Marcos Méndez Lar
El Sur, periódico de Guerrero
El programa de fertilizante vuelve a ser noticia, esta vez debido a
una crisis provocada por el desabasto del producto y su lenta
distribución hacia las regiones y municipios del estado. Fue una crisis
anunciada con mucha anticipación. Apenas en enero pasado en este espacio
alertamos sobre la complejidad del proceso de transferencia del
programa desde el gobierno del estado y los ayuntamientos hacia la
federación y, sobre todo, acerca de sus consecuencias si el relevo no se
realizaba de manera apropiada. “El programa al pasar de los años
adquirió una gran relevancia social, a tal grado que si hoy los
campesinos perciben que les retiran el subsidio (o como es el caso, les
retrasan la entrega), pueden generar grandes movilizaciones, incluso
inestabilidad social”, escribimos hace seis meses.
Pero todo parece indicar que los nuevos operadores federales subestimaron el programa, pues no consideraron la dimensión y el grado de dificultad de la operación de un programa que cuenta con un padrón de más de 300 mil beneficiarios, localizados en cientos de comunidades, algunas ubicadas en los más apartados rincones de la accidentada geografía de Guerrero, y que actualmente presentan una fuerte dependencia hacia el insumo.
Cuando los funcionarios federales reaccionaron, ya tenían el tiempo encima y las movilizaciones en puerta. Es cierto, como dice el argumento oficial, aún es tiempo para la aplicación del insumo en la mayoría de los casos; pero en la lógica de los campesinos, el fertilizante debe estar al pie de sus milpas incluso antes de la siembra, pues no hacerlo así es motivo de una gran incertidumbre, ya que para para miles, es un subsidio que forma parte de estrategia de sobrevivencia.
El retraso entonces provocó un caldo de cultivo explosivo que fácilmente podía ser aprovechado para detonar fuertes protestas (espontáneas o inducidas), como efectivamente sucedió durante el mes más reciente. Esa fue una de las consecuencias de esta crisis anunciada, que por cierto, se extenderá más allá del 15 de julio, en parte porque al día de hoy no se ha entregado la totalidad del fertilizante, en parte porque surgirán inconformidades de quienes lo recibieron a lo largo de muchos años (campesinos o no), pero en este ejercicio fueron “rasurados”.
Este es el panorama de un programa que, según se ha anunciado por el gobierno federal, se ampliará a otras entidades federativas. Será, si se concreta, uno de los mayores yerros de la actual administración federal.
Programa asistencial
Aunque nació en 1994 como un programa para contribuir al incremento de la producción de granos básicos, el de distribución de fertilizante subsidiado se convirtió con el paso de los años en un programa asistencial. A la fecha, nadie ha presentado datos contundentes que demuestren un incremento significativo en la productividad del maíz (toneladas por hectárea) con base en el uso del fertilizante químico que se entrega a los campesinos de Guerrero. Se han invertido millones de pesos en este concepto, y sin embargo, este indicador no se ha movido durante varios años. Quizás ha aumentado la producción total del grano en Guerrero, pero eso se explica por otros motivos, como la ampliación de la frontera agrícola, y no por el uso de fertilizante.
Lo que sí es cierto, es que el programa de fertilizante se ha convertido en un componente de las estrategias de sobrevivencia de miles de habitantes de las zonas rurales, quienes lo usan para obtener los granos que consumirán a lo largo del año, y en el mejor de los casos, para lograr algún excedente que les permitirá adquirir algunos bienes básicos. En ese sentido, el programa tiene una marcada naturaleza asistencial.
El padrón
Hace unos días, el diputado local Héctor Ocampo Arcos apareció registrado en el padrón de beneficiarios del programa de fertilizante. Hubo un deslinde de su parte y argumentó que lo habían incluido sin que él lo hubiere solicitado.
