Temas para una agenda legislativa en transparencia

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

Uno de los temas que se mencionaron con mayor insistencia durante la reciente campaña electoral fue el combate a la corrupción. De acuerdo con una encuesta de El Financiero, aplicada entre el 24 y 28 de mayo de 2018, los temas que más importaban al electorado de cara a los comicios eran la economía (29 por ciento), la inseguridad (27 por ciento), la corrupción (21 por ciento) y la pobreza (21 por ciento).
La corrupción es una preocupación generalizada que debe prevenirse, combatirse y sancionarse con acciones efectivas; es un mensaje claro que dejaron las elecciones. Si bien, está en proceso la construcción de los sistemas nacional y estatal anticorrupción en Guerrero, sus resultados se verán en el mediano y largo plazos, pues aunque ya se cuenta con un marco normativo, su implementación será lenta y además no estará exenta de errores, inercias institucionales y obstáculos de todo tipo, como sucede con todas las nuevas políticas públicas que buscan cambios estructurales en la administración pública.
En el Congreso del estado, esta preocupación por el combate a la corrupción ya se incorporó a los discursos de por lo menos dos diputados locales, coordinadores de sus respectivas fracciones parlamentarias; hacer efectivos estos pronunciamientos con acciones concretas, es el gran desafío.
Héctor Apreza Patrón destacó que para los legisladores priistas el combate a la corrupción y la rendición de cuentas serán prioridad de la agenda legislativa de ese partido. También subrayó que la austeridad y la racionalidad del gasto público, “es algo que particularmente hemos venido defendiendo desde hace tiempo”. (Vértice, 4 de septiembre 2018).
Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Pablo Amílcar Sandoval, explicó que legislarán políticas de austeridad republicana, en congruencia con el mandato del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a efecto de “terminar con la dilapidación de recursos públicos”. También dijo que uno de los puntos de la agenda de Morena es legislar una ley reglamentaria del artículo 127, sobre salarios en Guerrero, para regularizar las percepciones no sólo de los diputados sino de los funcionarios de los tres poderes del estado. Sandoval Ballesteros añadió que la mayor parte de los gastos de los diputados se desconocen, “necesitamos hacerlos transparentes, hay una gran opacidad, hay mucho más que no se conoce.” (El Sur, 28 de agosto de 2018).
Hay pues un principio de acuerdo entre las dos fracciones parlamentarias más grandes del Congreso del estado. Pero su intención debe traducirse en mecanismos que realmente contribuyan a disminuir la corrupción.
Reglas para los gastos de “ayudas sociales”
Uno de los capítulos que ocupan mayor presupuesto público en el Congreso del estado es el 4000 denominado “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, y específicamente el concepto de “ayudas sociales”. En los últimos tres años, este concepto representó alrededor de 50 por ciento del gasto total del Congreso y las partidas que ampara propiamente no corresponden con las funciones del poder Legislativo, ya que son “asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales”.
Pero quizás esa no sea su mayor irregularidad, sino la opacidad y total discrecionalidad con que se ejercen estos recursos. Públicamente nadie sabe en qué se gastan, cuánto recibe cada diputado, quiénes los distribuye ni cómo se comprueban. Se trata de una caja negra que ha utilizado el Congreso durante muchos años y que ha sido una gran fuente de corrupción en el estado, ya que lo mismo se emplean para gastos personales de los diputados que para construir clientelismos políticos.
En varias entregas de Monitor de Guerrero dimos cuenta de las irregularidades del ejercicio de estos conceptos de gasto (1 de octubre de 2013, 4 de agosto de 2015 y 3 de julio de 2018).
Para dar una idea del tamaño del despilfarro, en el documento Clasificación por objeto de gasto del ejercicio 2015, al capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se le destinaron 239 millones de pesos, específicamente al capítulo de subsidios y subvenciones. Si se compara con el total modificado del Congreso al 31 de diciembre de 2015 por 525.6 millones de pesos, la relación es de 45.4 por ciento.
