El Sur de Acapulco
Un descuido y varios pendientes dejó el gobernador Héctor Astudillo Flores, a propósito de su primer informe de gobierno. El descuido es que en ningún sitio de la página electrónica del gobierno del estado aparece el documento que da cuenta de su primer año de actividades –no su mensaje político, pues ése sí se difunde–. Para conseguirlo, fue necesario presentar la solicitud de información No. 00338816 ante la “Secretaría Particular del C. Gobernador”, el 30 de octubre de 2016, requiriendo precisamente el “Primer informe de gobierno de Héctor Astudillo Flores, completo, incluyendo anexos”.
No es un buen mensaje para los guerrerenses saber que el informe de actividades del gobernador se debe conseguir por medio de una solicitud de información; es un documento que debe ser profusamente difundido porque se trata de un acto de rendición de cuentas a la ciudadanía. Entre más detallada y accesible sea la información –especialmente la relativa al ejercicio de los recursos financieros–, de mayor calidad serán los actos de rendición de cuentas.
Pero también dejó varios pendientes, entre ellos, que las actividades presentadas en el primer informe no pueden ser cuantificadas ni comparadas contra metas establecidas, y esto es así porque no hay indicadores. Los informes de gobierno son un mecanismo para mostrar los resultados alcanzados por una administración gubernamental, y el referente ineludible, cuando se habla de una buena y ordenada gestión, es la planeación; es el espejo para medir los logros.
El 18 de noviembre de 2015, al comenzar el proceso de consulta para elaborar el plan estatal de gobierno, el gobernador expresó que es urgente la necesidad “de que el estado de Guerrero salga del conflicto para pasar a la planeación transparente, para atender y resolver las demandas y encaminar al estado por la ruta del desarrollo en beneficio de la población.”
En el mismo acto, el secretario de planeación y desarrollo regional, “por instrucciones del gobernador”, dijo que “por primera vez se incluirán indicadores para medir la eficacia de las acciones” del documento en proceso denominado plan estatal de desarrollo.
A casi un año, no se conocen los indicadores –que en efecto, es la única forma de medir objetivamente el logro de resultados– ni se sabe si se están elaborado; tampoco se sabe si las actividades presentadas en el informe se apegaron a la planeación largamente anunciada.
Sin información, es muy legítimo tener dudas y suspicacias. Sólo esperamos que la intención de apegarse a un plan de gobierno y estar sujeto a una evaluación por medio de indicadores sean realmente compromisos que se cumplirán en el corto plazo, pues no sirve de mucho tener las herramientas para evaluar un gobierno cuando ya esté de salida; si no lo hace, en nada se diferenciará de gobiernos anteriores.
Qué nos dio en el informe
No es un buen mensaje para los guerrerenses saber que el informe de actividades del gobernador se debe conseguir por medio de una solicitud de información; es un documento que debe ser profusamente difundido porque se trata de un acto de rendición de cuentas a la ciudadanía. Entre más detallada y accesible sea la información –especialmente la relativa al ejercicio de los recursos financieros–, de mayor calidad serán los actos de rendición de cuentas.
Pero también dejó varios pendientes, entre ellos, que las actividades presentadas en el primer informe no pueden ser cuantificadas ni comparadas contra metas establecidas, y esto es así porque no hay indicadores. Los informes de gobierno son un mecanismo para mostrar los resultados alcanzados por una administración gubernamental, y el referente ineludible, cuando se habla de una buena y ordenada gestión, es la planeación; es el espejo para medir los logros.
El 18 de noviembre de 2015, al comenzar el proceso de consulta para elaborar el plan estatal de gobierno, el gobernador expresó que es urgente la necesidad “de que el estado de Guerrero salga del conflicto para pasar a la planeación transparente, para atender y resolver las demandas y encaminar al estado por la ruta del desarrollo en beneficio de la población.”
En el mismo acto, el secretario de planeación y desarrollo regional, “por instrucciones del gobernador”, dijo que “por primera vez se incluirán indicadores para medir la eficacia de las acciones” del documento en proceso denominado plan estatal de desarrollo.
