¿Fin a los gastos de gestoría social?

El Sur, periódico de Guerrero

El escándalo que protagonizó la senadora Layda Sansores –virtual candidata electa por la alcaldía de Álvaro Obregón en la Cdmx– sobre el uso de recursos públicos para compras de carácter personal puso otra vez en la mesa de discusión la manera poco ética e ilegítima en que se reparten bolsas de recursos del erario a algunos representantes populares (senadores, diputados, regidores), con la etiqueta engañosa de gastos de gestoría social, pero que son usados discrecionalmente y sin ninguna transparencia. Evidentemente, no es un asunto exclusivo de la senadora Sansores, sino de todos los legisladores de la Cámara alta, de los diputados federales, incluso, en el caso del estado de Guerrero, también de los diputados locales, y los síndicos y regidores de ayuntamientos importantes como Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, por lo menos.

‘“Ni un pinche peso he tomado’ del dinero público”, tituló una nota el diario El Universal del 21 de junio, en donde la senadora se defendió de lo que llamó un infundio de la conductora del programa En Punto de Televisa, Dennise Maerker. Y es que en una de sus ediciones, Maerker dio a conocer facturas por 700 mil pesos de diversos objetos como electrodomésticos, despensas, tintes de cabello, etc., que habrían sido gastados con cargo al Senado, pero Sansores se defendió diciendo que “de los dineros destinados a servir al ciudadano, a atenderlo y apoyarlo ni un pinche peso he tomado, que lo oigan bien”, de acuerdo con la nota del periódico capitalino.

Lo que fue inexplicable es que la senadora Sansores recibió el apoyo de sus copartidarios: de Martí Batres –senador electo–, de Claudia Sheinbaum –jefa de gobierno de la CDMX electa–, del propio presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y hasta de la designada para ocupar la Secretaría de la Función Pública, la guerrerense Irma Eréndira Sandoval. Ninguno de ellos cuestionó que los recursos que recibe Sansores y todos los senadores para su uso discrecional son por lo menos cuestionables. Al final, la senadora aceptó que los gastos que se exhibieron son a cuenta de una partida que reciben todos los senadores, aunque nunca se refirió a la legitimidad o no de su ejercicio.

 La voz de las OSC

Luego de este escándalo de la senadora Sansores San Román, varias organizaciones dedicadas al estudio de la transparencia y la rendición de cuentas como Fundar, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Borde Político y Transparencia Mexicana, demandaron al Senado de la República dar a conocer los recursos destinados a “asignaciones de los grupos parlamentarios”, es decir, de la partida 39903, con un monto de mil 51 millones de pesos, “equivalente a 21.4 por ciento del presupuesto total del Senado, según información de El Economista, de su edición del 21 de junio de 2018. Estos recursos son distribuidos proporcionalmente, de acuerdo con la integración del pleno, es decir, los grupos parlamentarios más grandes reciben cantidades mayores.

El problema radica, dijeron las organizaciones, en que los grupos parlamentarios son lo que definen los criterios de designación, ejecución y comprobación de erogaciones y además no hay información al respecto. “Incluso la Auditoría Superior de la Federación refirió, en el Informe de Cuenta Pública 2016, que ‘no se contó con la información que permita evaluar la razonabilidad del gasto o comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos’ en relación con la partida 39903, Asignaciones a los Grupos Parlamentarios. La misma observación se hizo a la Cámara de Diputados”, señalaron las OSC, reseñadas por El Economista.

Concluyeron que con este escenario es difícil que el Senado contribuya a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones y los servidores públicos, por lo que llamaron a transparentar los criterios de asignación de los recursos y su ejecución.

 El Congreso de Guerrero

Los legisladores guerrerenses también reciben cuantiosos recursos que gastan a su arbitrio, adicionales a su salario. Es una partida que hasta hoy es totalmente opaca y de la que pocos saben en qué se gastan los recursos, si bien este año se publicaron montos globales por exigencia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Sin embargo, ese dinero es utilizado totalmente de manera discrecional, sin un plan o programa institucionalizado que permita observar las metas, objetivos e impactos de su ejercicio.

