Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero
El Sur, periódico de Guerrero
El 29 de septiembre se despide otra generación de ayuntamientos
caracterizada –la gran mayoría– por su opacidad e incumplimiento a la
Ley de Transparencia. Casi todos fueron gobiernos que no cumplieron con
sus obligaciones de transparencia ni tampoco dieron atención puntual y
sin restricciones a las solicitudes de acceso a la información de los
ciudadanos. Pero también es otra camada de ayuntamientos que se va
impune, sin un rasguño por no cumplir la ley.
Para tener evidencia documental de lo que afirmamos y medir el último tramo de los ayuntamientos, enviamos 81 solicitudes de información, a través de la plataforma nacional de transparencia, para conocer información acerca de sus unidades de transparencia, aquellas áreas administrativas que todas las dependencias públicas deben integrar por ley para la gestión de solicitudes de información.
Presentamos también un segundo paquete de 81 requerimientos de información para que los ayuntamientos nos proporcionaran datos acerca de la integración de sus comités de transparencia, otra de las áreas que de acuerdo con la norma deben existir tanto en los ayuntamientos como en cualquier otra institución gubernamental.
Este ejercicio ciudadano tuvo dos propósitos: por un lado, indagar sobre el nivel de atención que prestan los ayuntamientos a las solicitudes de información de los ciudadanos, y el segundo, propiamente saber qué está pasando con dos de las áreas clave para la gestión de información en las estructuras municipales (unidades y comités de transparencia), que además nos permitieron contar con un diagnóstico sobre cómo está abordando este orden de gobierno la institucionalización de áreas y procedimientos que establece la ley, como componentes imprescindibles para el desarrollo de la transparencia en el estado. Estos fueron los resultados.
Desatención a solicitudes
Lo primero que destaca de este ejercicio el alto porcentaje de ayuntamientos que no respondieron a las solicitudes de información, o bien, entregaron información parcial. Los gobiernos municipales que no respondieron en tiempo y forma a la primera solicitud referente a las unidades de transparencia, alcanzaron 49.3 por ciento del total, 5 por ciento respondió pero no adjuntó ningún archivo, y 3 por ciento entregó información parcial o dijo que se trataba de información confidencial. En total, 56.8 por ciento de los ayuntamientos de Guerrero no respondió a satisfacción a este requerimiento.
Respecto al segundo paquete de solicitudes sobre los comités de transparencia, el 54 por ciento de los ayuntamientos no respondieron, mientras que 10 por ciento respondió de manera parcial y cuatro por ciento contestó, pero no agregó en su respuesta ninguna información, además de que uno por ciento entregó información que no corresponde. Es decir, un total de 68.7 por ciento de los gobiernos municipales guerrerenses no respondieron o no entregaron información a satisfacción.
Esta tendencia de no atender solicitudes de información es muy grave a estas alturas de la puesta en marcha del sistema nacional de transparencia. Los ayuntamientos, cuyas autoridades asumieron el último trimestre de 2015, vivieron y conocieron muy de cerca el proceso de construcción del sistema nacional de transparencia, ya que desde 2016 recibieron capacitación e información sobre las nuevas normas y sus obligaciones de transparencia y acceso a la información de parte de los órganos garantes de la transparencia nacional y local. De ahí la gravedad en relación con el bajo nivel de atención a las solicitudes de información.
Cuando iniciaron estas administraciones municipales (2015-2018) también presentamos solicitudes de información, como una forma de activar los mecanismos de gestión de información que se inauguraban dentro de los ayuntamientos con las nuevas normas. En aquel entonces presentamos 68 solicitudes porque 13 municipios ni siquiera se habían incorporado a la plataforma nacional de transparencia. De esas 68 solicitudes presentadas, sólo 37 ayuntamientos respondieron, es decir, un alarmante 45 por ciento desatendieron las peticiones de acceso a la información (ver Monitor de Guerrero del 22 de noviembre de 2016).
Y aunque parezca increíble, a la fecha 10 ayuntamientos aún no entregan la información solicitada en octubre de 2016, que consistió en la entrega de su primer informe de gobierno; de ese tamaño está la desatención a las solicitudes de información.
Unidades de transparencia
A finales de mayo y principios de junio de 2018 presentamos 81 solicitudes de información solicitando datos sobre las unidades de transparencia de los ayuntamientos, específicamente la fecha de designación del titular de la unidad, su currículo, el número de personas que trabajan en la unidad y las funciones que realizan. En total obtuvimos, al 20 de septiembre de 2018, 47 respuestas de los ayuntamientos, incluyendo 13 entregas extemporáneas, como reacción a recursos de revisión.
