Con inusual prisa legislan diputados de Guerrero

Publicado en El Sur, Periódico de Guerrero

Entre los efectos que dejó la pasada elección del primero de julio –donde un partido obtuvo una aplastante mayoría– se cuentan una serie de movimientos inusitados, realizados por varias legislaturas locales y gobernadores en funciones, aparentemente para restar facultades a los entrantes Congresos de mayoría opositora o para reducir las posibilidades de una fiscalización efectiva en contra de mandatarios. Y es que ante un escenario en el que los nuevos Congresos se conviertan realmente en contrapesos de los Ejecutivos, varios gobernadores y legislaturas estatales, solos o en conjunto, comenzaron a moverse para tratar de contrarrestar la influencia que tendrán los nuevos órganos legislativos en la vida política de sus entidades federativas, mediante la aprobación y modificación de leyes o por medio de la designación de comisiones o personas que consideran no serán adversas a sus mandatos.

Los ejemplos son varios; en Sonora, por ejemplo, se pretendió aprobar una ley para dar facultades a la gobernadora para vetar iniciativas impulsadas por la oposición; o en Veracruz, donde su consumó la designación de un fiscal anticorrupción “carnal”; o en Morelos, donde el gobierno de Graco Ramírez emitió un acuerdo para hacer la entrega recepción sin documentos a la siguiente administración estatal. En todos los casos, se observó una acelerada actividad legislativa que no se veía en otros momentos, sin duda, como reacción a la nueva composición política en los estados.

El caso Guerrero

Guerrero es uno de los estados donde se legislaron leyes de último momento. Hay temas muy polémicos, como el de la reforma al artículo 14 de la Constitución local, que rige a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena. Pero también hay otros que por el momento en que se presentan y por los temas que abordan –fiscalización, anticorrupción– tienen el sello de buscar disminuir el contrapeso que puede ejercer la nueva composición del Congreso en la gestión del Ejecutivo estatal; estos últimos se refieren al marco jurídico de la Auditoría Superior del Estado y a la designación de la Comisión de Selección que se encargará de nombrar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

En el primer caso, la LXI legislatura del Congreso del estado aprobó el 27 de julio pasado cambios a varios artículos de la Constitución de la entidad, a efecto de que el titular de la Auditoría Superior del Estado pueda repetir en el cargo un periodo y además le da facultades para nombrar a los cuatro auditores especiales y determinar su temporalidad en el cargo. Las modificaciones aprobadas también exoneran a los auditores especiales de ser juzgados por responsabilidad política y en consecuencia el poder Legislativo no podrá destituirlos y toda la responsabilidad recaerá en quien esté al frente del órgano fiscalizador.
Antes de ser aprobadas estas modificaciones, el gobernador Héctor Astudillo aseguró que no pretende restar facultades al Congreso local con el proyecto de reforma que envió al Congreso del estado. “No hay nada de eso (quitar facultades) porque son temas que están relacionados con el combate a la corrupción y que son pendientes que se tienen que atender”, según una nota de Karina Contreras publicada en El Sur del 25 de julio.

También el diputado Héctor Vicario Castrejón defendió las modificaciones a la ASE, pues aseguró que tienen el propósito de darle “mayor autonomía” al órgano fiscalizador y de esta manera fortalecerlo. “Lo que buscamos con esta adecuación es que el auditor tenga mayor autonomía, que el nombramiento de los cuatro auditores especiales no se convierta en un reparto de cuotas entre las fracciones de partido; que no digan este auditor va a ser del PRI, este del PRD, este de Morena”, según el sitio digital Interacción.

Hace poco más de un año, el Legislativo tuvo en sus manos el proceso de crear y reformar leyes, incluidas modificaciones a la Constitución, para construir el sistema estatal anticorrupción. Aprobaron muchos cambios, pero nunca consideraron los diputados ni el gobernador en sus iniciativas incluir entre las modificaciones una “mayor autonomía” para la ASE, seguramente porque nunca imaginaron lo que pasaría el 1 de julio.

