En febrero, nuevos comisionados en el Itaigro

Publicado en el periódico el Sur de Acapulco

En febrero del próximo año se inicia una nueva etapa en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero (Itaigro), ya que los diputados de la LXI Legislatura designarán a nuevos comisionados o ratificarán parcial o totalmente a los actuales.

No es una decisión menor, pues en los próximos meses se presentarán retos de mucha trascendencia para el estado en materia de transparencia y acceso a la información que requerirán de comisionados competentes para construir un órgano garante eficiente, eficaz, que haga valer su autonomía y que comience a ganarse un prestigio y una legitimidad que hoy todavía no tiene.
Recientemente el Congreso del estado emitió una convocatoria para la inscripción de candidatos, de entre quienes habrán de seleccionarse tres comisionados del Itaigro -hombres o mujeres- que comenzarán su encargo en febrero de 2014. Lo que se espera es que sea un proceso transparente, pulcro, justo, que permita una designación profesional de los mejores.
Los aspirantes
Son 23 los inscritos en la lista de candidatos a comisionados del Itaigro; no se sabe aún cuántos de éstos cumplieron con los requisitos y quiénes pasarán a la siguiente ronda, ya que los miembros de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado decidieron continuar el proceso de selección hasta enero de 2018.
Entre los aspirantes están los actuales comisionados Roberto Rodríguez Saldaña, Joaquín Morales Sánchez y Elizabeth Patrón Osorio, que buscan repetir en el cargo. Es indudable que les llevan ventaja a los demás competidores simplemente porque tienen una experiencia adquirida a lo largo de cuatro años, pero en contra tienen un desprestigio fraguado durante el primer año y medio de funciones, específicamente los dos primeros, quienes junto con el defenestrado consejero Crescencio Almazán Tolentino, protagonizaron una gresca por los recursos del instituto que todavía hoy ninguno de ellos ha justificado ni explicado.
Como se recordará, el 7 de febrero de 2014, el Congreso del estado designó a Crescencio Almazán Tolentino, Roberto Saldaña Rodríguez y Joaquín Morales Sánchez como consejeros del Itaigro para el periodo 2014-2018. Pero a sólo 36 meses de su encargo, los diarios capitalinos se regodearon con los pleitos internos entre los tres consejeros, y en gran parte esto tenía su origen en la pugna por el ingreso de sus recomendados para trabajar en el organismo.
En contra de los tres actuales comisionados también pesa que nunca funcionaron como un órgano colegiado, en gran parte como consecuencia de la modalidad de designación empleada por los diputados, a través de cuotas partidistas, y no por sus capacidades, experiencia y especialización. Esto propició que no se construyeran canales apropiados para el procesamiento de los desacuerdos, y el instituto ha funcionado de manera fragmentada, con cada uno de los consejeros “jalando” para su lado, o si acaso, con débiles acuerdos entre ellos. Las consecuencias de esta forma de operar las ha pagado la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información en el estado.
Otro grupo de aspirantes es el de los periodistas. En los tres concursos para consejeros o comisionados que ha habido en Guerrero desde 2006, se han inscrito varios trabajadores de la prensa, de hecho, las dos mujeres que han sido comisionadas (María Antonia Cárcamo Cortés, en la ex Comisión de Acceso a la Información del estado; y Elizabeth Patrón Osorio, actual consejera del Itaigro), tienen en común que trabajaron en los medios de comunicación.
Uno de los periodistas inscritos como aspirante es Alejandrino González Reyes, quien se desempeñó como titular en el área de comunicación y formó parte del equipo del ex consejero Crescencio Almazán Tolentino; y el otro es Pedro Arzeta García. Ninguno de ellos tiene experiencia ni se sabe que tengan conocimientos especializados en el tema.
Otros competidores
En la lista de aspirantes predominan las personas que han concursado en otras convocatorias para desempeñar cargos en organismos autónomos como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado (IEPC), el Tribunal Electoral del estado, el consejo consultivo de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos; o bien en dependencias como la Auditoría General del Estado, pero que en materia de transparencia y rendición de cuentas no cuentan con experiencia o especialización.
Por la repetición de sus nombres en distintas convocatorias de este tipo, parece que se ha convertido en un modus vivendi para muchos de ellos, al intentar incorporarse a estos organismos sin importar si los cargos requieren especialización en temas electorales, de transparencia y acceso a la información, de derechos humanos o en fiscalización.
Por ejemplo, Domingo Martínez Altamirano tuvo participación en convocatorias para ser magistrado del Tribunal Electoral del estado, asimismo para ser parte del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia y también para la presidencia de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos. Apenas hace algunas semanas concursó para ser presidente del IEPC.
Igualmente Marcelo Gatica Lorenzo, docente de la unidad académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, se ha desempeñado como consejero distrital propietario por el distrito electoral 2 con cabecera en Chilpancingo. Ante la renuncia de la ex presidenta del IEPC, Maricela Reyes, se inscribió hace unas semanas al concurso para sustituirla. Ha sido dirigente de la Federación Estudiantil de Universitarios Guerrerenses.
Yolanda Leticia Medina Aguilar trabaja en la UAG y ha sido consejera distrital del IEPC; hace algunos meses participó en el concurso para ocupar uno de los tres espacios para consejeros del IEPC.
Iván Delgado Peralta concursó hace tres años para desempeñarse como auditor especial en la Auditoría General del Estado, sin que lograra colocarse. Es de los aspirantes que se publicita en los medios de comunicación.
José Guadalupe Lampart Barrios ha participado en otras convocatorias para ser comisionado del Itaigro, y también para ser auditor especial de la AGE. En el tema de transparencia, se ha desempeñado como director del módulo de acceso a la información del Congreso del estado.
Evelyn del Carmen Puente Flores ha sido directora administrativa del Colegio de Bachilleres y fue aspirante apenas en octubre pasado para ocupar la presidencia del IEPC. La experiencia que tiene en el tema de transparencia se deriva de su cargo como coordinadora de la unidad de transparencia y acceso a la información del Tribunal Electoral del estado hace algunos años.
Alejandra Ortega Guzmán ha sido asesora del Congreso del estado y consejera distrital del IEPC y trabajó en el área de comunicación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Por su parte, Nancy Bravo Gómez ha sido integrante del consejo consultivo de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos.
Salustio García Dorantes fue regidor del ayuntamiento de Chilpancingo y asesor jurídico del ayuntamiento de Eduardo Neri y de la Secretaría de Planeación. Actualmente es secretario técnico de la comisión de Derechos Humanos del Congreso del estado; concursó recientemente para ser consejero electoral del IEPC.
Con experiencia
Otro grupo de aspirantes se caracteriza porque han desarrollado actividades en la materia, especialmente de gestión de información, al trabajar en las unidades de transparencia de algunas dependencias públicas. Aunque esto no garantiza que sean aptos para ser comisionados, sí hay un sustento que les permite tener un acercamiento con el tema y que no lleguen totalmente en blanco al proceso de selección.
Así, por ejemplo, Josefina Morales Carreón ha sido titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia; mientras que Horacio Díaz Quiñonez actualmente es el titular de la Unidad de Transparencia del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de Guerrero; antes también fungió como coordinador jurídico del Itaigro.
Aleshka Pintos Lazcano aparece como actual titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa (antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo) del estado de Guerrero; mientras que Roberto Nava Castro es actual director de Promoción y Capacitación del Itaigro; anteriormente trabajó en la subdirección jurídica de la Secretaría de Salud.
Alfonso Lara Muñiz es enlace de la Unidad de Calidad, Inscripción, Acreditación y Certificación del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos; fue integrante del Consejo General del IEPC, y aplicó hace unas semanas para la presidencia de ese instituto. También trabajó como titular de la unidad de transparencia en la AGE.
Mariana Contreras Soto fue directora general de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno y actualmente se desempeña como asesora para asuntos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción de esa dependencia. Independientemente de su experiencia en la materia, su cercanía con el actual mandatario, a través del secretario general de gobierno, pesará mucho en la decisión de los diputados y es una de las fuertes candidatas a ocupar un lugar en el Itaigro.
Finalmente, uno de los pocos aspirantes que ha trabajado de manera permanente en el tema es Domingo Francisco Neri Célis, pues fue director general de contraloría social y subcontralor de Modernización Administrativa de la ex Contraloría General del Estado, desde donde verificaba el trabajo de la dirección general de transparencia y de la coordinación de acceso a la información de esa dependencia. Actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Transparencia de la AGE.
Hay dos nombres de los que no se tienen antecedentes en la esfera pública, no por lo menos en el tema de transparencia y rendición de cuentas. Se trata de Miguel Ángel Rudecindo Sánchez y Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez.
Qué se necesita
Cada uno de los participantes que continúen en la siguiente ronda serán entrevistados de manera pública por los legisladores y expondrán en esa sesión su plan de trabajo. Independientemente de lo que propongan, consideramos que el Itaigro debe incluir por lo menos los siguientes puntos.
El 1 de enero de 2018 se termina la prórroga que fijó el INAI para que las dependencias públicas del país publiquen su información de oficio en la Plataforma Nacional de Transparencia. Derivado de la conclusión de este plazo, se multiplicarán los recursos de revisión, las denuncias ciudadanas y será obligatorio que el Itaigro haga verificaciones a la información de oficio de los sujetos obligados.
Esto se traducirá en grandes cargas de trabajo que el instituto deberá solventar de manera expedita, por lo que se requerirá urgentemente que los comisionados designados establezcan compromisos serios y profesionales para funcionar de manera colegiada. Ésa será la base para iniciar un trabajo organizado, eficiente y eficaz, sin el cual difícilmente saldrán adelante y persistirán las inconsistencias y los rezagos actuales.
Una apropiada articulación dentro del instituto será esencial para ordenar y coordinar las actividades, ya que desafortunadamente el Congreso del Estado asignó un bajísimo presupuesto para la operación del organismo en 2018, no obstante la dimensión del trabajo que hay por delante.
Así, el próximo año el Itaigro tendrá un presupuesto de 13 millones 361 mil pesos, mientras que el año anterior fue de 12 millones 487 mil, es decir, un incremento de apenas 7 por ciento.
El pacto para mejorar la gestión del instituto incluye que los comisionados incorporen a sus áreas de trabajo a personal con el perfil profesional necesario y por ningún motivo mantengan en la nómina a “aviadores”.
A principio de febrero de 2018 sabremos si uno o todos los consejeros actuales serán ratificados, y en caso de que no, los órganos de control y fiscalización deben poner atención en caso de que hagan uso del gasto corriente para autopagarse sus “liquidaciones”, como lo hicieron dos de los tres consejeros anteriores y que dejaron prácticamente en bancarrota al instituto en 2014.
Como órgano garante de la ley de transparencia, el Itaigro deberá velar por que todas las sanciones aplicadas a los sujetos obligados realmente se ejecuten. Todavía hay total impunidad en esta materia, y francamente si no funciona la coerción que establece la ley, todo el trabajo que realice el Itaigro, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados en promover la transparencia será en vano.

