Itaigro y Acapulco desacreditan monitoreo ciudadano

Publicado en El Sur, periódico de Guerrero

Los ayuntamientos de Guerrero obtuvieron un promedio de 6.2 por ciento de calificación en transparencia en la más reciente evaluación del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra). Con ello, se ratifica la tendencia reprobatoria que han seguido los gobiernos municipales desde 2010, cuando comenzaron a revisarse sus niveles de transparencia con base en la herramienta de esta organización nacional.

En la onceava revisión se consideraron 21 ayuntamientos y sus calificaciones estuvieron en un rango que va del 30.5 por ciento que obtuvo el municipio de Acapulco a cero por ciento que tuvieron los ayuntamientos de San Luis Acatlán, Juchitán e Igualapa. Además de estos últimos, 12 gobiernos municipales obtuvieron una calificación que no rebasó el 10 por ciento de transparencia (Copala, Eduardo Neri, Atoyac, Ometepec, Xochistlahuaca, Juan R. Escudero, Mártir de Cuilapan, Tixtla, Tlapa, Iguala, Taxco y Marquelia).

Salvo la primera revisión, donde sólo se evaluaron los cinco municipios más poblados del estado y que en promedio obtuvieron 25 por ciento de calificación, en las restantes diez evaluaciones los ayuntamientos guerrerenses no han llegado ni siquiera al 10 por ciento de calificación promedio, destacando el bajísimo promedio obtenido en la primavera de 2011, con 3.3 por ciento, y el de la primavera de 2012, con 3.7 por ciento.

A nivel individual, excepto el ayuntamiento de Acapulco en las evaluaciones primavera e invierno de 2016 (con 71.5 y 76.1 puntos, respectivamente), ningún municipio del estado ha rebasado el 50 por ciento de calificación.

Este panorama desalentador contrasta con las grandes expectativas que se generaron con la entrada en vigor de la Ley 207 de Transparencia del estado en mayo de 2016, pues no se observaron cambios significativos en la transparencia de los municipios de Guerrero. Al contrario, hay varios ayuntamientos en donde se presentaron decrementos en relación con la revisión de 2017, como en Marquelia (-11 puntos), Xochistlahuaca (-6.3), Iguala (-5.2), Tixtla (-2.4) o Taxco (-2.3). Y tal vez la Ley 207 de Transparencia no tuvo repercusiones en el estado, en gran parte por la impunidad que prevalece en la entidad, ya que a esta fecha no se aplican sanciones económicas a quienes infringen la ley en la materia.

Cortina de humo a lo importante

Los instrumentos y metodología de evaluación de la transparencia en el estado no deberían ser un motivo principal de discusión, como lo han hecho el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado (Itaigro) y el ayuntamiento de Acapulco, ya que lo realmente significativo en estos momentos son los bajos niveles de cumplimiento de los ayuntamientos.

El propio instituto, en su primera evaluación diagnóstica encontró un nivel promedio de cumplimiento de los ayuntamientos de 12.9 por ciento, destacando 24 gobiernos municipales con cero por ciento de calificación. Con estos números -que en esencia coinciden con el diagnóstico de Cimtra- es claro que la discusión no debe ser sobre el empleo de una u otra metodología o si un colectivo de organizaciones y ciudadanos evalúa o no a los ayuntamientos. Lo realmente importante es pensar en estrategias y acciones para logar que los gobiernos municipales incrementen sus niveles de cumplimiento. En ese objetivo debe centrar sus baterías el Itaigro.

¿Transparencia ciudadana?

Durante la conferencia de prensa en la que Cimtra presentó los resultados de su más reciente evaluación a municipios, el titular de la unidad de transparencia del ayuntamiento de Acapulco irrumpió para señalar que “no existe la transparencia ciudadana” -suponemos que se refería a la transparencia evaluada con instrumentos de medición elaborados por ciudadanos-, sino únicamente, enfatizó, la transparencia que establece la Ley General de transparencia medida a través de los lineamientos elaborados por el INAI. Su conclusión fue que sólo el Itaigro “tiene la autoridad” para medir la transparencia en los municipios del estado.