En general, la información que los ayuntamientos nos proporcionaron revela graves fallas en el funcionamiento de las unidades de transparencia, que si bien son nuevas en las estructuras municipales, también son básicas para la gestión de información y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los gobiernos municipales.
Por ejemplo, sólo seis ayuntamientos nombraron a su titular de transparencia en el primer trimestre de la administración municipal; 19 lo hicieron durante 2016, y otros 13 lo nombraron en 2017. Sobresalen cuatro ayuntamientos que hicieron sus designaciones hasta el presente año, es decir, a unos meses de que concluyera su periodo de gobierno. Estas cifras muestran que los alcaldes y los cabildos municipales no se tomaron muy en serio la adopción de la política nacional de transparencia y en la mayoría de los casos retrasaron el nombramiento de esta importante figura.
Aunque la mayoría de los gobiernos cumplió con la norma al designar a una persona con estudios de nivel superior –solo tres tienen nivel bachillerato–, predominan perfiles de licenciatura en Derecho (nueve casos), Informática (ocho) y Contaduría (seis), pero prácticamente ninguno tiene experiencia en temas de transparencia y rendición de cuentas. Sólo se registraron cuatro casos de personas que han trabajado en administraciones municipales previas en puesto como contraloría interna, asesoría jurídica y tesorería municipal; y destacan dos personas que sí cuentan con experiencia en el funcionamiento de unidades de transparencia (Eduardo Neri y Atenango).
Respecto del número de personas empleada en estas áreas, en la mayoría de las unidades sólo trabaja una persona, el titular, pero hay casos extraños en donde trabajan hasta 12 empleados (Chilpancingo), nueve (Cualác), cuatro (Ixcateopan) y tres (San Marcos).
Al 24 de septiembre, aún quedan pendientes 34 ayuntamientos de Guerrero de entregar su información sobre sus unidades de transparencia, la mayoría de los cuales tienen en su contra un recurso de revisión porque hicieron caso omiso a la solicitud de información que les hicimos.
Comités de transparencia
También presentamos solicitudes de información ante los 81 ayuntamientos para solicitar los nombres y cargos de los integrantes del comité de transparencia, los criterios y el procedimiento para la designación de los integrantes ciudadanos de dicho comité, y todas las actas de las reuniones del comité realizadas hasta la fecha.
Para este paquete de solicitudes obtuvimos 33 respuestas, que incluyen 25 ayuntamientos que entregaron información en tiempo y forma, así como ocho extemporáneas, como resultado de recursos de revisión ante el Itaigro.
La mayoría de ayuntamientos que respondieron, integraron sus comités de transparencia en 2016 y 2017, aunque se observa que sólo hay una intención de cumplir formalmente la integración del comité porque así se los exige la ley, y no tanto porque busquen desarrollar buenas prácticas de transparencia dentro del ayuntamiento.
En muchos casos no hay actas de instalación ni de las sesiones que permitan observar el inicio de actividades relativas a la transparencia. Por ejemplo, en 19 de los 33 ayuntamientos que sí respondieron, éstos afirmaron que no han realizado reuniones del comité de transparencia, por lo que se puede afirmar que ahí no se ha iniciado la institucionalización municipal de la política nacional de transparencia y acceso a la información.
En otro tema, la ley dice que en los municipios se integrarán tres ciudadanos distinguidos como parte del comité de transparencia. Al respecto, la mayoría de las veces, los ayuntamientos no respondieron a esta cuestión, es decir, no explicaron de qué manera fueron elegidos los ciudadanos y con qué criterios para formar parte del comité. Se deduce de las respuestas que la mayoría fueron designados mediante aprobación del cabildo luego de una invitación directa. Muy pocos dijeron que emitieron una convocatoria abierta, aunque no detallan en qué medios se promocionó ni la manera específica en que fueron elegidos. Otros afirmaron que invitaron a ciudadanos en las comisarías, incluso algunos incluyeron a representantes de comisarios o delegados municipales.
Pero la gran mayoría de ayuntamientos dice que cumplió con lo que dice la ley al incluir a “tres ciudadanos distinguidos”, aunque no hay evidencias que demuestren que no fueron integradas personas cercanas al alcalde o a funcionarios del ayuntamiento.
Sea como fuere, este tema será cada vez más relevante conforme se fortalezca la institucionalización de los comités de transparencia en los ayuntamientos, ya que la voz de los ciudadanos debe jugar un papel relevante en la rendición de cuentas en estas demarcaciones y por lo tanto será fundamental que en dichos comités se integren ciudadanos independientes de los funcionarios del gobierno municipal y con conocimientos de los temas que se tratan en los comités. Es un proceso que debe fortalecerse con los ayuntamientos que tomarán posesión en los próximos días.