Transparencia en universidades

Publicado en el Sur de Acapulco

La Universidad Autónoma de Guerrero fue la anfitriona del Congreso Nacional de Universidades de Cara a la Transparencia y Rendición de Cuentas, los días 17 y 18 de noviembre. Un evento indudablemente destacado por los temas que se abordaron y por los expositores que intervinieron. Pero de manera lamentable, este acto también dio pie a comentarios y declaraciones con muy poca mesura en torno a la transparencia de la casa de estudios local.

Desde la propia convocatoria, la tesorera general de la UAG, Leticia Jiménez Zamora, afirmó que “la UAGro organiza este congreso gracias al trabajo transparente que ha hecho con sus recursos, la liberación de sus cuentas públicas y la promoción de la rendición de cuentas, que le ha valido el reconocimiento a nivel estatal y nacional”, según el comunicado de prensa del 14 de noviembre de 2017.

Por su parte, el rector Javier Saldaña Almazán, durante su participación en la inauguración del congreso, “aseguró que la máxima casa de estudios es una institución que tiene el ‘reconocimiento y la confianza del pueblo guerrerense’ y en materia de fiscalización y rendición de cuentas, ‘podemos ver a los ciudadanos de frente’”.

Incluso, el aparato de prensa de la UAG, el reseñar el acto de inauguración, puso en boca del gobernador Héctor Astudillo Flores las siguientes palabras: “en su discurso [el mandatario estatal] ratificó a la UAGro como una institución transparente e hizo un reconocimiento por el impulsar la cultura de la rendición de cuentas en las instituciones”, reseñó un boletín de la institución del 17 de noviembre.

Lo cierto es que la universidad no se ha caracterizado por su transparencia ni por su puntual rendición de cuentas -como lo muestran las observaciones a su cuenta pública-, deficiencias que no son de hoy, sino desde que se estableció en las leyes la obligación de las dependencias gubernamentales de transparentar su quehacer, que incluyen a los órganos autónomos, como la UAG.

