El Programa 3×1 para Migrantes, en riesgo

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

Los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos siempre han ocupado un lugar destacado en los discursos de los presidentes mexicanos, quienes los ensalzan, les dedican elocuentes palabras y hasta se sienten orgullosos de ellos. No es para menos, su aportación en remesas es una de las principales fuentes de ingresos del país, sólo el año anterior alcanzaron nada menos que cerca de 36 mil millones de dólares, según el Banco Mundial.
Pero a cambio, los sucesivos gobiernos de los tres órdenes de gobierno no han reconocido lo suficiente este esfuerzo por medio de lo que pueden y les toca hacer: con políticas públicas y buenas prácticas de gobierno hacia ese sector, que permitan retribuir la contribución que hacen quienes trabajan del otro lado de la frontera.
La actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en suspenso un programa que ha sido durante dos décadas emblema para miles de migrantes que quieren ayudar a sus comunidades de origen: el Programa 3×1 para Migrantes. La incertidumbre sobre su presupuesto en el ejercicio 2019 ha generado reacciones diversas de cientos de clubes –figura organizativa para la gestión dentro del programa– que hallaron en el 3×1 un mecanismo para acercar a sus pueblos obras y otros beneficios. Hoy, todo parece indicar que este año no habrá financiamiento y hay un alto riesgo de que desaparezca en los próximos años, por lo menos en lo que toca al gobierno federal.
El programa
El diseño del Programa 3×1 para Migrantes se basa en un esquema colaborativo y de aportaciones financieras de los tres órdenes de gobierno y los migrantes, a partes iguales, para realizar obras de infraestructura y ejecutar proyectos productivos en los pueblos de donde los migrantes son oriundos. La toma de decisiones, por lo menos para la selección de las obras, se realiza en un Comité de Validación y Atención a Migrantes (Covam), en donde los migrantes tienen un lugar importante. El 3×1 es de los pocos programas que incluyen el componente de participación ciudadana en la toma de decisiones, en este caso, de los beneficiarios.
Es también un programa que surgió por iniciativa de los propios migrantes. Los antecedentes señalan que en Zacatecas y Guerrero, desde finales de los años ochenta del siglo pasado, grupos de migrantes se organizaron para enviar remesas colectivas que serían invertidas en el financiamiento de obras en favor de sus comunidades de origen. Años más tarde, esta propuesta encontró eco en los gobiernos estatales y a principios de este siglo, en 2002, en el gobierno federal, de donde nació el entonces llamado Programa Iniciativa Ciudadana 3×1.
Aun cuando el Programa 3×1 para Migrantes es ejemplo de una política aceptablemente diseñada, no siempre tuvo la mejor implementación. En el caso de Guerrero, son públicos los escándalos de corrupción de no pocos operadores del programa a lo largo de más de 15 años. Quizás las evidentes irregularidades en la operación de los últimos años fue la puntilla para que el actual gobierno federal decidiera achicar el programa hasta casi desaparecerlo. Es cierto, no se pueden ocultar el aletargamiento de los procedimientos con que operaba la burocracia estatal y federal, la asignación irregular de las obras, los inaceptables condicionamientos que imponían los alcaldes a los clubes de migrantes, y también, hay que decirlo, los manejos irregulares de los recursos en que incurrían algunos clubes de migrantes y en no pocas ocasiones, prestarse a la simulación con la creación de clubes fantasma.
En efecto, como lo señala el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, había corrupción en el programa, pero detrás había también toda una tradición y aspiraciones legítimas y honestas de cientos de migrantes que querían colaborar en un esfuerzo –que en estricto le corresponde al gobierno– para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de sus localidades de origen.
La nueva administración
Como ha ocurrido con otros programas, la actual administración federal parece haber decidido retirar su aportación financiera del 3×1, con el argumento de que ha sido un programa plagado de corrupción. En el presente ejercicio fiscal, si bien formalmente se mantiene vivo el programa, en los hechos le ha dado la puntilla porque le ha escatimado los recursos, como se puede observar desde los primeros días de la gestión federal actual.