Qué se trata en las sesiones
Dentro de lo poco rescatable se puede contar que hay comités de transparencia que sí están cumpliendo con su función. Por ejemplo, y tomando como base las actas de estos comités que nos entregaron algunos ayuntamientos, en los municipios de Acapulco, Iguala, Chilapa, Coyuca de Benítez, Eduardo Neri, San Marcos y Tixtla se observó que los integrantes de esos comités sí discuten y analizan temas de transparencia.
Varios comités se enfocaron en el análisis de solicitudes de información, otros trataron los avances en la publicación de información en la plataforma nacional de transparencia, información sobre recursos de revisión y sólo uno sobre programas de transparencia y participación ciudadana que maneja el ayuntamiento.
Uno de los temas que destacaron fue la clasificación de información como reservada o confidencial, especialmente en el rubro de la publicación de los salarios de los servidores públicos y de datos relativos a la obra pública, con el argumento de la inseguridad. En este asunto, se observa una clara intención de los presidentes municipales y sus funcionarios por lograr que se apruebe la clasificación dentro del comité de transparencia, propósito que lograron en todos los casos.
De este paquete de 81 solicitudes de información quedó pendiente la respuesta de 48 ayuntamientos, los cuales todos tienen un recurso de revisión en su contra. Será interesante saber qué sucederá con estos incumplimientos, ya que si bien la solicitud se hizo al ayuntamiento todavía en funciones y de manera institucional cualquiera de los dos gobiernos –entrante o saliente– debe atenderla, según los tiempos, también es cierto que tratándose de sanciones, éstas se aplican a funcionarios en particular y en este caso, los responsables de las irregularidades ya no estarán laborando.
Estas dos figuras municipales, las unidades y comités de transparencia, merecen un seguimiento puntual en los ayuntamientos entrantes, pues son la base de la institucionalización de las prácticas de transparencia y de la política nacional. Tanto las nuevas administraciones –que deben habilitarlas de inmediato– como el órgano garante –que debe instrumentar un programa de capacitación también en el corto plazo–, tienen la misión de cumplir con esta responsabilidad, de lo contrario comenzaremos a escuchar nueva y abundantemente los discursos de simulación.
Escúchenos mañana 26 de septiembre en Monitor de Guerrero Radio, a las 10:00 horas, en Digital 106.3 FM en Chilpancingo, o en el sitio www.consentidosocialac.com Tendremos una entrevista con el auditor Superior del Estado, Alfonso Damián Peralta.
Para tener evidencia documental de lo que afirmamos y medir el último tramo de los ayuntamientos, enviamos 81 solicitudes de información, a través de la plataforma nacional de transparencia, para conocer información acerca de sus unidades de transparencia, aquellas áreas administrativas que todas las dependencias públicas deben integrar por ley para la gestión de solicitudes de información.
Presentamos también un segundo paquete de 81 requerimientos de información para que los ayuntamientos nos proporcionaran datos acerca de la integración de sus comités de transparencia, otra de las áreas que de acuerdo con la norma deben existir tanto en los ayuntamientos como en cualquier otra institución gubernamental.
Este ejercicio ciudadano tuvo dos propósitos: por un lado, indagar sobre el nivel de atención que prestan los ayuntamientos a las solicitudes de información de los ciudadanos, y el segundo, propiamente saber qué está pasando con dos de las áreas clave para la gestión de información en las estructuras municipales (unidades y comités de transparencia), que además nos permitieron contar con un diagnóstico sobre cómo está abordando este orden de gobierno la institucionalización de áreas y procedimientos que establece la ley, como componentes imprescindibles para el desarrollo de la transparencia en el estado. Estos fueron los resultados.
Desatención a solicitudes
Lo primero que destaca de este ejercicio el alto porcentaje de ayuntamientos que no respondieron a las solicitudes de información, o bien, entregaron información parcial. Los gobiernos municipales que no respondieron en tiempo y forma a la primera solicitud referente a las unidades de transparencia, alcanzaron 49.3 por ciento del total, 5 por ciento respondió pero no adjuntó ningún archivo, y 3 por ciento entregó información parcial o dijo que se trataba de información confidencial. En total, 56.8 por ciento de los ayuntamientos de Guerrero no respondió a satisfacción a este requerimiento.
Respecto al segundo paquete de solicitudes sobre los comités de transparencia, el 54 por ciento de los ayuntamientos no respondieron, mientras que 10 por ciento respondió de manera parcial y cuatro por ciento contestó, pero no agregó en su respuesta ninguna información, además de que uno por ciento entregó información que no corresponde. Es decir, un total de 68.7 por ciento de los gobiernos municipales guerrerenses no respondieron o no entregaron información a satisfacción.