A casi un año, no se conocen los indicadores –que en efecto, es la única forma de medir objetivamente el logro de resultados– ni se sabe si se están elaborado; tampoco se sabe si las actividades presentadas en el informe se apegaron a la planeación largamente anunciada.
Sin información, es muy legítimo tener dudas y suspicacias. Sólo esperamos que la intención de apegarse a un plan de gobierno y estar sujeto a una evaluación por medio de indicadores sean realmente compromisos que se cumplirán en el corto plazo, pues no sirve de mucho tener las herramientas para evaluar un gobierno cuando ya esté de salida; si no lo hace, en nada se diferenciará de gobiernos anteriores.
Qué nos dio en el informe
En materia de transparencia y rendición de cuentas, hay que recordar que el Ejecutivo estableció en el plan estatal de desarrollo 2015-2021 un eje temático específico denominado Guerrero con gobierno abierto y transparente.
En la introducción, el gobernador hace un par de definiciones: “La transparencia en el ejercicio del poder es la piedra angular para dotar de credibilidad al Gobierno y generar confianza en las Instituciones políticas. La transparencia será bandera de la presente Administración. No habrá cabida para la opacidad. El primer paso será instalar apertura y transparencia en el Gobierno del Estado”.
Más adelante agrega que “En la presente Administración, el combate a la corrupción será prioridad del Gobierno. La crisis financiera pública que hoy se padece es producto de la irresponsabilidad y el mal manejo de gobiernos anteriores. En este no habrá cabida para actos de corrupción, desvío de fondos, enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias”.
Para ello propone una serie de objetivos y estrategias, entre las que destacan: Promover la transparencia gubernamental con la creación de mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer el ejercicio y el desempeño público de los funcionarios. Y la segunda: Generar un marco de legalidad e institucionalidad para el combate frontal a la corrupción.
En su informe de gobierno, Astudillo dedica mucho espacio a describir la situación de las finanzas públicas en el momento en que toma posesión. Explica que “gran parte de los esfuerzos se orientaron a ordenar y sanear las finanzas públicas, por el desorden financiero de la administración anterior, lo que puso en riesgo al gobierno del Estado por la situación de insolvencia económica para hacer frente a compromisos laborales con los trabajadores en diciembre de 2015”, ya que las arcas del gobierno estaban vacías.
Asimismo, Héctor Astudillo se refirió a dos estrategias en particular destacando como uno de sus avances el anuncio del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción. Al respecto, informó que se presentó un nuevo código de ética “al que deberán sujetarse los servidores de la administración pública estatal” y se elaboró el dictamen para que el Congreso del estado aprobara la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. También se refirió a la entrega de la cuenta pública, a la transferencia del sistema Info Guerrero al Itaigro y a la realización de cursos y talleres de capacitación para servidores públicos estatales y municipales.
En su mensaje político, dijo el mandatario que “recuperar al gobierno ha significado librar una lucha frontal contra la corrupción. En abril pasado, presentamos el Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción. Este Programa nos convirtió en la primera Entidad Federativa que inicia una agenda integral, colectiva y responsable de combate a la corrupción. Queremos que Guerrero sea punta de lanza en la promoción de gobiernos íntegros y honestos”.
Para colocar en su justa dimensión el anuncio del mandatario es preciso decir que el programa estatal de ética se deriva de dos políticas nacionales que las entidades federativas sin distinción deberán acatar y promover en sus jurisdicciones: los sistemas nacionales de transparencia y de combate a la corrupción, ambos derivados de reformas constitucionales y de la legislación de leyes generales.
Lo anterior significa que con o sin programa de ética, el estado de Guerrero deberá ser parte integrante de esos sistemas nacionales en plazos perentorios, por lo que está obligado constitucionalmente a realizar las acciones legislativas y administrativas necesarias para adecuarse a las nuevas disposiciones.
No se trata entonces, de propuestas audaces concebidas por la actual gestión gubernamental, sino de una inercia derivada de las obligaciones que provienen del texto constitucional federal y que todos los estados deberán cumplir.
