Nóminas colapsan finanzas de ayuntamientos

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

Las abultadas nóminas que se pagan en las administraciones municipales de Guerrero son ya uno de los factores que ponen en jaque las finanzas de los ayuntamientos. Cada tres años, los alcaldes entrantes se enfrentan a esta problemática que paraliza, aletarga o hace ineficientes las funciones esenciales de este orden de gobierno -prestación de servicios con calidad, construcción de obra pública, operación de programas sociales-, ante la urgencia de pagar a cientos o miles de trabajadores, que no necesariamente son indispensables para cumplir los objetivos de los gobiernos municipales.
Para salir al paso, los ediles hacen malabares con rescates financieros solicitados a la federación, préstamos a cuenta de las participaciones futuras, uso de fondos federalizados no etiquetados para nómina y endeudamiento con fuentes financieras públicas o privadas, esto a consecuencia de decisiones irresponsables que trienio tras trienio toman las autoridades municipales para colocar a sus empleados.
Inmediatamente después de que las nuevas autoridades asumen sus encargos, se conoce el tamaño del problema porque los alcaldes entrantes dan a conocer la crítica situación financiera con que reciben la administración y donde las abultadas nóminas son uno de los factores que originan la crisis. Paradójicamente, después de estos descubrimientos, los alcaldes y funcionarios municipales esconden durante tres años los movimientos que hacen en la plantilla de trabajadores, iniciando desde muy temprano el problema que dejarán a su sucesor.
Es un fenómeno que debe controlarse y erradicarse; la viabilidad de los ayuntamientos como un orden de gobierno que contribuye a resolver problemas específicos de la población está en entredicho, y esto se agravará más si continúa la tendencia de ingresar a trabajadores sin ningún control a la nómina, casi todos ellos relacionados con prácticas de compadrazgo, compromisos políticos y de campaña, amiguismos, y muy rara vez con objetivos de eficiencia y calidad de la administración pública.
Es urgente repensar en cómo fortalecer los controles institucionales y ciudadanos del ejercicio de los recursos públicos y de la toma de decisiones. Si no se hace así, comenzaremos a observar con mayor intensidad endeudamientos impagables de los gobiernos municipales, préstamos anticipados que de manera global entorpecen el desarrollo de los municipios, y éste debe ser el propósito, y no otro, de los gobiernos municipales.
Chilpancingo
Chilpancingo es uno de los ayuntamientos más golpeados por este fenómeno. El problema es tan grande que a principios de diciembre el presidente municipal, Antonio Gaspar Beltrán, reconoció que en el primer mes de gobierno utilizó indebidamente recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios del Ramo 33 por 15 millones de pesos para pagar la nómina del gobierno municipal.
También advirtió en otra oportunidad que en 2019 continuará la crisis financiera en el ayuntamiento si la federación no incrementa las participaciones federales del Ramo 28 -fondo del cual sí pueden emplearse recursos para el pago de trabajadores-, pues de lo contrario no habrá dinero para el pago de salarios.
De acuerdo con una nota de Marcial Campuzano, que reseñó una conferencia de prensa reciente del alcalde de Chilpancingo, al iniciar la actual administración se tenía una nómina quincenal de 17 millones 140 mil 911 pesos, la cual fue reducida por Gaspar Beltrán a 16 millones 146 mil pesos durante los dos primeros meses, es decir, por ajustes y reducción de salarios se tuvo una disminución de casi un millón de pesos.
Explicó el alcalde que el gasto en octubre fue de 37.3 millones de pesos, de los cuales para el pago de nómina se destinaron 28.8 millones, aunque advirtió que no se incluyen en esta cifra “los pagos que tienen que ver con el ISSSTE, el ISSSPEG y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en ese mismo periodo se erogaron en papelería y materiales de limpieza 3 millones 413 mil pesos; y en alumbrado público, internet y apoyos sociales la comuna pagó 5 millones 773 mil pesos”.
También informó que con los ajustes realizados en los dos primeros meses, el sueldo quincenal del presidente municipal es de 20 mil pesos, los síndicos ganan 17 mil 500 y los regidores 15 mil pesos. Respecto a los funcionarios, los secretarios obtienen 12 mil 500 pesos quincenales, los subsecretarios 10 mil pesos; los directores generales reciben 9 mil 500 pesos; los directores de área 7 mil 500 pesos; los subdirectores 6 mil pesos; y los jefes de departamento ganan 5 mil pesos quincenales.
De acuerdo con declaraciones de Antonio Gaspar Beltrán en octubre pasado, publicadas en el portal de noticias Agencia Quadratín, en el ayuntamiento trabajan 3 mil 300 empleados con lo que “se puede decir que existe una saturación de empleados,” dijo el presidente municipal. (https://guerrero.quadratin.com.mx/hay-saturacion-de-empleados-en-ayuntamiento-de-chilpancingo-alcalde/).
Sin embargo, en la plataforma nacional de transparencia, el ayuntamiento de Chilpancingo tiene registrados sólo 755 trabajadores de base y 173 de confianza, y como empleados contratados bajo el régimen de honorarios, sólo cuatro. En total, 932 trabajadores registrados, una cifra muy contrastante con los 3 mil 330 reportados por el alcalde.
Acapulco
El 8 de diciembre de 2018, el cabildo de Acapulco aprobó que el ayuntamiento puede solicitar un crédito bancario para el pago de la nómina del mes de diciembre y las prestaciones de fin de año de los trabajadores, por un monto de 180 millones de pesos. “No contamos con el dinero suficiente para cubrir las dos quincenas de diciembre, la prima vacacional y el aguinaldo, hay una cantidad ofrecida por el jefe del ejecutivo estatal en apoyo a varios Ayuntamientos y de manera especial a Acapulco, pero con los ingresos propios no alcanzamos a cubrir todas las necesidades para poder salir diciembre”, dijo la presidente municipal, Adela Román Ocampo, en una reseña del sitio de noticias SNRP.Acapulco.
Este acuerdo de cabildo es una de las consecuencias de la enorme nómina que existe en el ayuntamiento de Acapulco, pues este gobierno municipal también enfrenta una grave crisis financiera, en parte por el alto número de trabajadores que ahí laboran.
La atención del gobierno municipal se enfoca cada vez más, no a satisfacer las necesidades de la población, sino en cumplir compromisos contraídos con la plantilla de trabajadores. Ha sido una bola de nieve imparable que ha crecido trienio tras trienio, sin que nadie la pueda frenar.
Sin embargo, desde hace varios años, los sucesivos alcaldes han omitido dar a conocer cifras precisas sobre el número de trabajadores que laboran en el gobierno municipal, es un dato que permanentemente se ha escondido, incluso la actual presidente municipal no ha dado una cifra precisa. El síndico Javier Solorio Almazán señaló en octubre de 2018 que “en el puerto hay alrededor de siete mil, más los de lista de raya y supernumerarios, quienes se siguen verificando”, según información captada por Novedades Acapulco. En ese mismo medio, Solorio Almazán dio un dato interesante: en el ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, “tienen más habitantes y funcionan con tres mil trabajadores”.
El reportero de El Sur, Daniel Velázquez, ha sido persistente en buscar esta información durante varios meses a través de mecanismos formales e informales, y a la fecha no ha conseguido los datos completos, no obstante que es uno de los temas que por ley deben difundirse de manera obligatoria.
En una nota del mes de julio, Velázquez publicó el monto de los salarios de sólo 111 funcionarios del ayuntamiento, que incluye siete secretarios, diez subsecretarios, cinco coordinadores, nueve directores generales, 74 directores de área, un contralor, un procurador de la inversión, tres secretarios al servicio de la Presidencia y el secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública. Pero la información no considera lo que cada uno de estos funcionarios gana en “especie, apoyos económicos, estímulos, bonos, comisiones, primas, gratificaciones y compensaciones, todos esos apartados aparecen en carpetas clasificadas como ‘hidden (oculto)’ que al abrirlas no tienen información”, y regularmente estos datos son una parte muy significativa de los salarios.
En el trienio de Evodio Velázquez, el ayuntamiento de Acapulco dejó mucho que desear en cuanto a transparencia proactiva. En la plataforma nacional de transparencia publicó que en el ayuntamiento sólo trabajan 114 empleados de base y fundamenta su publicación en que “Se publica la información de la estructura orgánica prevista en el Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Acapulco de Juárez, ello, para dar cumplimiento a la fracción X del Anexo I de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de las obligaciones de transparencia”. Una gran trampa para evitar difundir el número real de trabajadores.
Acapulco siempre estará en constante observación de la población del estado, por el número de habitantes, por su presupuesto, por la actividad turística, y es de interés público saber cuántas personas trabajan realmente en el ayuntamiento. A la fecha, esa cifra pocos la conocen.
Iguala
El 8 de diciembre se informó sobre el despido de más de 350 empleados del ayuntamiento de Iguala desde que inició la nueva administración porque “no hay dinero, las arcas están vacías y no se puede pagar la nómina tan alta, así que hacemos convenios para ir dándoles su liquidación”, dijo Moisés Daniel Nuño, oficial mayor del ayuntamiento de Iguala, quien agregó que la nómina era de 16 millones de pesos mensuales, según nota de Ricardo Almazán de La Jornada Guerrero.
Abundó que la estrategia del gobierno de Antonio Jaimes es despedir a los empleados que fueron contratados entre 2015 y 2018, pues al ser reciente su ingreso al gobierno municipal, la liquidación es menor en relación con los que tienen 10 años trabajando.
De acuerdo con datos del oficial mayor de Iguala, al gobierno entrante le dejaron una nómina de mil 650 empleados y el propósito de la actual administración es que sea de mil 100 trabajadores. Esta información es congruente con la encontrada en la plataforma nacional de transparencia, donde el ayuntamiento anterior reportó que contaba con 195 empleados de base y mil 421 de confianza.
Otros ayuntamientos
En Zihuatanejo, el presidente municipal Jorge Sánchez Allec, recién asumido su nuevo encargo, declaró que tenía una nómina de más de 2 mil trabajadores. Y con datos de la plataforma nacional de transparencia, algunos ayuntamientos estaban en la siguiente situación antes de que concluyera el trienio anterior: Taxco registró 248 plazas de base y 665 de confianza; Atoyac 40 de base y 40 de confianza; Ayutla, 151 base y 358 de confianza; Chilapa, 211 base y 904 de confianza; Coyuca de Benítez no reportó plazas de base, pero de confianza fueron 732; Eduardo Neri, 54 base y 680 de confianza.
Se revisaron también los ayuntamientos de Marquelia, que no reportó trabajadores de base y sí 166 plazas de confianza; Metlatónoc no tiene plazas de base, pero reportó que tenía 56 de confianza, de las que sólo 20 estaban ocupadas; Mártir de Cuilapan, nueve de base y 112 de confianza; Quechultenango, con nueve de base y 106 de confianza; San Marcos, 55 de base y 391 confianza; y Tixtla, con 138 de base y 60 de confianza.
Rescate
El 11 de diciembre, el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, informó que solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el adelanto de participaciones por un monto de mil millones de pesos, en los que se incluye un préstamo para 24 ayuntamientos, de acuerdo con una nota de Anarsis Pacheco, reportera de El Sur.
El funcionario agregó que entre los ayuntamientos que recibirán los préstamos están Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Iguala, Ometepec e Ixcateopan, aunque dijo que a ninguno se les otorgará el monto total que solicitaron, ya que, por ejemplo, el gobierno municipal de Chilpancingo solicitó 67 millones y se le prestarán 27, y en el caso de Acapulco se le darán 100 millones de los 180 que requieren.
“Hemos hablado con los presidentes municipales y con los secretarios de finanzas, a efecto de que focalicen su requerimiento, porque lo que vamos a resolver son las urgencias de las prestaciones salariales de fin de año y los adeudos a proveedores, que lo histórico se tendrá que resolver con los recursos del presupuesto”, agregó.
De este tamaño son los boquetes financieros que cada tres años los nuevos alcaldes deben enfrentar. Aunque son visibles para todos, hasta hoy nadie ha buscado soluciones para prevenirlos y sancionar a los responsables.

