitieron el acuerdo número 013/2016 para la extensión del plazo.
Pero advierten en dicho acuerdo que las dependencias públicas del estado “conservarán la información difundida en sus portales de internet actualizada, es decir la que tenían disponible antes de entrar en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero”.
Sin embargo, una rápida revisión a las páginas electrónicas de los sujetos obligados permitiría constatar que no hay una actualización de la información ni el cumplimiento cabal de la publicación de información de oficio a la que se refieren los consejeros en su acuerdo. Y tampoco hay ningún tipo de amonestación por este incumplimiento.
Las secuelas por la ampliación de la fecha son varias. La principal es un retraso inducido en la aplicación de la política nacional de transparencia, pues es previsible que no habrá con esta extensión un incremento significativo del nivel de cumplimiento de la ley general de transparencia, en su apartado de la información de oficio. Si los sujetos obligados no iban a estar listos para cumplir con la ley el 5 de noviembre, tampoco lo estarán el 4 de mayo de 2017, pues como lo describe José Woldenberg, en el más reciente Cuaderno de la Transparencia (No. 23): “Las rutinas burocráticas también tienden de manera ‘natural’ a desplegarse en una cierta opacidad, no está en su naturaleza la transparencia”. http://inicio.inai.org.mx/Publicaciones/Cuadernillo%2023%20Web.pdf
En el caso de Guerrero, la ampliación del plazo representa oxígeno puro para los 218 sujetos obligados del estado, ya que les proporciona seis meses adicionales para no publicar información relevante sobre el ejercicio de sus gobiernos, especialmente a los 81 ayuntamientos y a la LXI Legislatura del Congreso del Estado, a quienes el nuevo plazo otorgado por el consejo nacional los tomará prácticamente en el último año de sus administraciones, y con ello tendrán la posibilidad de “administrar los asuntos de la transparencia” sin muchas presiones.
Para la ciudadanía, la medida es un retroceso ya que en principio no podrá ser beneficiaria de la información que obligatoriamente deben publicar las dependencias públicas, pero tampoco podrá presentar –desde hoy podría hacerlo– las denuncias en contra de quienes incumplan con esta disposición; tendrá que esperar hasta el 4 de mayo de 2017.
La plataforma, ¿inservible?
Las fallas detectadas en la plataforma nacional de transparencia tienen mucho que ver con el retraso de su funcionamiento. En Guerrero, después del 5 de mayo de 2016 muchos ciudadanos intentamos estrenar el nuevo sistema de acceso a la información, pero nos encontramos que no era posible presentar solicitudes por este medio.
La prensa de la Ciudad de México cuestionó fuertemente la inoperancia de la plataforma. Por ejemplo, El Universal publicó un reportaje titulado “Inservible, la plataforma de transparencia del INAI” el 12 de septiembre. “A cuatro meses de su arranque, el llamado modelo central del Sistema Nacional de Transparencia, cuyo desarrollo ha costado alrededor de 19.6 millones de pesos, es ‘inservible’, según analistas de transparencia consultados”.
Agregan Misael Zavala y Alberto Morales, autores del reportaje, que en un documento interno del INAI se detallan “más de 40 incidencias en el sistema de solicitudes de información, en el de gestión de medios de impugnación, en el de portales de obligaciones de transparencia y en el de comunicación de organismos garantes y sujetos obligados”.
Edna Jaime, directora de México Evalúa, citada en el reportaje, exigió que el INAI responda por los recursos y los principales problemas hallados en el proyecto. El organismo garante nacional, dice la activista, debe ser transparente y explicar cuándo estará lista la plataforma, los costos y las incidencias detalladas. El comisionado Óscar Guerrera Ford, agrega Edna Jaime, como responsable del proyecto tiene que dar una explicación de qué fue lo que falló y cómo se responsabilizarán a las empresas que no estuvieron a la altura del desarrollo de la plataforma.
El sitio de noticias digital Animal Político publica también un texto de Nayeli Rodán, sobre el asunto. Con el título de “10 errores de la nueva Plataforma Nacional de Transparencia”, se menciona que “de acuerdo con el análisis realizado por 19 organizaciones y especialistas dedicadas al desarrollo de tecnologías, análisis de datos y gobierno abierto, la Plataforma tiene errores desde el diseño, hasta programación informática “alarmantes” que le resta efectividad”.
El texto recoge el testimonio de Luis Godoy, integrante de OPI Inteligencia Participativa, quien asegura que “si la Plataforma está mal hecha, se va a implementar mal”, lo que permitiría a los funcionarios evadir su obligación de transparencia. “Quienes están más felices de que no funcione la plataforma son los Javier Duarte y los funcionarios que no quieren transparencia”.
Finalmente, para Juan Manuel Casanueva, director de Social Tic México y también entrevistado por Rodán, “el tema de accesibilidad es fundamental y hay que reformularlo. Si ese portal no es intuitivo y sencillo para un usuario común, no hay acceso de información”.