La opacidad

No se encontraron muchos monitoreos sobre la transparencia en la casa de estudios de Guerrero, pero sí suficientes para mostrar el talante de su política en esta materia. Desde 2009, la organización aregional.com realizó el “Índice de transparencia y acceso a la información de las universidades públicas en México 2009”, a partir de la revisión de los portales electrónicos de 38 instituciones educativas. Su conclusión fue que había un bajo nivel de transparencia y acceso a la información, pues el promedio de calificación en materia de acceso, disponibilidad y calidad de la información pública era de 68.5, en un rango de 0 a 100, según describe una nota de El Universal del 4 de marzo de 2009.

El estudio destaca que “13 universidades reprobaron por tener menos de 50 puntos. Algunas de ellas son la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma de Chiapas”, de acuerdo con la misma nota.

Por otra parte, en un estudio que realizó la organización Comunica AC, en septiembre y octubre de 2015 para el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro), en donde se revisaron los portales electrónicos de 160 dependencias públicas del estado, la universidad ocupó el lugar 87 dentro del ranking estatal. La calificación obtenida por la UAG fue de 23.99 por ciento, puntuación que ni siquiera alcanzó el bajísimo nivel promedio estatal de 27.89 por ciento. El monitoreo se centró en las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 13 de la Ley 574 de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero.

Otro monitoreo a la casa de estudios lo aplicamos en enero de 2016 y también tuvo el propósito de medir su nivel de cumplimiento a las obligaciones de transparencia que establece la ley. El resultado arrojó que la UAG apenas cumplía con el 45 por ciento de sus obligaciones de transparencia. Menos de la mitad de lo que le exige la ley. Por cierto, la información que la institución educativa no publicaba coincidentemente era la más importante y la que hubiera permitido a cualquier ciudadano aproximarse a lo que realiza la universidad y al ejercicio de los recursos.

La UAG también está en la lista negra por obstaculizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. De hecho, se encuentra entre las 10 instituciones que han recibido más recursos de revisión o quejas en su contra durante ocho años, de 2006 a 2014.

La UAG sólo es superada en este rubro por las secretarías de Salud (con 27 recursos de revisión), de Finanzas y Administración (18), los ayuntamientos de Tixtla y Chilpancingo (18), la Secretaría de Educación (17) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (16). La universidad comparte con el ayuntamiento de Tecoanapa el poco honroso sexto lugar en este terreno, con 15 recursos de revisión presentados por ciudadanos inconformes.

El resto de las universidades

La opacidad no es una condición sólo de la Universidad Autónoma de Guerrero; buena parte de las casas de estudio públicas del país presentan una falta de cumplimiento a sus obligaciones de transparencia y reticencia a la rendición de cuentas. La actual presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jaqueline Peschard, en un coloquio realizado en la UNAM en septiembre de 2014, afirmaba que las universidades públicas no estaban siendo líderes en la rendición de cuentas.

La también ex comisionada presidente del IFAI (hoy INAI) declaró que, aunque las instituciones de educación superior cuentan con “los reglamentos y normatividad en transparencia, muchas se reservan información que debe ser pública –como el manejo de sus recursos–, y en ocasiones sólo la dan a conocer a solicitud de los ciudadanos”, según reseña el diario La Jornada.

Peschard mencionó que de acuerdo con un estudio del IFAI, muchas universidades no contemplaban en sus reglamentos el principio de máxima publicidad establecido en la Constitución; tampoco definían plazos para actualizar sus obligaciones de transparencia y no contemplaban la obligación de transparentar el contrato colectivo de trabajo, entre otras deficiencias.

Más recientemente, en su artículo publicado en El Financiero: Universidades públicas: autonomía con rendición de cuentas, Jaqueline Peschard opinó que “La autonomía de las universidades públicas es perfectamente compatible con la rendición de cuentas; es más, es una palanca indispensable para robustecer el principio de autodeterminación y autogestión que la Constitución les otorgó para asegurar el libre desarrollo de sus tareas, tanto académicas, como culturales. Autonomía sin rendición de cuentas es un privilegio inaceptable, que está reñido con la naturaleza misma y la función pública de las universidades”.

Pero las universidades no sólo se han caracterizado por su opacidad, sino también han puesto en entredicho su prestigio al involucrarse en fraudes millonarios. Por ejemplo, la plataforma digital de noticias Animal Político y el grupo Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad recientemente, por medio de una investigación periodística, detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones. A este trabajo periodístico lo denominaron la Estafa Maestra.

A diferencia del modus operandi de otros fraudes, “aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de ‘comisión’, aunque no hayan dado ningún servicio”,

Entre las conclusiones de la investigación, el trabajo documenta que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. “Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido”.

Fueron ocho las universidades cómplices de estos fraudes. La primera es la Universidad del Estado de México, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También están involucradas la Universidad Popular de la Chontalpa (Tabasco), la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Politécnica del Golfo de México (Tabasco); el Instituto Técnico Superior de Comacalco (Tabasco) y la Universidad Tecnológica de Tabasco.

En total, el fraude involucró 70 convenios con diversas dependencias públicas federales como Pemex, Sedesol, Fovissste, SCT, Banobras y SEP, quienes triangularon con las escuelas de educación superior la contratación de productos y servicios que aparentemente nunca existieron o no se prestaron.

Transparencia reciente

La Ley General de Transparencia, en la cual se basaron todas las leyes en la materia de los estados, es más ambiciosa que las anteriores porque entre otros rubros, establece la obligación a todas las dependencias públicas de difundir un catálogo de 48 temas de su quehacer gubernamental (artículo 81 de la Ley 207 de transparencia local), y en el caso de las universidades, la norma propone que además de esos temas, publiquen otros nueve temas específicos sobre el quehacer educativo (artículo 88).

La obligación de publicar estos temas se estableció desde mayo de 2016, pero por inconsistencias del INAI en la habilitación de la plataforma electrónica, ha dado ya dos prórrogas para que las dependencias públicas cumplan con su información de oficio. El último plazo vence el 31 de diciembre de 2017, lo que significa que en 2018 todas las instituciones gubernamentales deberán difundir en la Plataforma Nacional de Transparencia y en sus portales electrónicos los temas que establece la ley, o de lo contario podrán ser denunciados tanto por el Itaigro como por la ciudadanía.

Aunque la UAG ha comenzado a publicar información en su portal electrónico, los datos importantes, sobre todo los que se relacionan con las finanzas de la universidad, aún permanecen en la oscuridad.

Por ejemplo, la casa de estudios no publica nada sobre sus indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social sobre sus funciones, ni tampoco indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. Tampoco nada sobre las remuneraciones de sus servidores públicos de base o confianza, ni los gastos de representación ni de viáticos.