Otra de las vertientes del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción es precisamente la creación del sistema estatal anticorrupción. Quizás lo más importante de este componente, lo dijo el gobernador en su mensaje político: “hace dos semanas mi gobierno publicó el decreto para la creación de una Comisión Interinstitucional para la Armonización de las Leyes Estatales en materia de promoción en contra de la corrupción y en favor de la transparencia”.
Explicó que la comisión tendrá la responsabilidad de armonizar las leyes locales con las reformas nacionales de combate a la corrupción y rendición de cuentas; el primer paso, dijo, será la conformación de mesas de trabajo en las que participen los poderes públicos, órganos autónomos y organismos con autonomía técnica en el Estado, para diseñar la legislación anticorrupción local. Se comprometió a que en próximos meses, presentará ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.
Algo muy cierto que dijo el gobernador fue que se requiere: “ahora tenemos el enorme reto de recuperar la confianza de la ciudadanía. Confianza que debe estar basada en la transparencia, la rendición de cuentas, la presencia del gobierno y también la disposición permanente para el diálogo”.
En la introducción, el gobernador hace un par de definiciones: “La transparencia en el ejercicio del poder es la piedra angular para dotar de credibilidad al Gobierno y generar confianza en las Instituciones políticas. La transparencia será bandera de la presente Administración. No habrá cabida para la opacidad. El primer paso será instalar apertura y transparencia en el Gobierno del Estado”.
Más adelante agrega que “En la presente Administración, el combate a la corrupción será prioridad del Gobierno. La crisis financiera pública que hoy se padece es producto de la irresponsabilidad y el mal manejo de gobiernos anteriores. En este no habrá cabida para actos de corrupción, desvío de fondos, enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias”.
Para ello propone una serie de objetivos y estrategias, entre las que destacan: Promover la transparencia gubernamental con la creación de mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer el ejercicio y el desempeño público de los funcionarios. Y la segunda: Generar un marco de legalidad e institucionalidad para el combate frontal a la corrupción.
En su informe de gobierno, Astudillo dedica mucho espacio a describir la situación de las finanzas públicas en el momento en que toma posesión. Explica que “gran parte de los esfuerzos se orientaron a ordenar y sanear las finanzas públicas, por el desorden financiero de la administración anterior, lo que puso en riesgo al gobierno del Estado por la situación de insolvencia económica para hacer frente a compromisos laborales con los trabajadores en diciembre de 2015”, ya que las arcas del gobierno estaban vacías.
Asimismo, Héctor Astudillo se refirió a dos estrategias en particular destacando como uno de sus avances el anuncio del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción. Al respecto, informó que se presentó un nuevo código de ética “al que deberán sujetarse los servidores de la administración pública estatal” y se elaboró el dictamen para que el Congreso del estado aprobara la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. También se refirió a la entrega de la cuenta pública, a la transferencia del sistema Info Guerrero al Itaigro y a la realización de cursos y talleres de capacitación para servidores públicos estatales y municipales.
En su mensaje político, dijo el mandatario que “recuperar al gobierno ha significado librar una lucha frontal contra la corrupción. En abril pasado, presentamos el Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción. Este Programa nos convirtió en la primera Entidad Federativa que inicia una agenda integral, colectiva y responsable de combate a la corrupción. Queremos que Guerrero sea punta de lanza en la promoción de gobiernos íntegros y honestos”.
Para colocar en su justa dimensión el anuncio del mandatario es preciso decir que el programa estatal de ética se deriva de dos políticas nacionales que las entidades federativas sin distinción deberán acatar y promover en sus jurisdicciones: los sistemas nacionales de transparencia y de combate a la corrupción, ambos derivados de reformas constitucionales y de la legislación de leyes generales.
Lo anterior significa que con o sin programa de ética, el estado de Guerrero deberá ser parte integrante de esos sistemas nacionales en plazos perentorios, por lo que está obligado constitucionalmente a realizar las acciones legislativas y administrativas necesarias para adecuarse a las nuevas disposiciones.
No se trata entonces, de propuestas audaces concebidas por la actual gestión gubernamental, sino de una inercia derivada de las obligaciones que provienen del texto constitucional federal y que todos los estados deberán cumplir.