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La verificación del Itaigro, poco útil

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

Lejos de que los resultados de la verificación a las obligaciones de transparencia sirvieran de base para sancionar a las dependencias públicas incumplidas y aportaran información sobre lo que sucede en materia de transparencia en el estado, el ejercicio de revisión realizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro) sólo sembró dudas sobre los reales propósitos de esta verificación.
En la edición anterior de Monitor de Guerrero dimos cuenta sobre cómo el órgano garante ocultó las calificaciones numéricas finales de los 190 sujetos obligados evaluados en el estado y las encuadró en categorías (no satisfactorio, parcialmente satisfactorio y satisfactorio) con la intención de diluir la real situación de la transparencia en el estado. En esta entrega se comentarán dos aspectos de esa verificación de las obligaciones de transparencia que realizó el Itaigro: la metodología empleada y algunas de sus argucias para retrasar la entrega información que se le requirió mediante nueve solicitudes los días 15 y 16 de septiembre.
Metodología
En un comunicado del 9 de agosto, el comisionado presidente del Itaigro afirmó que ese instituto era el único facultado para evaluar las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el estado. Incluso, en aquella ocasión descalificó los ejercicios de evaluación que pudieran hacer las organizaciones civiles, refiriéndose específicamente al que realiza desde 2012 el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes.
También en esa ocasión, el pleno del órgano garante aprobó “de manera unánime, la verificación de 190 sujetos obligados de un total de 212 que contempla el catálogo de entes públicos, resultado que ‘permite visualizar el nivel de Transparencia en que se encuentra el estado de Guerrero en esta materia’”.
Pero como hemos tratado de documentar desde la entrega anterior, los resultados no son útiles para conocer el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el estado, pues la metodología está mal diseñada de origen y no pueden obtenerse resultados objetivos con ella, con lo que se pone en entredicho su credibilidad.
Una revisión a modo
Los Lineamientos para la Verificación y Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia establecen, en el punto noveno del capítulo II, que “La verificación del cumplimiento de Obligaciones de Transparencia podrá realizarse a la totalidad de los sujetos obligados registrados en el catálogo (verificación censal) o bien, seleccionando una muestra aleatoria por estratos de acuerdo al tipo de institución (…)”. Estos lineamientos fueron aprobados por el pleno del Itaigro mediante acuerdo 10/2018 del 20 de febrero de 2018, y como se observa, no dice en ningún momento que el muestreo deberá aplicarse a los temas de transparencia que serán revisados, sino a los sujetos obligados, es decir, a las dependencias públicas.
Sin embargo, pasando por alto estos lineamientos, el órgano garante emitió un Manual de procedimientos y metodología de evaluación donde propone un procedimiento diferente, es decir que la revisión de las obligaciones de transparencia se realice con base en un muestreo, pero no a los sujetos obligados, sino a los 48 temas de información obligatoria que establece la ley.
Esto se incluye en el punto IV.3 del mencionado manual, que a la letra dice: “La Verificación podrá ser el 100% de las obligaciones comunes y específicas de acuerdo con la tabla de aplicabilidad, o en su caso de forma muestral que represente un mínimo del 25% de las obligaciones comunes y específicas del universo total a cumplir”. Los comisionados, sin justificar esta decisión, trabajaron con una muestra de 33 por ciento de las obligaciones, es decir, la revisión de sólo 16 temas de transparencia de los 48 que todas las dependencias están obligadas a publicar.
Otro de los puntos cuestionables de la metodología es propiamente la “muestra” utilizada para la verificación de las obligaciones transparencia. Explica el Itaigro en los documentos que nos entregaron cuáles fueron sus criterios para obtener la muestra: primero, “Que a todos los sujetos obligados o en su caso la mayoría les aplique las obligaciones de transparencia a evaluar”; y segundo, “Obligaciones de Transparencia donde la ciudadanía solicita información recurrentemente a los sujetos obligados”.
Este tipo de criterios invalidan la supuesta “muestra”, ya que una de las características de una muestra aleatoria, como la que propone el Itaigro, es seleccionar al azar el número específico de elementos de la población, en este caso de los temas a revisar, y el procedimiento empleado por el Itiagro no cumple con esta característica porque impone dos criterios, y por lo tanto, su muestra no es representativa.
Otro argumento que echa por tierra la supuesta “muestra” de la verificación es que los 16 temas de transparencia que supuestamente fueron muestreados casualmente recayeron en rubros que para los sujetos obligados no significa ningún esfuerzo y voluntad cumplirlos.
Entre los 16 temas de la “muestra”, destacan: I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado; II. Su estructura orgánica completa; III. Las facultades de cada área; VII. El directorio de servidores públicos; XII. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos; XII. El domicilio de la unidad de transparencia; XVII. La información curricular de los funcionarios; XXXIX. Las actas y resoluciones del comité de transparencia; y XLVIII. Cualquier información que se considere de utilidad o sea relevante.
Estos nueve temas, que representan 56.2 por ciento del total de la “muestra”, no representan ninguna dificultad para su cumplimiento por parte de los sujetos obligados.
Hay otros tres temas con un grado de dificultad medio: VIII. La remuneración bruta y neta de los servidores públicos; IX. Los gastos de representación y viáticos; y XXXIV. El inventario de muebles e inmuebles.
Y tres más pueden considerarse con alto grado de dificultad para su cumplimiento, debido a que regularmente los titulares de los sujetos obligados se resisten a publicarlos y a entregar este tipo de información cuando alguien la solicita: XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto; XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas; y XXXI. Informes de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.
Para el escrutinio ciudadano y el seguimiento de la información significativa del quehacer gubernamental, consideramos que éstos son los únicos tres temas de utilidad para ese fin.
Portal o PNT
El Itaigro es incongruente con los propios documentos que aprueba. En el numeral sexto de sus Lineamientos para la Verificación y Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia expone que “Las verificaciones se realizarán a los portales de internet de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional (…)”, y también en el numeral décimo primero de esos Lineamientos afirma que “Las acciones de vigilancia se realizarán mediante la verificación de los portales de internet y de la Plataforma Nacional (…).
Sin embargo, cuando solicitamos una relación de dependencias verificadas con una u otra modalidad, el Itaigro respondió que la verificación fue realizada sólo en la plataforma nacional, y al respecto aludió al artículo100 de la Ley 2017 de Transparencia del estado donde se estipula que la revisión puede efectuarse con cualquiera de las dos modalidades, pero no prohíbe que se realice al mismo tiempo tanto en los portales como en la plataforma nacional, como expresamente se comprometen los comisionados del Itaigro en sus Lineamientos. Pero por falta de tiempo o recursos no lo hicieron así y tendrán que aceptar su equivocación y modificar sus Lineamientos para dar claridad y transparencia a las verificaciones.
La prórroga arbitraria
Los días 15 y 16 de septiembre de 2018 presentamos varias solicitudes de información ante el Itaigro sobre el proceso y los resultados de la verificación 2018 para que fueran respondidas en el plazo de 20 días hábiles que establece la ley. No fue así, pues no sólo no respondieron en ese plazo, sino que hicieron uso de una prórroga de 10 días de manera arbitraria: en total fueron 30 días hábiles que llevaron a prolongar la entrega de información hasta por 45 días naturales.
Fue una decisión inexplicable de los comisionados, pues la mayor parte de esta información es de oficio, es decir, información que de acuerdo con la ley debe estar publicada y no es necesario que los ciudadanos la soliciten para conocerla. El artículo 86 de la Ley 207 de Transparencia, referente a la información adicional que debe publicar el órgano garante (fracción III) dice que el Itaigro “deberá poner a disposición del público y actualizar la información siguiente: (…) 4. Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los sujetos obligados”.
De acuerdo con su programa de verificación 2018, firmado por los actuales comisionados, este ejercicio de revisión del Itaigro concluiría la “primera semana de septiembre” con la publicación de los resultados, y las solicitudes que presentamos requiriendo información sobre el tema fueron del 15 y 16 de septiembre, es decir, cuando ya habían concluido el proceso, según su programa de verificación.
Incluso, el 9 de agosto, el comisionado presidente del instituto hizo declaraciones sobre los resultados de esa verificación vinculatoria, lo que significa que ya tenían esos datos y que no publicaron con oportunidad ni los entregaron en el plazo de 20 días como respuesta a solicitudes de información.
Para justificar la ampliación del plazo por 10 días adicionales, el Itaigro publicó en la plataforma nacional de transparencia un oficio con explicaciones poco claras. La ley, en su artículo 150, dice que para solicitar una prórroga en la entrega de la información debe haber un motivo suficientemente justificado que la soporte. Francamente, el oficio del órgano garante carece de dicha motivación, especialmente porque la mayoría de la información ya la tenían en su poder en la fecha que se presentaron las solicitudes, por ejemplo: el programa anual de verificación, la metodología y el procedimiento para obtener la muestra, los tenían desde el 20 de febrero de 2018. Asimismo, los acuerdos por los que el pleno aprueba medidas de apremio, amonestaciones públicas y los acuerdos de cumplimiento, así como los datos de la revisión en portales web o en la plataforma nacional, el órgano garante los tenía desde el 9 de agosto de 2018. ¿Qué finalidad tuvo retrasar de manera arbitraria la información?
Pero lo más grave, es que el instituto decidió la ampliación del plazo antes de que su comité de transparencia resolviera sobre el asunto, ya que el oficio que me hicieron llegar está dirigido a dicho comité precisamente solicitando extender el plazo, pero no es una resolución, como dice la ley, donde el comité autorice y justifique la prórroga.
La ley es clara respecto de las prórrogas, pues el artículo 150 dice que “Excepcionalmente, el plazo (…) [normal de 20 días hábiles] podrá ampliarse hasta por 10 días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento”. A la fecha, desconozco si hay resolución del comité de transparencia del Itaigro, si el comité se reunió para abordar estos temas o de plano se tomaron de manera irregular la atribución de darse 10 días de plazo adicionales. Por lo menos, desconozco la resolución del comité y la ley dice que debieron notificármela para hacer efectivo la ampliación del plazo.
Respuesta
Respondió el Itaigro por medio de uno de sus funcionarios al cuestionamiento que hicimos a la metodología de su verificación 2018 en Monitor de Guerrero anterior, pero parece que hablamos idiomas diferentes porque las dudas no las resuelven ni argumentan suficientemente. Sólo dos comentarios: el hecho de que la metodología esté publicada, que haya sido aprobada por los comisionados y que sea atribución de un órgano autónomo no la hace infalible ni exenta de errores.
Respecto del número de verificaciones que el órgano garante realizaría en 2018, tengo copia del acuerdo 07/2018, de fecha 20 de febrero de 2018, con el que se aprueba la modificación al programa anual de verificación 2018. En dicho acuerdo se calendarizan dos verificaciones en el año y está firmado por los actuales comisionados del órgano garante. Si los comisionados tuvieron la oportunidad en este acuerdo de programar una solo verificación ¿por qué no lo hicieron?