Por ejemplo, en la cuenta pública de 2014 del Congreso de Guerrero (en el documento Estado de Actividades), en el rubro de Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, hay un ejercicio de 289.4 millones de pesos para Ayudas Sociales, que representan el 52 por ciento del total ejercido en ese año por 556.7 millones de pesos. Al siguiente año, el gasto por este concepto fue por 239 millones de pesos, y en el ejercicio 2016, se gastaron 271.6 millones de pesos. Para el ejercicio 2017, la partida de ayudas sociales fue por 258.9 millones de pesos.

Si se realiza una estimación de lo que recibe cada diputado por este concepto, a cada uno le correspondería del orden de 5.6 millones de pesos anuales, que puede utilizar para crear clientelas políticas, para su posicionamiento personal o para gastarlo en asuntos personales. Para transparentar estos recursos no existen obligaciones. En solicitudes de información al Congreso local hemos preguntado sobre este asunto y la respuesta es que los legisladores tienen sus propios mecanismos de control. “Cada diputado ejerce su propio mecanismo de control y vigilancia de acuerdo a su propia gestoría. Asimismo, este H. Congreso remite un informe semestral a la Auditoría General del Estado”, nos respondieron en aquella primera ocasión en que indagamos sobre los gastos de gestoría de los diputados.

El partido Movimiento de Regeneración Nacional obtendrá la mayoría de diputados en la siguiente legislatura del Congreso del estado, ¿terminarán con estos privilegios que distraen la mitad del presupuesto del órgano legislativo? o ¿Sucumbirán ante el dulce de gastar tantos millones de pesos sin comprobación ni transparencia?

 Síndicos y regidores

A principios del año anterior presentamos un paquete de solicitudes de información para preguntar a los ayuntamientos si entregaban a sus síndicos y regidores recursos para gastos de gestoría. La negativa a responder de la mayoría de las administraciones municipales se convirtió en la nota de esta investigación. Gradualmente han respondido, presionados por las resoluciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro), y la mayoría de los ayuntamientos no tiene bolsas especiales para repartir entre sus ediles.

Hay casos en que existen resoluciones del Itaigro e incluso acuerdos de incumplimiento, pero la información, a 18 meses de que presentamos las solicitudes de información, todavía no llega a nuestras manos.

El municipio de Arcelia, por ejemplo, respondió a destiempo el 9 de noviembre de 2017, pues ya se había emitido una resolución del órgano garante y un acuerdo de incumplimiento en donde se aplican multas al titular de transparencia y al alcalde, por no entregar información en tiempo y forma. Por cierto, a la fecha, no sabemos si realmente se aplicaron las multas o estas omisiones siguen impunes.

Al ayuntamiento de Ahuacuotzingo se le emitió una resolución para que entregue información desde el 8 de junio de 2017. A la fecha no se tiene acuerdo de incumplimiento ni ha entregado información, por lo que sigue impune.

Acatepec solicitó al Itaigro sobreseer la resolución en su contra, y argumenta que “Con fecha 5 de enero del 2017 [se presentó la solicitud de información], y si bien es cierto que esta no fue contestada dentro del plazo que otorga la Ley en la Materia, el día 15 de mayo del presente año [de 2018, es decir, 17 meses después] brindamos contestación a la solicitud de información”.

Otros que tienen resolución del órgano garante para que entreguen la información y no lo han hecho son Atlamajalcingo, Chilapa, Coahuayutla,Cochoapa, Cuetzala, General Heliodoro Castillo, Huitzuco, Juan R. Escudero, Olinalá, Tecoanapa, Tlapehuala, Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca y Zihuatanejo.

 Acapulco y Chilpancingo

Hace apenas cuatro días, las regidoras de Acapulco, Gloria Sierra López y Alma Juárez Altamirano externaron su preocupación por que “la administración municipal todavía no paga a los regidores el gasto de gestoría que les entrega cada mes los días 20 o 21”, según una nota de El Sur del 29 de junio de 2018.