En el caso del ejercicio 2016, el total de ingresos del órgano legislativo fue de 543.5 millones de pesos, y al concepto de “Ayudas sociales” le destinaron 271.6 millones, es decir, el 50 por ciento del total. Mientras en 2017, con un total de ingresos por 542.7 millones, las ayudas sociales fueron del orden de 258.9 millones de pesos, equivalentes a 47.7 por ciento.
En lo que va del ejercicio de 2018, al 30 de junio se tenía un presupuesto total modificado del Congreso de 572.6 millones de pesos, y los gastos en el concepto de ayudas sociales a esa fecha eran por 145.4 millones, pero se tenía programado ejercer 236.2 millones durante todo el año. Es decir, a los diputados entrantes les corresponde ejercer una parte de esos recursos, pues al 30 de junio se tenían programados todavía 90.8 millones.
La agenda de la LXII Legislatura debe incluir la definición de si es pertinente o no que los diputados ejerzan estos recursos, pues también existe la opción de destinarlos directamente a un programa de desarrollo social fuera del Congreso. En caso de que continúen ejerciéndolos, se requieren reglas de operación claras para orientar el gasto de “ayudas sociales” a proyectos productivos y de desarrollo social, preferentemente colectivos, con indicadores de resultados. También se definirán los criterios para su asignación, la población beneficiaria, los procedimientos para acceder a ellos y desde luego, el ejercicio de estos recursos debe ser totalmente transparente, en congruencia con una de las preocupaciones manifestadas en la jornada electoral pasada: el combate a la corrupción.
A diferencia de otros programas sociales del estado, los diputados deben incluir a la ciudadanía en la vigilancia de estos recursos por medio de mecanismos efectivos de participación -no simulados- como contralorías sociales, testigos sociales u observatorios ciudadanos. Así se construye legitimidad ante los ojos de la sociedad.
Gastos de comunicación social
Al igual que en otras entidades gubernamentales de Guerrero, los gastos de comunicación social en el Congreso se realizan en completa opacidad y con total discrecionalidad. No cuenta este órgano legislativo con reglas respecto de la distribución del gasto de comunicación, ni tampoco con criterios para asignarlo con equidad a los diferentes medios.
Tan sólo en el ejercicio 2015, según la clasificación por objeto de gasto de la cuenta pública del Congreso, se gastaron 12.6 millones de pesos. En su primer año, la LXI Legislatura incrementó a 16.7 millones el gasto, y al año siguiente se gastaron 17 millones. Finalmente, en el ejercicio 2018 se presupuestaron 16.5 millones de pesos en gastos de comunicación social y publicidad.
Para justificar la opacidad en la asignación de recursos públicos a los medios y reporteros, el Congreso incluye en la plataforma nacional de transparencia el enunciado de que “La estrategia de comunicación social del Congreso del estado de Guerrero se lleva a cabo a través de la página oficial y en redes sociales, por lo que no se presupuestan recursos para la ejecución de campañas de publicidad”. Sin embargo, ese dato es falso, ya que en la misma pnt, el Congreso publica su programa operativo anual en donde incluye un rubro denominado “Renovación de contratos con medios locales y estatales”, amén de que el reportero Ezequiel Flores, basado en datos oficiales, documenta la entrega de recursos públicos a empresas y reporteros (Proceso, 19 de agosto de 2018).
Reglamentar con criterios y normas claras la asignación del gasto en comunicación social es una de las áreas que requiere urgente atención, ya que la discrecionalidad en la distribución de este tipo de recursos daña la libertad de expresión al privilegiarse a medios de comunicación “amigos” o que no ejercen la crítica y el análisis de los hechos y el desempeño de los gobernantes con la única intención de procurarse parte de este gasto público.