Otra de las vertientes del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción es precisamente la creación del sistema estatal anticorrupción. Quizás lo más importante de este componente, lo dijo el gobernador en su mensaje político: “hace dos semanas mi gobierno publicó el decreto para la creación de una Comisión Interinstitucional para la Armonización de las Leyes Estatales en materia de promoción en contra de la corrupción y en favor de la transparencia”.
Explicó que la comisión tendrá la responsabilidad de armonizar las leyes locales con las reformas nacionales de combate a la corrupción y rendición de cuentas; el primer paso, dijo, será la conformación de mesas de trabajo en las que participen los poderes públicos, órganos autónomos y organismos con autonomía técnica en el Estado, para diseñar la legislación anticorrupción local. Se comprometió a que en próximos meses, presentará ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.
Algo muy cierto que dijo el gobernador fue que se requiere: “ahora tenemos el enorme reto de recuperar la confianza de la ciudadanía. Confianza que debe estar basada en la transparencia, la rendición de cuentas, la presencia del gobierno y también la disposición permanente para el diálogo”.
Lo que hace falta del PED
El Plan Estatal de Desarrollo establece muchas líneas de acción de las que se desconocen sus avances. Por ejemplo, el mandatario no mencionó en su informe lo que ha hecho para “mejorar los mecanismos de transparencia en los procesos de licitación para la contratación de obra pública y adquisición de bienes y servicios” o para “mejorar el portal de transparencia y actualizar de manera permanente la información gubernamental y traducirla a las diferentes lenguas maternas del Estado, garantizando así que la comunidad indígena pueda también estar informada”.
Tampoco se informó nada sobre las acciones que ha realizado el gobierno del estado para “garantizar el acceso efectivo a la información” ni lo que harán para dotar al Itaigro de mayores facultades en materia de transparencia y acceso a la información pública.
En materia de participación ciudadana, el gobernador no informó ni se conocen acciones para dar cumplimiento a las propuestas del plan estatal como “promover la creación de observatorios ciudadanos en los que la denuncia sea la principal herramienta para identificar violaciones a la ley y, en su caso, se sancione a quienes tengan responsabilidad legal” o como “promover la creación de Comités Técnicos Ciudadanos de Transparencia y Rendición de Cuentas, integrados por destacados y honorables ciudadanos”.
Son algunos de los pendientes que requieren de una respuesta, simplemente porque el propio Ejecutivo los incluyó en su plan estatal de desarrollo.
Tampoco se informó nada sobre las acciones que ha realizado el gobierno del estado para “garantizar el acceso efectivo a la información” ni lo que harán para dotar al Itaigro de mayores facultades en materia de transparencia y acceso a la información pública.
En materia de participación ciudadana, el gobernador no informó ni se conocen acciones para dar cumplimiento a las propuestas del plan estatal como “promover la creación de observatorios ciudadanos en los que la denuncia sea la principal herramienta para identificar violaciones a la ley y, en su caso, se sancione a quienes tengan responsabilidad legal” o como “promover la creación de Comités Técnicos Ciudadanos de Transparencia y Rendición de Cuentas, integrados por destacados y honorables ciudadanos”.
Son algunos de los pendientes que requieren de una respuesta, simplemente porque el propio Ejecutivo los incluyó en su plan estatal de desarrollo.
Qué dijeron los diputados
No sorprende la posición que asumieron los diputados locales en la presentación del informe de actividades de Héctor Astudillo. Jugaron un papel no de contrapeso, sino de comparsas. Como si fuera un dictado, los representantes populares sólo se refirieron al programa de ética, transparencia y combate a la corrupción; nunca preguntaron ni mucho menos cuestionaron por qué no ha habido acciones en otros ámbitos de la transparencia y la rendición de cuentas.
El diputado Jesús Martínez Martínez, del Partido del Trabajo, dijo por ejemplo, que “hay acciones en su Gobierno [de Astudillo] que debemos reconocer: (…) La constitución del Comité Rector del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción. Hacemos votos, para que su trabajo recupere la confianza de la sociedad hacia el gobierno”.