Sin juzgar la credibilidad del legislador, lo cierto es que, así como en este caso, la integración del padrón de beneficiarios tradicionalmente ha sido un gran problema para el programa por su laxitud en los controles. Aunque la Secretaría de Agricultura era la entidad normativa del programa, de acuerdo con las reglas de operación de 2018 y ejercicios anteriores, cada ayuntamiento era responsable de elaborar y validar su padrón de beneficiarios. Esta flexibilidad provocó que los presidentes municipales manejaran el ingreso o exclusión de los beneficiarios prácticamente a su arbitrio, lo que propició salidas injustas de productores y también el engrosamiento de los padrones al incluir personas no campesinas que revendían y acaparaban los paquetes de beneficios. La entidad normativa regularmente no supervisaba ni sancionaba este proceso.
Las reglas de operación también facultaban a los productores, agrupados en comités locales, para “Integrar, actualizar y depurar, según sea el caso, en coordinación con los H. Ayuntamientos, los padrones de beneficiarios”; así como para “Recabar toda la documentación oficial y personal que permita la identificación de los beneficiarios del Programa (…),” Pero la participación de los productores en la práctica no operaba, puesto que eran los funcionarios municipales quienes se encargaban de revisar y actualizar los padrones e incorporar a nuevos beneficiarios de manera discrecional.
Aunque lo establecían las reglas de operación, las listas de productores del programa no se hacían públicos. En varias ocasiones solicitamos los padrones de beneficiarios a la entonces Secretaría de Desarrollo Rural y regularmente obteníamos una respuesta negativa. Sólo en un corto periodo la dependencia publicó los padrones de 2010 y una versión parcial del de 2011, pero la información no tenía el formato de datos abiertos, seguramente para evitar el análisis del ojo ciudadano. Después de esta ocasión, nunca más se volvieron a publicar listas de beneficiarios ni por los ayuntamientos ni por los sucesivos gobiernos del estado.
Es uno de los puntos que deberá cuidar mucho el gobierno federal en los próximos ejercicios, ya que si persiste la opacidad se puede abrir nuevamente la puerta a la discrecionalidad en el manejo de los beneficiarios. Si no se publica esta información, poco se puede hacer para señalar las irregularidades de productores que reciben el apoyo y no son elegibles de acuerdo con las reglas de operación.
Las hectáreas
La correspondencia entre toneladas de fertilizante entregado y hectáreas sembradas de granos básicos siempre fue motivo de controversia, pues al compararse los datos de ambos indicadores, resultaba que la cantidad de fertilizante rebasaba la superficie susceptible de sembrar. Eso indicaba graves irregularidades que nunca se subsanaron.
En 2012, la entonces Secretaría de Desarrollo Rural elaboró un documento donde hizo un comparativo entre las superficies agrícolas cultivables de granos básicos registradas por diferentes fuentes, como el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera; Procampo, Inegi, y las que reportaban los ayuntamientos al programa de fertilizante.
Según estas cifras, correspondientes al ciclo primavera-verano 2010, la superficie que registraba el Inegi en todo el estado era de 468 mil 154 hectáreas, que comparada con las 504 mil 328 hectáreas que reportaban los ayuntamientos, había una diferencia de 36 mil 174 hectáreas, que aparentemente correspondían al fertilizante adicional que se entregaba a personas que no sembraban. Al hacer el comparativo entre la superficie registrada por el entonces Procampo y lo que reportaban los ayuntamientos, la diferencia se ampliaba considerablemente a 112 mil 675 hectárea adicionales.
Los distintos titulares de la Secretaría de Agricultura o del programa de fertilizante casi todos han reconocido esta situación. Por ejemplo, Martín Mora Aguirre, director del programa en 2012 recordaba que el alcalde de Cutzamala reconocía que 50 por ciento de quienes adquirían fertilizante lo revendían. Mientras que el ex secretario de Desarrollo Rural, Sofío Ramírez Hernández, afirmó que más de la mitad del fertilizante subsidiado a los productores guerrerenses era revendido a campesinos de otras entidades como Oaxaca y Puebla.
