Ninguna autoridad pone remedio a las irregularidades de los ayuntamientos guerrerenses que utilizan indebidamente los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del DF (FISM-DF) para la compra de fertilizante químico.
El artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal es muy claro al señalar las acciones y proyectos que pueden financiarse con estos recursos. Dice: “Las aportaciones federales que con cargo al FISM reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social”. Y entre las obras que señala el inciso a) no se establece en ningún caso la adquisición de insumos agrícolas, mucho menos la compra de fertilizante químico.
Sin embargo, la mayor parte de los ayuntamientos del estado costea el insumo con recursos del FISM ante la complacencia de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Auditoría General del Estado.
El artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal es muy claro al señalar las acciones y proyectos que pueden financiarse con estos recursos. Dice: “Las aportaciones federales que con cargo al FISM reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social”. Y entre las obras que señala el inciso a) no se establece en ningún caso la adquisición de insumos agrícolas, mucho menos la compra de fertilizante químico.
Sin embargo, la mayor parte de los ayuntamientos del estado costea el insumo con recursos del FISM ante la complacencia de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Auditoría General del Estado.
Historia de subterfugios
Desde que fueron incorporados al esquema financiero del programa en 2001, la aportación que hacen los ayuntamientos al programa de fertilizante es tomada de los recursos FISM, es decir, del dinero que proviene de la Federación y está etiquetado para el financiamiento de obra pública y acciones sociales básicas.
A lo largo de estos 15 años, los gobiernos municipales han buscado justificar el desvío de estos recursos y para ello han realizado numerosas gestiones ante la Cámara de diputados y las dependencias normativas (Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Desarrollo Social) y de fiscalización (Auditoría Superior de la Federación, Auditoría General del Estado) sin resultados positivos para ellos porque es una práctica que tiene lugar sólo en Guerrero, y la Ley de Coordinación Fiscal no establece excepciones para ningún estado.
Incluso, cuando hay un señalamiento directo para que dejen esa práctica irregular, los presidentes municipales, diputados y otros funcionarios protestan airadamente y amenazan que habrá movilizaciones de campesinos, porque argumentan que retirarles el subsidio al fertilizante es propiciar la hambruna en el estado.
Con o sin la colaboración abierta o soterrada de las dependencias normativas y de fiscalización, los ayuntamientos de Guerrero desafían permanentemente las leyes que obligan al empleo de los recursos únicamente en los rubros para los que fueron autorizados. Hasta hoy, no se sabe que ningún presidente municipal o funcionario haya sido sancionado por esta irregularidad, y tampoco ninguna dependencia federal o estatal aborda y discute púbicamente los perjuicios que provoca la adquisición y consumo del fertilizante químico. Nadie quiere aparecer políticamente incorrecto, ni siquiera el gobernador Héctor Astudillo Flores, que tomó una pésima decisión para las finanzas públicas, el medio ambiente y la transparencia al anunciar la distribución gratuita de fertilizante químico a los campesinos -una medida sin duda muy conveniente en términos de popularidad- para fortalecer su asunción a la administración estatal.
Este año, alguien recomendó de manera informal a los ayuntamientos de Guerrero algunos pasos para cumplir con los requisitos de los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que no incluyen la compra de fertilizante. La sugerencia al parecer fue general porque coincidentemente todos los gobiernos municipales usaron los conceptos de construcción de huertos comunitarios, ampliación de huertos comunitarios, suministro de insumos para huertos, etc., para disfrazar la compra de fertilizante y evitar ser observados por los organismos de control y fiscalización.
Así, también, les sugirieron que registraran el gasto por la adquisición del insumo como “proyectos especiales”, que de acuerdo con los Lineamientos, consideran “acciones y obras que no estén señaladas en el Catálogo del FAIS, pero que se podrán realizar con los recursos provenientes de este Fondo ya que corresponden a los destinos a que se refiere el artículo 33 de la LCF, contribuyen a mejorar los indicadores de pobreza y rezago social que publica el Coneval y se encuentren plenamente justificados con base en las necesidades de los gobiernos locales”.
Estos procedimientos tendientes a justificar una irregularidad en el ejercicio del gasto del FISM deben ser observados y en su caso sancionados por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Auditoría General del Estado.
La Secretaría de Desarrollo Social federal también conoce esta situación porque de acuerdo con el Manual para la presentación de proyectos especiales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, dentro de esa dependencia operan el Subcomité de Revisión de Proyectos Especiales (Estatal) y el Comité de Revisión de Proyectos Especiales (Nacional), que revisan, validan y autorizan este tipo de proyectos.