El dilema planteado por el funcionario es falso. Simplemente se trata de dos metodologías e instrumentos de medición diferentes -aunque pueden ser complementarios- para evaluar un rasgo de gobierno: la transparencia. Las diferencias se originan inevitablemente al ser dos las fuentes de conceptualización de la transparencia, que en el caso planteado por el funcionario de Acapulco son la Ley General de Transparencia y un sector de la sociedad civil que se ha especializado en monitoreos. Ninguna es infalible, ninguna tiene mayor valor o menos legitimidad, simplemente son diferentes.

Hay un par de comentarios para contextualizar la participación ciudadana en el estado. Aunque en Guerrero no hay ejemplos a la vista, en varias entidades los gobiernos entienden que mejorar la gestión pública implica, entre los temas a considerar, la incorporación de la participación ciudadana. El enfoque de las políticas públicas para hacer un mejor ejercicio de gobierno considera este importante componente en las distintas fases de su ciclo, desde el diseño hasta la implementación y la evaluación. Los ejercicios de Gobierno Abierto se encuadran dentro de este principio.

Así, la participación ciudadana es una condición necesaria para configurar un buen gobierno y no en balde es parte de muchos discursos de políticos y funcionarios de gobierno -incluyendo al presidente municipal de Acapulco- que buscan legitimar programas, políticas o acciones de gobierno con el adjetivo ciudadano.

La segunda consideración es que no se abona a la democracia cuando desde las instituciones gubernamentales se descalifica la intervención ciudadana, sobre todo en un estado donde hay un marcado déficit de participación de la sociedad civil en los asuntos públicos. En Guerrero, la desconfianza hacia las autoridades gubernamentales -obtenida a pulso, luego de décadas de ineficiencia, pésimos gobiernos, engaños, autoritarismo, etc.- es quizás la fuente de la apatía y la indiferencia ciudadana hacia lo que hace el gobierno. Incentivar una participación ciudadana que contribuya al mejor ejercicio de gobierno, debe ser un propósito central de cualquier gobierno, pues no hacerlo tiene consecuencias, entre ellas, los resultados adversos en una elección.

Discusión sobre la validez

La “validez” de las evaluaciones fue un tema que abordó el ayuntamiento de Acapulco en inserciones pagadas en la prensa en enero de 2018. Cimtra respondió en esa ocasión (20 de enero de 2018) por medio de una carta abierta publicada en este diario. Al señalamiento de que las “únicas evaluaciones que tienen validez son las emitidas por el Instituto, por lo que ningún Ayuntamiento se encuentra obligado a participar con dicha asociación civil [Cimtra]”, declaración emitida por el ex consejero del Itaigro, Joaquín Morales Sánchez, Cimtra respondió que “la única autoridad que sustenta las evaluaciones de Cimtra es la moral (…) porque nuestro trabajo es voluntario, no tienen un interés partidista, es realizado por ciudadanos y ciudadanas y además financiado por las propias organizaciones del colectivo”.

La organización agregó que en efecto, “nadie está obligado a vincularse con Cimtra. [ya que] La metodología Cimtra es clara y sencilla: nuestro colectivo decide qué ayuntamientos evalúa, de acuerdo con las posibilidades de las organizaciones que lo integramos, pero no consultamos a los ayuntamientos si quieren ser evaluados. Lo que sí les ofrecemos es apoyo –asesoría, capacitación, información sobre la metodología– para que mejoren sus calificaciones”.
En otro punto, Cimtra argumentó que “El hecho de que un ayuntamiento dé cumplimiento a los temas que exige la ley, no lo hace necesariamente transparente. Tampoco cumplir con la metodología Cimtra hace a un ayuntamiento transparente, pero sí promueve que se publique información más útil y de interés para los ciudadanos (…) Por eso nuestra evaluación es ciudadana, de utilidad social, que busca involucrar a la gente en la vigilancia de los municipios para construir ciudadanías, propósitos que no se logran con el simple cumplimiento de la ley de transparencia”.
Al final Cimtra concluye que “No aceptamos la descalificación de nuestro trabajo como Cimtra con el argumento de que sólo el Itaigro tiene atribuciones para evaluar. Es más valioso que nuestros gobiernos municipales tengan sensibilidad social, se acerquen a la ciudadanía y difundan lo que realmente necesita porque esto es propio de un ayuntamiento que se dice transparente, abierto y honesto”.