La UAG no publica información curricular de sus funcionarios ni de sus docentes, este último indicador clave de la calidad de la enseñanza. En cambio, sí publica, aunque no en formatos abiertos, información parcial sobre avance en el gasto de los subsidios para organismos descentralizados estatales, de la platilla de personal, estados de la situación financiera, entre otros.

Desafortunadamente, sobre la fracción XXI, que establece la publicación del sobre el presupuesto asignado, la UAG sólo escribe que “le corresponde al gobierno del estado presentar la información relacionada” a este rubro -lo cual no es cierto, porque es una obligación de la universidad-. Tampoco publica información sobre el tema medular de los resultados de las revisiones a su cuenta pública.

También mantiene en la opacidad los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial, pues argumenta que “la universidad se reserva los datos de información, con la finalidad de salvaguardar la integridad de las personas contratadas, por la inseguridad que impera en nuestro estado”.

Los procesos de adquisición de bienes y servicios (adjudicaciones directas, licitaciones, etc.) no los transparenta la universidad, o por lo menos publica información parcial que no es útil. Los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la universidad también presentan información muy parcial. Además, la UAG dice que no le aplican las fracciones de la ley relacionadas con la transparencia de los mecanismos de participación ciudadana ni con los programas que ofrece la universidad. Y de las nueve obligaciones específicas de las instituciones de educación superior, la UAG no publica nada.

Colofón

Ciro Murayama Rendón, profesor de la UNAM que se ha ocupado de este tema expresa que “Hay una relación indisoluble entre transparencia, universidad y autonomía, aunque en los hechos venimos de una larga historia de opacidad, incluso me atrevo a decir que hay áreas de la vida pública de México que se han abierto más y son más transparentes que la universitaria”.

Agrega que los universitarios han sido protagonistas de la crítica, del cuestionamiento, pero hacia fuera, pocas veces hacia la propia universidad. “Tenemos que ir a contra corriente en esta idea de que la autonomía nos da una patente de corzo para hacer las cosas como queramos”.

Funcionarios inhabilitados de Guerrero

Publicado en el Sur de Acapulco

De 2008 a 2015, la Auditoría General del Estado de Guerrero inhabilitó a un total de 154 servidores públicos de diferentes ayuntamientos de la entidad. Destacan en el registro, por el número de funcionarios sancionados, Atlamajalcingo, con 14 servidores inhabilitados en el periodo, Zapotitlán Tablas y Copalillo, con diez cada uno; Atlixtac, que tiene nueve sancionados, y los ayuntamientos de Ajuchitlán, Ahuacuotzingo, Coyuca de Catalán y Pedro Ascencio Alquisiras, con cinco.

Los funcionarios inhabilitados son ex presidentes municipales, ex síndicos, ex tesoreros y ex directores de obras públicas. Los motivos por los que recibieron la sanción fueron el incumplimiento en la entrega de informes financieros cuatrimestrales, semestrales o la cuenta pública anual, que de acuerdo con la ley de fiscalización tienen la obligación de entregar en tiempo y forma.

En esta segunda parte nos referiremos a los resultados del control y la fiscalización que se ha realizado en los últimos años en Guerrero, a propósito de que ya está en puerta el sistema estatal anticorrupción que entrará en vigor en 2018 y modificará de manera importante el trabajo tanto de la Auditoria Superior del Estado -como se denominará a la AGE a partir del 1 de enero- como de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno del estado (SCTG).

La información que se presenta en esta edición se deriva de las respuestas de estas dos dependencias a solicitudes de información presentadas a finales de agosto de 2017; también de la revisión de sus portales electrónicos, así como de revisiones a distintos periódicos que en su momento publicaron información sobre los funcionarios sancionados.

De acuerdo con los datos de la AGE, actualmente hay 10 funcionarios municipales inhabilitados por periodos que van de los 3 años y tres meses a cinco años y seis meses. Destacan, entre los inhabilitados, los ex presidentes municipales de Taxco, Abraham Ponce Guadarrama; Tetipac, Serafín Ayala Ramos; y Pedro Ascencio Alquisiras, Eustorgio Sánchez Beltrán. Cabe mencionar que de estos mismos municipios también fueron inhabilitados el síndico y los tesoreros, y en el caso de Pedro Ascencio Alquisiras, el secretario de obras públicas.

Los motivos por los que fueron sancionados son “daños ocasionados a la hacienda pública municipal” en los ejercicios 2003 y 2009. Algunos recién cumplieron su periodo de inhabilitación y otros lo harán en 2018, ya que sus sanciones se emitieron en 2013 y 2014.

Asimismo, el órgano fiscalizador estatal registra un total de 14 denuncias penales en contra de funcionarios municipales y de organismos públicos descentralizados paramuniciales, por el delito de “ejercicio indebido del servicio público, peculado y lo que resulte”, de los ejercicios 2013 a 2016. No identifica a los municipios ni a los servidores públicos porque las denuncias están en proceso.

Respecto de las medidas de apremio, del ejercicio fiscal 2014, la AGE emitió multas a 57 funcionarios de 19 ayuntamientos porque incumplieron con el requerimiento de información para la presentación del informe financiero semestral julio-diciembre y cuenta pública del ejercicio fiscal 2014. En este caso sí identifica a los ayuntamientos, pero no los nombres de los funcionarios multados.

En el periodo enero-septiembre del ejercicio 2015, fueron 28 los funcionarios multados de 14 municipios; en tanto que de octubre a diciembre del mismo año, es decir, de las administraciones municipales actuales, se multaron a presidentes y tesoreros de los ayuntamientos de Alpoyeca, Eduardo Neri, Pungarabato y Tlalchapa, también por incumplimiento en los requerimientos de información del órgano fiscalizador.

En el caso del ejercicio fiscal 2016, sólo se registran multas al presidente y tesorero del ayuntamiento de Leonardo Bravo, al director general de los Servicios Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de Tixtla, y al director general del Instituto del Deporte de Guerrero.

En materia de procedimientos para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria, la AGE tiene 16 expedientes abiertos, los más antiguos datan del ejercicio 2003. Por ejemplo, de ese año se tienen cinco procedimientos de “Indemnización solidaria resarcitoria” a ex presidentes, ex síndicos y ex tesoreros de los ayuntamientos de Heliodoro Castillo (4.2 millones de pesos), Azoyú (1.8 millones), Cuetzala (820 mil), San Marcos (398 mil) y Petatlán (103 mil pesos)

En 2004, por el mismo concepto, se emitieron sanciones en contra de seis ex funcionarios de los ayuntamientos de Huamuxtitlán para resarcir 1.7 millones de pesos, y Tlalchapa (201 mil pesos).

