La disputa por las comisiones en el Legislativo

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

El PRI y PRD buscan quedarse con las comisiones de presupuesto, cuenta pública y fiscalización “para tapar las corruptelas de sus gobiernos”, argumentó, antes de que hubiese un acuerdo, la diputada Norma Otilia Hernández para explicar el empantanamiento de las negociaciones y el retraso en la asignación de comisiones y comités entre los diferentes grupos parlamentarios del Congreso del estado de Guerrero. “Quieren seguir protegiendo a gobiernos emanados de estos partidos”, sin embargo, advirtió, “eso no lo vamos a permitir porque nos huele a corrupción”, según la legisladora del partido Movimiento de Regeneración Nacional, entrevistada por la Agencia Periodística de Investigación.
Más allá de la veracidad o no de las declaraciones de la diputada, lo cierto es que la asignación de comisiones y comités en el Congreso del estado es clave para que las y los legisladores se procuren más recursos de poder y espacios en la toma de decisiones, tanto en lo individual como en favor de sus grupos parlamentarios, a efecto de incidir en la vida pública del estado.
En la disputa por estos espacios siempre ha prevalecido la negociación, pues aunque la Ley Orgánica del Poder Legislativo No. 231 describe de manera general lineamientos sobre cómo deben ser distribuidas las comisiones y comités, regularmente han predominado los acuerdos políticos entre las principales fuerzas, más que dichos criterios.
Sin embargo, en la actual Legislatura, en el proceso previo a la asignación de comisiones y comités se observó una inusual disputa donde se emplearon todo tipo de recursos legales y extralegales como medida de presión: generación de conflictos artificiales alrededor del Congreso, declaraciones para denostar al adversario y sobre todo el pago de medios y periodistas para difundir versiones parciales o distorsionadas de lo que sucede en el interior del Congreso y entre sus actores. Más tarde se agregaría también la posible cooptación de legisladores.
Comisiones y comités
El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo menciona que las comisiones son “Órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de Dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla sus atribuciones constitucionales y legales”. Estos órganos auxiliares son permanentes y los diputados que las integran se designan dentro de los primeros quince días del primer año de ejercicio constitucional.
La ley también establece que cada comisión y comité se integrará por cinco diputados; para conformarlas, la Junta de Coordinación Política emite una propuesta de los legisladores que asumirán la presidencia, la secretaría y las vocalías de cada una de ellas, “procurando que en su integración se refleje la proporcionalidad y pluralidad de los Grupos y Representaciones Parlamentarias en el Congreso del Estado”. Esta parece ser la única regla que previene la ley respecto a la asignación de espacios, además de una que se antoja muy subjetiva: “los Grupos y Representaciones Parlamentarias presentarán a la Junta [de Coordinación Política] sus propuestas respectivas, en ellas se privilegiarán la experiencia y la idoneidad de cada uno de sus integrantes para el mejor aprovechamiento de sus capacidades en el trabajo legislativo”.
Por su importancia, las comisiones más peleadas son la de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Vigilancia y Evaluación de la Auditoria General del Estado; pero también la de Asuntos Políticos y Gobernación, de Estudios Constitucionales y Jurídicos, de Hacienda, de Justicia, y de Seguridad Pública.
En el caso de los comités, la Ley Orgánica los define como “órganos auxiliares en las actividades y tareas administrativas y operativas del Congreso”. Los comités se encargan del funcionamiento administrativo del órgano legislativo y son cuatro: de administración; de gestoría, información y quejas; del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”; y de biblioteca e informática.
A propósito de la disputa que recién escenificaron los principales grupos parlamentarios de la actual Legislatura buscando quedarse con más y las más importantes comisiones y comités, vale la pena recordar cómo se distribuyeron estos espacios en las dos Legislaturas anteriores, para describir que no siempre el grupo mayoritario se queda con las mejores.