Itaigro oculta la situación de la transparencia en el estado

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

El Instituto de Trans-parencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero oculta deliberadamente la mala situación por la que atraviesa la entidad en materia de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las dependencias públicas. Así se desprende de la revisión de documentos oficiales que recibimos del órgano garante como respuesta a la presentación de nueve solicitudes de información para conocer el proceso y los resultados de su primera verificación a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del estado correspondiente a 2018.
Son varios los datos que nos permiten corroborar lo antes dicho, tal vez el más sobresaliente sea que la verificación se efectuó con una metodología muy cuestionable, diseñada para diluir los malos resultados de la mayoría de las dependencias públicas, ya que, por ejemplo, a cualquier dependencia que obtuviera 61 puntos de 100 posibles, el Itaigro le otorgó un inmerecido cumplimiento “satisfactorio” en sus obligaciones de transparencia. También hay que señalar el supuesto “muestreo” que realizó el órgano garante a los temas de información obligatoria, pues casualmente salieron en la muestra, para ser revisados, aquellos rubros “fáciles” para las dependencias y se dejaron de verificar datos e información estratégicos para el escrutinio ciudadano, como es la información sobre el cumplimiento de metas, licitaciones de bienes y servicios y contratación de obra, el número de plazas, contrataciones por honorarios, gastos de comunicación social, cuenta pública o indicadores para evaluar el desempeño.
En adición, el órgano garante ha realizado una difusión deficiente de la información de la verificación. Por ejemplo, aun cuando los resultados los tiene disponibles desde el 9 de agosto y de que en su programa anual se comprometieron a publicarlos en la primera semana de septiembre, fue hasta el 9 de noviembre cuando difundieron datos parciales de la verificación en el periódico oficial del estado, es decir dos meses después de su programación original.
Finalmente, el Itaigro improvisó varias argucias legales para no entregar o retrasar la información que se les solicitó sobre este tema. Con todo esto, el órgano garante de la transparencia en Guerrero parece que busca esconder el alto nivel incumplimiento de las obligaciones de transparencia en el estado. Esta actitud nos recuerda a la que tomaron en su momento los comisionados de la entonces Comisión de Acceso a la Información Pública del estado de Guerrero, quienes idearon un modelo de “semaforización” también muy cuestionable para simular que monitoreaban la transparencia de las dependencias.
En esta entrega de Monitor de Guerrero comentaremos los resultados de la verificación a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el estado; en el próximo número reseñaremos una serie de acontecimientos que colocan al Instituto de Transparencia como un sujeto obligado que deliberadamente esconde y retrasa la información que se le solicita. No conocíamos esta faceta del Itaigro, pues aunque son sabidas y frecuentes las estratagemas legales o extra legales de las que se valen los sujetos obligados para no entregar la información que se les solicita, la situación es muy preocupante tratándose del Itaigro, ya que es el órgano que suponemos debe garantizar que se cumplan las obligaciones de transparencia y la atención de todas las solicitudes de información. Pero en este caso específico no es así y preocupa que a partir de ahora comience a idear estrategias para retrasar los procedimientos o de plano, no responder.
El programa anual
El Itaigro, mediante acuerdo 07/2018, del 20 de febrero de 2018, aprobó un programa anual de verificación que consta de dos revisiones a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados durante este año. Su primera evaluación, que comentaremos en este espacio, comenzó formalmente el 29 de enero de 2018 y concluyó el 29 de junio; según su calendario, la publicación de resultados debió hacerse en la “primera semana de septiembre”, pero fue hasta principios de noviembre que el Itaigro difundió algunos datos parciales sobre los resultados de la verificación. La información que aquí comentamos fue conseguida a partir de que presentamos nueve solicitudes el 15 y 16 de septiembre, es decir, en fecha posterior a la que deberían estar publicados los resultados como información de oficio, sin que fuera necesario que alguien la solicite.
Las categorías del Itaigro
El Itaigro decidió convertir las calificaciones numéricas de los 190 sujetos obligados revisados en la primera verificación de 2018 a tres categorías: no satisfactorio (que incluye un rango de cero a 25 puntos), parcialmente satisfactorio (de 26 a 60) y satisfactorio (en un rango de entre 61 y 100 puntos). Lo anterior significa que es suficiente con cumplir con 61 por ciento de las obligaciones de transparencia para alcanzar un desempeño “satisfactorio” en la materia y xon esto librarse de cualquier apercibimiento o sanción del órgano garante.
Sin embargo, esta decisión tomada por los comisionados del Itaigro está fuera de la norma. Claramente el artículo 102 de la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales señala que “La verificación que realice el Instituto en el ámbito de sus respectivas competencias, se sujetará a (…): I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma”. Es decir, la ley no establece media tintas: o los sujetos obligados cumplen con 100 por ciento (información completa) o de lo contrario hay incumplimiento; en ningún lado dice que hay cumplimientos “satisfactorios” de 61 por ciento, como lo estableció el órgano garante en Guerrero.
Esta modalidad de verificación diluye, matiza o francamente maquilla la grave realidad en materia de transparencia del estado, pues adicionalmente, el Itaigro revisó únicamente 33 por ciento de los temas (15 o 16 de 48 rubros informativos) con base en una supuesta muestra que causalmente recayó en los temas menos importantes y más fáciles de cubrir (la metodología será comentada con detalle en la próxima edición de Monitor de Guerrero).
En la primera verificación 2018 se revisaron 190 dependencias y entidades públicas, de las cuales 61 (32.1 por ciento) fueron incluidas dentro de la categoría de “no satisfactoria”, es decir, con puntuaciones que van de 0 a 25 por ciento. Si consideramos las puntuaciones registradas en las actas circunstanciadas que nos entregó el órgano garante -pues omitió proporcionarnos el ranking numérico final no obstante que se lo solicitamos- de estas 61 dependencias calificadas como no satisfactorias, casi la mitad (27) tienen una calificación de cero, otras siete tienen menos de 1 por ciento, y 12 más tienen entre 1 y 10 puntos de calificación. Es decir, 46 dependencias públicas del estado, de un total de 190 revisadas, no alcanzan 10 puntos porcentuales de calificación.
En esta categoría de “no satisfactorios” hay 44 ayuntamientos, entre los que sobresalen, por el tamaño de su población, Zihuatanejo, Tlapa, Juan R. Escudero, Ometepec, Leonardo Bravo y Tecoanapa. De hecho, hay 19 ayuntamientos cuya calificación es igual a cero.
Entre las dependencias que obtuvieron una calificación no satisfactoria también se cuentan 14 del Ejecutivo, algunas de las cuales son el Conalep, las universidades Intercultural del estado y la Tecnológica de Tierra Caliente, el Consejo de Políticas Públicas, la Casa Guerrero en la Ciudad de México, la Procuraduría de Protección Ecológica, Agroindustrias del Sur y el Instituto del Deporte en Guerrero. También se cuentan dos paramunicipales, las comisiones de agua potable de Buenavista de Cuéllar y de Tixtla.
También hay que mencionar que los titulares de las unidades de transparencia de 41 sujetos obligados no asistieron a la convocatoria hecha por el Itaigro para revisar conjuntamente sus obligaciones. Lo anterior es un reflejo del estado que guarda la transparencia en la entidad, con dependencias que desafían a la ley y a la entidad normativa en la materia, y esto mucho se debe al clima de impunidad que existe en el estado y del que la transparencia no se salva.
Según el Acuerdo número 25-D/2018 del Itaigro, estos 61 sujetos obligados que obtuvieron calificaciones no satisfactorias fueron sancionadas con medidas de apremio, especificando que la sanción que les corresponde es una denuncia por responsabilidad administrativa, que se hará efectiva 15 días después de que este acuerdo se publique en el periódico oficial del estado.
Cabe señalar que aun cuando el acuerdo se emitió el 9 de agosto de 2018, el oficio de solicitud a la Secretaría de Gobierno para la publicación del acuerdo fue enviado hasta el 25 de octubre del mismo año, es decir, dos meses y medio después. El periódico oficial del estado publicó el acuerdo el 9 de noviembre, por lo que en los próximos días deberán aplicarse las sanciones a los 61 sujetos obligados calificados de “no satisfactorios” en sus obligaciones de transparencia.
Parcialmente satisfactorio
Otra de las categorías utilizadas por el Itaigro para calificar a los sujetos obligados fue la de “parcialmente satisfactorio”, que va de 26 a 60 por ciento de calificación. En esta categoría el órgano garante ubicó 25 dependencias públicas, entre las cuales se encuentran 15 ayuntamientos municipales como Taxco, Tixtla, Quechultenango, Olinalá, San Luis Acatlán, Mochitlán, Teloloapan, Huitzuco y Buenavista, entre otros.
Del Ejecutivo del estado también se ubican en la categoría de parcialmente satisfactorio las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, la de Trabajo y Previsión Social y la de Fomento y Desarrollo Económico. También están la Procuraduría de Defensa de los Campesinos y el Fideicomiso Guerrero Industrial.
En el acuerdo 25-E/2018 se incluyen estas 25 dependencias y también fue aprobado el 9 de agosto de 2018; en él, el Itaigro anuncia la amonestación pública para los sujetos obligados que obtuvieron una calificación “parcialmente satisfactoria”. El 9 de noviembre fue publicado este acuerdo en el periódico oficial del estado, por lo que después de 15 días se hará efectiva la amonestación.
Satisfactorio
En esta categoría se encuentran la mayoría de los sujetos obligados revisados en la verificación: 104 dependencias, según el Itaigro, que corresponden a 55 por ciento del total. Cabe recordar que el órgano garante incluyó en esta categoría a sujetos obligados que obtuvieron entre 61 y 100 por ciento de puntuación, es decir, con cubrir poco más de la mitad de sus obligaciones, cualquier dependencia pudo obtener una calificación satisfactoria. La justificación y explicación de los comisionados para decidir este dudoso indicador, a la fecha no han sido entregados, no obstante que se les requirió por la vía de una solicitud de información.
Hay 16 sujetos obligados que obtuvieron calificaciones por arriba de 90 por ciento, los cuales, con todas las reservas -pues no hay evidencia de que la revisión haya surgido de una muestra representativa de los temas a revisar-, pueden estar cercanos a una calificación satisfactoria, pero esto no significa darles un cheque en blanco para no cumplir con el mínimo que exige la ley y que es de 100 por ciento. Y así como a éstos, el Itaigro liberó de sanciones a 104 sujetos obligados muchos de los cuales, no sabemos cuántos, porque no entregó esa información, seguramente apenas obtuvieron arriba de 61 puntos porcentuales.
Del total de dependencias calificadas como satisfactorias, 61 son del Ejecutivo, 22 ayuntamientos, ocho organismos autónomos y cinco partidos políticos, entre otros.
Concluimos con lo que dijo el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, en una reunión de trabajo con los diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados el 14 de noviembre: “En la segunda verificación [la LXIV Legislatura] obtuvo 92.8 [puntos porcentuales]. Como diríamos en la escuela, 92.8 es una magnífica nota. Pues no, porque el deber de todo sujeto obligado es tener 100 por ciento. Y el INAI, si no se remedia esto pronto, tendrá que decirles, señores diputados, hay un procedimiento de denuncia para que completen el siete por ciento que les falta, porque el deber es tener 100 por ciento”.
Pero en Guerrero no se exige que los sujetos obligados tengan el 100 por ciento de sus obligaciones de transparencia cubiertas, sólo necesitan el 61 por ciento para lograr un estatus satisfactorio y evitar cualquier denuncia y sanción.
Hoy miércoles a las 10:00 horas los esperamos en Monitor de Guerrero que transmite Digital 106.3 FM en Chilpancingo, o desde el sitio www.consentidosocialac.com