Ramón Cárdenas Villarreal, también ex titular de la Seder, en una comparecencia ante el Congreso mencionó que “hay lugares donde 9 mil hectáreas se cultivan de maíz en el municipio y se entregan 29 mil en paquetes de fertilizante”, y agregaba que “hay que señalar también que (el programa de fertilizante) tiene algunos criterios de carácter clientelar que han propiciado que efectivamente haya muchas gentes que reciben este beneficio pero que en realidad no son productores”.
Fue sorpresivo que en el registro del gobierno federal se haya incrementado el padrón a 401 mil campesinos. Si el anterior de 325 mil del ejercicio 2018 se antojaba inflado, el de las nuevas autoridades sin duda requiere de una revisión muy minuciosa, so pena de generar todo tipo de sospechas de clientelismo y corrupción.
Foro de organizaciones
campesinas
Hace nueve años, un grupo amplio de organizaciones campesinas de diverso signo iniciaron un proceso de articulación con miras a analizar y proponer una nueva política hacia el campo. El impulso inicial de las agrupaciones fue diseñar una contrapropuesta a la iniciativa de ley de fomento a la producción de granos básicos, que intentaba promover el entonces diputado Héctor Vicario Castrejón, como trampolín hacia la candidatura a la gubernatura del estado para el periodo 2011-2014. Entre otros ofrecimientos, dicha ley buscaba formalizar la entrega gratuita de fertilizante a los productores.
En efecto, la iniciativa de ex legislador provocó la reacción de las organizaciones campesinas del estado, que vieron en la propuesta la agudización de problemas como un mayor deterioro de los suelos, el aumento de la dependencia de los productores y el incremento del gasto destinado a la adquisición del insumo.
Las organizaciones, constituidas meses después en el Foro Permanente de Organizaciones Sociales y Campesinas, además de frenar la intención de regalar el fertilizante, lograron diseñar e incidir en la aprobación de la actual Ley de Desarrollo Rural Sustentable del estado, que establece entre otros muchos puntos relevantes, la apertura de espacios a la participación de los productores en varias de las etapas de las políticas públicas.
En la presente coyuntura, sin embargo, la mayoría de esas organizaciones campesinas convocaron y encabezaron movilizaciones y cierres de carreteras para la rápida entrega de fertilizante gratuito. Una demanda que hace casi 10 años las aglutinó, pero en sentido totalmente diferente.
Costo político
Es inevitable reparar en el contexto político-electoral en que se mueve el programa de fertilizante. Desde que el actual presidente de la república se comprometió a tomarlo en sus manos, sin duda también estaba pensando en el capital político que le podría redituar.
En la crisis actual del abasto y distribución del fertilizante sería ingenuo no observar que varios actores políticos aprovecharon y seguirán aprovechando el momento y han puesto en práctica una inteligente estrategia para que en la percepción de los productores quede un mal precedente de lo que hace el gobierno federal.
Es difícil predecir si la estrategia tendrá los resultados que esperan sus perpetradores, especialmente porque faltan dos años para las próximas elecciones, pero sí creemos que aquel propósito inicial de Andrés Manuel López Obrador de atraer el programa de fertilizante para congraciarse con los productores de Guerrero quedó en entredicho por una muy mala operación en el presente ejercicio. Mala inversión, porque además de pagar el costo del producto, también pagarán un alto costo político.