La legisladora Carmen Iliana Castillo Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, fue más allá y hasta cree que la corrupción y la opacidad ya no existen en el estado: “Algo que lastimaba y laceraba la credibilidad de un Gobierno, era las falta de transparencia y de rendición de cuentas, y a iniciativa suya [de Astudillo], hoy Guerrero cuenta con una Secretaría de Transparencia y Contraloría, así como con una Ley de Transparencia en armonía con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y la implementación de la Ley Tres de Tres, que obliga a los funcionarios de la Administración Pública Estatal a presentar sus Declaraciones Patrimonial, de intereses y fiscal, de forma periódica y pública”.
Ociel Hugar García Trujillo, del Partido de la Revolución Democrática, no se refirió al tema, sólo dijo que “uno de los grandes males que se ha hecho endémico en nuestra sociedad es la corrupción y la violencia”.
El diputado priista Samuel Reséndiz Peñaloza aseguró que “a un año de su toma de posesión, notamos avances innegables en la tarea de la Administración Pública (…), los resultados más significativos en materia de justicia y seguridad son la operación del nuevo Sistema de Justicia Penal y la conformación del primer batallón de la Policía Estatal Acreditable, para recuperar la confianza de la sociedad con el gobierno se constituyó el comité rector del Programa Estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción”.
Finalmente, la diputada Magdalena Camacho Díaz, respondió el informe de Astudillo Flores en nombre de la LXI Legislatura del Congreso del Estado. Sobre el tema dijo que “la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, son principios y obligaciones que deben imperar en todo gobierno, la sociedad no acepta la opacidad y debe saber en qué se gastan los recursos públicos, en esta Legislatura le reconocemos señor Gobernador las acciones que se han tomado desde su gobierno para elevar los niveles de transparencia, para fortalecer la cultura de la legalidad en el marco del programa Estatal de Ética, Transparencia y Rendición de Cuentas”.
El diputado Jesús Martínez Martínez, del Partido del Trabajo, dijo por ejemplo, que “hay acciones en su Gobierno [de Astudillo] que debemos reconocer: (…) La constitución del Comité Rector del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción. Hacemos votos, para que su trabajo recupere la confianza de la sociedad hacia el gobierno”.
La legisladora Carmen Iliana Castillo Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, fue más allá y hasta cree que la corrupción y la opacidad ya no existen en el estado: “Algo que lastimaba y laceraba la credibilidad de un Gobierno, era las falta de transparencia y de rendición de cuentas, y a iniciativa suya [de Astudillo], hoy Guerrero cuenta con una Secretaría de Transparencia y Contraloría, así como con una Ley de Transparencia en armonía con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y la implementación de la Ley Tres de Tres, que obliga a los funcionarios de la Administración Pública Estatal a presentar sus Declaraciones Patrimonial, de intereses y fiscal, de forma periódica y pública”.
Ociel Hugar García Trujillo, del Partido de la Revolución Democrática, no se refirió al tema, sólo dijo que “uno de los grandes males que se ha hecho endémico en nuestra sociedad es la corrupción y la violencia”.
El diputado priista Samuel Reséndiz Peñaloza aseguró que “a un año de su toma de posesión, notamos avances innegables en la tarea de la Administración Pública (…), los resultados más significativos en materia de justicia y seguridad son la operación del nuevo Sistema de Justicia Penal y la conformación del primer batallón de la Policía Estatal Acreditable, para recuperar la confianza de la sociedad con el gobierno se constituyó el comité rector del Programa Estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción”.
Finalmente, la diputada Magdalena Camacho Díaz, respondió el informe de Astudillo Flores en nombre de la LXI Legislatura del Congreso del Estado. Sobre el tema dijo que “la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, son principios y obligaciones que deben imperar en todo gobierno, la sociedad no acepta la opacidad y debe saber en qué se gastan los recursos públicos, en esta Legislatura le reconocemos señor Gobernador las acciones que se han tomado desde su gobierno para elevar los niveles de transparencia, para fortalecer la cultura de la legalidad en el marco del programa Estatal de Ética, Transparencia y Rendición de Cuentas”.
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