Audita la ASF a Chilpancingo y Acapulco

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

Los dos ayuntamientos más importantes del estado de Guerrero, Acapulco y Chilpancingo, no salieron bien librados de las revisiones que les practicó la Auditoría Superior de la Federación a su cuenta pública del ejercicio 2017, como lo indican los resultados de la segunda entrega de los informes individuales que el órgano fiscalizador entregó a la Cámara de Diputados y publicó en su portal electrónico el 31 de octubre de 2018.
En general, las principales irregularidades se localizaron en sus procesos de control y registro, en la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de los recursos, transparencia, en los procedimientos de licitaciones y subejercicios, entre otros, tanto de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del DF (FISMDF) como del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun).
Los resultados que arrojaron las auditorías simplemente ratifican las numerosas anomalías que se han denunciado y siguen apareciendo en las administraciones de los ex alcaldes Evodio Velázquez y Marco Antonio Leyva. Se trata de un indicador formal, institucional, de un órgano fiscalizador que con información objetiva pone en la picota a dos erráticas gestiones municipales de Guerrero, cuyas consecuencias derivaron en graves problemas financieros para los ayuntamientos que recién comenzaron sus funciones.
Como se recuerda, las reformas a la Ley Federal de Rendición de Cuentas y Fiscalización (19 de julio de 2016) establecen que los resultados de fiscalización a la cuenta pública que realiza la ASF se entregarán a la Cámara de Diputados en tres momentos: en el último día de los meses de junio y octubre y el 20 de febrero. Con estas modificaciones, la ASF entrega informes individuales en periodos de sólo seis y diez meses después de la conclusión del año fiscal objeto de revisión, en vez del periodo de 14 meses que era necesario esperar antes de la reforma de 2016. Adicionalmente, hay una entrega el 20 de febrero del año siguiente, en donde los informes individuales correspondientes son acompañados de un informe general ejecutivo rendido por la ASF.
En esta edición de Monitor de Guerrero se retoman sólo los informes individuales de los ayuntamientos de Chilpancingo y Acapulco, correspondientes a la segunda entrega.
Chilpancingo
La auditoría al FIMSDF del ejercicio 2017, practicada al ayuntamiento de Chilpancingo, fue la que presentó más y mayores irregularidades de los cuatro municipios de Guerrero revisados por la ASF. Como se recuerda, el 18 de octubre de 2017 se realizó el cambio de administración municipal (Jesús Tejeda Vargas relevó a Marco Antonio Leyva), pero el órgano fiscalizador encontró que “no realizó la entrega-recepción de la administración el día de la toma de posesión de la administración entrante, por lo que a la fecha de la revisión no se entregó la documentación justificativa y comprobatoria original que acredite la aplicación y destino de los recursos asignados en los fines del fondo, correspondientes a las ministraciones de los meses de enero a septiembre de 2017”, por un importe de 152.4 millones de pesos de los 169.4 millones que se asignaron al municipio para este fondo.
Lo anterior derivó en que el municipio no presentó registros contables y presupuestales del 1 de enero al 17 de octubre de 2017, tampoco fue posible verificar la congruencia con los saldos en la cuenta bancaria y no se reportaron los informes trimestrales a la SHCP.
Por otra parte, en muchas de las obras se encontraron irregularidades, por ejemplo, en el programa Piso Firme tres obras no disponen de un contrato formalizado; otras no cuentan con la fianza de vicios ocultos y 11 más no disponen de parte o toda la bitácora de obra ni de sus respectivas actas de entrega recepción; y otras tampoco tienen la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.
En materia de transparencia, no se dio a conocer a los habitantes de la capital el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, ni se informó trimestralmente sobre el avance el ejercicio de los recursos y al término del ejercicio los resultados alcanzados. De hecho, el ayuntamiento de Chilpancingo tradicionalmente ha sido uno de los más opacos, pues tampoco cumple con sus obligaciones de transparencia establecidos en otras normas.
El ayuntamiento de Chilpancingo no proporcionó evidencia documental de haber reportado en el sistema de formato único de la SCHP los cuatro informes trimestrales del formato de gestión de proyectos, formato nivel financiero y la ficha técnica de indicadores, ni de los reportes que debió presentar en la matriz de inversión para el desarrollo social de la Sedesol.
En general, el municipio no presentó documentación justificativa y comprobatoria del gasto ni información financiera suficiente que permitiera analizar el impacto de las obras y acciones financiadas con el fondo.
La ASF también revisó el ejercicio de los recursos correspondientes al Fortamun de Chilpancingo por 152.8 millones de pesos y encontró irregularidades varias. Por ejemplo, se transfirieron recursos por 20.3 millones de pesos a otras cuentas para fines distintos a los objetivos del fondo, y aunque se reintegraron 13.5 millones durante la auditoría, quedaron pendientes 6.7 millones de pesos.
Y al igual que en el caso del FISMDF, no se realizó la entrega-recepción de las dos administraciones de Marco Antonio Leyva y Jesús Tejeda Vargas y por lo tanto no se tiene la documentación justificativa y comprobatoria que acredite las ministraciones de enero a septiembre de 2017, por un importe de 114.6 millones de pesos de los 152.8 millones asignados al municipio para el Fortamun. Por esta situación, la ASF determinó que se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 114.6 millones de pesos más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta del fondo o en su caso a la Tesorería de la Federación.
Pero también con el ex alcalde Vargas Tejeda se presentaron irregularidades. Por ejemplo, la ASF observó un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 44 mil 637 pesos por haber realizado erogaciones con cargo en el Fortamun que no disponen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.
Asimismo, el municipio presentó diferencias entre las cifras de los saldos de la cuenta bancaria y los registros contables al 31 de diciembre de 2017, por un monto de 153 mil pesos; y no entregaron cuenta pública ni remitieron reportes a la SHCP.
En el tema de transparencia, el municipio no informó a los habitantes sobre el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, tampoco informó trimestralmente sobre el avance del ejercicio de los recursos, ni sobre los resultados alcanzados al término del ejercicio.
El municipio no presentó a la SHCP los reportes de nivel financiero del segundo y cuarto trimestres, ni el primero, segundo y cuarto trimestres del reporte de gestión de proyectos; tampoco fueron publicados en órganos locales oficiales de difusión, en su página de internet o en otros medios locales de difusión.
El municipio no reportó de forma trimestral al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los movimientos en la cuenta del Fortamun 2017, su avance en el ejercicio de los recursos y destino, ni los recursos comprometidos, devengados y pagados en esta materia.
Acapulco
El monto de los recursos transferidos en 2017 al ayuntamiento de Acapulco por concepto del FISMDF fue de 543.2 millones de pesos. Al respecto, la ASF señaló que el ayuntamiento no manejó los recursos del fondo en cuenta bancaria exclusiva, y además transfirió recursos del FISMDF 2017 a otras cuentas.
El ayuntamiento presentó en su reporte de cierre del ejercicio FISMDF 2017 montos que no coinciden con sus registros contables y presupuestales presentados, ya que hay una diferencia de 20.2 millones de pesos que no fueron registrados en el sistema. Asimismo, destinó 3.6 millones de pesos para pagar un Análisis y resultados de las obras planeadas en la matriz de inversión para el desarrollo social 2014-2016, que no está considerada en el catálogo de acciones del fondo.
En otro asunto, el municipio destinó el 63.3 por ciento de los recursos del FISMDF 2017 a obras y acciones de incidencia directa, por lo que no cumplió con el porcentaje mínimo establecido en los lineamientos del FAIS para dicho tipo de proyectos; en tanto que invirtió el 31.7% de los recursos en obras y acciones de carácter complementario.
Finalmente, respecto de los recursos del FISMDF, al 31 de diciembre de 2017 el ayuntamiento presentó un subejercicio 10.6 por ciento, en tanto que al 31 de mayo de 2018 aún persistía un pequeño monto por 27 mil pesos no ejercidos a los objetivos del fondo.
En el caso del Fortamun, se transfirieron 453.5 millones de pesos al ayuntamiento de Acapulco en 2017, y al igual que en FISMDF, para este fondo no se utilizó una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos y se depositaron en ésta otros ingresos correspondientes a recursos propios del municipio por 120.9 millones de pesos.
Asimismo, la ASF comprobó que el municipio registró las operaciones del Fortamun en cuentas contables que no se encontraban debidamente controladas, actualizadas ni identificadas, y por ello no fue posible comparar las cifras de los saldos bancarios con los registros contables, presupuestales y las cifras reportadas en la cuenta pública del municipio.
En el rubro de obras fue donde se encontraron numerosas irregularidades, por ejemplo, en una obra que fue contratada mediante adjudicación directa por excepción a la licitación, no se acreditó debidamente el motivo de la excepción. Otra irregularidad también grave fue que en seis obras, luego de realizar una inspección física, se detectaron conceptos de obra pagados y no ejecutados por un monto total de 1.5 millones de pesos.
En cuatro obras pagadas con recursos del Fortamun el ayuntamiento de Acapulco no presentó la evidencia del proceso de adjudicación, los contratos, ni la documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 4.5 millones de pesos, por lo que no se pudo constatar la correcta ejecución de los trabajos realizados.
En el tema de las adquisiciones, el órgano fiscalizador comprobó que seis adquisiciones se adjudicaron de manera directa aun cuando rebasaban los montos máximos de adjudicación por esta modalidad. Asimismo, se verificó que en tres expedientes de adquisiciones adjudicados directamente, las cotizaciones de dos empresas participantes presentan el mismo domicilio y correo electrónico; asimismo, en otro caso se adjudicó a la misma empresa en las tres ocasiones las compras sin considerar compras consolidadas, por lo que no se garantizaron las mejores condiciones disponibles en cuanto al precio, calidad, financiamiento, oportunidad.
Se verificó que 11 expedientes de adquisiciones pagados con recursos del fondo no cuentan con las garantías de cumplimiento correspondientes según el contrato formalizado. Asimismo, para 36 expedientes de adquisiciones, el ayuntamiento no presentó la documentación soporte que acredite la recepción de los bienes pagados por 19.9 millones de pesos por parte de los proveedores a las instalaciones del municipio.
También se comprobó que en cinco adquisiciones, la entrega de los bienes no cumplieron con los plazos de entrega ni se aplicaron las sanciones por el retraso injustificado por un monto de 169 mil pesos.
En materia de transparencia, el ayuntamiento no reportó a la SHCP el primer trimestre del formato avance financiero y el primero y tercer trimestre de los indicadores de desempeño sobre el fondo, por lo que los informes no se publicaron en sus órganos locales oficiales de difusión y en otros medios. Por otra parte, se constató que la información contenida en los informes reportados por el municipio a sus habitantes no es congruente con lo reportado en el formato de avance financiero al cuarto trimestre de 2017 a la SHCP.
El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, no proporcionó información en la cual se pueda verificar que se dispone de un Plan Anual de Evaluación y no realizó la evaluación del desempeño del Fortamun 2017, establecida por la normativa.
En general, éstas son algunas de las observaciones localizadas por la ASF en los ayuntamientos de Chilpancingo y Acapulco en el ejercicio 2017. Para consultar estos informes individuales y todos los realizados por la ASF al gasto federalizado, ver http://informe.asf.gob.mx/#0