La prensa de la Ciudad de México cuestionó fuertemente la inoperancia de la plataforma. Por ejemplo, El Universal publicó un reportaje titulado “Inservible, la plataforma de transparencia del INAI” el 12 de septiembre. “A cuatro meses de su arranque, el llamado modelo central del Sistema Nacional de Transparencia, cuyo desarrollo ha costado alrededor de 19.6 millones de pesos, es ‘inservible’, según analistas de transparencia consultados”.
Agregan Misael Zavala y Alberto Morales, autores del reportaje, que en un documento interno del INAI se detallan “más de 40 incidencias en el sistema de solicitudes de información, en el de gestión de medios de impugnación, en el de portales de obligaciones de transparencia y en el de comunicación de organismos garantes y sujetos obligados”.
Edna Jaime, directora de México Evalúa, citada en el reportaje, exigió que el INAI responda por los recursos y los principales problemas hallados en el proyecto. El organismo garante nacional, dice la activista, debe ser transparente y explicar cuándo estará lista la plataforma, los costos y las incidencias detalladas. El comisionado Óscar Guerrera Ford, agrega Edna Jaime, como responsable del proyecto tiene que dar una explicación de qué fue lo que falló y cómo se responsabilizarán a las empresas que no estuvieron a la altura del desarrollo de la plataforma.
El sitio de noticias digital Animal Político publica también un texto de Nayeli Rodán, sobre el asunto. Con el título de “10 errores de la nueva Plataforma Nacional de Transparencia”, se menciona que “de acuerdo con el análisis realizado por 19 organizaciones y especialistas dedicadas al desarrollo de tecnologías, análisis de datos y gobierno abierto, la Plataforma tiene errores desde el diseño, hasta programación informática “alarmantes” que le resta efectividad”.
El texto recoge el testimonio de Luis Godoy, integrante de OPI Inteligencia Participativa, quien asegura que “si la Plataforma está mal hecha, se va a implementar mal”, lo que permitiría a los funcionarios evadir su obligación de transparencia. “Quienes están más felices de que no funcione la plataforma son los Javier Duarte y los funcionarios que no quieren transparencia”.
Finalmente, para Juan Manuel Casanueva, director de Social Tic México y también entrevistado por Rodán, “el tema de accesibilidad es fundamental y hay que reformularlo. Si ese portal no es intuitivo y sencillo para un usuario común, no hay acceso de información”.
En Guerrero
En el retraso para la aplicación de la política nacional de transparencia no sólo se cuentan los errores en la operación de la plataforma, que por cierto, propiciaron que el INAI solicitara a las entidades federativas la habilitación de los sistemas de Infomex o sus plataformas locales; también, en el caso de Guerrero, se observa un grave rezago en los procedimientos de las dependencias gubernamentales para el cumplimiento de sus obligaciones tanto de la ley general de transparencia como de la ley 207 de transparencia en el estado de Guerrero.
Por ejemplo, en el estado se puso en operación de nueva cuenta el Info Guerrero y actualmente se han incorporado sólo 162 sujetos obligados del estado, de los 218 registrados por el Itaigro al 5 de septiembre, es decir, una cuarta parte no están dentro del sistema Info Guerrero, y con esto se dificulta enormemente el ejercicio del derecho de acceso a la información en estas dependencias.
Adicionalmente, según datos obtenidos del Itaigro por medio de solicitudes de información, apenas la mitad de los sujetos obligados (106) integraron su unidad de transparencia y nombraron a un titular en el tiempo que establece la ley 207 de transparencia; 38 dependencias lo hicieron de manera extemporánea y 74 no habían designado a nadie al 5 de septiembre de 2016.
Entre los omisos –que el Itaigro debió sancionar sin reservas- están 38 ayuntamientos que no habían integrado sus unidades de transparencia más 13 que lo hicieron extemporáneamente. También del Ejecutivo del estado destacan 57 dependencias que no habían designado a sus titulares de transparencia o los nombraron fuera de los tiempos de ley, pese al reiterado discurso de compromiso gubernamental con la transparencia.
Cabe señalar que las unidades de transparencia son claves para la gestión de solicitudes de acceso a la información, y debieron ser designados por cada uno de los sujetos obligados a más tardar 60 días después de que entró en vigor la ley 207 de transparencia, es decir, el 6 de julio de 2016.
La ley señala que las dependencias públicas integrarán un comité de transparencia para que, entre otras funciones, tenga acceso a la información reservada para confirmar, modificar o revocar su clasificación conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o la salvaguarda de la información (artículo 56).
Sin embargo, el registro de comités formados que proporcionó el Itaigro es desalentador. Sólo 105 comités de transparencia constituidos en tiempo y forma, mientras que los omisos de esta obligación al 5 de septiembre eran 66 y los que formaron de manera extemporánea sus comités fueron 39, según datos del órgano garante local.