A lo largo de estos 15 años, los gobiernos municipales han buscado justificar el desvío de estos recursos y para ello han realizado numerosas gestiones ante la Cámara de diputados y las dependencias normativas (Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Desarrollo Social) y de fiscalización (Auditoría Superior de la Federación, Auditoría General del Estado) sin resultados positivos para ellos porque es una práctica que tiene lugar sólo en Guerrero, y la Ley de Coordinación Fiscal no establece excepciones para ningún estado.
Incluso, cuando hay un señalamiento directo para que dejen esa práctica irregular, los presidentes municipales, diputados y otros funcionarios protestan airadamente y amenazan que habrá movilizaciones de campesinos, porque argumentan que retirarles el subsidio al fertilizante es propiciar la hambruna en el estado.
Con o sin la colaboración abierta o soterrada de las dependencias normativas y de fiscalización, los ayuntamientos de Guerrero desafían permanentemente las leyes que obligan al empleo de los recursos únicamente en los rubros para los que fueron autorizados. Hasta hoy, no se sabe que ningún presidente municipal o funcionario haya sido sancionado por esta irregularidad, y tampoco ninguna dependencia federal o estatal aborda y discute púbicamente los perjuicios que provoca la adquisición y consumo del fertilizante químico. Nadie quiere aparecer políticamente incorrecto, ni siquiera el gobernador Héctor Astudillo Flores, que tomó una pésima decisión para las finanzas públicas, el medio ambiente y la transparencia al anunciar la distribución gratuita de fertilizante químico a los campesinos -una medida sin duda muy conveniente en términos de popularidad- para fortalecer su asunción a la administración estatal.
Este año, alguien recomendó de manera informal a los ayuntamientos de Guerrero algunos pasos para cumplir con los requisitos de los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que no incluyen la compra de fertilizante. La sugerencia al parecer fue general porque coincidentemente todos los gobiernos municipales usaron los conceptos de construcción de huertos comunitarios, ampliación de huertos comunitarios, suministro de insumos para huertos, etc., para disfrazar la compra de fertilizante y evitar ser observados por los organismos de control y fiscalización.
Así, también, les sugirieron que registraran el gasto por la adquisición del insumo como “proyectos especiales”, que de acuerdo con los Lineamientos, consideran “acciones y obras que no estén señaladas en el Catálogo del FAIS, pero que se podrán realizar con los recursos provenientes de este Fondo ya que corresponden a los destinos a que se refiere el artículo 33 de la LCF, contribuyen a mejorar los indicadores de pobreza y rezago social que publica el Coneval y se encuentren plenamente justificados con base en las necesidades de los gobiernos locales”.
Estos procedimientos tendientes a justificar una irregularidad en el ejercicio del gasto del FISM deben ser observados y en su caso sancionados por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Auditoría General del Estado.
La Secretaría de Desarrollo Social federal también conoce esta situación porque de acuerdo con el Manual para la presentación de proyectos especiales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, dentro de esa dependencia operan el Subcomité de Revisión de Proyectos Especiales (Estatal) y el Comité de Revisión de Proyectos Especiales (Nacional), que revisan, validan y autorizan este tipo de proyectos.
Los ayuntamientos
Fueron pocos los ayuntamientos que entregaron su propuesta de inversión, después de presentar una solicitud de información requiriendo este documento que registra las obras y acciones presupuestadas con los recursos FISM del ejercicio 2016, entre ellos, el fertilizante.
Alpoyeca, por ejemplo, de acuerdo con su propuesta de inversión destina el 19.6 por ciento de su presupuesto total del FISM en la compra del insumo; mientras que Arcelia disfrazó esta adquisición con el concepto Apoyo a los huertos comunitarios, pero no entregó el monto. Sólo informa que comprará 5 mil 400 toneladas del insumo para beneficiar a 4 mil 200 productores.
Azoyú fue de los ayuntamientos que sí proporcionaron su propuesta de inversión 2016. La compra de fertilizante la registran como apoyo a huertos comunitarios, con un monto de 4 millones 224 mil 446 pesos, de los cuales, 2 millones 486 mil 723 son aportación del municipio y el resto del gobierno del estado. Esta cantidad representa 10.2 por ciento del total de recursos del FISM del municipio.