La disputa por las comisiones en el Legislativo

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

El PRI y PRD buscan quedarse con las comisiones de presupuesto, cuenta pública y fiscalización “para tapar las corruptelas de sus gobiernos”, argumentó, antes de que hubiese un acuerdo, la diputada Norma Otilia Hernández para explicar el empantanamiento de las negociaciones y el retraso en la asignación de comisiones y comités entre los diferentes grupos parlamentarios del Congreso del estado de Guerrero. “Quieren seguir protegiendo a gobiernos emanados de estos partidos”, sin embargo, advirtió, “eso no lo vamos a permitir porque nos huele a corrupción”, según la legisladora del partido Movimiento de Regeneración Nacional, entrevistada por la Agencia Periodística de Investigación.
Más allá de la veracidad o no de las declaraciones de la diputada, lo cierto es que la asignación de comisiones y comités en el Congreso del estado es clave para que las y los legisladores se procuren más recursos de poder y espacios en la toma de decisiones, tanto en lo individual como en favor de sus grupos parlamentarios, a efecto de incidir en la vida pública del estado.
En la disputa por estos espacios siempre ha prevalecido la negociación, pues aunque la Ley Orgánica del Poder Legislativo No. 231 describe de manera general lineamientos sobre cómo deben ser distribuidas las comisiones y comités, regularmente han predominado los acuerdos políticos entre las principales fuerzas, más que dichos criterios.
Sin embargo, en la actual Legislatura, en el proceso previo a la asignación de comisiones y comités se observó una inusual disputa donde se emplearon todo tipo de recursos legales y extralegales como medida de presión: generación de conflictos artificiales alrededor del Congreso, declaraciones para denostar al adversario y sobre todo el pago de medios y periodistas para difundir versiones parciales o distorsionadas de lo que sucede en el interior del Congreso y entre sus actores. Más tarde se agregaría también la posible cooptación de legisladores.
Comisiones y comités
El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo menciona que las comisiones son “Órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de Dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla sus atribuciones constitucionales y legales”. Estos órganos auxiliares son permanentes y los diputados que las integran se designan dentro de los primeros quince días del primer año de ejercicio constitucional.
La ley también establece que cada comisión y comité se integrará por cinco diputados; para conformarlas, la Junta de Coordinación Política emite una propuesta de los legisladores que asumirán la presidencia, la secretaría y las vocalías de cada una de ellas, “procurando que en su integración se refleje la proporcionalidad y pluralidad de los Grupos y Representaciones Parlamentarias en el Congreso del Estado”. Esta parece ser la única regla que previene la ley respecto a la asignación de espacios, además de una que se antoja muy subjetiva: “los Grupos y Representaciones Parlamentarias presentarán a la Junta [de Coordinación Política] sus propuestas respectivas, en ellas se privilegiarán la experiencia y la idoneidad de cada uno de sus integrantes para el mejor aprovechamiento de sus capacidades en el trabajo legislativo”.
Por su importancia, las comisiones más peleadas son la de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Vigilancia y Evaluación de la Auditoria General del Estado; pero también la de Asuntos Políticos y Gobernación, de Estudios Constitucionales y Jurídicos, de Hacienda, de Justicia, y de Seguridad Pública.
En el caso de los comités, la Ley Orgánica los define como “órganos auxiliares en las actividades y tareas administrativas y operativas del Congreso”. Los comités se encargan del funcionamiento administrativo del órgano legislativo y son cuatro: de administración; de gestoría, información y quejas; del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”; y de biblioteca e informática.
A propósito de la disputa que recién escenificaron los principales grupos parlamentarios de la actual Legislatura buscando quedarse con más y las más importantes comisiones y comités, vale la pena recordar cómo se distribuyeron estos espacios en las dos Legislaturas anteriores, para describir que no siempre el grupo mayoritario se queda con las mejores.
La 60 Legislatura
De 2012 a 2015, el Congreso del estado fue integrado predominantemente por diputados y diputadas del Partido de la Revolución Democrática, partido en el que también militaba el gobernador Ángel Aguirre Rivero, que obtuvo ese cargo en 2011. En ese periodo, que correspondió a la 60 Legislatura, el partido dominante tenía 20 de los 46 legisladores del órgano legislativo, equivalentes a 43.4 por ciento.
Se repartieron 28 comisiones y cuatro comités. Con sus números, el PRD se quedó con 15 comisiones, además de la coordinación de la Junta de Coordinación Política. De hecho, obtuvo la presidencia de los espacios más relevantes como la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, cuyo presidente fue Óscar Díaz Bello; la de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado, con Germán Farías Silvestre como presidente; Asuntos Políticos y Gobernación, presidida por el hijo del gobernador, Ángel Aguirre Herrera; la de Estudios Constitucionales y Jurídicos, con Abelina Rodríguez a la cabeza; y también se quedó con el comité de Administración, encabezado por Luisa Ayala Mondragón.
En esa misma Legislatura del periodo 2012-2015, el PRI fue la segunda fuerza política en el Congreso con 13 diputados (28.2 por ciento del total) y logró negociar siete comisiones y un comité, entre las cuales destacan la de Hacienda, con Eduardo Montaño Salinas a la cabeza; la de Seguridad Pública, presidida por Rubén Figueroa Smutny; y la de Desarrollo Social, cuya presidenta fue Julieta Fernández.
Otras expresiones políticas se quedaron con el resto de las comisiones y comités. A Movimiento Ciudadano, que tenía en esa Legislatura cinco diputados, le correspondieron cuatro comisiones; los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, con tres diputados cada uno, tuvieron dos comisiones; en tanto que los partidos del Trabajo y Panal, con un solo diputado, lograron una comisión, respectivamente.
La 61 Legislatura
En la recién concluida Legislatura 61 (2015-2018), el predominio fue del Partido Revolucionario Institucional –que además ganó la gubernatura. En ese periodo se repartieron 29 comisiones y cuatro comités. Con un total de 18 diputados (39.1 por ciento del total), el PRI obtuvo 15 comisiones y evidentemente se quedó con las más importantes como la de Presupuesto y Cuenta Pública, cuyo presidente fue Eusebio González Rodríguez; de Estudios Constitucionales y Jurídicos, presidida por Cuauhtémoc Salgado Romero; de Hacienda, con Ignacio Basilio García a la cabeza; y la de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado, con Samuel Reséndiz Peñaloza como presidente.
El segundo grupo que ganó más diputados fue el PRD con 14 legisladores (30.4 por ciento) de los 46 disponibles. Con estos números obtuvo un total de 10 comisiones, entre las que destacan únicamente la de Asuntos Políticos y Gobernación, presidida por Rosa Coral Mendoza Falcón, y el comité de Administración del Congreso, a cargo de Crescencio Reyes Torres.
Los demás partidos políticos se quedaron como sigue: el PVEM, que obtuvo cinco diputaciones, se quedó con cuatro comisiones; Movimiento Ciudadano, con tres diputados obtuvo dos comisiones; el Partido del Trabajo fue representado por dos legisladores y obtuvo una comisión; mientras que Morena y el PAN, con una diputada y un diputado, respectivamente, obtuvieron sólo una comisión cada uno.
Lo que se observa de las dos legislaturas anteriores es que el partido mayoritario obtiene el mayor número de comisiones y desde luego, las más importantes. Quizás un elemento que no aparece en la disputa por comisiones de la actual Legislatura es que mientras en las dos anteriores, el grupo parlamentario mayoritario coincidió con la gestión de un gobernador del mismo partido, en 2018 el partido del grupo de diputados mayoritario no es el del gobernador. Tal vez eso explica la belicosidad y el empantanamiento artificial de las negociaciones, uno de cuyos grupos buscó estirar la liga hasta casi romperla.
La 62 Legislatura
En la actual Legislatura, Morena es el partido mayoritario, ya que con las adhesiones suma 24 diputados (52.1 por ciento) y luego de las negociaciones, obtuvo 18 comisiones y un comité. Por su parte, el PRI, con sólo 10 diputados (21.7 por ciento) alcanzó seis comisiones y dos comités. Por su parte, el PRD es un grupo parlamentario con siete diputados (15.2 por ciento) y con eso obtuvo cinco comisiones y un comité. El resto de los partidos (PT, PAN, PVEM y MC) con un solo diputado o diputada cada uno, lograron la presidencia de una comisión, respectivamente.
Si se observa sólo por los números, ¿cuál es la comparación de esta Legislatura en relación con las anteriores? En la 60 se repartieron 28 comisiones y cuatro comités, 32 espacios en total. El PRD, que obtuvo 43 por ciento de los diputados se quedó con 47 por ciento de las comisiones y comités; en segundo lugar, al PRI, con 28 por ciento de las diputaciones, le correspondieron 25 por ciento de las presidencias de comisiones y comités.
Por otra parte, en la 61 Legislatura se asignaron 29 comisiones y cuatro comités, 33 en total. De éstas, el PRI, con 39 por ciento de los diputados, logró presidir el 45 por ciento de las comisiones y comités. Mientras que el PRD, con el 30 por ciento de los legisladores, alcanzó la presidencia en 30 por ciento de los espacios.
Finalmente, en la reciente negociación entre partidos, estuvieron en disputa 33 comisiones y cuatro comités, para un total de 37 espacios. Morena, con 52 por ciento de los diputados, obtuvo 51 por ciento de las comisiones y comités. El PRI, con el 21 por ciento de los legisladores, presidirá el 22 por ciento de los espacios; mientras que el PRD, que obtuvo 15 por ciento de los diputados, le corresponde encabezar el 16 por ciento de las comisiones y comités. Hasta aquí, pareciera que se alcanzó “la proporcionalidad y pluralidad de los Grupos y Representaciones Parlamentarias en el Congreso del Estado”, como recomienda la ley orgánica.
Pero si se analiza por la importancia de las comisiones, se observa que hay una tendencia a que éstas queden bajo la presidencia del partido mayoritario. Así han sido los casos de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Asuntos Políticos y Gobernación; de Estudios Constitucionales y Jurídicos; y de Vigilancia y Evaluación de la Auditoria Superior del Estado.
En el periodo 2012-2015, el PRD tuvo la presidencia de esas cuatro comisiones, en tanto que en el trienio 2015-2018, el PRI encabezó tres de esas cuatro comisiones y sólo cedió al PRD la de Asuntos Políticos y Gobernación, seguramente porque la diferencia en el porcentaje de legisladores en el Congreso era de apenas nueve puntos, es decir, había cierto equilibrio de fuerzas.
En la actual Legislatura, parece haber un claro perdedor en la repartición de las comisiones más importantes. Aun cuando hay una enorme diferencia en el número de diputados entre el grupo mayoritario y el segundo y tercer lugares, Morena cedió la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación al PRI, y la de Estudios Constitucionales y Jurídicos al PRD, cuando tradicionalmente el partido mayoritario se quedaba con las cuatro comisiones.
A la distancia, parece que surtió efecto la presión ejercida por el PRI y el PRD. La generación artificial del conflicto de un puñado de pobladores de Cochoapa que cerraron el Congreso, las numerosas inserciones pagadas en medios impresos y digitales responsabilizando al grupo parlamentario de Morena de empantanar las negociaciones entre partidos, el empecinamiento de buscar las comisiones más importantes para retrasar el proceso, entre otros, se cuentan entre los factores que propiciaron que el grupo mayoritario negociara en desventaja.
Pero ahí no terminará la disputa por las comisiones. Héctor Apreza Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, ya anunció que propondrá una “reingeniería de comisiones” con el propósito de reemplazar a quienes no cumplan con su trabajo en ellas. En seis meses, entonces, comenzarán nuevas presiones para buscar la presidencia o más espacios en las comisiones importantes.
Invitamos a nuestros lectores a que también sean radioescuchas de Monitor de Guerrero, un espacio para el análisis de la transparencia y la rendición de cuentas. Todos los miércoles, a las 10 de la mañana, por Radio Digital 106.3 FM, en Chilpancingo, o en el sitio www.consentidosocialac.com