Finalmente, de la cuenta pública de 2009 se expidieron procedimientos resarcitorios en contra de 34 funcionarios municipales de nueve ayuntamientos; destacan Alpoyeca, cuyos servidores deberán resarcir 440 mil pesos; Huitzuco, con 267 mil pesos, Cochoapa, 232 mil y Mochitlán, que deberá cubrir 110 mil pesos.

Gobierno del estado

La Secretaría de la Función Pública publica los registros de personas inhabilitadas por los gobiernos de los estados a través de sus contralorías locales. En el caso de Guerrero, la dependencia federal despliega 17 registros de inhabilitaciones, todavía vigentes, correspondientes a 16 servidores públicos, que van de septiembre de 2008 a junio de 2014, la mayoría con sanciones que consisten en la prohibición para ocupar puestos públicos en un lapso de 10 años. De acuerdo con estos registros, el motivo es la “negligencia administrativa”, sin que se explique con detalle a qué se refieren con ese concepto.

Esta base de datos de la SFP no coincide del todo con el reporte de funcionarios inhabilitados del gobierno del estado, el cual se pidió mediante la solicitud de información folio 00501517 a la SCTG, y que cuenta con nueve registros. Sólo hay siete servidores públicos que coinciden en las publicaciones de ambas dependencias.

La ex subdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, Clara Judith González Fagoaga fue inhabilitada para ocupar cargos en la administración pública hasta 2024. De acuerdo con el seguimiento que hicimos en la prensa –ya que ni la contraloría estatal ni la SFP abundan sobre el tema– quien fue funcionaria en la gestión de Zeferino Torreblanca Galindo fue acusada de otorgar compensaciones discrecionales (bonos) y recursos de fin de año a funcionarios públicos con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) “sin que existiera sustento normativo que lo autorice”.

Otra ex funcionaria de la Secretaría de Salud es Brenda Ivonne Morales Benítez, que se desempeñaba como subdirectora de Recursos Financieros; es la única que aparece con dos expedientes, y también permanecerá inhabilitada hasta 2024. Según las notas de prensa, la funcionaria solicitó recursos para entregarlos de manera irregular a servidores públicos “con cargo a los recursos de cuota social para vigilancia, lavandería, limpieza, higiene y fumigación en lugares distintos a las unidades médicas”. A la misma funcionaria se le señala, en el Pliego de Observaciones R341/2012, de que autorizó el desvío de recursos del Seguro Popular para las aportaciones patronales de seguridad social (aportaciones al ISSSTE), por 13 millones 835 mil 660.67 pesos, de enero a diciembre del 2010.

Otro ex funcionario que aparece en los registros de la SCTG y de la SPF es Ramón Sotres Núñez, ex director del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano del gobierno del estado, está inhabilitado por 10 años y su sanción vence en 2020. Por cierto, de acuerdo con denuncias publicadas en la prensa, Sotres Núñez previamente enfrentaba procedimientos administrativos disciplinarios antes de llegar al Invisur, derivados de irregularidades en su paso por la delegación Gustavo A. Madero en la ciudad de México. El titular del Invisur fue destituido a mediados de 2009, luego de que alcaldes de varios ayuntamientos denunciaron malos manejos de los recursos que envió el gobierno federal para el Programa de Mejoramiento de Vivienda.

Los registros federal y estatal de sancionados también incluyen a Víctor Efigenio Marroquín Cristóbal, inhabilitado por diez años en 2008, por lo que está a punto de concluir su sanción. De este ex servidor público se sabe que en febrero de 2015 asumió la diputación federal, por el distrito federal 07 de Chilpancingo, ante la renuncia del Jorge Salgado Parra. Es decir, asumió un cargo de elección popular estando inhabilitado para ocupar puestos en la administración pública, y aunque la ley no lo impide, su proceder no se ajusta a la ética de la función pública que tanto se pregona. Marroquín Cristóbal era coordinador de Enlace entre la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la de Administración y Finanzas del gobierno del estado (Sefina).

Otros ex funcionarios son Luis Manzanedo Figueroa, quien desde 2010 cumple un periodo de inhabilitación por diez años, pero se desempeñó como director de planeación en la administración de Luis Walton Aburto. María Hortensia Galeana Ortiz, ex jefa de departamento en la dirección general de administración y desarrollo de personal de la Sefina, con una inhabilitación de diez años, que concluye también en el 2018. Por cierto, a esta ex servidora pública también se le abrió un expediente de carácter penal ante la entonces Procuraduría General de Justicia del estado por el desvío de ocho millones de pesos.

Asimismo, aparecen en el registro de sancionados Juan Carlos Estrada Reyes, ex director general del DIF-Guerrero, inhabilitado con seis años y seis meses, y Octavio López Gómez, ex director de Administración y Finanzas de la misma dependencia, con el mismo lapso de sanción.

Otros ex servidores públicos inhabilitados son Ricardo Ernesto Cabrera Morín, ex titular de la Sefina, con una inhabilitación de tres años; por cierto, aun con la sanción, Cabrera Morín fue nombrado subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social. También José Imer  Moreno López, ex titular de la agencia fiscal de la Sefina, sobre quien pesa una sanción de ocho años de inhabilitación.

Inhabilitados municipales

Entre los inhabilitados que difunde la SFP hay cinco ex servidores públicos municipales, a saber: Genaro Vázquez Solís -hijo del ex guerrillero Genaro Vázquez Rojas-, sancionado por no comprobar recursos del ayuntamiento de San Luis Acatlán; por el mismo motivo, Antonio Vidulfo Morales Iglesias, ex alcalde de Mártir de Cuilapan, así como el ex tesorero de ese ayuntamiento, Fidel Celino Miranda. También está en la lista Serafín Ayala Ramos, ex presidente municipal de Tetipac y su ex tesorero Eric Fortanell Rodríguez. Todos ellos inhabilitados por 10 años, que por cierto cumplirán en 2018.

El también titular de la Secretaría de Finanzas del ayuntamiento de Acapulco, Fernando Aragón Gómez, fue sancionado con diez años de inhabilitación -que concluyen en 2020- por irregularidades en la cuenta pública durante la administración de Alberto López Rosas, quien por cierto, actualmente también tiene un expediente abierto para el resarcimiento de recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Otro ex funcionario de ese ayuntamiento sobre el cual pesan 10 años de inhabilitación es Fernando Serna Gómez, quien se desempeñaba como director de Catastro.

Desapariciones no explicadas

A mediados de octubre de 2017 revisamos el Reporte de Servidores Públicos Sancionados de la SFP, en la sección de sanciones impuestas por los gobiernos de los estados. Los volvimos a hacer el 17 de noviembre y ya no aparecieron dos nombres, el primero es José Antonio Bajos Valverde, cercano funcionario del ex gobernador Torreblanca Galindo, que con el expediente QD/PA/002/2012, tenía inhabilitación por 10 años, es decir, hasta 2022, y ya no está en el registro.