En el caso de Buenavista de Cuéllar programaron una inversión de un millón 200 mil pesos por concepto de Suministro de insumos para huertos comunitarios. Estos recursos equivalen a 11.4 por ciento de los 10.5 millones que tiene el municipio del FISM.
En Chilpancingo la inversión total en fertilizante es de poco más de 16 millones de pesos, 12 de los cuales son de aportación municipal bajo el rubro de infraestructura agrícola: huertos comunitarios. El presupuesto total del FISM en Chilpancingo es de 157.1 millones de pesos, por lo que la compra de fertilizante representó 7.6 por ciento del total.
El ayuntamiento de Coyuca de Benítez proporcionó una versión parcial de su propuesta de inversión, en donde no aparece cuánto gastó en la adquisición de fertilizante químico. De hecho, por entregar sólo una parte de la información, tiene un recurso de revisión en su contra ante el Itaigro.
Copala aparentemente no usa recursos del FISM para la compra de fertilizante, pues no están presupuestados en su propuesta de inversión. En tanto que en Florencio Villarreal, la adquisición de fertilizante se disfraza bajo el concepto de proyecto productivo agrícola, con una inversión total de 2 millones 43 mil pesos. Lo extraño es que en el desglose, se registre la aportación estatal por 579 mil pesos, la municipal por 714 mil 690 pesos, y “otros”, por 750 mil pesos. Si esta última es aportación de los productores, se supone que es irregular, ya que una de las novedades de la administración de Astudillo es que el gobierno del estado absorbe la aportación de los campesinos.
En Huitzuco no está programada la adquisición de fertilizante con recursos del FISM. El ayuntamiento de Ixcateopan sin ningún rubor registra por su nombre el gasto de fertilizante, por un monto de 2.1 millones de pesos, y hasta ponen el porcentaje con respecto al total del FISM: 27.9 por ciento. Por cierto, la inversión estatal para la compra del fertilizante es mayor que la municipal, ya que el gobierno de Astudillo aportó casi 2.7 millones de pesos.
El gobierno municipal de Juchitán presenta una programación poco usual. Primero, registra el rubro de construcción de huertos comunitarios con un monto de 792 mil 920 pesos, de los cuales 211 mil 181 son de aportación estatal, 350 mil 539 del ayuntamiento y 231 mil 200 pesos son aportaciones de los productores, que de acuerdo con la política de Astudillo, es irregular. Pero hay más. Bajo el rubro de ampliación de huertos comunitarios, el ayuntamiento programa otros 700 mil pesos aparentemente para la compra de fertilizante. Sumadas ambas cantidades, el ayuntamiento aporta poco más de un millón de pesos a la adquisición del insumo.
En la Unión se utiliza el concepto de construcción de huertos comunitarios para la infraestructura agrícola, con una inversión municipal de casi 1.6 millones de pesos. También en este caso se registra aportación de los productores por 440 mil 765, incluso por arriba de la estatal, que es de 424 mil 875 pesos.
Por su parte, el ayuntamiento de Marquelia llama a la adquisición de fertilizante Mantenimiento de infraestructura agrícola para huertos comunitarios de producción de maíz (insumos), con una costo a cargo del municipio de 900 mil pesos, de un total municipal por 8.7 millones de pesos.
En Olinalá utilizan el concepto de Mejoramiento de huertos comunitarios con un monto de casi 18.5 millones de pesos, de los cuales 14 millones corresponden a la aportación municipal y el resto al gobierno del estado. Esto equivale a 31.3 por ciento de los 44.6 millones de pesos destinados al FISM en el municipio.
En Pedro Ascencio Alquisiras se programó un monto de 9.7 millones de pesos en el concepto de infraestructura agrícola (huertos comunitarios), que significan 41.8 por ciento de su inversión FISM del ejercicio 2016.
Tepecoacuilco aportará recursos por 7.8 millones para la adquisición de fertilizante, y junto con la aportación del gobierno del estado, la suma es de poco más de 12 millones de pesos.
El ayuntamiento de Tixtla innovó un poco en el concepto y registró como Construcción de huertos comunitarios encaminados a la cruzada contra el hambre y el combate a la pobreza dentro del núcleo poblacional de la comunidad, la compra de fertilizante por 14.7 millones de pesos, de los cuales 13 millones serán aportación del gobierno municipal. Esto equivale a 36.8 por ciento del FISM de Tixtla.
Xochistlahuaca aportará 10.2 millones de pesos y el gobierno del estado 853 mil 485 pesos para la adquisición de fertilizante químico. En tanto que el ayuntamiento de Zihuatanejo no registra la adquisición de fertilizante en su propuesta de inversión.