Otros temas
Hay otros temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción que requieren el seguimiento y el posicionamiento del Congreso, a efecto de que se destraben, no se estanquen o continúen un desarrollo fluido.
En el proceso de construcción del sistema estatal anticorrupción, la LXII Legislatura debe incluir en su agenda el seguimiento y la vigilancia de todos los procedimientos pendientes para conformar el sistema. Por ejemplo, está en puerta la designación del Comité de Participación Ciudadana, que es clave para el funcionamiento del sistema, y los legisladores harían bien en vigilar -aunque a la Legislatura ya no le corresponde designarlos- que se integre realmente por ciudadanos con conocimiento sobre el tema, a efecto de romper ese tradicional esquema de designar personas cercanas a los gobiernos que aún predomina en el estado.
Se espera también que vicios e inercias de algunas dependencias que forman parte del sistema empantanen su funcionamiento, por lo que el Congreso, por tratarse de un tema de interés público, debe permanecer vigilante y pronunciarse y contribuir a que sus actividades sean fluidas.
Otro tema relevante es el del subsistema estatal de transparencia, que no termina de cuajar. Amén de que aún predomina el incumplimiento de las obligaciones de transparencia que establece la ley en la materia en la mayoría de las dependencias púbicas del estado, hay un inadmisible cuello de botella que impide el desarrollo de la transparencia en la entidad: no hay sanciones para los infractores de la ley. Este asunto se los hemos planteado públicamente al gobernador del estado -de quien depende la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina)- y a los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro), pero no se observa ninguna respuesta.
Asimismo, a la Sefina le corresponde la publicación de la información financiera de todas las dependencias del Ejecutivo, sin embargo, para evadir la difusión de información clave para el seguimiento del ejercicio de los recursos, la dependencia clasificó gran parte de los datos relevantes por medio de un acuerdo de su comité de transparencia del 30 de junio de 2016.
El Congreso del estado debe exhortar al Ejecutivo del estado a publicar información para saber de qué manera se están ejerciendo los recursos públicos, desde los indicadores de resultados y de interés público -aunque la dependencia diga que no le aplica esta fracción de la ley- hasta las remuneraciones de los servidores públicos, pasando por los gastos de comunicación social -donde no se publica ninguna información- resultados de auditoría –donde colocan hipervínculos que no corresponden– e información sobre procesos y resultados de adjudicaciones, invitaciones y licitaciones, que son procedimientos donde específicamente se presumen actos de corrupción.
Pero también los legisladores guerrerenses deben proponer una gran cruzada por la transparencia a efecto de contribuir a que todos los sujetos obligados, especialmente los ayuntamientos, cumplan con sus obligaciones de la ley 207 de transparencia, pero también para que promuevan entre la sociedad el uso de la información gubernamental. Y desde luego, exhortar a la Sefina y al Itaigro a que destraben el tema de las sanciones a quienes no cumplan con la ley de transparencia.
Finalmente está pendiente el tema del bajo presupuesto asignado al Itaigro. No obstante que en los dos últimos años aumentaron significativamente las cargas de trabajo del instituto, por las nuevas funciones que le toca desempeñar derivadas de la Ley General de Transparencia, su presupuesto ha mostrado una tendencia incrementalista, que no permite a los comisionados atender temas tan relevantes como la promoción de la cultura de la transparencia o la utilidad social de la información entre la ciudadanía, por ejemplo.
Pero a la par de un aumento a su presupuesto, también es necesario que el instituto defina, junto con su consejo consultivo, sus programas prioritarios con indicadores de resultados que den cuenta del impacto de sus acciones. Son éstos algunos de los temas que me parece deben ser parte de los trabajos del Legislativo.
Hacemos la invitación para que nos escuchen en el 106.3 de FM en el programa Monitor de Guerrero, un espacio para el análisis de la transparencia y la rendición de cuentas; todos los miércoles a las 10:00 horas. También pueden sintonizarnos en el sitio www.consentidosocialac.com