Otro que desapareció del registro es Rubén Padilla Fierro, ex secretario de Salud, también en la administración de Zeferino Torreblanca, tenía el número de expediente RS/PA/002/2012-II y estaba inhabilitado hasta 2022.

Confianza ciudadana

La efectiva rendición de cuentas requiere de información gubernamental suficiente y de calidad hacia la población y que los funcionarios expliquen y justifiquen las acciones y decisiones que toman. Sin embargo, este proceso no está completo si no hay acciones efectivas de detección y sanción a los servidores públicos que cometen irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos. Sin este último componente -el de la sanción- la gestión pública difícilmente mejorará y la confianza ciudadana en sus gobiernos nunca será remontada.

Necesaria, la difusión de resultados de fiscalización

Publicado en el Sur de Acapulco

En agosto de 2017 se difundió la noticia de que el diputado local Héctor Vicario no podría desempeñarse como funcionario en la administración pública durante 10 años, por irregularidades encontradas durante su encargo como delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y efectivamente, el nombre del legislador apareció durante varias semanas en el Sistema del Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, pero después desapareció del registro porque el diputado impugnó la sanción y su caso está en proceso.

Independientemente de la resolución final que se emita, el caso del legislador guerrerense trae a la mesa de discusión la función y los resultados que se obtienen del control y fiscalización del ejercicio de los recursos públicos por los órganos de control y fiscalización federal y estatales. Parece que, salvo los casos de personajes muy conocidos, ni las instituciones ni los medios de comunicación se interesan por dar a conocer información y datos relativos a esta importante función de vigilancia y contrapeso de la gestión pública.

La difusión amplia de este tipo de resultados es muy útil a los ciudadanos, pues les permite emitir su voto de manera informada al conocer a los servidores públicos que fueron sancionados por su ineficiencia, negligencia administrativa, desvío de recursos y otras conductas irregulares.

En ésta y la próxima entrega nos referiremos a algunos de los resultados que han obtenido tanto los órganos fiscalizadores federal y estatal, como por los órganos internos de control, especialmente los que derivan en sanciones a funcionarios. En esta ocasión se hace un recuento del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación en el periodo 2001 a 2016, es decir, antes de que entrara en vigor la normatividad de los sistemas nacional y estatales anticorrupción.

Impacto de la labor de la ASF

Algunos de los propósitos de las revisiones de la ASF son la “constatación del cumplimiento eficaz, eficiente y económico de los mandatos de los entes auditados, la definición de áreas de oportunidad para mejorar la gestión pública, la detección de errores en el registro de las operaciones que se llevan a cabo, o la existencia de desviaciones o irregularidades. Esta última vertiente acarrea consecuencias para el ente auditado”.

Las auditorías que realiza este órgano fiscalizador generan observaciones que las dependencias públicas fiscalizadas pueden solventar mientras se realizan las revisiones o al concluir éstas, reintegrando los recursos empleados incorrectamente al erario. Esto se conoce como recuperación.

Si no se reintegran los recursos o no se aporta la documentación comprobatoria, la ASF puede emitir un pliego de observaciones cuando se tienen elementos para suponer que ha habido un daño al erario público federal. En caso de que la institución auditada no aporte elementos para solventar dicho pliego se inicia un procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias en contra del servidor público responsable; pero también puede promover la aplicación de sanciones administrativas o presentar denuncias penales, de encontrarse evidencia de conductas dolosas o que permitan la presunción de un delito.

De acuerdo con el sistema de consulta de auditorías de la ASF, de 2000 a 2016 en Guerrero se realizaron 380 revisiones a las cuentas públicas de diferentes entidades fiscalizables, y como resultado se emitieron mil 844 recomendaciones, 720 pliegos de observaciones, 458 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, 177 solicitudes de aclaración y 84 fincamientos de responsabilidad resarcitoria, 47 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 11 denuncias de hechos, entre otras acciones.

Las acciones

En 2002 la ASF realizó acciones que dieron lugar a procedimientos resarcitorios por un monto de 9.6 millones de pesos, los cuales, a la fecha, aún no han sido aclarados o reintegrados. Estas irregularidades se cometieron en la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, y el nombre del ex delgado José Ignacio Ortiz Ureña aparece en el “Registro de servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, sancionados a través del procedimiento resarcitorio, por resolución definitiva firme de la Auditoría Superior de la Federación”, que también consultamos.

En 2004, siete acciones dieron lugar a procedimientos resarcitorios por un monto de 58.6 millones de pesos, todas correspondientes al municipio de Acapulco, y entre los señalados por la ASF se encuentran, con dos expedientes cada uno, el entonces alcalde Alberto López Rosas, y el coordinador de Planeación y Control Presupuestal de ese ayuntamiento, Ernesto Mastache Manzanarez.

En 2006 se determinaron recuperaciones por 330 millones de pesos, la mayoría de las cuales fueron aclaradas, pero 25.6 millones aún se encuentran en proceso de resarcimiento o aclaración. En la información de la ASF se registra a la Universidad Autónoma de Guerrero con dos procedimientos resarcitorios.

Al siguiente año, en 2007, las acciones que derivaron en procedimientos resarcitorios importaron 70.1 millones de pesos, que todavía están en proceso de aclaración o en su caso recuperación. En este ejercicio son varias las dependencias involucradas. Nuevamente aparece el ayuntamiento de Acapulco, encabezado en ese trienio por Félix Salgado Macedonio.

Pero también el ayuntamiento de Chilpancingo, y específicamente el entonces alcalde Mario Moreno Arcos y diez funcionarios más del periodo 2005-2008 se encuentran en el listado de servidores sancionados a través del procedimiento resarcitorio.

El municipio de Xochistlahuaca también registra seis acciones en 2007, que derivaron en procedimientos resarcitorios que aún no están solventados. En este caso están involucrados la actual presidenta municipal Aceadeth Rocha Ramírez, que también lo fue en los periodos de 1999 a 2002 y de 2005 a 2008. En los seis expedientes abiertos por la ASF en contra del ayuntamiento de Xochistlahuaca, además de Rocha Ramírez se involucra a Alvina López Concepción y Emiliano Apóstol Cruz.

En 2008 la ASF determinó 147.4 millones de pesos los cuales aún están pendientes por recuperar o aclarar, y están involucrados los ayuntamientos de Acatepec y Ayutla de los Libres.

En 2009 sólo hubo un fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de servidores públicos del gobierno del estado por el uso indebido de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el DF (FASP).