Ayuntamientos se van en la opacidad

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

El 29 de septiembre se despide otra generación de ayuntamientos caracterizada –la gran mayoría– por su opacidad e incumplimiento a la Ley de Transparencia. Casi todos fueron gobiernos que no cumplieron con sus obligaciones de transparencia ni tampoco dieron atención puntual y sin restricciones a las solicitudes de acceso a la información de los ciudadanos. Pero también es otra camada de ayuntamientos que se va impune, sin un rasguño por no cumplir la ley.
Para tener evidencia documental de lo que afirmamos y medir el último tramo de los ayuntamientos, enviamos 81 solicitudes de información, a través de la plataforma nacional de transparencia, para conocer información acerca de sus unidades de transparencia, aquellas áreas administrativas que todas las dependencias públicas deben integrar por ley para la gestión de solicitudes de información.
Presentamos también un segundo paquete de 81 requerimientos de información para que los ayuntamientos nos proporcionaran datos acerca de la integración de sus comités de transparencia, otra de las áreas que de acuerdo con la norma deben existir tanto en los ayuntamientos como en cualquier otra institución gubernamental.
Este ejercicio ciudadano tuvo dos propósitos: por un lado, indagar sobre el nivel de atención que prestan los ayuntamientos a las solicitudes de información de los ciudadanos, y el segundo, propiamente saber qué está pasando con dos de las áreas clave para la gestión de información en las estructuras municipales (unidades y comités de transparencia), que además nos permitieron contar con un diagnóstico sobre cómo está abordando este orden de gobierno la institucionalización de áreas y procedimientos que establece la ley, como componentes imprescindibles para el desarrollo de la transparencia en el estado. Estos fueron los resultados.
Desatención a solicitudes
Lo primero que destaca de este ejercicio el alto porcentaje de ayuntamientos que no respondieron a las solicitudes de información, o bien, entregaron información parcial. Los gobiernos municipales que no respondieron en tiempo y forma a la primera solicitud referente a las unidades de transparencia, alcanzaron 49.3 por ciento del total, 5 por ciento respondió pero no adjuntó ningún archivo, y 3 por ciento entregó información parcial o dijo que se trataba de información confidencial. En total, 56.8 por ciento de los ayuntamientos de Guerrero no respondió a satisfacción a este requerimiento.
Respecto al segundo paquete de solicitudes sobre los comités de transparencia, el 54 por ciento de los ayuntamientos no respondieron, mientras que 10 por ciento respondió de manera parcial y cuatro por ciento contestó, pero no agregó en su respuesta ninguna información, además de que uno por ciento entregó información que no corresponde. Es decir, un total de 68.7 por ciento de los gobiernos municipales guerrerenses no respondieron o no entregaron información a satisfacción.
Esta tendencia de no atender solicitudes de información es muy grave a estas alturas de la puesta en marcha del sistema nacional de transparencia. Los ayuntamientos, cuyas autoridades asumieron el último trimestre de 2015, vivieron y conocieron muy de cerca el proceso de construcción del sistema nacional de transparencia, ya que desde 2016 recibieron capacitación e información sobre las nuevas normas y sus obligaciones de transparencia y acceso a la información de parte de los órganos garantes de la transparencia nacional y local. De ahí la gravedad en relación con el bajo nivel de atención a las solicitudes de información.
Cuando iniciaron estas administraciones municipales (2015-2018) también presentamos solicitudes de información, como una forma de activar los mecanismos de gestión de información que se inauguraban dentro de los ayuntamientos con las nuevas normas. En aquel entonces presentamos 68 solicitudes porque 13 municipios ni siquiera se habían incorporado a la plataforma nacional de transparencia. De esas 68 solicitudes presentadas, sólo 37 ayuntamientos respondieron, es decir, un alarmante 45 por ciento desatendieron las peticiones de acceso a la información (ver Monitor de Guerrero del 22 de noviembre de 2016).
Y aunque parezca increíble, a la fecha 10 ayuntamientos aún no entregan la información solicitada en octubre de 2016, que consistió en la entrega de su primer informe de gobierno; de ese tamaño está la desatención a las solicitudes de información.
Unidades de transparencia
A finales de mayo y principios de junio de 2018 presentamos 81 solicitudes de información solicitando datos sobre las unidades de transparencia de los ayuntamientos, específicamente la fecha de designación del titular de la unidad, su currículo, el número de personas que trabajan en la unidad y las funciones que realizan. En total obtuvimos, al 20 de septiembre de 2018, 47 respuestas de los ayuntamientos, incluyendo 13 entregas extemporáneas, como reacción a recursos de revisión.
En general, la información que los ayuntamientos nos proporcionaron revela graves fallas en el funcionamiento de las unidades de transparencia, que si bien son nuevas en las estructuras municipales, también son básicas para la gestión de información y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los gobiernos municipales.
Por ejemplo, sólo seis ayuntamientos nombraron a su titular de transparencia en el primer trimestre de la administración municipal; 19 lo hicieron durante 2016, y otros 13 lo nombraron en 2017. Sobresalen cuatro ayuntamientos que hicieron sus designaciones hasta el presente año, es decir, a unos meses de que concluyera su periodo de gobierno. Estas cifras muestran que los alcaldes y los cabildos municipales no se tomaron muy en serio la adopción de la política nacional de transparencia y en la mayoría de los casos retrasaron el nombramiento de esta importante figura.
Aunque la mayoría de los gobiernos cumplió con la norma al designar a una persona con estudios de nivel superior –solo tres tienen nivel bachillerato–, predominan perfiles de licenciatura en Derecho (nueve casos), Informática (ocho) y Contaduría (seis), pero prácticamente ninguno tiene experiencia en temas de transparencia y rendición de cuentas. Sólo se registraron cuatro casos de personas que han trabajado en administraciones municipales previas en puesto como contraloría interna, asesoría jurídica y tesorería municipal; y destacan dos personas que sí cuentan con experiencia en el funcionamiento de unidades de transparencia (Eduardo Neri y Atenango).
Respecto del número de personas empleada en estas áreas, en la mayoría de las unidades sólo trabaja una persona, el titular, pero hay casos extraños en donde trabajan hasta 12 empleados (Chilpancingo), nueve (Cualác), cuatro (Ixcateopan) y tres (San Marcos).
Al 24 de septiembre, aún quedan pendientes 34 ayuntamientos de Guerrero de entregar su información sobre sus unidades de transparencia, la mayoría de los cuales tienen en su contra un recurso de revisión porque hicieron caso omiso a la solicitud de información que les hicimos.
Comités de transparencia
También presentamos solicitudes de información ante los 81 ayuntamientos para solicitar los nombres y cargos de los integrantes del comité de transparencia, los criterios y el procedimiento para la designación de los integrantes ciudadanos de dicho comité, y todas las actas de las reuniones del comité realizadas hasta la fecha.
Para este paquete de solicitudes obtuvimos 33 respuestas, que incluyen 25 ayuntamientos que entregaron información en tiempo y forma, así como ocho extemporáneas, como resultado de recursos de revisión ante el Itaigro.
La mayoría de ayuntamientos que respondieron, integraron sus comités de transparencia en 2016 y 2017, aunque se observa que sólo hay una intención de cumplir formalmente la integración del comité porque así se los exige la ley, y no tanto porque busquen desarrollar buenas prácticas de transparencia dentro del ayuntamiento.
En muchos casos no hay actas de instalación ni de las sesiones que permitan observar el inicio de actividades relativas a la transparencia. Por ejemplo, en 19 de los 33 ayuntamientos que sí respondieron, éstos afirmaron que no han realizado reuniones del comité de transparencia, por lo que se puede afirmar que ahí no se ha iniciado la institucionalización municipal de la política nacional de transparencia y acceso a la información.
En otro tema, la ley dice que en los municipios se integrarán tres ciudadanos distinguidos como parte del comité de transparencia. Al respecto, la mayoría de las veces, los ayuntamientos no respondieron a esta cuestión, es decir, no explicaron de qué manera fueron elegidos los ciudadanos y con qué criterios para formar parte del comité. Se deduce de las respuestas que la mayoría fueron designados mediante aprobación del cabildo luego de una invitación directa. Muy pocos dijeron que emitieron una convocatoria abierta, aunque no detallan en qué medios se promocionó ni la manera específica en que fueron elegidos. Otros afirmaron que invitaron a ciudadanos en las comisarías, incluso algunos incluyeron a representantes de comisarios o delegados municipales.
Pero la gran mayoría de ayuntamientos dice que cumplió con lo que dice la ley al incluir a “tres ciudadanos distinguidos”, aunque no hay evidencias que demuestren que no fueron integradas personas cercanas al alcalde o a funcionarios del ayuntamiento.
Sea como fuere, este tema será cada vez más relevante conforme se fortalezca la institucionalización de los comités de transparencia en los ayuntamientos, ya que la voz de los ciudadanos debe jugar un papel relevante en la rendición de cuentas en estas demarcaciones y por lo tanto será fundamental que en dichos comités se integren ciudadanos independientes de los funcionarios del gobierno municipal y con conocimientos de los temas que se tratan en los comités. Es un proceso que debe fortalecerse con los ayuntamientos que tomarán posesión en los próximos días.
Qué se trata en las sesiones
Dentro de lo poco rescatable se puede contar que hay comités de transparencia que sí están cumpliendo con su función. Por ejemplo, y tomando como base las actas de estos comités que nos entregaron algunos ayuntamientos, en los municipios de Acapulco, Iguala, Chilapa, Coyuca de Benítez, Eduardo Neri, San Marcos y Tixtla se observó que los integrantes de esos comités sí discuten y analizan temas de transparencia.
Varios comités se enfocaron en el análisis de solicitudes de información, otros trataron los avances en la publicación de información en la plataforma nacional de transparencia, información sobre recursos de revisión y sólo uno sobre programas de transparencia y participación ciudadana que maneja el ayuntamiento.
Uno de los temas que destacaron fue la clasificación de información como reservada o confidencial, especialmente en el rubro de la publicación de los salarios de los servidores públicos y de datos relativos a la obra pública, con el argumento de la inseguridad. En este asunto, se observa una clara intención de los presidentes municipales y sus funcionarios por lograr que se apruebe la clasificación dentro del comité de transparencia, propósito que lograron en todos los casos.
De este paquete de 81 solicitudes de información quedó pendiente la respuesta de 48 ayuntamientos, los cuales todos tienen un recurso de revisión en su contra. Será interesante saber qué sucederá con estos incumplimientos, ya que si bien la solicitud se hizo al ayuntamiento todavía en funciones y de manera institucional cualquiera de los dos gobiernos –entrante o saliente– debe atenderla, según los tiempos, también es cierto que tratándose de sanciones, éstas se aplican a funcionarios en particular y en este caso, los responsables de las irregularidades ya no estarán laborando.
Estas dos figuras municipales, las unidades y comités de transparencia, merecen un seguimiento puntual en los ayuntamientos entrantes, pues son la base de la institucionalización de las prácticas de transparencia y de la política nacional. Tanto las nuevas administraciones –que deben habilitarlas de inmediato– como el órgano garante –que debe instrumentar un programa de capacitación también en el corto plazo–, tienen la misión de cumplir con esta responsabilidad, de lo contrario comenzaremos a escuchar nueva y abundantemente los discursos de simulación.
Escúchenos mañana 26 de septiembre en Monitor de Guerrero Radio, a las 10:00 horas, en Digital 106.3 FM en Chilpancingo, o en el sitio www.consentidosocialac.com Tendremos una entrevista con el auditor Superior del Estado, Alfonso Damián Peralta.