El 18 de diciembre de 2018, en un comunicado de la Cámara de Diputados, legisladoras de Movimiento Ciudadano solicitaron un incremento en los recursos al Programa 3×1 para Migrantes porque, decían, la reducción en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 fue muy desproporcionado. “Este año (2018) el presupuesto destinado al Programa fue de 517 millones de pesos, y para 2019 se busca otorgar solamente 9.45 millones de pesos, esta reducción es muy desproporcionada”, argumentaron las diputadas conjuntamente con activistas migrantes. Es decir, el recorte en el proyecto de presupuesto de egresos alcanzaba el 98 por ciento respecto del año anterior y además cancelaba los recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes.
Sin embargo, se logró incrementar el monto a 76.4 millones de pesos, y luego de la presión de organizaciones de la sociedad civil, se agregaron 200 millones adicionales. Esta información puede ser revisada en algunos de los anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019. El anexo 10, Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, contiene un monto de 15 millones 788 mil 640 pesos destinado al Programa 3×1 para Migrantes.
En tanto que el anexo 19, Acciones para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos Productivos, considera 60 millones 666 mil 269 pesos para el programa. Finalmente, el anexo 40, Ampliaciones al Ramo 20 Bienestar, se reflejan los 200 millones de pesos adicionales al programa.
En total, se presupuestaron 276 millones 454 mil 909 pesos, que equivalen a sólo 53.4 por ciento de lo asignado en el ejercicio 2018.
No habrá recursos
Pero al parecer, ni estos recursos podrán ejercerse. Hace unas semanas, el 18 de junio, en la Ciudad de México se realizó una reunión entre dirigentes de migrantes con servidores públicos de la Secretaría de Bienestar para abordar el tema del programa 3×1.
En esa reunión, de acuerdo con el portal electrónico Enlace, la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, Adriadna Montiel Reyes, dio a conocer que el programa no está contemplado entre las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“No se está en contra del modelo, pero la situación que se ha venido encima ha tomado otro rumbo y se busca dar prioridad al apoyo humanitario, es decir ayudar a nuestros migrantes centroamericanos, por humanidad”.
La funcionaria federal aseguró que el Programa 3×1 no desaparecerá, pero aclaró que “está en fase de evaluación; el presidente tiene otras prioridades, entre ellas las escuelas, sembrando vida, entre otros”, según el sitio de noticias Enlace (http://enlaceconexionentreculturas.com /2019/06/18/programa-3×1-no-cabe-en-agenda-presidencial/).
También tuvimos acceso a un audio en donde Efraín Jiménez Muñoz, vicepresidente de la Federación Zacatecana del Sur de California, y quien estuvo presente en la reunión del 18 de junio, expresó que no son buenas las expectativas de este año para el programa. Explicó que en la reunión le solicitaron a la subsecretaria Montiel Reyes informar si realmente había la intención de operar programa o “sólo le estaban dando largas para caer en subejercicio y administrativamente justificar ante (la Secretaría de) Hacienda que ese dinero se destine a atender la crisis migratoria, para fines humanitarios de todas las caravanas”.
Jiménez Muñoz expresó su preocupación por el subejercicio del programa porque eso se traduciría en la transferencia de los recursos a otros programas presupuestales. Ejemplificó que en 2018 usaron esa estratagema en la entonces Secretaría de Desarrollo Social: “indujeron deliberadamente un subejercicio por 80 millones de pesos al 3×1 para desviarlos a los afectados por los sismos en Oaxaca”. De acuerdo con su versión, los recursos que no se hayan ejercido al 30 de junio, el Ejecutivo federal podrá disponer de ellos discrecionalmente hacia otros programas, sin el riesgo de las observaciones de las entidades normativas.
Jiménez Muñoz también explicó que la subsecretaria Montiel Reyes dijo que tenían información de que en todas las entidades del país había clubes de migrantes con adeudos, y propuso que después de que se aclararan éstos, entonces estarían en condiciones de analizar cómo repartir el recurso.
