Publicado en El Sur, Periódico de Guerrero
Ciudadano gobernador: Me dirijo a usted con el respeto que merece el cargo que le confirió la sociedad. En los últimos años la transparencia y el acceso a la información, pilares de la rendición de cuentas hacia la ciudadanía, ha avanzado en el estado de manera intermitente, aletargada y muy dispareja entre quienes tienen obligaciones en esta materia. Las últimas reformas a la legislación que permitieron construir la política nacional de transparencia dieron un jalón significativo al subsistema estatal, pero esto no ha sido suficiente, por diferentes motivos (inercias y vicios burocráticos, resistencias institucionales) que han obstaculizado la instrumentación de esta política pública en la entidad.
La implementación de la nueva ley general de transparencia en el estado se acompañó de los necesarios procesos de sensibilización, información, capacitación, asesorías y muchas facilidades para que todas las dependencias pudieran cumplir sus obligaciones en los tiempos que marcaba la norma, siempre guiados y apoyados por los órganos garantes nacional (INAI) y local (Itaigro) para que todos los sujetos obligados pudieran adoptarla sin contratiempos. Es cierto, ha sido un proceso complejo, pero no imposible de aplicar.
No obstante estas oportunidades y flexibilidad para adoptar la política de transparencia en los tiempos que la propia ley señala, todavía hay numerosos sujetos obligados que se han rezagado y lo peor, que han hecho caso omiso de las nuevas reglas, especialmente los ayuntamientos del estado. Cierto, este orden de gobierno tiene su autonomía, pero como explicaré más adelante también tiene una relación estrecha con la administración que usted encabeza.
El sistema nacional de transparencia es producto del esfuerzo de muchos funcionarios, legisladores y también de la sociedad civil especializada que participó de manera relevante en la confección de la ley general, por medio del parlamento abierto. Hoy tenemos una norma homogénea para todas las dependencias públicas del país, y esa es una de las mayores virtudes del sistema nacional. Incluso, con el impulso de su administración, ciudadano gobernador, en el estado se aprobó la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, homóloga local de la ley general.
Uno de los trabajos más significativos del sistema nacional fue crear una plataforma nacional de transparencia para la gestión de información, y hoy es realmente todo un reto que los sujetos obligados –en el estado, según el Itaigro suman 208–, alimenten y actualicen su información en dicha plataforma.
Precisamente a los sujetos obligados les ha tocado crear procedimientos e institucionalizarlos por medio de la formación de unidades y comités de transparencia para poder cubrir las obligaciones de transparencia, gestionar las solicitudes de información y, en su caso, los recursos de revisión en la plataforma nacional.
En este arduo trabajo, los resultados son variopintos, algunas dependencias cumplieron bien, otros están en la medianía y la mayoría francamente no ha cumplido. En estos últimos se observa que su incumplimiento no es por falta de capacitación ni asesoría, pues recibieron la necesaria para cubrir sus obligaciones, sino por falta de disposición y voluntad políticas para integrarse al sistema nacional de transparencia.
El eslabón faltante
Ciudadano gobernador: la ley de transparencia es un instrumento jurídico que establece derechos y obligaciones de ciudadanos y gobierno, así como los procedimientos para hacerlos valer. Sin embargo, algo está fallando en la articulación de los diferentes actores locales del subsistema de transparencia en el estado, ya que destaca un componente del engranaje que no está funcionando y que consideramos está propiciando una alarmante impunidad.