 Posición del Itaigro

 El órgano garante de la transparencia en el estado de Guerrero, con los nuevos integrantes, cayó también en el garlito del ayuntamiento de Acapulco. Dijo su presidente Pedro Arzeta García que Cimtra “no opera conforme a los lineamientos que en la materia emitimos” y que “no desacredita ningún ejercicio ciudadano, pero la revisión del instituto es la única oficial”, según nota de El Sur del 10 de agosto, información que también se publicó inicialmente en la página electrónica del instituto, y que después modificaron sustituyendo el boletín publicado.

Nadie le discute la autoridad del Itaigro, desde Cimtra nunca se ha cuestionado ese tema, incluso, en otros años precisamente la exigencia era que el órgano garante realizara los monitoreos que le exigía la ley, pero nunca se le cuestionó porque los hiciera.

Pero ¿realmente era necesario fijar una postura “sobre nuestra obligación como órgano garante, para verificar y ver en qué nivel estamos de transparencia en Guerrero”? Hay otros temas urgentes que sí lesionan el desarrollo de la transparencia en el estado y de los cuales se esperaría del Itaigro una posición que nunca ha manifestado: el rezago en el procesamiento de recursos de revisión y especialmente la gestión de las multas económicas para las dependencias públicas que no cumplen con la ley de transparencia, temas irresolutos de los cuales el órgano garante debe fijar una postura pública y las acciones puntales para atenderlos.

Francamente no es del interés de Cimtra hacer el trabajo del instituto, que recibe recursos públicos para monitorear y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, ni seguir los lineamientos que elaboró el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Cimtra ha realizado ejercicios de monitoreo o evaluaciones a lo largo de 16 años en varios estados del país, incluso antes de que se legislaran leyes de transparencia en los estados y de hubiera órganos estatales de transparencia. En Guerrero Cimtra ha evaluado desde 2010, mucho antes que apareciera el primer monitoreo “oficial” en enero de 2018, y 12 años después de la primera ley de transparencia del estado.

Lo que buscamos que se comprenda es que los indicadores que se diseñaron para las evaluaciones de Cimtra tienen que ver más con una lógica ciudadana que con la lógica normativa-institucional, son indicadores elaborados a partir del objetivo de encontrar una utilidad social de la información, es decir, elaboradas a partir de preguntarnos qué le sirve realmente al ciudadano, qué información necesita de su gobierno para vigilarlo, para exigir derechos.

La evaluación de Cimtra es un ejercicio ciudadano de vigilancia que no debería ser descalificado, al contrario, si alguien tiene la intención de promover la participación ciudadana en la gestión gubernamental, como muchos funcionarios lo hacen ad libitum en sus discursos, este tipo de ejercicios y otros muchos deberían ser incentivados, no descalificados.

¿Y los resultados?

Uno de los documentos que se deben publicar en un lugar principal en la página electrónica del Itaigro son los resultados de la verificación diagnóstica. La postura del instituto de que la revisión “oficial” de la transparencia de los sujetos obligados del estado de Guerrero corresponde únicamente al Itaigro, debe ser congruente con una amplia difusión de los resultados de dicho diagnóstico, pero a la fecha no hay tal publicación, ni de los datos de la primera verificación, concluida en diciembre de 2017, ni de los recientemente anunciados por el instituto y que corresponden a la segunda verificación.

Será muy saludable que a la brevedad se conozca qué está sucediendo con la transparencia en el estado mediante la publicación en datos abiertos de las dos verificaciones diagnósticas realizadas hasta hoy; esto permitirá que el Itaigro vaya legitimando poco a poco su autoridad.