Todo parece indicar que habrá una segunda parte en la crisis del fertilizante. Luego de que ya se entregó la mayoría del insumo, según los operadores del programa, comienzan ya las noticias sobre saqueos, toma de bodegas y movilizaciones de habitantes de zonas rurales, y ahora el argumento que se pregona es la exclusión del padrón. Apenas el 12 de julio se reportó que campesinos del municipio de Tixtla saquearon un camión de fertilizante y al día siguiente la sustracción del insumo de una bodega del mismo municipio, que de acuerdo con la información de prensa, tiene muchos indicios de ser fabricada. Los alcaldes de Tierra Caliente, hace un par de días amagaron con movilizaciones si no se entrega el insumo con base en el padrón de 2018. En fin, esa será la tónica en los próximos días, como una forma de que el conflicto del fertilizante siga repercutiendo.
Pero todo parece indicar que los nuevos operadores federales subestimaron el programa, pues no consideraron la dimensión y el grado de dificultad de la operación de un programa que cuenta con un padrón de más de 300 mil beneficiarios, localizados en cientos de comunidades, algunas ubicadas en los más apartados rincones de la accidentada geografía de Guerrero, y que actualmente presentan una fuerte dependencia hacia el insumo.
Cuando los funcionarios federales reaccionaron, ya tenían el tiempo encima y las movilizaciones en puerta. Es cierto, como dice el argumento oficial, aún es tiempo para la aplicación del insumo en la mayoría de los casos; pero en la lógica de los campesinos, el fertilizante debe estar al pie de sus milpas incluso antes de la siembra, pues no hacerlo así es motivo de una gran incertidumbre, ya que para para miles, es un subsidio que forma parte de estrategia de sobrevivencia.
El retraso entonces provocó un caldo de cultivo explosivo que fácilmente podía ser aprovechado para detonar fuertes protestas (espontáneas o inducidas), como efectivamente sucedió durante el mes más reciente. Esa fue una de las consecuencias de esta crisis anunciada, que por cierto, se extenderá más allá del 15 de julio, en parte porque al día de hoy no se ha entregado la totalidad del fertilizante, en parte porque surgirán inconformidades de quienes lo recibieron a lo largo de muchos años (campesinos o no), pero en este ejercicio fueron “rasurados”.
Este es el panorama de un programa que, según se ha anunciado por el gobierno federal, se ampliará a otras entidades federativas. Será, si se concreta, uno de los mayores yerros de la actual administración federal.
Programa asistencial
Aunque nació en 1994 como un programa para contribuir al incremento de la producción de granos básicos, el de distribución de fertilizante subsidiado se convirtió con el paso de los años en un programa asistencial. A la fecha, nadie ha presentado datos contundentes que demuestren un incremento significativo en la productividad del maíz (toneladas por hectárea) con base en el uso del fertilizante químico que se entrega a los campesinos de Guerrero. Se han invertido millones de pesos en este concepto, y sin embargo, este indicador no se ha movido durante varios años. Quizás ha aumentado la producción total del grano en Guerrero, pero eso se explica por otros motivos, como la ampliación de la frontera agrícola, y no por el uso de fertilizante.
Lo que sí es cierto, es que el programa de fertilizante se ha convertido en un componente de las estrategias de sobrevivencia de miles de habitantes de las zonas rurales, quienes lo usan para obtener los granos que consumirán a lo largo del año, y en el mejor de los casos, para lograr algún excedente que les permitirá adquirir algunos bienes básicos. En ese sentido, el programa tiene una marcada naturaleza asistencial.
El padrón
Hace unos días, el diputado local Héctor Ocampo Arcos apareció registrado en el padrón de beneficiarios del programa de fertilizante. Hubo un deslinde de su parte y argumentó que lo habían incluido sin que él lo hubiere solicitado.
Sin juzgar la credibilidad del legislador, lo cierto es que, así como en este caso, la integración del padrón de beneficiarios tradicionalmente ha sido un gran problema para el programa por su laxitud en los controles. Aunque la Secretaría de Agricultura era la entidad normativa del programa, de acuerdo con las reglas de operación de 2018 y ejercicios anteriores, cada ayuntamiento era responsable de elaborar y validar su padrón de beneficiarios. Esta flexibilidad provocó que los presidentes municipales manejaran el ingreso o exclusión de los beneficiarios prácticamente a su arbitrio, lo que propició salidas injustas de productores y también el engrosamiento de los padrones al incluir personas no campesinas que revendían y acaparaban los paquetes de beneficios. La entidad normativa regularmente no supervisaba ni sancionaba este proceso.