Temas para una agenda legislativa en transparencia

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

Uno de los temas que se mencionaron con mayor insistencia durante la reciente campaña electoral fue el combate a la corrupción. De acuerdo con una encuesta de El Financiero, aplicada entre el 24 y 28 de mayo de 2018, los temas que más importaban al electorado de cara a los comicios eran la economía (29 por ciento), la inseguridad (27 por ciento), la corrupción (21 por ciento) y la pobreza (21 por ciento).
La corrupción es una preocupación generalizada que debe prevenirse, combatirse y sancionarse con acciones efectivas; es un mensaje claro que dejaron las elecciones. Si bien, está en proceso la construcción de los sistemas nacional y estatal anticorrupción en Guerrero, sus resultados se verán en el mediano y largo plazos, pues aunque ya se cuenta con un marco normativo, su implementación será lenta y además no estará exenta de errores, inercias institucionales y obstáculos de todo tipo, como sucede con todas las nuevas políticas públicas que buscan cambios estructurales en la administración pública.
En el Congreso del estado, esta preocupación por el combate a la corrupción ya se incorporó a los discursos de por lo menos dos diputados locales, coordinadores de sus respectivas fracciones parlamentarias; hacer efectivos estos pronunciamientos con acciones concretas, es el gran desafío.
Héctor Apreza Patrón destacó que para los legisladores priistas el combate a la corrupción y la rendición de cuentas serán prioridad de la agenda legislativa de ese partido. También subrayó que la austeridad y la racionalidad del gasto público, “es algo que particularmente hemos venido defendiendo desde hace tiempo”. (Vértice, 4 de septiembre 2018).
Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Pablo Amílcar Sandoval, explicó que legislarán políticas de austeridad republicana, en congruencia con el mandato del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a efecto de “terminar con la dilapidación de recursos públicos”. También dijo que uno de los puntos de la agenda de Morena es legislar una ley reglamentaria del artículo 127, sobre salarios en Guerrero, para regularizar las percepciones no sólo de los diputados sino de los funcionarios de los tres poderes del estado. Sandoval Ballesteros añadió que la mayor parte de los gastos de los diputados se desconocen, “necesitamos hacerlos transparentes, hay una gran opacidad, hay mucho más que no se conoce.” (El Sur, 28 de agosto de 2018).
Hay pues un principio de acuerdo entre las dos fracciones parlamentarias más grandes del Congreso del estado. Pero su intención debe traducirse en mecanismos que realmente contribuyan a disminuir la corrupción.
Reglas para los gastos de “ayudas sociales”
Uno de los capítulos que ocupan mayor presupuesto público en el Congreso del estado es el 4000 denominado “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, y específicamente el concepto de “ayudas sociales”. En los últimos tres años, este concepto representó alrededor de 50 por ciento del gasto total del Congreso y las partidas que ampara propiamente no corresponden con las funciones del poder Legislativo, ya que son “asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales”.
Pero quizás esa no sea su mayor irregularidad, sino la opacidad y total discrecionalidad con que se ejercen estos recursos. Públicamente nadie sabe en qué se gastan, cuánto recibe cada diputado, quiénes los distribuye ni cómo se comprueban. Se trata de una caja negra que ha utilizado el Congreso durante muchos años y que ha sido una gran fuente de corrupción en el estado, ya que lo mismo se emplean para gastos personales de los diputados que para construir clientelismos políticos.
En varias entregas de Monitor de Guerrero dimos cuenta de las irregularidades del ejercicio de estos conceptos de gasto (1 de octubre de 2013, 4 de agosto de 2015 y 3 de julio de 2018).
Para dar una idea del tamaño del despilfarro, en el documento Clasificación por objeto de gasto del ejercicio 2015, al capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se le destinaron 239 millones de pesos, específicamente al capítulo de subsidios y subvenciones. Si se compara con el total modificado del Congreso al 31 de diciembre de 2015 por 525.6 millones de pesos, la relación es de 45.4 por ciento.
En el caso del ejercicio 2016, el total de ingresos del órgano legislativo fue de 543.5 millones de pesos, y al concepto de “Ayudas sociales” le destinaron 271.6 millones, es decir, el 50 por ciento del total. Mientras en 2017, con un total de ingresos por 542.7 millones, las ayudas sociales fueron del orden de 258.9 millones de pesos, equivalentes a 47.7 por ciento.
En lo que va del ejercicio de 2018, al 30 de junio se tenía un presupuesto total modificado del Congreso de 572.6 millones de pesos, y los gastos en el concepto de ayudas sociales a esa fecha eran por 145.4 millones, pero se tenía programado ejercer 236.2 millones durante todo el año. Es decir, a los diputados entrantes les corresponde ejercer una parte de esos recursos, pues al 30 de junio se tenían programados todavía 90.8 millones.
La agenda de la LXII Legislatura debe incluir la definición de si es pertinente o no que los diputados ejerzan estos recursos, pues también existe la opción de destinarlos directamente a un programa de desarrollo social fuera del Congreso. En caso de que continúen ejerciéndolos, se requieren reglas de operación claras para orientar el gasto de “ayudas sociales” a proyectos productivos y de desarrollo social, preferentemente colectivos, con indicadores de resultados. También se definirán los criterios para su asignación, la población beneficiaria, los procedimientos para acceder a ellos y desde luego, el ejercicio de estos recursos debe ser totalmente transparente, en congruencia con una de las preocupaciones manifestadas en la jornada electoral pasada: el combate a la corrupción.
A diferencia de otros programas sociales del estado, los diputados deben incluir a la ciudadanía en la vigilancia de estos recursos por medio de mecanismos efectivos de participación -no simulados- como contralorías sociales, testigos sociales u observatorios ciudadanos. Así se construye legitimidad ante los ojos de la sociedad.
Gastos de comunicación social
Al igual que en otras entidades gubernamentales de Guerrero, los gastos de comunicación social en el Congreso se realizan en completa opacidad y con total discrecionalidad. No cuenta este órgano legislativo con reglas respecto de la distribución del gasto de comunicación, ni tampoco con criterios para asignarlo con equidad a los diferentes medios.
Tan sólo en el ejercicio 2015, según la clasificación por objeto de gasto de la cuenta pública del Congreso, se gastaron 12.6 millones de pesos. En su primer año, la LXI Legislatura incrementó a 16.7 millones el gasto, y al año siguiente se gastaron 17 millones. Finalmente, en el ejercicio 2018 se presupuestaron 16.5 millones de pesos en gastos de comunicación social y publicidad.
Para justificar la opacidad en la asignación de recursos públicos a los medios y reporteros, el Congreso incluye en la plataforma nacional de transparencia el enunciado de que “La estrategia de comunicación social del Congreso del estado de Guerrero se lleva a cabo a través de la página oficial y en redes sociales, por lo que no se presupuestan recursos para la ejecución de campañas de publicidad”. Sin embargo, ese dato es falso, ya que en la misma pnt, el Congreso publica su programa operativo anual en donde incluye un rubro denominado “Renovación de contratos con medios locales y estatales”, amén de que el reportero Ezequiel Flores, basado en datos oficiales, documenta la entrega de recursos públicos a empresas y reporteros (Proceso, 19 de agosto de 2018).
Reglamentar con criterios y normas claras la asignación del gasto en comunicación social es una de las áreas que requiere urgente atención, ya que la discrecionalidad en la distribución de este tipo de recursos daña la libertad de expresión al privilegiarse a medios de comunicación “amigos” o que no ejercen la crítica y el análisis de los hechos y el desempeño de los gobernantes con la única intención de procurarse parte de este gasto público.
Otros temas
Hay otros temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción que requieren el seguimiento y el posicionamiento del Congreso, a efecto de que se destraben, no se estanquen o continúen un desarrollo fluido.
En el proceso de construcción del sistema estatal anticorrupción, la LXII Legislatura debe incluir en su agenda el seguimiento y la vigilancia de todos los procedimientos pendientes para conformar el sistema. Por ejemplo, está en puerta la designación del Comité de Participación Ciudadana, que es clave para el funcionamiento del sistema, y los legisladores harían bien en vigilar -aunque a la Legislatura ya no le corresponde designarlos- que se integre realmente por ciudadanos con conocimiento sobre el tema, a efecto de romper ese tradicional esquema de designar personas cercanas a los gobiernos que aún predomina en el estado.
Se espera también que vicios e inercias de algunas dependencias que forman parte del sistema empantanen su funcionamiento, por lo que el Congreso, por tratarse de un tema de interés público, debe permanecer vigilante y pronunciarse y contribuir a que sus actividades sean fluidas.
Otro tema relevante es el del subsistema estatal de transparencia, que no termina de cuajar. Amén de que aún predomina el incumplimiento de las obligaciones de transparencia que establece la ley en la materia en la mayoría de las dependencias púbicas del estado, hay un inadmisible cuello de botella que impide el desarrollo de la transparencia en la entidad: no hay sanciones para los infractores de la ley. Este asunto se los hemos planteado públicamente al gobernador del estado -de quien depende la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina)- y a los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro), pero no se observa ninguna respuesta.
Asimismo, a la Sefina le corresponde la publicación de la información financiera de todas las dependencias del Ejecutivo, sin embargo, para evadir la difusión de información clave para el seguimiento del ejercicio de los recursos, la dependencia clasificó gran parte de los datos relevantes por medio de un acuerdo de su comité de transparencia del 30 de junio de 2016.
El Congreso del estado debe exhortar al Ejecutivo del estado a publicar información para saber de qué manera se están ejerciendo los recursos públicos, desde los indicadores de resultados y de interés público -aunque la dependencia diga que no le aplica esta fracción de la ley- hasta las remuneraciones de los servidores públicos, pasando por los gastos de comunicación social -donde no se publica ninguna información- resultados de auditoría –donde colocan hipervínculos que no corresponden– e información sobre procesos y resultados de adjudicaciones, invitaciones y licitaciones, que son procedimientos donde específicamente se presumen actos de corrupción.
Pero también los legisladores guerrerenses deben proponer una gran cruzada por la transparencia a efecto de contribuir a que todos los sujetos obligados, especialmente los ayuntamientos, cumplan con sus obligaciones de la ley 207 de transparencia, pero también para que promuevan entre la sociedad el uso de la información gubernamental. Y desde luego, exhortar a la Sefina y al Itaigro a que destraben el tema de las sanciones a quienes no cumplan con la ley de transparencia.
Finalmente está pendiente el tema del bajo presupuesto asignado al Itaigro. No obstante que en los dos últimos años aumentaron significativamente las cargas de trabajo del instituto, por las nuevas funciones que le toca desempeñar derivadas de la Ley General de Transparencia, su presupuesto ha mostrado una tendencia incrementalista, que no permite a los comisionados atender temas tan relevantes como la promoción de la cultura de la transparencia o la utilidad social de la información entre la ciudadanía, por ejemplo.
Pero a la par de un aumento a su presupuesto, también es necesario que el instituto defina, junto con su consejo consultivo, sus programas prioritarios con indicadores de resultados que den cuenta del impacto de sus acciones. Son éstos algunos de los temas que me parece deben ser parte de los trabajos del Legislativo.
Hacemos la invitación para que nos escuchen en el 106.3 de FM en el programa Monitor de Guerrero, un espacio para el análisis de la transparencia y la rendición de cuentas; todos los miércoles a las 10:00 horas. También pueden sintonizarnos en el sitio www.consentidosocialac.com