Alpoyeca, por ejemplo, de acuerdo con su propuesta de inversión destina el 19.6 por ciento de su presupuesto total del FISM en la compra del insumo; mientras que Arcelia disfrazó esta adquisición con el concepto Apoyo a los huertos comunitarios, pero no entregó el monto. Sólo informa que comprará 5 mil 400 toneladas del insumo para beneficiar a 4 mil 200 productores.
Azoyú fue de los ayuntamientos que sí proporcionaron su propuesta de inversión 2016. La compra de fertilizante la registran como apoyo a huertos comunitarios, con un monto de 4 millones 224 mil 446 pesos, de los cuales, 2 millones 486 mil 723 son aportación del municipio y el resto del gobierno del estado. Esta cantidad representa 10.2 por ciento del total de recursos del FISM del municipio.
En el caso de Buenavista de Cuéllar programaron una inversión de un millón 200 mil pesos por concepto de Suministro de insumos para huertos comunitarios. Estos recursos equivalen a 11.4 por ciento de los 10.5 millones que tiene el municipio del FISM.
En Chilpancingo la inversión total en fertilizante es de poco más de 16 millones de pesos, 12 de los cuales son de aportación municipal bajo el rubro de infraestructura agrícola: huertos comunitarios. El presupuesto total del FISM en Chilpancingo es de 157.1 millones de pesos, por lo que la compra de fertilizante representó 7.6 por ciento del total.
El ayuntamiento de Coyuca de Benítez proporcionó una versión parcial de su propuesta de inversión, en donde no aparece cuánto gastó en la adquisición de fertilizante químico. De hecho, por entregar sólo una parte de la información, tiene un recurso de revisión en su contra ante el Itaigro.
Copala aparentemente no usa recursos del FISM para la compra de fertilizante, pues no están presupuestados en su propuesta de inversión. En tanto que en Florencio Villarreal, la adquisición de fertilizante se disfraza bajo el concepto de proyecto productivo agrícola, con una inversión total de 2 millones 43 mil pesos. Lo extraño es que en el desglose, se registre la aportación estatal por 579 mil pesos, la municipal por 714 mil 690 pesos, y “otros”, por 750 mil pesos. Si esta última es aportación de los productores, se supone que es irregular, ya que una de las novedades de la administración de Astudillo es que el gobierno del estado absorbe la aportación de los campesinos.
En Huitzuco no está programada la adquisición de fertilizante con recursos del FISM. El ayuntamiento de Ixcateopan sin ningún rubor registra por su nombre el gasto de fertilizante, por un monto de 2.1 millones de pesos, y hasta ponen el porcentaje con respecto al total del FISM: 27.9 por ciento. Por cierto, la inversión estatal para la compra del fertilizante es mayor que la municipal, ya que el gobierno de Astudillo aportó casi 2.7 millones de pesos.
El gobierno municipal de Juchitán presenta una programación poco usual. Primero, registra el rubro de construcción de huertos comunitarios con un monto de 792 mil 920 pesos, de los cuales 211 mil 181 son de aportación estatal, 350 mil 539 del ayuntamiento y 231 mil 200 pesos son aportaciones de los productores, que de acuerdo con la política de Astudillo, es irregular. Pero hay más. Bajo el rubro de ampliación de huertos comunitarios, el ayuntamiento programa otros 700 mil pesos aparentemente para la compra de fertilizante. Sumadas ambas cantidades, el ayuntamiento aporta poco más de un millón de pesos a la adquisición del insumo.
En la Unión se utiliza el concepto de construcción de huertos comunitarios para la infraestructura agrícola, con una inversión municipal de casi 1.6 millones de pesos. También en este caso se registra aportación de los productores por 440 mil 765, incluso por arriba de la estatal, que es de 424 mil 875 pesos.
Por su parte, el ayuntamiento de Marquelia llama a la adquisición de fertilizante Mantenimiento de infraestructura agrícola para huertos comunitarios de producción de maíz (insumos), con una costo a cargo del municipio de 900 mil pesos, de un total municipal por 8.7 millones de pesos.
En Olinalá utilizan el concepto de Mejoramiento de huertos comunitarios con un monto de casi 18.5 millones de pesos, de los cuales 14 millones corresponden a la aportación municipal y el resto al gobierno del estado. Esto equivale a 31.3 por ciento de los 44.6 millones de pesos destinados al FISM en el municipio.