La 60 Legislatura
De 2012 a 2015, el Congreso del estado fue integrado predominantemente por diputados y diputadas del Partido de la Revolución Democrática, partido en el que también militaba el gobernador Ángel Aguirre Rivero, que obtuvo ese cargo en 2011. En ese periodo, que correspondió a la 60 Legislatura, el partido dominante tenía 20 de los 46 legisladores del órgano legislativo, equivalentes a 43.4 por ciento.
Se repartieron 28 comisiones y cuatro comités. Con sus números, el PRD se quedó con 15 comisiones, además de la coordinación de la Junta de Coordinación Política. De hecho, obtuvo la presidencia de los espacios más relevantes como la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, cuyo presidente fue Óscar Díaz Bello; la de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado, con Germán Farías Silvestre como presidente; Asuntos Políticos y Gobernación, presidida por el hijo del gobernador, Ángel Aguirre Herrera; la de Estudios Constitucionales y Jurídicos, con Abelina Rodríguez a la cabeza; y también se quedó con el comité de Administración, encabezado por Luisa Ayala Mondragón.
En esa misma Legislatura del periodo 2012-2015, el PRI fue la segunda fuerza política en el Congreso con 13 diputados (28.2 por ciento del total) y logró negociar siete comisiones y un comité, entre las cuales destacan la de Hacienda, con Eduardo Montaño Salinas a la cabeza; la de Seguridad Pública, presidida por Rubén Figueroa Smutny; y la de Desarrollo Social, cuya presidenta fue Julieta Fernández.
Otras expresiones políticas se quedaron con el resto de las comisiones y comités. A Movimiento Ciudadano, que tenía en esa Legislatura cinco diputados, le correspondieron cuatro comisiones; los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, con tres diputados cada uno, tuvieron dos comisiones; en tanto que los partidos del Trabajo y Panal, con un solo diputado, lograron una comisión, respectivamente.
La 61 Legislatura
En la recién concluida Legislatura 61 (2015-2018), el predominio fue del Partido Revolucionario Institucional –que además ganó la gubernatura. En ese periodo se repartieron 29 comisiones y cuatro comités. Con un total de 18 diputados (39.1 por ciento del total), el PRI obtuvo 15 comisiones y evidentemente se quedó con las más importantes como la de Presupuesto y Cuenta Pública, cuyo presidente fue Eusebio González Rodríguez; de Estudios Constitucionales y Jurídicos, presidida por Cuauhtémoc Salgado Romero; de Hacienda, con Ignacio Basilio García a la cabeza; y la de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado, con Samuel Reséndiz Peñaloza como presidente.
El segundo grupo que ganó más diputados fue el PRD con 14 legisladores (30.4 por ciento) de los 46 disponibles. Con estos números obtuvo un total de 10 comisiones, entre las que destacan únicamente la de Asuntos Políticos y Gobernación, presidida por Rosa Coral Mendoza Falcón, y el comité de Administración del Congreso, a cargo de Crescencio Reyes Torres.
Los demás partidos políticos se quedaron como sigue: el PVEM, que obtuvo cinco diputaciones, se quedó con cuatro comisiones; Movimiento Ciudadano, con tres diputados obtuvo dos comisiones; el Partido del Trabajo fue representado por dos legisladores y obtuvo una comisión; mientras que Morena y el PAN, con una diputada y un diputado, respectivamente, obtuvieron sólo una comisión cada uno.
Lo que se observa de las dos legislaturas anteriores es que el partido mayoritario obtiene el mayor número de comisiones y desde luego, las más importantes. Quizás un elemento que no aparece en la disputa por comisiones de la actual Legislatura es que mientras en las dos anteriores, el grupo parlamentario mayoritario coincidió con la gestión de un gobernador del mismo partido, en 2018 el partido del grupo de diputados mayoritario no es el del gobernador. Tal vez eso explica la belicosidad y el empantanamiento artificial de las negociaciones, uno de cuyos grupos buscó estirar la liga hasta casi romperla.