Lamentable desempeño del Congreso en legislación de transparencia

Marcos Méndez Lara
El Sur, Periódico de Guerrero

Con qué adjetivo pasarán a la historia los diputados y diputadas de la LXI Legislatura del Congreso del estado de Guerrero? ¿Fueron contrapeso o comparsa de los otros poderes? ¿Especialmente con el Ejecutivo cómo fue su desempeño?
En los dos últimos meses de la Legislatura, los diputados trabajaron a marchas forzadas, tal vez como nunca en todo el trienio (2015-2018), pero con una carga de cuestionamientos y dudas, que muy probablemente marcarán sus trayectorias. Su desempeño legislativo en materia de transparencia y rendición de cuentas es ilustrativo.
Habían tenido un mediano desempeño cuando aprobaron las leyes de transparencia (mayo de 2016) y las que permitirán la construcción del sistema estatal anticorrupción (julio de 2017), todas en tiempo y con la ausencia de cuestionamientos significativos en su forma. La conducción de este proceso por parte del gobernador Héctor Astudillo Flores, hay que decirlo, fue clave para que fuera aceptable, pues difícilmente el Congreso, por sí solo, lo hubiese logrado, como se desprende de las experiencias anteriores, en donde Guerrero estaba siempre a la zaga en materia normativa relativa a la transparencia y la rendición de cuentas.
Pero algo sucedió después de las elecciones del 1 de julio, una suerte de pánico, que llevó a los Congresos de varios estados, no sólo al de Guerrero, a improvisar una serie de acciones, cuyas motivaciones al fin de cuentas son explicables: un partido diferente del del gobernador sería mayoría en la LXII Legislatura del Congreso del estado; y por si fuera poco, un candidato, también proveniente de un partido distinto, llegaría a la presidencia de la república, sin contar que habría una Cámara de Diputados y un Senado en las mismas condiciones.
Todo ello propició una campaña orquestada para “blindar” a gobernadores, tal vez pensando que habría revanchas políticas o un endurecimiento de los sistemas de control y fiscalización para ellos.
La citada campaña orquestada -no podría definirse con otro adjetivo, después de que “coincidentemente” varios Congresos hicieron lo mismo- consistió en aprobar todo lo que fuera útil al blindaje, y los diputados de las entidades, disciplinados la mayoría, aprobaron temas que van desde el nombramiento de fiscales anticorrupción “carnales” hasta la entrega de facultades al Ejecutivo estatal para vetar leyes aprobadas por el Legislativo. En estos procesos locales, llama la atención que participaron como comparsas diputados de distintos partidos, y la pregunta de botepronto no puede ser otra que ¿a cambio de qué? En un régimen donde imperase la obligación de rendir cuentas, todos los diputados aliados a esas causas tendrían que explicar a sus electores el sentido de su voto; pero se irán sin justificar nada.
En Guerrero, aun cuando los legisladores digan que simplemente hicieron ejercicio de sus facultades y que no renunciarían a ellas, como declaró Héctor Vicario Castrejón cada que lo cuestionaban sobre las prisas por legislar, la intención de blindar al Ejecutivo no se puede ocultar. Éstas son algunas muestras de lo que aprobaron de manera apresurada y en no pocas ocasiones pasando por alto procedimientos que los colocan en una posición muy cuestionada.
Procesos dudosos y opacos
En el caso de los temas de transparencia, los procedimientos legislativos de los diputados guerrerenses se hicieron paradójicamente en la oscuridad o de manera simulada. Los términos de las convocatorias expedidas por ellos, por ejemplo, no se cumplieron, o las sesiones donde aprobaron normas se realizaron fast track, sin suficiente discusión y análisis, predominando la prisa sobre la reflexión.
Así fueron los casos -comenzando por el más reciente- de las designaciones de la comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana del sistema estatal anticorrupción, del consejo consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro), del nombramiento del fiscal especializado anticorrupción, de la aprobación de la cuenta pública del gobierno del estado y de las reformas a la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del estado.
La mayor parte de los temas mencionados son parte de la construcción de los sistemas nacionales de transparencia y del sistema estatal anticorrupción, cuyos órganos y designaciones fueron concretados en el ámbito nacional mediante procesos abiertos, transparentes, con amplia participación de la sociedad. No sucedió lo mismo en Guerrero.
Cuarenta días intensos
La manera en que actuó el Congreso de Guerrero del estado no es nueva. Ya nos había enseñado el cobre cuando en febrero de 2018 designaron a los comisionados del Itaigro en un proceso apresurado, opaco y en el que nunca hubo evidencia de una elección con base en la experiencia y especialización en la materia. Fue una decisión que ni siquiera se tomó en el órgano legislativo y que fue impuesta desde fuera (ver Monitor de Guerrero del 13 de febrero).
El 27 de julio, el pleno del Congreso local aprobó una serie de reformas en materia de fiscalización para otorgar más autonomía a la Auditoría Superior del Estado (ASE). De manera resumida, los cambios apuntan a que el auditor Superior del Estado tendrá la posibilidad de repetir en el cargo un periodo y se le dota además de atribuciones para designar a los cuatro auditores especiales y determinar cuánto tiempo estarán en el cargo. Otro de los temas aprobados es la exoneración que tendrán los auditores de ser juzgados por responsabilidad política y esto se traduce en que el Congreso del estado ya no podrá destituirlos y toda la responsabilidad recaerá en quien esté al frente del órgano fiscalizador.
Antes de esta reforma el auditor superior era nombrado por las dos terceras partes del Congreso del estado por un periodo de sólo siete años, pero ahora podrá ser reelecto por un periodo más. Por su parte, los auditores especiales eran propuestos por la Junta de Coordinación Política y elegidos por el pleno, también con el voto de dos terceras partes y por un periodo de cuatro años, con la posibilidad de ser reelectos por un periodo adicional.
Cabe recordar que hace poco más de un año hubo un periodo intensivo de trabajo para confeccionar las leyes o los cambios a las normas -incluyendo la Ley 468 de fiscalización superior- que requería el sistema estatal anticorrupción, en el que participaron varias instituciones autónomas y del Ejecutivo. El resultado de este trabajo se presentó ante el Congreso para su aprobación, es decir, los diputados tuvieron en sus manos el proceso de crear y reformar leyes, incluidas modificaciones a la Constitución, para construir el sistema estatal anticorrupción. Aprobaron muchos cambios, pero nunca consideraron los diputados ni el gobernador en sus iniciativas incluir entre las modificaciones dar una “mayor autonomía” a la ASE, seguramente porque nunca imaginaron lo que pasaría el 1 de julio.
El 17 de agosto, el Congreso del estado se llevó “carro completo”. Primero, con el nombramiento de tres integrantes del Consejo Consultivo del Itaigro (Isela Concepción Cueva Guevara, Víctor Manuel Castrejón Huicochea y Mario Alberto Rodríguez Bello). En un proceso en el que no hubo entrevistas públicas ni se dio a conocer la lista de candidatos y sus trayectorias, como lo establecía la convocatoria, el 17 de agosto se aprobó por unanimidad esta designación.
¿Qué implicaciones tendrá esta designación al vapor? En principio, una larga curva de aprendizaje, ya que no hay evidencias de que los seleccionados sean especialistas en transparencia y acceso a la información. Y dos, el Itaigro requiere un contrapeso real y urgente que contribuya a ordenar y jerarquizar lo que efectivamente necesita el estado en la materia, y si no cuenta con un consejo que se encargue de sugerirlo, se corre el riesgo de que éste sea capturado y decorativo.
Fiscal carnal
El mismo 17 de agosto, los diputados guerrerenses aprobaron el nombramiento por mayoría de votos de Ignacio Javier Murguía Gutiérrez, como fiscal especializado en combate a la corrupción del estado de Guerrero. Cabe destacar que este funcionario ocupará uno de los siete asientos del comité coordinador del sistema estatal anticorrupción y por lo tanto será pieza clave de los avances o retrocesos que observe el sistema.
No nos toca juzgar si son reales o no los antecedentes de corrupción que se le imputan, pero ¿realmente no había otro guerrerense que no tuviera una trayectoria tan cuestionada como la de Murguía Gutiérrez, sobre todo para ocupar un cargo destinado a combatir la corrupción? Ignacio Javier Murguía ocupó previamente la presidencia del Consejo de Políticas Públicas –nombrado por el gobernador Héctor Astudillo–, organismo del que no se sabe públicamente cuáles han sido sus actividades desde el 2 de junio de 2016, fecha en que se instaló (ver Monitor de Guerrero del 12 de septiembre de 2017).
Otro asunto que no mereció discusión en el Congreso fue el tema de la cuenta pública. En dos días, la Comisión de Presu-puesto y Cuenta Pública de la 61 Legislatura “analizó” los informes de los tres poderes enviados por la Auditoría Superior del Estado, y bastaron unos minutos para que sin discusión fueran aprobados
Para Héctor Vicario Castrejón esta aprobación al vapor no tuvo nada de extraño. Dijo que “son asuntos que tienen que desahogarse en la temporalidad que van encontrando puntos de coincidencia, de acuerdos. La ley no dice si es en un día, en un mes o en un año, la revisión es puntual”, según una nota de El Sur. Señaló que los integrantes de la comisión consideraron “aceptable el informe del ejercicio de los recursos públicos, porque aprobaron los dictámenes por unanimidad”.
Sin razón, el diputado Vicario Castrejón disminuye la importancia de la aprobación de un informe que refleja la manera en cómo se ejercieron los recursos públicos en el estado. De hecho, es el único mecanismo de rendición de cuentas al que están obligados los poderes, y los diputados no pueden pasar por alto esta relevancia y ser una comparsa, en lugar de un contrapeso a los otros poderes.
El 23 de agosto, el pleno designó como integrantes de la comisión encargada de emitir la convocatoria, seleccionar y designar a los integrantes del comité de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción a César Guerrero Rojas, Mario Alejandro Mendoza Castañeda, Francisco Javier Curtidor Méndez, Saúl Alberto Rangel Cabañas y Jaime Badillo Escamilla.
Como antecedente, esta comisión que seleccionará al órgano ciudadano de donde saldrá el que coordine los trabajos del sistema anticorrupción en Guerrero, debió haberse designado durante los tres primeros meses del año, según la ley respectiva que los diputados habían aprobado apenas en julio de 2017. No lo hicieron y los legisladores prefirieron hacer un proceso poco cuidadoso y opaco a ocho días de que dejen sus cargos.
Si se leen los resúmenes curriculares de los designados, no se observa experiencia en materia de combate a la corrupción en ninguno de ellos, y de ahí se deriva el riesgo de que nombren un comité de participación ciudadana con personas que no tengan una opinión libre y crítica de los que vive el estado en materia de combate a la corrupción.
Miscelánea
De acuerdo con un documento del CPC del sistema nacional anticorrupción, al 31 de julio faltaban tres estados de nombrar su comisión de selección del CPC local; a siete les falta su CPC local, entre ellos a Guerrero; ocho entidades no habían nombrado a su fiscal especializado en el combate a la corrupción -Guerrero recién lo hizo-. Asimismo, 11 estados aún no integran el comité coordinador de su sistema estatal anticorrupción y 14 a su secretario técnico, en ambos casos, el estado de Guerrero no lo ha hecho.
Hay en las redes una disputa por defender o denostar al director de comunicación social del Congreso del estado, a propósito de una presunta asignación de recursos públicos a un medio de su propiedad. La honorabilidad o no de esta persona no es el problema, el real problema es la falta de criterios claros, equitativos, justos y públicos sobre cómo y a que medios se distribuye el dinero destinado a comunicación social, cuya fórmula hoy es discrecional y arbitraria. Es un tema para la agenda de la próxima Legislatura.
Por cierto, los invitamos a escuchar Monitor de Guerrero, un espacio para el análisis de la transparencia y la rendición de cuentas. Todos los miércoles, a las 10:00 horas, por Digital 106.3 de FM.