Sin duda, es válida la preocupación de estas integrantes del cabildo de Acapulco, quienes reciben mensualmente recursos como gasto de gestoría. Sin embargo, lo que se debe someter a discusión es que es un recurso que se gasta de manera dudosa, como lo documentamos en dos entregas de Monitor de Guerrero a principios de año. En ese entonces, con base en cerca de 14 mil hojas de comprobaciones -obtenidas por la vía de solicitudes de información-, encontramos que había muchas dudas acerca de que el total de ese dinero se destinara realmente en apoyo a la gente, ya que destacamos las numerosas irregularidades que presentaban los documentos.

De acuerdo con el reporte que publicamos, durante 2016, los regidores y regidoras de Acapulco recibieron mensualmente cheques por 70 mil pesos por concepto de “gastos de orden social, subsidios, apoyo social, materiales, suministros y gastos en general necesarios para la operatividad de las oficinas de los ediles”, de la cuenta de Recursos Propios del ayuntamiento de Acapulco.

Pero adicionalmente, recibieron 70 mil pesos mensuales por concepto de “subsidio adicional por gestoría social en cumplimiento de sus funciones, necesarios para la operatividad de las oficinas de los ediles”. En total, cada regidor o regidora recibió del orden de un millón 680 mil pesos en 2016, de acuerdo con los documentos del ayuntamiento que revisamos.

En otro caso, al gobierno municipal de Chilpancingo también le hicimos la misma pregunta sobre los gastos de gestoría de sus síndicos y regidores; el ayuntamiento no respondió y el órgano garante emitió una resolución el 17 de octubre de 2017 para que entregara la información, dándole un plazo de 10 días hábiles para cumplir o de lo contario se haría acreedor a una multa económica de 10 mil 956 pesos, “con independencia de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de los servidores públicos”.

El ayuntamiento de Chilpancingo continuó con la negativa y el 1 de marzo de 2018 emitió un acuerdo de incumplimiento mediante la que hizo efectiva la multa al titular de la unidad de transparencia del gobierno municipal y además dio un plazo de cinco días hábiles para que el alcalde de Chilpancingo, como superior jerárquico, cumpla la resolución del Itaigro o también será multado o incluso, puede ser sujeto de un procedimiento de responsabilidad administrativa.

El caso de Chilpancingo es el ejemplo más claro de cómo no están funcionando las instituciones que deben garantizar el acceso a la información de la ciudadanía. De una solicitud de información presentada el 5 de enero de 2017, aún no se tiene la información, por la negativa a entregarla de un sujeto obligado, por un órgano garante que retrasó la resolución y el acuerdo de incumplimiento y por una Secretaría de Finanzas y Administración que no cobra multas. A 18 meses de presentada la solicitud, el ayuntamiento de Chilpancingo continúa sin entregar la información y tal vez termine la administración municipal sin entregarla y en la impunidad.

 Colofón

La gran cuestión de los gastos de gestoría no es que los representantes populares dispongan o no de dinero para canalizarlo a personas de bajos recursos o a proyectos de beneficio colectivo -eso podría ser legítimo si hubiese reglas claras-, sino su utilización discrecional, su opacidad y su comprobación deficiente.

Ésta es indudablemente un “área de oportunidad” en la que puede influir el nuevo gobierno de la república, los legisladores entrantes y las síndicos y regidores de Guerrero. La ciudadanía es cada vez más exigente con la información y será muy saludable que se regularice este tipo de gastos.

En efecto, como parte de su cruzada anticorrupción, los representantes populares electos del partido Movimiento de Regeneración Nacional, particularmente, tienen en sus manos desaparecer o reencauzar estas bolsas de dinero público hacia objetivos sociales, estableciendo reglas claras para su distribución y una estricta transparencia en su ejercicio con vigilancia ciudadana. La pelota está en su cancha.