La 62 Legislatura
En la actual Legislatura, Morena es el partido mayoritario, ya que con las adhesiones suma 24 diputados (52.1 por ciento) y luego de las negociaciones, obtuvo 18 comisiones y un comité. Por su parte, el PRI, con sólo 10 diputados (21.7 por ciento) alcanzó seis comisiones y dos comités. Por su parte, el PRD es un grupo parlamentario con siete diputados (15.2 por ciento) y con eso obtuvo cinco comisiones y un comité. El resto de los partidos (PT, PAN, PVEM y MC) con un solo diputado o diputada cada uno, lograron la presidencia de una comisión, respectivamente.
Si se observa sólo por los números, ¿cuál es la comparación de esta Legislatura en relación con las anteriores? En la 60 se repartieron 28 comisiones y cuatro comités, 32 espacios en total. El PRD, que obtuvo 43 por ciento de los diputados se quedó con 47 por ciento de las comisiones y comités; en segundo lugar, al PRI, con 28 por ciento de las diputaciones, le correspondieron 25 por ciento de las presidencias de comisiones y comités.
Por otra parte, en la 61 Legislatura se asignaron 29 comisiones y cuatro comités, 33 en total. De éstas, el PRI, con 39 por ciento de los diputados, logró presidir el 45 por ciento de las comisiones y comités. Mientras que el PRD, con el 30 por ciento de los legisladores, alcanzó la presidencia en 30 por ciento de los espacios.
Finalmente, en la reciente negociación entre partidos, estuvieron en disputa 33 comisiones y cuatro comités, para un total de 37 espacios. Morena, con 52 por ciento de los diputados, obtuvo 51 por ciento de las comisiones y comités. El PRI, con el 21 por ciento de los legisladores, presidirá el 22 por ciento de los espacios; mientras que el PRD, que obtuvo 15 por ciento de los diputados, le corresponde encabezar el 16 por ciento de las comisiones y comités. Hasta aquí, pareciera que se alcanzó “la proporcionalidad y pluralidad de los Grupos y Representaciones Parlamentarias en el Congreso del Estado”, como recomienda la ley orgánica.
Pero si se analiza por la importancia de las comisiones, se observa que hay una tendencia a que éstas queden bajo la presidencia del partido mayoritario. Así han sido los casos de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Asuntos Políticos y Gobernación; de Estudios Constitucionales y Jurídicos; y de Vigilancia y Evaluación de la Auditoria Superior del Estado.
En el periodo 2012-2015, el PRD tuvo la presidencia de esas cuatro comisiones, en tanto que en el trienio 2015-2018, el PRI encabezó tres de esas cuatro comisiones y sólo cedió al PRD la de Asuntos Políticos y Gobernación, seguramente porque la diferencia en el porcentaje de legisladores en el Congreso era de apenas nueve puntos, es decir, había cierto equilibrio de fuerzas.
En la actual Legislatura, parece haber un claro perdedor en la repartición de las comisiones más importantes. Aun cuando hay una enorme diferencia en el número de diputados entre el grupo mayoritario y el segundo y tercer lugares, Morena cedió la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación al PRI, y la de Estudios Constitucionales y Jurídicos al PRD, cuando tradicionalmente el partido mayoritario se quedaba con las cuatro comisiones.
A la distancia, parece que surtió efecto la presión ejercida por el PRI y el PRD. La generación artificial del conflicto de un puñado de pobladores de Cochoapa que cerraron el Congreso, las numerosas inserciones pagadas en medios impresos y digitales responsabilizando al grupo parlamentario de Morena de empantanar las negociaciones entre partidos, el empecinamiento de buscar las comisiones más importantes para retrasar el proceso, entre otros, se cuentan entre los factores que propiciaron que el grupo mayoritario negociara en desventaja.
Pero ahí no terminará la disputa por las comisiones. Héctor Apreza Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, ya anunció que propondrá una “reingeniería de comisiones” con el propósito de reemplazar a quienes no cumplan con su trabajo en ellas. En seis meses, entonces, comenzarán nuevas presiones para buscar la presidencia o más espacios en las comisiones importantes.
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