Nuevamente los ayuntamientos destacan como los que menos cumplen, ya que 36 gobiernos municipales no habían integrado su comité de transparencia; mientras que en el caso del gobierno del estado, hasta el 5 de septiembre, 26 dependencias no habían designado a sus respectivos comités de transparencia.
Las cifras son representativas del gran rezago que se observa en Guerrero en la aplicación de las leyes general y local de transparencia, punta de lanza de una política nacional que se inició con las reformas constitucionales de febrero de 2014. La situación es grave considerando que la integración de las unidades y comités de transparencia, así como la designación de sus titulares e integrantes, no son procedimientos que requieran de recursos financieros o que distraigan el trabajo de gestión de otros rubros también importantes en el interior de las administraciones gubernamentales; pero ni así se han concretado, no obstante que han recibido cursos y talleres y toda la información que requieren para ponerlas en funcionamiento.
La integración de unidades y comités de transparencia de hecho es el primero y el más sencillo de los pasos que deben seguir las administraciones gubernamentales. Lo que viene es más difícil y complicado, ya que implica modificar áreas importantes de las estructuras gubernamentales para adecuarlas a las necesidades de la transparencia, la gestión de la información y la rendición de cuentas.
Es cuestionable que la ampliación del plazo sea para fortalecer la transparencia, como argumenta el Consejo Nacional del SNT; parece más bien un respiro que se da el propio INAI para “sanear” la plataforma y una concesión a los morosos de la transparencia.
Por ejemplo, en el estado se puso en operación de nueva cuenta el Info Guerrero y actualmente se han incorporado sólo 162 sujetos obligados del estado, de los 218 registrados por el Itaigro al 5 de septiembre, es decir, una cuarta parte no están dentro del sistema Info Guerrero, y con esto se dificulta enormemente el ejercicio del derecho de acceso a la información en estas dependencias.
Adicionalmente, según datos obtenidos del Itaigro por medio de solicitudes de información, apenas la mitad de los sujetos obligados (106) integraron su unidad de transparencia y nombraron a un titular en el tiempo que establece la ley 207 de transparencia; 38 dependencias lo hicieron de manera extemporánea y 74 no habían designado a nadie al 5 de septiembre de 2016.
Entre los omisos –que el Itaigro debió sancionar sin reservas- están 38 ayuntamientos que no habían integrado sus unidades de transparencia más 13 que lo hicieron extemporáneamente. También del Ejecutivo del estado destacan 57 dependencias que no habían designado a sus titulares de transparencia o los nombraron fuera de los tiempos de ley, pese al reiterado discurso de compromiso gubernamental con la transparencia.
Cabe señalar que las unidades de transparencia son claves para la gestión de solicitudes de acceso a la información, y debieron ser designados por cada uno de los sujetos obligados a más tardar 60 días después de que entró en vigor la ley 207 de transparencia, es decir, el 6 de julio de 2016.
La ley señala que las dependencias públicas integrarán un comité de transparencia para que, entre otras funciones, tenga acceso a la información reservada para confirmar, modificar o revocar su clasificación conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o la salvaguarda de la información (artículo 56).
Sin embargo, el registro de comités formados que proporcionó el Itaigro es desalentador. Sólo 105 comités de transparencia constituidos en tiempo y forma, mientras que los omisos de esta obligación al 5 de septiembre eran 66 y los que formaron de manera extemporánea sus comités fueron 39, según datos del órgano garante local.
Nuevamente los ayuntamientos destacan como los que menos cumplen, ya que 36 gobiernos municipales no habían integrado su comité de transparencia; mientras que en el caso del gobierno del estado, hasta el 5 de septiembre, 26 dependencias no habían designado a sus respectivos comités de transparencia.
Las cifras son representativas del gran rezago que se observa en Guerrero en la aplicación de las leyes general y local de transparencia, punta de lanza de una política nacional que se inició con las reformas constitucionales de febrero de 2014. La situación es grave considerando que la integración de las unidades y comités de transparencia, así como la designación de sus titulares e integrantes, no son procedimientos que requieran de recursos financieros o que distraigan el trabajo de gestión de otros rubros también importantes en el interior de las administraciones gubernamentales; pero ni así se han concretado, no obstante que han recibido cursos y talleres y toda la información que requieren para ponerlas en funcionamiento.
La integración de unidades y comités de transparencia de hecho es el primero y el más sencillo de los pasos que deben seguir las administraciones gubernamentales. Lo que viene es más difícil y complicado, ya que implica modificar áreas importantes de las estructuras gubernamentales para adecuarlas a las necesidades de la transparencia, la gestión de la información y la rendición de cuentas.
Es cuestionable que la ampliación del plazo sea para fortalecer la transparencia, como argumenta el Consejo Nacional del SNT; parece más bien un respiro que se da el propio INAI para “sanear” la plataforma y una concesión a los morosos de la transparencia.
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