Esta tendencia de no atender solicitudes de información es muy grave a estas alturas de la puesta en marcha del sistema nacional de transparencia. Los ayuntamientos, cuyas autoridades asumieron el último trimestre de 2015, vivieron y conocieron muy de cerca el proceso de construcción del sistema nacional de transparencia, ya que desde 2016 recibieron capacitación e información sobre las nuevas normas y sus obligaciones de transparencia y acceso a la información de parte de los órganos garantes de la transparencia nacional y local. De ahí la gravedad en relación con el bajo nivel de atención a las solicitudes de información.
Cuando iniciaron estas administraciones municipales (2015-2018) también presentamos solicitudes de información, como una forma de activar los mecanismos de gestión de información que se inauguraban dentro de los ayuntamientos con las nuevas normas. En aquel entonces presentamos 68 solicitudes porque 13 municipios ni siquiera se habían incorporado a la plataforma nacional de transparencia. De esas 68 solicitudes presentadas, sólo 37 ayuntamientos respondieron, es decir, un alarmante 45 por ciento desatendieron las peticiones de acceso a la información (ver Monitor de Guerrero del 22 de noviembre de 2016).
Y aunque parezca increíble, a la fecha 10 ayuntamientos aún no entregan la información solicitada en octubre de 2016, que consistió en la entrega de su primer informe de gobierno; de ese tamaño está la desatención a las solicitudes de información.
Unidades de transparencia
A finales de mayo y principios de junio de 2018 presentamos 81 solicitudes de información solicitando datos sobre las unidades de transparencia de los ayuntamientos, específicamente la fecha de designación del titular de la unidad, su currículo, el número de personas que trabajan en la unidad y las funciones que realizan. En total obtuvimos, al 20 de septiembre de 2018, 47 respuestas de los ayuntamientos, incluyendo 13 entregas extemporáneas, como reacción a recursos de revisión.
En general, la información que los ayuntamientos nos proporcionaron revela graves fallas en el funcionamiento de las unidades de transparencia, que si bien son nuevas en las estructuras municipales, también son básicas para la gestión de información y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los gobiernos municipales.
Por ejemplo, sólo seis ayuntamientos nombraron a su titular de transparencia en el primer trimestre de la administración municipal; 19 lo hicieron durante 2016, y otros 13 lo nombraron en 2017. Sobresalen cuatro ayuntamientos que hicieron sus designaciones hasta el presente año, es decir, a unos meses de que concluyera su periodo de gobierno. Estas cifras muestran que los alcaldes y los cabildos municipales no se tomaron muy en serio la adopción de la política nacional de transparencia y en la mayoría de los casos retrasaron el nombramiento de esta importante figura.
Aunque la mayoría de los gobiernos cumplió con la norma al designar a una persona con estudios de nivel superior –solo tres tienen nivel bachillerato–, predominan perfiles de licenciatura en Derecho (nueve casos), Informática (ocho) y Contaduría (seis), pero prácticamente ninguno tiene experiencia en temas de transparencia y rendición de cuentas. Sólo se registraron cuatro casos de personas que han trabajado en administraciones municipales previas en puesto como contraloría interna, asesoría jurídica y tesorería municipal; y destacan dos personas que sí cuentan con experiencia en el funcionamiento de unidades de transparencia (Eduardo Neri y Atenango).
Respecto del número de personas empleada en estas áreas, en la mayoría de las unidades sólo trabaja una persona, el titular, pero hay casos extraños en donde trabajan hasta 12 empleados (Chilpancingo), nueve (Cualác), cuatro (Ixcateopan) y tres (San Marcos).
Al 24 de septiembre, aún quedan pendientes 34 ayuntamientos de Guerrero de entregar su información sobre sus unidades de transparencia, la mayoría de los cuales tienen en su contra un recurso de revisión porque hicieron caso omiso a la solicitud de información que les hicimos.
Comités de transparencia
También presentamos solicitudes de información ante los 81 ayuntamientos para solicitar los nombres y cargos de los integrantes del comité de transparencia, los criterios y el procedimiento para la designación de los integrantes ciudadanos de dicho comité, y todas las actas de las reuniones del comité realizadas hasta la fecha.
Para este paquete de solicitudes obtuvimos 33 respuestas, que incluyen 25 ayuntamientos que entregaron información en tiempo y forma, así como ocho extemporáneas, como resultado de recursos de revisión ante el Itaigro.