No es la primera vez que me refiero a este problema en Monitor de Guerrero, ciudadano gobernador. Desde que entró en vigor la primera ley de acceso a la información en el estado, en junio de 2006, y hasta la fecha, no se ha cobrado una sola multa en el estado a quienes por infracciones a esta norma. Aunque no hay evidencia documental, no es difícil suponer que los altos niveles de incumplimiento a las obligaciones de transparencia se relacionan directamente con la lamentable impunidad que ha prevalecido hasta la fecha.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado, órgano al que le corresponde garantizar que la ley se cumpla, si bien ha emitido algunas sanciones a diversos sujetos obligados -aunque también hay que decir que tienen un importante rezago al respecto-, no ha realizado con eficacia su responsabilidad de vigilar que las sanciones económicas se hagan efectivas. Es una tarea que directamente le corresponde realizar al instituto y por tratarse de un organismo con autonomía, a usted, ciudadano gobernador, no le corresponde establecer sus parámetros de comportamiento.
Sin embargo, hay un actor gubernamental que es el responsable, de acuerdo con la ley, de hacer efectivas las multas económicas a los infractores y éste sí depende directamente de usted. El artículo 206 de la ley 207 de transparencia, segundo párrafo, dice textualmente: “Las multas impuestas como sanciones administrativas de acuerdo con esta ley, serán ejecutadas por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a través de los procedimientos que las leyes establezcan”.
Sin embargo, sabemos que la Sefina no está haciendo efectivas las multas, y en cada ocasión que solicitamos información sobre el tema, da una respuesta diferente. Por ejemplo, el 12 de diciembre de 2015 -cuando usted ya era gobernador del estado- solicitamos a esa Secretaría la descripción del “Procedimiento que sigue la Sefina para la aplicación de las multas en materia de transparencia. [Además] Copia de los recibos pagados por las dependencias públicas por no acatar la ley de transparencia”.
La respuesta fue “que a la fecha en esta Dirección General de Recaudación a mi cargo, no se ha recibido ninguna multa”, sin explicar si contaba con algún procedimiento.
También en febrero de 2017 publicamos en este espacio la denuncia de que en Guerrero nunca se había cobrado una sola multa a los infractores de la ley de transparencia. En esa ocasión, la Secretaría afirmó categóricamente que de mayo de 2016 a enero de 2017 no había recibido del Itaigro ningún documento de solicitud de cobro de multas. Sin embargo, por medio de solicitudes de información conseguimos documentos que echaron por tierra la afirmación de la Sefina, ya que el Itaigro nos entregó 33 oficios enviados a la secretaría, con atención al entonces secretario Héctor Apreza Patrón; los oficios tenían el sello de recibido de la dependencia de fecha 7 de septiembre de 2016.
Recientemente intentamos de nueva cuenta buscar respuestas. El 16 de mayo de 2018 se presentaron dos solicitudes de información, que a la letra dicen: “Relación de sujetos obligados multados por infracciones a la ley 207 de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales de Guerrero, en el periodo 6 de mayo de 2016 a la fecha, desglosados por fecha, sujeto obligado, concepto por el que su multa y monto de la multa”. Igualmente se requirió a la Secretaría “Copia de los oficios enviados por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Guerrero para hacer efectivo el cobro de multas económicas a los sujetos obligados que incumplieron la ley de transparencia, del 6 de mayo de 2016 a la fecha”.
Ciudadano gobernador, le comento que la Secretaría de Finanzas y Administración de su gobierno no respondió a estas solicitudes de información en el plazo que establece la ley, y por ese motivo se presentaron sendos recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia. Sin embargo, en una respuesta extemporánea, la Sefina da información que consideramos muy delicada, toda vez que revela la inexistente coordinación entre dicha la Secretaría y el Itaigro para el cobro de multas, en detrimento de la transparencia y el acceso a la información en el estado.
Jorge Humberto Arrieta y Jiménez, Director General de Recaudación de la Sefina, en su respuesta cuestiona la manera en que el Itaigro ha presentado sus expedientes. “En el caso de las sanciones económicas, multas y pliegos de responsabilidades, la resolución deberá ser determinada para cada uno de los sancionados, especificando el importe a cobrar por cada uno de ellos”, dice el funcionario y agrega: “Lo anterior, en razón de que dejan imposibilitada a esta Autoridad para realizar el cobro en forma oportuna y efectiva, ocasionando un perjuicio a las finanzas del Estado, ya que se utilizan recursos públicos para la gestión del cobro y no es recuperable, dado que sus resoluciones [del Itaigro] traen vicios de origen en la notificación que imposibilitan la recuperación del cobro coactivo del Estado”.