Finalmente, el dirigente zacatecano reseñó que, según los funcionarios de la Secretaría de Bienestar, el presidente López Obrador no trabajará con organizaciones como intermediarias, sino que los apoyos se darán directos a las comunidades. Pero se les respondió que los clubes de migrantes no piden, sino aportan. “No nos metan en la misma canasta que a las organizaciones porque los clubes de migrantes no pedimos dinero al gobierno para operar, nosotros venimos a ofrecer el 25 por ciento de las obras que le corresponde realizar al gobierno”.
Vicente Ortiz, de la representación jalisciense en California y de Movimiento Migrante, quien también estuvo en la reunión, expresó su preocupación por el actuar del Ejecutivo. “Al parecer hay mucha voluntad de la subsecretaria, pero no así del presidente de México, para él los migrantes somos invisibles, y que lástima que 40 millones de mexicanos de primera y segunda generación estén olvidados y que el presidente, con sus programas sociales destinados a apoyar a los centroamericanos, deja totalmente fuera el programa y el apoyo a los migrantes”, de acuerdo con la nota de Enlace.
Por su parte, Roberto Bravo, presidente de Federación en los Ángeles, señaló que “cuando se le preguntó a la subsecretaria y nos dijo que no va el programa 3×1, sentí que me aventaron un balde de agua (…) los migrantes somos los proveedores de la segunda entrada de recursos al país, entonces ¿para qué somos nosotros?”, reseña el portal de Enlace.
¿Regresa el 2×1?
En Zacatecas, el gobernador Alejandro Tello Cristerna decidió arrancar el “Programa 2×1 Trabajando Unidos con los Migrantes” ante los recortes presupuestales del gobierno federal y su negativa de reactivar el programa. Por medio de este programa, el gobierno del estado, los municipios y los clubes zacatecanos de migrantes invertirán 45.1 millones de pesos en 56 proyectos de infraestructura social, en 21 municipios zacatecanos, de acuerdo con un comunicado de prensa del gobierno estatal. Es el primer paquete aprobado por el Comité de Validación de Atención a Migrantes que se ejecutará en 2019, con la participación de 50 clubes de zacatecanos residentes en Estados Unidos, que pertenecen a 15 federaciones.
El Programa 2×1 ejercerá un total de 100 millones de pesos, en los que gobierno estatal, municipales y clubes de migrantes aportarán 33.3 por ciento cada uno; se dará prioridad a los proyectos conformados mayoritariamente por mujeres, igualmente a los clubes y municipios que presenten mayor inversión asignada en los Covam y también a los municipios con mayor marginación. Por la escasez de recursos, el monto tope por municipio será de 5 millones de pesos, salvo que existan remanentes después del tercer Comité de Validación. Zacatecas se convierte en la primera entidad del país que retoma el programa en esta modalidad.
En el caso de Guerrero, de acuerdo con el dirigente de Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, Erasmo Salgado Jiménez, hay pláticas con el gobernador del estado de Guerrero y con algunos presidentes municipales, a efecto de explorar la posibilidad de que en la entidad se ponga en marcha el Programa 2×1, sin la participación de la Federación.
Conclusión
Borrar de un plumazo el Programa 3×1 para Migrantes no es la mejor opción. Se requiere, sí, su saneamiento a través del establecimiento de estrictos controles tanto en la administración de los recursos como en la implementación de las obras y los proyectos productivos, además de una constante vigilancia de los órganos de control y fiscalización locales y federales, e implementar verdaderas contralorías ciudadanas que realmente vigilen el ejercicio de los recursos. Y también revisar los adeudos que tengan los clubes de migrantes, así como buscar sancionar a aquellos servidores públicos que hicieron mal uso del programa.
Eso es lo que realmente se requiere, además de incrementar el presupuesto destinado al programa. Se ganará mucho en coordinación interinstitucional, participación ciudadana y especialmente, en mejorar las condiciones de vida de habitantes de las comunidades guerrerenses.