Las reglas de operación también facultaban a los productores, agrupados en comités locales, para “Integrar, actualizar y depurar, según sea el caso, en coordinación con los H. Ayuntamientos, los padrones de beneficiarios”; así como para “Recabar toda la documentación oficial y personal que permita la identificación de los beneficiarios del Programa (…),” Pero la participación de los productores en la práctica no operaba, puesto que eran los funcionarios municipales quienes se encargaban de revisar y actualizar los padrones e incorporar a nuevos beneficiarios de manera discrecional.
Aunque lo establecían las reglas de operación, las listas de productores del programa no se hacían públicos. En varias ocasiones solicitamos los padrones de beneficiarios a la entonces Secretaría de Desarrollo Rural y regularmente obteníamos una respuesta negativa. Sólo en un corto periodo la dependencia publicó los padrones de 2010 y una versión parcial del de 2011, pero la información no tenía el formato de datos abiertos, seguramente para evitar el análisis del ojo ciudadano. Después de esta ocasión, nunca más se volvieron a publicar listas de beneficiarios ni por los ayuntamientos ni por los sucesivos gobiernos del estado.
Es uno de los puntos que deberá cuidar mucho el gobierno federal en los próximos ejercicios, ya que si persiste la opacidad se puede abrir nuevamente la puerta a la discrecionalidad en el manejo de los beneficiarios. Si no se publica esta información, poco se puede hacer para señalar las irregularidades de productores que reciben el apoyo y no son elegibles de acuerdo con las reglas de operación.
Las hectáreas
La correspondencia entre toneladas de fertilizante entregado y hectáreas sembradas de granos básicos siempre fue motivo de controversia, pues al compararse los datos de ambos indicadores, resultaba que la cantidad de fertilizante rebasaba la superficie susceptible de sembrar. Eso indicaba graves irregularidades que nunca se subsanaron.
En 2012, la entonces Secretaría de Desarrollo Rural elaboró un documento donde hizo un comparativo entre las superficies agrícolas cultivables de granos básicos registradas por diferentes fuentes, como el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera; Procampo, Inegi, y las que reportaban los ayuntamientos al programa de fertilizante.
Según estas cifras, correspondientes al ciclo primavera-verano 2010, la superficie que registraba el Inegi en todo el estado era de 468 mil 154 hectáreas, que comparada con las 504 mil 328 hectáreas que reportaban los ayuntamientos, había una diferencia de 36 mil 174 hectáreas, que aparentemente correspondían al fertilizante adicional que se entregaba a personas que no sembraban. Al hacer el comparativo entre la superficie registrada por el entonces Procampo y lo que reportaban los ayuntamientos, la diferencia se ampliaba considerablemente a 112 mil 675 hectárea adicionales.
Los distintos titulares de la Secretaría de Agricultura o del programa de fertilizante casi todos han reconocido esta situación. Por ejemplo, Martín Mora Aguirre, director del programa en 2012 recordaba que el alcalde de Cutzamala reconocía que 50 por ciento de quienes adquirían fertilizante lo revendían. Mientras que el ex secretario de Desarrollo Rural, Sofío Ramírez Hernández, afirmó que más de la mitad del fertilizante subsidiado a los productores guerrerenses era revendido a campesinos de otras entidades como Oaxaca y Puebla.
Ramón Cárdenas Villarreal, también ex titular de la Seder, en una comparecencia ante el Congreso mencionó que “hay lugares donde 9 mil hectáreas se cultivan de maíz en el municipio y se entregan 29 mil en paquetes de fertilizante”, y agregaba que “hay que señalar también que (el programa de fertilizante) tiene algunos criterios de carácter clientelar que han propiciado que efectivamente haya muchas gentes que reciben este beneficio pero que en realidad no son productores”.