El periodo de 2010 a 2012, de acuerdo con la ASF, es el que registra más casos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, pues concentra el 63.2 por ciento del total. En 2010, por ejemplo, se aplicaron 22 acciones y todavía quedan por resarcir o aclarar 484.4 millones de pesos de ese año; en la mayoría de los casos los destinatarios son del gobierno del estado por el mal uso de recursos de los fondos de Aportaciones a los Servicios de Salud (Fassa), de Educación Básica y Normal (Faeb, hoy FONE), de Infraestructura Social Estatal (FISE), para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y FASP; y de los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Acatepec, Ayutla, Chilapa, Coyuca de Catalán, General Heliodoro Castillo y Malinaltepec.

En 2011 se registran 21 casos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, que involucran 88 millones de pesos por aclarar o resarcir. Igualmente, los recursos cuestionados corresponden a los mismos fondos que el año anterior, además del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). En el caso de los ayuntamientos, la ASF también aplicó estas acciones a servidores de Florencio Villarreal, San Marcos, Tecoanapa y Tlalchapa por irregularidades en el Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Finalmente, en 2012 la ASF estableció 17 casos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, con un monto de 354.9 millones aún por aclarar o resarcir, principalmente a servidores públicos del gobierno del estado por irregularidades en el ejercicio de recursos de los diferentes fondos de aportaciones federales, así como en el caso de los ayuntamientos de Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, José Joaquín de Herrera y Quechultenango.

Recuperaciones

Dos documentos de la ASF concentran esta información: el Informe de las recuperaciones derivadas de la fiscalización superior de las cuentas públicas 2001 a 2016; y el Informe de las recuperaciones derivadas de procedimientos resarcitorios de las cuentas públicas 2001 A 2016. Del primer documento, la ASF registra las siguientes recuperaciones de varias dependencias de Guerrero.

La Universidad Autónoma de Guerrero registra un total de recuperaciones por 10.7 millones de pesos, distribuidos como sigue: 445 mil pesos de la cuenta pública de 2005, 8.6 millones de la cuenta de 2006, 1.2 millones de la cuenta de 2013, 373 mil pesos de la revisión en 2014 y 97 mil pesos de la cuenta pública de 2015.

En el caso de gobierno del estado y municipios (la ASF no identifica a quiénes corresponde la recuperación de recursos), de 2002 a 2016 se obtuvieron recuperaciones por 2 mil 589.5 millones de pesos. Destaca el ejercicio 2008, donde se recuperaron 663.8 millones; 2011, con una recuperación de 603.2 millones; 2007, con 450.7 millones; y 2009, con 351.9 millones de pesos.

Del segundo informe de la ASF, relativo a recuperaciones derivadas de procedimientos resarcitorios, la UAG devolvió al erario 101.9 millones de pesos de la cuenta pública de 2005, así como 22.5 millones de la cuenta pública de 2006, para un total de 124.4 millones de pesos. De hecho, en este rubro sólo aparecen dos instituciones educativas del país en esta situación: la UAG y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

En los datos de la ASF también se reporta un monto por 1.6 millones de pesos, recuperados del gobierno del estado correspondientes a las cuentas públicas de 2007, 2010, 2011 y 2012.

La ASF también publica una relación de denuncias penales presentadas por la ASF

Cuentas Públicas 1998-2016, así como relacionadas con la Simulación de Reintegros. Este documento tiene fecha de corte al 31 de octubre de 2017 y se lograron identificar por lo menos las dependencias involucradas:

De las revisiones a las cuentas públicas de 2009, se presentaron denuncias en contra de servidores públicos de los ayuntamientos de Iguala y Acatepec; también el gobierno municipal de Atoyac por irregularidades en la cuenta pública de 2014, así como del ayuntamiento de Chilpancingo en la cuenta pública de 2013. Servidores públicos del municipio de Ayutla tienen dos demandas penales por irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2009 y 2014.

Sin que la ASF identifique la fecha, el órgano fiscalizador también presentó ocho denuncias penales en contra de funcionarios del gobierno del estado de Guerrero por “Simulación de Reintegros”, en el periodo del 25 de agosto al 16 de octubre de 2014.

Adicionalmente, funcionarios del Ejecutivo del estado tienen dos demandas penales por irregularidades en la cuenta pública de 2010; y una derivada de la revisión de la cuenta pública de 2013.

Asimismo, hay también abierto un expediente de carácter penal en contra de servidores públicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, derivados de la revisión de la cuenta pública de 2015.

Denuncias de hechos

La ASF no específica los nombres de las personas involucradas en la presentación de las 11 denuncias de hechos en el periodo 2001-2016. Las primeras que se registran datan de 2008 y corresponden a funcionarios del gobierno del estado por irregularidades tanto en Faeb como en el (Fassa) y del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE).

En 2009 se presentaron tres denuncias de hechos ante la PGR en contra de servidores públicos del gobierno del estado por irregularidades en el ejercicio del Fassa y de los recursos federales transferidos a través del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y el gobierno de Guerrero. En 2011 se registran dos denuncias también en contra de funcionarios del Ejecutivo del estado por el ejercicio indebido de recursos en Fassa y en el mismo acuerdo de coordinación.

Tarea necesaria

La difusión de información sobre los resultados de fiscalización es fundamental para promover el interés de la ciudadanía en el desempeño de sus gobernantes y en general en la calidad de la gestión pública. Es uno de los eslabones que si bien el sistema nacional anticorrupción tiene considerado, todavía hoy hace falta para la construcción de ciudadanías.

Participación y transparencia en la reconstrucción

Publicado en El Sur de Acapulco

A un mes de los fenómenos naturales de septiembre pasado que afectaron varios estados del país, la transparencia y rendición de cuentas se ha convertido en una de las mayores exigencias en la etapa de reconstrucción. “Demandamos transparencia en el uso de los recursos y reiteramos nuestro rechazo a ser reubicados”, dijeron en un comunicado los damnificados del Multifamiliar Tlalpan, situado al sur de Ciudad de México, como una expresión que resume una preocupación generalizada entre miles de mexicanos.

Sin duda, detrás de esta demanda hay una gran desconfianza hacia las autoridades gubernamentales, un exhorto para que los servidores públicos que tienen a su cargo la gestión pública realicen con eficacia su trabajo y un llamado de atención para incorporar la voz, las propuestas y las opiniones ciudadanas en las políticas públicas y en la toma de decisiones.

Los gobiernos de los tres órdenes, legisladores o representantes de partidos políticos han hecho suya esta exigencia y la manejan hábilmente en sus discursos, pero hasta hoy escasamente han atendido de manera efectiva las voces de la sociedad civil organizada y no organizada que proponen como condición para el ejercicio de los recursos públicos y otras aportaciones que éstos se gasten en quienes más los necesitan y especialmente que se difundan ampliamente para que no existan dudas sobre su ejercicio justo, equitativo y transparente.