El sistema estatal anticorrupción

Otro de los asuntos que el Congreso del estado no había abordado es el de la designación de la comisión que seleccionará al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del sistema estatal anticorrupción. Como se sabe, el sistema anticorrupción está conformado por varias dependencias públicas y dirigido por un comité coordinador, el cual será presidido nada menos que por un miembro del CPC; ahí radica la importancia del perfil de quienes integrarán este órgano ciudadano, y desde luego, la relevancia de las personas que se encargarán de seleccionar a este CPC.

La ley 464 del sistema estatal anticorrupción, aprobada el 18 de julio de 2017 por la actual Legislatura, establecía en un artículo transitorio que los diputados debían emitir la convocatoria para nombrar a la Comisión de Selección del CPC durante los primeros 90 días de 2018. No lo hicieron en el plazo que los propios legisladores se impusieron, y apenas el 27 de julio publicaron la convocatoria, a escasos días de que concluyan su periodo.

La prisa por nombrar a dicha comisión es por lo menos sospechosa: no quieren que la próxima Legislatura, donde habrá mayoría de diputados de un partido que no es el del gobernador, se encargue de designar a la Comisión de Selección del CPC, pues es una pieza clave para el funcionamiento del sistema estatal anticorrupción.

Más allá de señalar la premura, la convocatoria contiene varias especificaciones que ponen en entredicho los procedimientos para la designación de la Comisión de Selección, pues son ambiguos y poco transparentes, al contrario de lo que se esperaría en la construcción de un sistema anticorrupción.

Algunos trámites de la convocatoria son especialmente cuestionables, por ejemplo, las entrevistas que harán los diputados a los aspirantes de la Comisión de Selección no serán públicas, cuando en otras entidades son completamente abiertas y hasta transmitidas por las plataformas electrónicas. Tampoco se harán públicos los documentos que hayan entregado los aspirantes para su inscripción, ni siquiera en versiones públicas, sólo un resumen curricular, y en consecuencia la ciudadanía no podrá saber acerca de su conocimiento técnico, plan de trabajo, experiencia académica, etc. No se hará pública la programación de entrevistas con los aspirantes.

No hay claridad sobre el procedimiento de consulta a la ciudadanía que establece la convocatoria, pues sólo menciona que se publicará la lista de los candidatos que cumplieron con los requisitos y un resumen curricular, y darán cinco días para que “puedan aportar a la Junta de Coordinación Política elementos de juicio”. No dice cuáles son los medios para hacer llegar las aportaciones de los ciudadanos, en qué formato, qué carácter tendrán, tampoco si organizarán reuniones o son aportaciones individuales, lo cual invalida prácticamente la consulta al no contar con reglas y alcances de la participación.

Y aunque la octava base de la convocatoria establece que la propuesta de Comisión de Selección que se llevará al Pleno del Congreso se efectuará “respetando los principios de transparencia, máxima publicidad (…)”, lo cierto es que predomina la opacidad, ya que los organizadores ni siquiera ofrecen que harán públicos los dictámenes sobre cómo llegaron a la propuesta que llevarán al Pleno del Congreso.

Finalmente, hay que decir que la actual Legislatura guerrerense, hoy tan comedida por la transparencia, la autonomía de la ASE y el sistema estatal anticorrupción, se va sin haber resuelto la instalación del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia y sin atender el bajísimo presupuesto que recibe ese organismo -empantanando el avance de la transparencia y la rendición de cuentas en el estado-, sin contar que durante tres años no hizo nada para ocuparse de su propia opacidad como órgano legislativo ni la de los diputados en lo individual.

Una cínica iniciativa

Como parte del paquete de cambios de última hora a la legislación en Guerrero está la que presentó el diputado Samuel Reséndiz Peñaloza. Nadie puede estar en desacuerdo con que los legisladores sean evaluados, en especial los diputados guerrerenses de quienes la población tiene una percepción negativa de no representar a quienes votaron por ellos, de sumisión al gobernador en turno, y de que es un órgano donde escasea la transparencia, no hay rendición de cuentas y sí un uso discrecional de recursos públicos.