La mayoría de ayuntamientos que respondieron, integraron sus comités de transparencia en 2016 y 2017, aunque se observa que sólo hay una intención de cumplir formalmente la integración del comité porque así se los exige la ley, y no tanto porque busquen desarrollar buenas prácticas de transparencia dentro del ayuntamiento.
En muchos casos no hay actas de instalación ni de las sesiones que permitan observar el inicio de actividades relativas a la transparencia. Por ejemplo, en 19 de los 33 ayuntamientos que sí respondieron, éstos afirmaron que no han realizado reuniones del comité de transparencia, por lo que se puede afirmar que ahí no se ha iniciado la institucionalización municipal de la política nacional de transparencia y acceso a la información.
En otro tema, la ley dice que en los municipios se integrarán tres ciudadanos distinguidos como parte del comité de transparencia. Al respecto, la mayoría de las veces, los ayuntamientos no respondieron a esta cuestión, es decir, no explicaron de qué manera fueron elegidos los ciudadanos y con qué criterios para formar parte del comité. Se deduce de las respuestas que la mayoría fueron designados mediante aprobación del cabildo luego de una invitación directa. Muy pocos dijeron que emitieron una convocatoria abierta, aunque no detallan en qué medios se promocionó ni la manera específica en que fueron elegidos. Otros afirmaron que invitaron a ciudadanos en las comisarías, incluso algunos incluyeron a representantes de comisarios o delegados municipales.
Pero la gran mayoría de ayuntamientos dice que cumplió con lo que dice la ley al incluir a “tres ciudadanos distinguidos”, aunque no hay evidencias que demuestren que no fueron integradas personas cercanas al alcalde o a funcionarios del ayuntamiento.
Sea como fuere, este tema será cada vez más relevante conforme se fortalezca la institucionalización de los comités de transparencia en los ayuntamientos, ya que la voz de los ciudadanos debe jugar un papel relevante en la rendición de cuentas en estas demarcaciones y por lo tanto será fundamental que en dichos comités se integren ciudadanos independientes de los funcionarios del gobierno municipal y con conocimientos de los temas que se tratan en los comités. Es un proceso que debe fortalecerse con los ayuntamientos que tomarán posesión en los próximos días.
Qué se trata en las sesiones
Dentro de lo poco rescatable se puede contar que hay comités de transparencia que sí están cumpliendo con su función. Por ejemplo, y tomando como base las actas de estos comités que nos entregaron algunos ayuntamientos, en los municipios de Acapulco, Iguala, Chilapa, Coyuca de Benítez, Eduardo Neri, San Marcos y Tixtla se observó que los integrantes de esos comités sí discuten y analizan temas de transparencia.
Varios comités se enfocaron en el análisis de solicitudes de información, otros trataron los avances en la publicación de información en la plataforma nacional de transparencia, información sobre recursos de revisión y sólo uno sobre programas de transparencia y participación ciudadana que maneja el ayuntamiento.
Uno de los temas que destacaron fue la clasificación de información como reservada o confidencial, especialmente en el rubro de la publicación de los salarios de los servidores públicos y de datos relativos a la obra pública, con el argumento de la inseguridad. En este asunto, se observa una clara intención de los presidentes municipales y sus funcionarios por lograr que se apruebe la clasificación dentro del comité de transparencia, propósito que lograron en todos los casos.
De este paquete de 81 solicitudes de información quedó pendiente la respuesta de 48 ayuntamientos, los cuales todos tienen un recurso de revisión en su contra. Será interesante saber qué sucederá con estos incumplimientos, ya que si bien la solicitud se hizo al ayuntamiento todavía en funciones y de manera institucional cualquiera de los dos gobiernos –entrante o saliente– debe atenderla, según los tiempos, también es cierto que tratándose de sanciones, éstas se aplican a funcionarios en particular y en este caso, los responsables de las irregularidades ya no estarán laborando.
Estas dos figuras municipales, las unidades y comités de transparencia, merecen un seguimiento puntual en los ayuntamientos entrantes, pues son la base de la institucionalización de las prácticas de transparencia y de la política nacional. Tanto las nuevas administraciones –que deben habilitarlas de inmediato– como el órgano garante –que debe instrumentar un programa de capacitación también en el corto plazo–, tienen la misión de cumplir con esta responsabilidad, de lo contrario comenzaremos a escuchar nueva y abundantemente los discursos de simulación.
Escúchenos mañana 26 de septiembre en Monitor de Guerrero Radio, a las 10:00 horas, en Digital 106.3 FM en Chilpancingo, o en el sitio www.consentidosocialac.com Tendremos una entrevista con el auditor Superior del Estado, Alfonso Damián Peralta.
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