En Pedro Ascencio Alquisiras se programó un monto de 9.7 millones de pesos en el concepto de infraestructura agrícola (huertos comunitarios), que significan 41.8 por ciento de su inversión FISM del ejercicio 2016.
Tepecoacuilco aportará recursos por 7.8 millones para la adquisición de fertilizante, y junto con la aportación del gobierno del estado, la suma es de poco más de 12 millones de pesos.
El ayuntamiento de Tixtla innovó un poco en el concepto y registró como Construcción de huertos comunitarios encaminados a la cruzada contra el hambre y el combate a la pobreza dentro del núcleo poblacional de la comunidad, la compra de fertilizante por 14.7 millones de pesos, de los cuales 13 millones serán aportación del gobierno municipal. Esto equivale a 36.8 por ciento del FISM de Tixtla.
Xochistlahuaca aportará 10.2 millones de pesos y el gobierno del estado 853 mil 485 pesos para la adquisición de fertilizante químico. En tanto que el ayuntamiento de Zihuatanejo no registra la adquisición de fertilizante en su propuesta de inversión.
Comedores escolares y comunitarios
El gobierno de la república endilgó a los ayuntamientos acciones de su estrategia denominada Cruzada Nacional contra el Hambre, específicamente la infraestructura de comedores comunitarios o escolares, sin aportarles más recursos.
En efecto, la construcción de comedores comunitarios se les encomendó a los ayuntamientos, quienes los realizan con recursos del FISM. El problema es que no hay reglas, ni montos específicos, y cada ayuntamiento de manera discrecional los construye a su manera. El ayuntamiento de Chilpancingo programó 3.7 millones de pesos para la construcción de cuatro comedores, a 925 mil cada uno. Florencio Villarreal construirá dos comedores en las comunidades, con un costo de 1.2 millones de pesos cada uno. El municipio de Huitzuco también programó la construcción de comedores comunitarios en Tecolotla, sin proporcionar el monto.
En Juchitán se programaron dos comedores con un costo de 650 mil pesos cada uno, mientras que en La Unión se registra la construcción y rehabilitación de varios comedores escolares con costos dispares que van de los 396 mil pesos a los 690 mil. Marquelia construirá cuatro comedores comunitarios con un costo de 700 mil pesos, lo que equivale en conjunto a 32.1 por ciento del total del presupuesto del FISM.
Olinalá programó la construcción de dos comedores comunitarios con costos de 900 mil y 650 mil pesos, respectivamente. Mientras que Pedro Ascencio Alquisiras construirá cuatro comedores con costos que van de los 300 mil pesos a los 620 mil.
Tepecoacuilco programó dos comedores, uno con un costo de 186 mil pesos, y otro con un presupuesto de 587 mil 500 pesos. Tixtla construirá dos comedores, uno en la localidad de Matlalapa, con valor de 250 mil pesos, y otro en Rancho el Coyote, con 150 mil pesos.
En efecto, la construcción de comedores comunitarios se les encomendó a los ayuntamientos, quienes los realizan con recursos del FISM. El problema es que no hay reglas, ni montos específicos, y cada ayuntamiento de manera discrecional los construye a su manera. El ayuntamiento de Chilpancingo programó 3.7 millones de pesos para la construcción de cuatro comedores, a 925 mil cada uno. Florencio Villarreal construirá dos comedores en las comunidades, con un costo de 1.2 millones de pesos cada uno. El municipio de Huitzuco también programó la construcción de comedores comunitarios en Tecolotla, sin proporcionar el monto.
En Juchitán se programaron dos comedores con un costo de 650 mil pesos cada uno, mientras que en La Unión se registra la construcción y rehabilitación de varios comedores escolares con costos dispares que van de los 396 mil pesos a los 690 mil. Marquelia construirá cuatro comedores comunitarios con un costo de 700 mil pesos, lo que equivale en conjunto a 32.1 por ciento del total del presupuesto del FISM.
Olinalá programó la construcción de dos comedores comunitarios con costos de 900 mil y 650 mil pesos, respectivamente. Mientras que Pedro Ascencio Alquisiras construirá cuatro comedores con costos que van de los 300 mil pesos a los 620 mil.
Tepecoacuilco programó dos comedores, uno con un costo de 186 mil pesos, y otro con un presupuesto de 587 mil 500 pesos. Tixtla construirá dos comedores, uno en la localidad de Matlalapa, con valor de 250 mil pesos, y otro en Rancho el Coyote, con 150 mil pesos.
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