Lo que parece surrealista no es que el diputado Samuel Reséndiz proponga una adición a la Ley Orgánica del Congreso del Estado para crear el Sistema de Evaluación de Diputados, a efecto de valorar su desempeño, eso está muy bien, sino que lo haga a un mes de que deje su puesto de legislador.

Los diputados de la actual legislatura no se preocuparon en tres años por vigilar que se implementaran evaluaciones en todas las dependencias públicas de la entidad, como lo exige el artículo 134 de la Constitución federal desde 2007. De hecho, en Guerrero, salvo algunas evaluaciones efectuadas durante la administración de Ángel Aguirre -muy costosas por cierto- no hay evidencia de que este importantísimo y necesario paso para mejorar las políticas públicas se realice en el estado.

Lo único positivo del diputado Reséndiz Peñaloza es que hizo visible una carencia muy vigente en Guerrero. Lo ideal es que los actuales diputados aprueben la iniciativa para evaluar el desempeño de los legisladores entrantes, pero nada impide que se apruebe también la aplicación de una evaluación ex post al trabajo que realizaron los diputados a lo largo de tres años, como un precedente positivo para las siguientes legislaturas.

Es importante que también legislen para establecer parámetros de evaluación a los poderes Ejecutivo, Judicial, ayuntamientos y organismos autónomos, pues es impreciso lo que dice el legislador Reséndiz Peñaloza cuando afirma que “el gobernador y todos los servidores públicos ya son evaluados y fiscalizados”. El gobierno del estado y los ayuntamientos, aunque elaboraron planes estatal y municipales de desarrollo, éstos no cuentan con indicadores para conocer el estado de los avances. Tampoco se conocen evaluaciones de programas y políticas públicas específicas; de hecho, no hay evaluación de la gestión pública en Guerrero, pues los informes de gobierno y comparecencias de los secretarios no son propiamente evaluaciones.

Por cierto, será muy saludable para la vida pública del estado si en las evaluaciones se incorpora a la participación ciudadana, ya que con ello la legitimidad de nuestras instituciones se incrementará notablemente.

En otros estados

En Sonora, el Congreso buscó aprobar una reforma al artículo 57 de la constitución política de la entidad que facultaba al Ejecutivo oponerse a una ley o decreto que el poder Legislativo le enviara para su promulgación, es decir, abría la posibilidad de que la gobernadora Claudia Pavlovich pudiera vetar iniciativas impulsadas por la oposición que contravinieran los intereses de su administración. Finalmente, el 18 de julio se retiró la intención de la modificación por la presión de organizaciones civiles y militantes del partido Morena.

En Veracruz, el 25 de julio, los diputados panistas, perredistas y dos priistas aprobaron el nombramiento de Marcos Evén Torres Zamudio como fiscal anticorrupción de Veracruz. De acuerdo con una nota de La Jornada, Torres Zamudio fue director jurídico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y de los Paracentroamericanos (JCPC) de 2014, en el gobierno de Javier Duarte. La organización de ambas competiciones fue objeto de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por la malversación de 800 millones de pesos. Los diputados de Morena, PRI y Juntos por Veracruz manifestaron su rechazo a la imposición del fiscal y exhortaron a los participantes de la convocatoria para la designación del cargo referido a acudir ante los tribunales.

Finalmente, en Morelos, de acuerdo con información de la agencia Proceso (24 de julio de 2018), el gobierno estatal hizo las modificaciones necesarias en la legislación para que la administración de Graco Ramírez no entregue información documental durante el proceso de entrega-recepción al gobierno entrante de Cuauhtémoc Blanco. En efecto, en el periódico oficial Tierra y Libertad del 13 de julio, se publicó el Decreto en el cual el gobierno de Graco Ramírez realizará el proceso de entrega-recepción “sin que esto implique la entrega de documentación alguna” (ver http://periodico.morelos.gob.mx/ejemplares.php).