Fue sorpresivo que en el registro del gobierno federal se haya incrementado el padrón a 401 mil campesinos. Si el anterior de 325 mil del ejercicio 2018 se antojaba inflado, el de las nuevas autoridades sin duda requiere de una revisión muy minuciosa, so pena de generar todo tipo de sospechas de clientelismo y corrupción.
Foro de organizaciones
campesinas
Hace nueve años, un grupo amplio de organizaciones campesinas de diverso signo iniciaron un proceso de articulación con miras a analizar y proponer una nueva política hacia el campo. El impulso inicial de las agrupaciones fue diseñar una contrapropuesta a la iniciativa de ley de fomento a la producción de granos básicos, que intentaba promover el entonces diputado Héctor Vicario Castrejón, como trampolín hacia la candidatura a la gubernatura del estado para el periodo 2011-2014. Entre otros ofrecimientos, dicha ley buscaba formalizar la entrega gratuita de fertilizante a los productores.
En efecto, la iniciativa de ex legislador provocó la reacción de las organizaciones campesinas del estado, que vieron en la propuesta la agudización de problemas como un mayor deterioro de los suelos, el aumento de la dependencia de los productores y el incremento del gasto destinado a la adquisición del insumo.
Las organizaciones, constituidas meses después en el Foro Permanente de Organizaciones Sociales y Campesinas, además de frenar la intención de regalar el fertilizante, lograron diseñar e incidir en la aprobación de la actual Ley de Desarrollo Rural Sustentable del estado, que establece entre otros muchos puntos relevantes, la apertura de espacios a la participación de los productores en varias de las etapas de las políticas públicas.
En la presente coyuntura, sin embargo, la mayoría de esas organizaciones campesinas convocaron y encabezaron movilizaciones y cierres de carreteras para la rápida entrega de fertilizante gratuito. Una demanda que hace casi 10 años las aglutinó, pero en sentido totalmente diferente.
Costo político
Es inevitable reparar en el contexto político-electoral en que se mueve el programa de fertilizante. Desde que el actual presidente de la república se comprometió a tomarlo en sus manos, sin duda también estaba pensando en el capital político que le podría redituar.
En la crisis actual del abasto y distribución del fertilizante sería ingenuo no observar que varios actores políticos aprovecharon y seguirán aprovechando el momento y han puesto en práctica una inteligente estrategia para que en la percepción de los productores quede un mal precedente de lo que hace el gobierno federal.
Es difícil predecir si la estrategia tendrá los resultados que esperan sus perpetradores, especialmente porque faltan dos años para las próximas elecciones, pero sí creemos que aquel propósito inicial de Andrés Manuel López Obrador de atraer el programa de fertilizante para congraciarse con los productores de Guerrero quedó en entredicho por una muy mala operación en el presente ejercicio. Mala inversión, porque además de pagar el costo del producto, también pagarán un alto costo político.
Todo parece indicar que habrá una segunda parte en la crisis del fertilizante. Luego de que ya se entregó la mayoría del insumo, según los operadores del programa, comienzan ya las noticias sobre saqueos, toma de bodegas y movilizaciones de habitantes de zonas rurales, y ahora el argumento que se pregona es la exclusión del padrón. Apenas el 12 de julio se reportó que campesinos del municipio de Tixtla saquearon un camión de fertilizante y al día siguiente la sustracción del insumo de una bodega del mismo municipio, que de acuerdo con la información de prensa, tiene muchos indicios de ser fabricada. Los alcaldes de Tierra Caliente, hace un par de días amagaron con movilizaciones si no se entrega el insumo con base en el padrón de 2018. En fin, esa será la tónica en los próximos días, como una forma de que el conflicto del fertilizante siga repercutiendo.
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