Arrieta y Jiménez concluye que la Sefina “se abstendrá de recibir documentos determinantes de créditos fiscales que no reúnan los requisitos antes señalados”.
El oficio de la Sefina describe dos tipos de requisitos a efecto de “estar en condiciones de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución”. En primer lugar, se refiere a la identidad y ubicación del deudor (nombre, RFC, domicilio) y en segundo, a la determinación de la multa fiscal, en la que requiere la autoridad que termina la multa, el documento determinante de la multa, número de resolución y fecha, concepto por los que se originó la multa, importe, y constancia de notificación y citatorio, entre otros.
En la respuesta de la Sefina se entrevé que el Instituto de Transparencia no ha entregado con la formalidad requerida sus expedientes para hacer efectivas las multas. Pero la pregunta es, y esto seguramente también es de su interés, ciudadano gobernador: por qué luego de muchos meses de “coordinación” entre la Sefina y el Itaigro no se ha logrado solventar este tipo de insuficiencias formales.
Ciudadano gobernador, su administración, al no atender este problema, contribuye a que continúe la impunidad en materia de transparencia y acceso a la información.
Respuesta del Itaigro
En su respuesta a una solicitud de información, presentada también en mayo de 2018, el Itaigro informa que envió tres oficios para solicitar a la Sefina el cobro de multas. En el primero, fechado el 26 de octubre de 2016, le informó a la Secretaría sobre 45 sujetos obligados que fueron sancionados con 14 mil 608 pesos cada uno. El 7 de mayo de 2017 enviaron a la Sefina tres expedientes con sus respectivos acuerdos de incumplimiento; y el 3 de abril de 2018 se le hicieron llegar siete expedientes de sujetos obligados que no cumplieron con la entrega de información. Como información al margen, a abril de 2018, no había ningún sancionado por no cumplir con el 100 por ciento de sus obligaciones de transparencia, no obstante que ningún sujeto obligado lo hace.
El primer documento donde el órgano garante envía a la Sefina 45 expedientes para hacer efectivas las multas se hace alusión a un “convenio de colaboración administrativa para el cobro de multas administrativas estatales” firmado entre ambas dependencias el 16 de octubre de 2015. Sin embargo, tal parece que son dos dependencias que nunca hubieren tenido ningún tipo de acercamiento.
Esta falta de articulación entre dos dependencias se ha convertido en un cuello de botella para el desarrollo de la transparencia en el estado. Lo peor de todo, ciudadano gobernador, es que este problema no está en vías de solución. Incluso, solicitamos tanto al Instituto de Transparencia como a la Secretaría de Finanzas una entrevista con algún funcionario para que emitieran su versión sobre esta problemática, y simplemente decidieron no responder.
Los sujetos obligados del estado deben entender que, ante las infracciones a la ley de transparencia, sí hay consecuencias jurídicas y cero impunidad; de lo contrario, continuarán con sus omisiones y Guerrero se estancará en esta materia.
Por lo pronto, tanto en los ayuntamientos como en el Congreso de estado hay muchísimos funcionarios que están a punto de concluir sus mandatos sin haber cumplido con sus obligaciones de transparencia, y otra nueva camada de servidores públicos gozarán de impunidad.
Invitación
El 8 de agosto de 2018 inauguramos un espacio radiofónico para tratar temas como los que aquí abordamos. Monitor de Guerrero, un espacio para el análisis de la transparencia y la rendición de cuentas, se transmitirá todos los miércoles a las 10 horas en la frecuencia 106.3 de FM. Los esperamos.
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