Hasta hoy no hay respuestas concretas a esta demanda ni en Guerrero, ni en otros estados ni en el gobierno de Enrique Peña Nieto; tal vez la apuesta sea a que disminuya la efervescencia para después no hacer nada.

La sociedad civil por su parte, ha expresado de manera constante y sólida su preocupación por esta problemática y ha emitido diferentes propuestas, algunas desarticuladas y como reacción inmediata a la desconfianza gubernamental, pero otras muy coherentes, factibles, razonables encabezadas por organizaciones especializadas en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, sin que se hayan tomado en cuenta hasta hoy.

La gran desconfianza que existe hacia la mayoría de las instituciones públicas se ha reforzado con los datos que ya salieron en medios de comunicación acerca de la ineficiencia y las actividades poco claras de varias entidades gubernamentales.

En el programa En Punto del 18 de octubre, la periodista Denise Maerker difundió las irregularidades de los monederos electrónicos (tarjetas) del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) entregadas a damnificados porque no tenían fondos, y aunque desde la Secretaría de Hacienda trataron de explicar el motivo, lo cierto es que queda la sensación por lo menos de una gran ineficiencia y descoordinación gubernamentales.

Por cierto, este problema de las tarjetas sin fondos ya ameritó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “(…) la CNDH solicitará a la Sedesol y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) información sobre las presuntas irregularidades que se han denunciado respecto de los apoyos de reconstrucción que el Gobierno Federal ha entregado mediante tarjetas de monedero electrónico, en particular por lo que hace a la supuesta falta de fondos de dichas tarjetas, así como a la falta de claridad sobre las reglas para la elaboración del censo de beneficiarios y los criterios para la clasificación del tipo de apoyo que correspondería a los mismos”. (Comunicado de prensa DGC/346/17)

Animal Político (20 de octubre) también difundió la denuncia de los pobladores de Álvaro Obregón, una comunidad del municipio de Juchitán, Oaxaca, la mayoría de los cuales no fueron incluidos en el censo de damnificados para la obtención de financiamiento para la reconstrucción; el motivo: no son simpatizantes de la presidenta municipal debido a que meses antes crearon su policía comunitaria y un cabildo comunitario para la defensa de sus intereses.

Los riesgos de la corrupción siguen vigentes. La presión ciudadana todavía no ha sido suficiente para obligar a las instituciones del Estado a generar mecanismos de transparencia y de participación ciudadana, pues la reconstrucción requiere de estos componentes para tratar de dar legitimidad a los procesos.

Las posiciones

El Foro Nacional de la Zona Centro Transparencia, pilar fundamental de la reconstrucción, realizado en Taxco el 20 de octubre, permitió conocer las posiciones que tienen diferentes actores en los ámbitos nacional y local.

La nota fue la ausencia del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores a este acto –no obstante que estaba agendado para dar una conferencia magistral–, al que asistieron 19 comisionados de órganos garantes estatales de la región centro del país, y tres del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai), incluyendo a su presidente Francisco Acuña.

Por cierto, salvo en el acto de presentación del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción del 4 de abril de 2016 en Acapulco, y en algunas de las reuniones de su comité rector, no se le ha visto al gobernador en actos relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas. Es el caso, por ejemplo, de actividades relevantes como el Foro Especial de Transparencia Guerrero con Gobierno Abierto y Transparente, programado para acopiar propuestas que permitieran elaborar el Plan Estatal de Desarrollo de su administración (28 de enero de 2016); o el Foro sobre el sistema estatal anticorrupción que promovió el comité ciudadano del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción (7 de julio de 2017); o las diferentes jornadas de sensibilización sobre gobierno abierto organizadas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado (Itaigro) en coordinación con el Inai y con algunas organizaciones de la sociedad civil.

El secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen, representante del mandatario estatal en el foro del 20 de octubre, no satisfizo las expectativas, pues se esperaba una posición firme y clara del gobierno del estado respecto de la transparencia de los apoyos federales destinados a los damnificados y de los recursos que ha invertido el gobierno de Guerrero para esta tarea. Pero lo que escuchamos fue el discurso repetitivo de que el gobierno de Astudillo Flores cumplió con la obligación constitucional de homologar las leyes para crear el sistema estatal anticorrupción. Y también repitió la fórmula del notario como sinónimo de transparencia: “se tomó la decisión de entregar los apoyos a la población de Guerrero que sufrió daños por los fenómenos naturales en presencia de notario público para certificar que la autoridad esté cumpliendo con la reconstrucción”.

Los órganos garantes

Representantes de los institutos de transparencia de la región centro del país coincidieron en tres ideas, aunque con diferentes matices: la gran desconfianza ciudadana hacia sus autoridades gubernamentales; la insoslayable necesidad de transparentar el ejercicio de los recursos durante la reconstrucción; y la deseable participación ciudadana en la toma de decisiones.

Sin embargo, salvo dos órganos garantes que reaccionaron a la emergencia con programas relacionados con las afectaciones de los fenómenos naturales, la mayoría no realizó y tampoco tiene programadas acciones sobre este tema en el corto plazo. En gran medida, esta inacción de los institutos de transparencia de la región que más resintió los estragos de los sismos, se explica por la falta de recursos suficientes, un tema que ante el incremento de facultades y atribuciones que les heredó la Ley General de Transparencia, los tiene inmovilizados y a punto de la quiebra.

El comisionado del órgano garante en el Estado de México, José Guadalupe Luna Hernández, fue crítico sobre esta tibia reacción: los institutos de transparencia son agentes del Estado que deben asumir una responsabilidad en situaciones como las de septiembre pasado, por lo menos de colaboración con las unidades de protección civil. Como responsables de garantizar el acceso a la información, los institutos “estamos llamados a montar guardia permanente cada vez que un desastre de esta magnitud se presenta para generar eso que hizo la sociedad en ausencia de nosotros: los mapas de siniestros, la focalización de puntos de encuentro para voluntarios, la localización de centros de acopio, la difusión de los requerimientos en tiempo real, las listas de personas desaparecidas y fallecidas…”

Hacer esto, agregó el comisionado mexiquense, les permitiría a los órganos garantes saltar de un estado de confort en que se encuentran actualmente a “darle una mayor utilidad social a nuestra función para reestablecer el vínculo con la sociedad”.

Sin duda, una saludable crítica a los institutos de transparencia estatales frente a la burocratización que ya acusan muchos. Al final del foro no hubo acuerdos específicos que dieran una perspectiva diferente a las actividades de los órganos garantes.